Opiniones

Álvaro del Pozo, analista internacional, advirtió en RTP Mundo que el nuevo escenario venezolano evidencia una creciente influencia de Washington sobre el petróleo y las decisiones estratégicas del país, poniendo en debate su soberanía. ANNETT SOLIZ RIVERO El escenario venezolano vuelve a colocar el petróleo en el centro de la disputa geopolítica regional. En el análisis realizado junto a Álvaro del Pozo, analista internacional invitado a RTP Mundo, se advierte que la creciente presencia de Washington sobre la industria petrolera venezolana plantea interrogantes sobre la soberanía del país. Venezuela posee enormes reservas de crudo, pero durante las últimas décadas su producción quedó debilitada por falta de inversión, politización, corrupción, sanciones y pérdida de personal especializado. Del Pozo sostiene que la recuperación de la industria podría generar beneficios económicos para la población venezolana, pero también implicaría hipotecar una parte importante de sus recursos estratégicos. El acuerdo petrolero analizado durante el programa contempla una participación estadounidense que permitiría acceder a grandes volúmenes de crudo bajo condiciones favorables. Esta situación modifica el equilibrio regional y evidencia cómo los recursos energéticos pueden convertirse en instrumentos de poder. Para Venezuela, el desafío será recuperar capacidad institucional y garantizar que cualquier inversión extranjera respete sus intereses nacionales. El acuerdo petrolero también debe entenderse dentro de una estrategia energética de Estados Unidos frente a la incertidumbre internacional. Álvaro del Pozo explicó en RTP Mundo que Washington busca asegurar fuentes de petróleo ante una eventual escalada de las tensiones en Medio Oriente y posibles alteraciones del mercado energético. Bajo esta lógica, Venezuela adquiere una importancia estratégica extraordinaria debido al tamaño de sus reservas y a su capacidad potencial de recuperación productiva. Sin embargo, el beneficio para Estados Unidos podría ser considerablemente mayor si obtiene petróleo a costos operativos, mientras Venezuela asume el desafío de reconstruir su deteriorada industria. Del Pozo cuestionó precisamente el equilibrio de esta relación y planteó dudas sobre su sostenibilidad política. Un acuerdo de largo plazo dependerá no solamente de las inversiones, sino también de la estabilidad institucional y jurídica venezolana. Cualquier cambio de gobierno, elección o modificación de las condiciones políticas podría alterar los compromisos asumidos. Por ello, el petróleo se convierte simultáneamente en oportunidad económica, herramienta geopolítica y fuente de nuevas tensiones sobre la soberanía venezolana. Otro punto central del análisis de Álvaro del Pozo fue la situación política venezolana y su relación directa con la explotación de los recursos naturales. El analista internacional señaló en RTP Mundo que cualquier recuperación económica requiere seguridad jurídica e instituciones capaces de garantizar reglas estables. Sin embargo, la permanencia de una estructura política cuestionada y la ausencia de elecciones plenamente reconocidas generan incertidumbre sobre el futuro del acuerdo petrolero. Del Pozo advirtió que tanto Venezuela como Estados Unidos enfrentan escenarios de inestabilidad política que podrían modificar las condiciones actuales. En Washington, las elecciones de medio término y el comportamiento de la administración de Donald Trump podrían influir en la continuidad de esta estrategia. En Venezuela, nuevas elecciones y eventuales cambios de gobierno podrían cuestionar compromisos considerados desfavorables para el interés nacional. Además, la reconstrucción de la industria petrolera demandaría años o incluso décadas, lo que dificulta garantizar resultados inmediatos. Por ello, el acuerdo no debe evaluarse únicamente desde las cifras económicas, sino también desde su impacto institucional, político y estratégico a largo plazo. El caso venezolano también abre una discusión que trasciende sus fronteras y alcanza al conjunto de América Latina. Álvaro del Pozo sostuvo en RTP Mundo que el deterioro institucional de los países puede facilitar la intervención o influencia de potencias externas sobre decisiones estratégicas. Venezuela representa un ejemplo extremo de cómo la debilidad política, económica y jurídica puede terminar comprometiendo recursos considerados esenciales para la soberanía nacional. La discusión también plantea interrogantes sobre el tipo de relación que Washington pretende construir con América Latina bajo la administración de Donald Trump y el protagonismo de Marco Rubio. Una política basada en asegurar recursos estratégicos podría profundizar las asimetrías históricas entre Estados Unidos y sus vecinos del sur. Para Venezuela, la recuperación petrolera puede representar una oportunidad para reactivar su economía, pero el desafío será evitar que esa recuperación implique una dependencia permanente. El escenario seguirá condicionado por elecciones, estabilidad institucional, inversiones y precios internacionales. En este contexto, el petróleo vuelve a ser mucho más que una fuente de ingresos: es un factor decisivo de poder, soberanía y geopolítica regional. Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/o0q-W2WgPgg?si=kVe7LO_UAwQMoAow

Alexis Becerra, especialista en seguridad informática, explicó en Fuego Cruzado de RTP cómo las granjas de bots pueden manipular opiniones, fabricar mayorías y distorsionar el debate público digital. ANNETT SOLIZ RIVERO Las granjas de bots dejaron de ser una imagen asociada a cientos de celulares apilados y pasaron a convertirse en una infraestructura capaz de fabricar actividad digital a gran escala. Según explicó Alexis Becerra, especialista en seguridad informática, en el programa Fuego Cruzado de RTP, un bot es un programa diseñado para ejecutar operaciones repetitivas en internet, mientras que las granjas combinan dispositivos físicos, tarjetas de celulares y software para administrar numerosas cuentas simultáneamente. Con una estructura relativamente pequeña pueden gestionarse decenas de perfiles capaces de publicar, comentar, compartir o reaccionar en redes sociales. El problema no está solamente en la existencia de estas herramientas, sino en el uso que se les da para aparentar una participación ciudadana que en realidad no existe. De esta manera, las redes pueden llenarse de interacciones artificiales hasta hacer creer que determinado mensaje, personaje o posición cuenta con un respaldo social mucho mayor al real. La tecnología, en este escenario, deja de reflejar la conversación pública y comienza a fabricarla. El aspecto más preocupante expuesto por Becerra es la capacidad de estas redes artificiales para aprovechar el comportamiento humano y modificar la percepción colectiva. El especialista explicó el llamado sesgo de arrastre: las personas tienden a seguir aquello que perciben como mayoritario. En redes sociales, esa conducta puede ser explotada mediante cientos o miles de cuentas falsas que comentan, reaccionan o respaldan simultáneamente una determinada posición. El usuario común, antes de formar su propia opinión, suele revisar qué dicen los demás; si encuentra una mayoría aparente apoyando una idea, puede asumir que esa es la postura dominante y sumarse a ella. Así, una cantidad artificial de interacciones termina convirtiéndose en una herramienta de influencia. El fenómeno adquiere especial gravedad durante procesos electorales, debates políticos o situaciones de conflicto social, porque puede alterar tendencias, encuestas digitales y conversaciones públicas. No se trata solamente de engañar a una persona, sino de construir artificialmente la sensación de que existe una mayoría. El bot, entonces, no solo publica contenido: puede contribuir a decidir qué parece popular. La inteligencia artificial está llevando este fenómeno a una etapa mucho más sofisticada. Becerra señaló que los sistemas actuales pueden generar perfiles con características lingüísticas específicas, capaces incluso de reproducir formas de expresión asociadas con determinadas regiones o países. Esto significa que identificar una cuenta falsa únicamente por su lenguaje, nombre o apariencia resulta cada vez más difícil. Antes, ciertos perfiles podían despertar sospechas por utilizar nombres extraños, tener fotografías escasas o mostrar poca interacción. Ahora, los bots pueden construir una identidad digital más elaborada y establecer vínculos artificiales entre ellos: aparentar familiares, amigos o conocidos que interactúan entre sí. El objetivo es crear una vida virtual suficientemente coherente para dificultar su detección. Esta evolución plantea una disputa permanente entre quienes fabrican cuentas artificiales y las plataformas que intentan identificarlas. Es un auténtico juego del gato y el ratón tecnológico. Mientras las redes sociales mejoran sus sistemas de detección, quienes administran granjas también actualizan sus herramientas, cambian números telefónicos y generan nuevos perfiles. La inteligencia artificial, por tanto, no elimina el engaño: puede hacerlo más convincente. El análisis de Becerra deja una conclusión que trasciende las redes sociales: el problema de los bots afecta la calidad de la información con la que una sociedad construye sus decisiones. En Bolivia, según lo expuesto durante la entrevista, existen servicios que comercializan seguidores, likes y otras interacciones artificiales, incluso a precios accesibles. Esto demuestra que la manipulación digital ya no pertenece exclusivamente a grandes organizaciones con enormes presupuestos. Puede convertirse en un servicio comercial al alcance de distintos actores interesados en aumentar su visibilidad o influir en una conversación. El riesgo aumenta cuando estas herramientas ingresan al terreno político, porque pueden amplificar mensajes, instalar tendencias o contaminar consultas digitales con participaciones inexistentes. Becerra también recordó que la tecnología tiene aplicaciones legítimas, como sistemas automatizados de atención y asistencia, por lo que el problema no es el bot en sí mismo, sino su utilización. El desafío está en desarrollar mejores mecanismos de detección, fortalecer la alfabetización digital y avanzar en regulación. La tecnología evoluciona más rápido que las normas; por eso, verificar antes de creer será una responsabilidad cada vez más necesaria. Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/5JrTE_vutks?si=7IbKo547SWaRKHep

Marcelo Silva y Carlos Cordero coincidieron en advertir sobre el debilitamiento del Gobierno, la conflictividad social y el creciente riesgo de deslegitimación política ANNETT SOLIZ RIVERO Durante una entrevista en el programa Fuego Cruzado de RTP los analistas políticos Marcelo Silva y Carlos Cordero analizaron el escenario político que atraviesa el Gobierno de Rodrigo Paz. La coincidencia entre ambos resulta más inquietante que sus diferencias: los dos observan una administración sometida a un proceso de debilitamiento político que puede agravarse si no aparecen resultados concretos. Cordero plantea una lectura marcada por el escenario de conflictividad social y recuerda que el desgaste viene acompañado por el alejamiento de figuras y estructuras que inicialmente respaldaron al Gobierno. Desde su perspectiva, la suma de denuncias, dificultades económicas, renuncias y movilizaciones sectoriales podría conducir nuevamente al país hacia una espiral de crisis, semejante a la vivida durante los 53 días de conflicto. Silva, en cambio, introduce una advertencia distinta: no conviene convertir octubre en una fecha inevitable de explosión social. Para él, la conflictividad no responde a un calendario ritual, sino a decisiones gubernamentales concretas y a la acumulación de problemas que pueden activar nuevamente el malestar ciudadano. Su lectura identifica tres factores estructurales: ineficacia, lentitud y corrupción. Si el Ejecutivo no consigue resultados, mejora su coordinación interna y responde a las demandas políticas y sociales, el deterioro puede profundizarse incluso entre sectores que anteriormente defendieron el orden constitucional. En este punto, Silva coincide con Cordero en el diagnóstico general, pero modifica el foco: el problema no sería solamente la capacidad de la oposición o de los movimientos sociales para presionar al Gobierno, sino la pérdida progresiva de confianza en la propia administración. La diferencia entre ambos análisis también permite observar dos velocidades de una misma crisis. Cordero mira el escenario desde la posibilidad de una nueva confrontación política y social, y considera probable que el debilitamiento del Presidente se traduzca en mayores dificultades hacia octubre. Silva, por su parte, evita hacer de octubre una profecía y coloca la atención sobre los detonantes concretos: las decisiones económicas, la eliminación de la subvención a los carburantes y la respuesta del Gobierno frente a las demandas acumuladas. Es una distinción importante, porque desplaza la discusión desde la fecha hacia las causas. Ambos, sin embargo, advierten que la gestión presidencial atraviesa una zona delicada. Cordero habla de un debilitamiento paulatino del capital político; Silva sostiene que la continuidad de la ineficacia, la lentitud y la corrupción puede acelerar una espiral de deslegitimación. El diagnóstico converge aunque el camino interpretativo sea diferente. La conclusión más contundente de la entrevista no está en una predicción sobre octubre, sino en el mensaje que ambos análisis dejan al Gobierno: el margen para sostenerse únicamente con discurso parece reducirse. Cordero considera que Paz está ante un nuevo escenario de presión social y política, pero también observa que el Presidente estaría dispuesto a defender su administración. Silva va un paso más allá al señalar que incluso sectores que antes defendieron la democracia podrían comenzar a considerar otras salidas políticas si el deterioro continúa. Ahí aparece el verdadero riesgo: que una crisis inicialmente económica o sectorial termine convirtiéndose en una crisis de legitimidad. La salida, según Silva, exige un cambio de timón y resultados visibles. En otras palabras, octubre no necesariamente será el mes del estallido, pero cada decisión gubernamental puede acercar o alejar ese escenario. La advertencia compartida es clara: sin resultados, el desgaste político puede dejar de ser reversible. Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/-EskRCaoAuI?si=Kkdg3oSntjTQZ9oP

Durante gran parte de su historia, la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) ha estado definida principalmente por cuestiones de seguridad. Sin embargo, 25 años después de su fundación, su agenda económica resulta cada vez más difícil de considerar secundaria. En 2025, el comercio de China con los demás Estados miembros de la OCS alcanzó los 523.500 millones de dólares, frente a los 12.100 millones registrados en 2001, según el Ministerio de Comercio de China. Esta cifra representó alrededor del 8 % del comercio exterior total del país. La inversión directa china en otros miembros de la OCS llegó a los 3.300 millones de dólares, mientras que se han establecido más de 30 zonas de cooperación económica y comercial en países de la organización. Las cifras son considerables. Pero, por sí solas, no equivalen a una integración regional. La gran pregunta es si la OCS puede transformar el creciente comercio y la inversión en una red económica regional capaz de generar capacidad productiva, y no únicamente intercambios comerciales. De comercio a producción La relación ya está avanzando en esa dirección. El comercio de China con sus socios de la OCS abarca productos energéticos y agrícolas, así como vehículos eléctricos, baterías de iones de litio, productos fotovoltaicos y comercio electrónico transfronterizo. Las inversiones del país incluyen sectores como energía, minería, infraestructura, nuevas energías, automóviles y productos químicos, según el Ministerio de Comercio de China. La relevancia no reside tanto en la cifra total de inversión como en sus posibles efectos indirectos: las fábricas pueden generar proveedores locales y puestos de trabajo, mientras que los parques industriales pueden conectar a los productores nacionales con mercados más amplios. Sin embargo, gran parte de la cooperación económica práctica dentro de la OCS sigue estando impulsada por países individuales y proyectos bilaterales, aun cuando la organización ha desarrollado mecanismos multilaterales en ámbitos como comercio, inversión, finanzas, transporte, energía, manufactura y normalización. Esto refleja la diversidad del grupo. China aporta capacidad manufacturera y un enorme mercado de consumo. Rusia es un importante exportador de energía. Las economías de Asia Central buscan inversión, infraestructura y rutas más diversificadas de acceso a los mercados. India, por su parte, ha destacado la diversificación de las exportaciones, unas cadenas de suministro resilientes y un sistema comercial abierto centrado en la Organización Mundial del Comercio. Estos intereses se superponen, pero no siempre coinciden. La complementariedad genera oportunidades. No genera automáticamente consenso. La conectividad tiene que ofrecer algo más Para Eurasia, la integración económica depende, en última instancia, de que las mercancías, la energía y el capital puedan desplazarse de manera más eficiente a través de las fronteras. El ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán es un ejemplo de los esfuerzos por ampliar las conexiones de transporte en Asia Central. La red logística más amplia también continúa creciendo. Según el Ministerio de Comercio de China, el servicio ferroviario de carga China-Europa operó 13.000 trenes durante los primeros siete meses de 2026, un aumento interanual del 17,6 %. Pero un ferrocarril puede acortar un trayecto sin eliminar los procedimientos aduaneros, las diferencias entre estándares o las barreras regulatorias. Por eso es importante el trabajo institucional de la OCS. En 2025, la organización estableció su primer mecanismo de cooperación en materia de normalización, creando un marco institucional para la colaboración entre los Estados miembros. La iniciativa abarca ámbitos como la inteligencia artificial y la economía de baja altitud, y tiene como objetivo facilitar una mayor armonización de estándares. La OCS también está avanzando en la cooperación aduanera. En julio de 2025, su grupo de trabajo sobre aduanas debatió la certificación electrónica del origen de las mercancías y el uso de sistemas de “Ventanilla Única”. Para las empresas, estos no son simples detalles técnicos. Las diferencias en estándares y procedimientos aduaneros pueden elevar los costes incluso cuando la infraestructura física ya está instalada. Si la infraestructura es el hardware de la integración regional, las reglas son su software. Las finanzas son la prueba más difícil El ámbito financiero quizá sea donde las limitaciones institucionales de la OCS quedan más claramente expuestas. En la cumbre de Tianjin de 2025, los Estados miembros de la OCS interesados decidieron establecer un Banco de Desarrollo de la OCS e intensificar las consultas sobre su funcionamiento. Sin embargo, el banco todavía no está operativo. En junio de 2026, representantes de Estados miembros y observadores, junto con la Secretaría de la OCS, celebraron en Shenzhen una cuarta ronda de consultas, en la que debatieron los principales elementos del banco y los próximos pasos. Esto es importante porque un banco regional de desarrollo requiere algo más que un acuerdo político. Los gobiernos tienen que resolver, en última instancia, cómo funcionará la institución, cómo se financiará y cómo se gestionarán los riesgos. La misma tensión atraviesa toda la agenda económica: el consenso político puede abrir la puerta, pero son las instituciones las que determinan si los proyectos pueden realmente cruzarla. Un modelo diferente de integración Es poco probable que la OCS siga el camino de la Unión Europea. La UE construyó un mercado único respaldado por profundas instituciones supranacionales. La Unión Económica Euroasiática, por su parte, ha buscado avanzar hacia una unión aduanera y un mercado común entre un grupo más reducido de miembros. La OCS ha optado por un modelo más flexible, basado en la cooperación en múltiples sectores y, al mismo tiempo, en la preservación de las prioridades económicas nacionales. Su arquitectura económica incluye actualmente mecanismos formales en comercio, inversión, finanzas, transporte, energía, manufactura y normalización. Esa flexibilidad es al mismo tiempo una fortaleza y una limitación. Los Estados miembros pueden cooperar allí donde sus intereses coinciden sin necesidad de ponerse de acuerdo en todo. Pero los avances también pueden ser desiguales: la inversión bilateral puede profundizarse mientras que las normas aplicables al conjunto del bloque evolucionan con mayor lentitud. Por tanto, la cuestión no es si la OCS puede convertirse en otra Unión Europea. La cuestión es si su modelo flexible puede generar suficientes resultados concretos como para tener un impacto a escala

WALDO ALBARRACÍN Generalmente cuando queremos imaginarnos el perfil de un delincuente, acudimos al  estereotipo tradicional: Persona de rasgos indígenas, con cicatrices en el rostro, se lo conoce más por su alias que por su nombre de pila, en la mayoría de los casos ya está registrado como tal en los archivos policiales, estuvo preso o arrestado y los encuentras en los centros de concentración masiva de gente de las principales ciudades del Bolivia, donde desarrolla sus fechorías robando billeteras, quitando carteras, metiendo la mano al bolsillo ajeno, prefiere hacerlo sin que la víctima se percate, aunque suelen alguna vez utilizar la violencia amedrentando a  sus víctimas para consolidar el delito. Resulta difícil calcular cuánto recauda ese vulgar delincuente durante la ardua jornada, sin embargo, asumo que al final del día probablemente no superará los 5.000 Bs lo que haya acumulado este peculiar amigo de lo ajeno, no porque sea poco ambicioso, sino porque hoy muy poca gente saldrá de compras o realizará otras actividades llevando consigo grandes sumas de dinero en efectivo, máxime si en estos tiempos existen otras formas de pago, como el QR. Partiendo de la idea de que toda conducta delictiva merece ser prevenida, evitada, combatida y sancionada penalmente cuando se materializa, es importante remarcar que esa delincuencia de mínima cuantía, pese a ser condenable, no guarda relación ni proporción en cuanto al daño cuantioso y muchas veces irreversible que ocasionan los delitos cometidos por los delincuentes de cuello blanco, me refiero a aquellos que incurren en crímenes de gran dimensión en términos económicos, con tremendas secuelas sociales, sin embargo, por el poder político y económico que ostentan, generalmente se desenvuelven en un contexto de impunidad, pues para una parte de la sociedad, este tipo de delincuentes, no son vistos como tales, se los llama “Honorables” en las esferas parlamentarias, Primer Mandatario, Ministro en las instancias gubernamentales, Magistrados en los tribunales de justicia, Fiscales en el Ministerio Público, Coroneles o Generales en los órganos coercitivos del Estado, la mayoría de ellos tienen como escenario de actuación el ámbito político, son ciudadanos de primera y están obsesionados en acumular patrimonio hasta su cuarta generación. Advertirán por tanto que, la diferencia es marcada con los delincuentes de mínima cuantía en cuanto a la dimensión económica y la gravedad del daño que se ocasiona. La delincuencia de cuello blanco fue estudiada por la sociología norteamericana, siendo uno de sus principales exponentes Edwin Sutherland, que además era criminólogo, en los años 40 del siglo pasado, se refiere a los delitos económicos y no violentos cometidos por personas  que desarrollan sus actividades en las élites sociales, muchos de ellos administrando la cosa pública, se los consideran individuos respetables, con apariencia de honorabilidad, sin embargo utilizan el engaño, el fraude, el abuso de confianza para sus inconductas. Su posición económica o política les otorga ventajas para eludir los controles legales, o reducir la severidad de los castigos. Lo indignante de todo ello es que, el daño económico que causan puede superar al de muchos hurtos y robos convencionales juntos, como el fraude financiero, lavado de dinero, ocultamiento de capitales de origen ilícito, evasión fiscal, corrupción, cohecho, soborno en contratos públicos. En el contexto de la realidad boliviana, uno de los delitos de cuello blanco que desde hacen 40 años, se pasea como Pedro por su Casa, es el narcotráfico que tiene protagonistas híbridos, de abajo y de arriba, los de arriba gobernaron el país, entre 2006 y 2025, generando desde el poder los mecanismos de impunidad necesarios para evitar ser sancionados penalmente, extendiendo sus delitos a otros hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, como el derroche de más de 60.000 millones de dólares. Era y es tal el poder que ejercen que hasta hoy sin ser gobierno imponen su impunidad frente a gobernantes, policías, jueces, fiscales. El ejemplo más emblemático de este tipo de delincuentes de cuello blanco, es precisamente Evo Morales, cuyos delitos rebasaron el ámbito económico para incursionar en otros como los relacionados con la afectación la dignidad de la mujer, pero por el poder fáctico que ejerce no será ni detenido ni sancionado. En la presente coyuntura, advertimos que esta delincuencia privilegiada invadió las esferas gubernamentales y se extendió a gran parte de la sociedad política. Los últimos acontecimientos evidencian que se amplió en su participación al ámbito familiar, no existe la mínima intención de transparentar el manejo de la cosa pública, hechos escandalosos no esclarecidos como el de las “narcomaletas”, “narcomaderas”, contrabando de oro, denuncia de compra de votos en el congreso,  granjas de bots, dineros de dudosa procedencia, son indicios de que no estamos frente a un régimen de gobierno diferente a los anteriores. Se puede afirmar con contundencia que, Fernando  Cerimedo, hombre muy influyente en el gobierno hasta hace unos días y principal protagonista de estos delitos de cuello blanco, no estaría preso de no haber acontecido la controversia con quien era su pareja sentimental y trató de asesinarla. Quiero decir que, no fue la actuación transparente del gobierno ni la vocación de justicia del Ministerio Público la que envió a la cárcel a este delincuente privilegiado, sino sus propias miserias humanas. De lo contrario se hubieran consolidado todos los actos de enriquecimiento ilícito planificados desde el poder. Lo evidente es que, en cada posesión de presidente y toma de juramento ante el Congreso, por los discursos de circunstancia, el pueblo observa con esperanza de que “esta vez podría ser diferente”, sin embargo los exabruptos del actual régimen y el afán obsesivo de poner una cortina de humo sobre los actos de corrupción practicados, confirman la regla de que, independientemente de la ideología y/o tendencia política del gobernante, sea de derecha o izquierda, lo que se impone es el afán obsesivo de enriquecerse ilícitamente. En el caso del actual gobierno, no fue casual que ya en el primer gabinete, designaran a un abogado con antecedentes delictivos como Ministro de Justicia, el cual al ser reemplazado a los dos días, dio lugar a que fuera sustituido por

ADALBERTO AGOZINO La imagen de los aproximadamente 80.000 militares estadounidenses desplegados en Europa ha adquirido un valor que trasciende ampliamente la dimensión numérica. Desde Alemania hasta Italia, Polonia, Reino Unido y España, esas fuerzas representan mucho más que soldados, aviones, buques o instalaciones. Son la expresión física de la garantía estadounidense sobre la seguridad europea. Por eso la revisión que está realizando el Pentágono ha provocado inquietud en las capitales europeas, incluso antes de que exista una decisión definitiva. El proceso, iniciado en junio y acelerado en las últimas semanas, contempla entregar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al menos cuatro alternativas antes del 6 de noviembre, aunque la revisión completa debería concluir en diciembre. El documento interno que establece los llamados Terms of Reference demuestra que Washington no está realizando simplemente un ejercicio contable sobre el número de soldados que deben permanecer en Europa. Está reconsiderando la arquitectura misma de su presencia militar. El expediente examina la cantidad y localización de las tropas, los costes, la rapidez con que podrían desplazarse, las bases disponibles y, especialmente, las condiciones de acceso, estacionamiento y sobrevuelo que los aliados ofrecen a las fuerzas estadounidenses. También incorpora las infraestructuras espaciales, cibernéticas y de inteligencia que permiten proyectar el poder militar norteamericano. El cuestionario enviado a los aliados pregunta, además, por el gasto en defensa, las adquisiciones militares, la cooperación industrial transatlántica y el grado de alineamiento con las prioridades de política exterior de Washington. No se trata, por tanto, de decidir únicamente dónde habrá menos soldados. La cuestión es mucho más profunda: qué tipo de compromiso quiere mantener Estados Unidos con Europa y qué capacidades está dispuesto a conservar para garantizarlo. La sombra de China sobre el Atlántico La explicación más importante de la revisión se encuentra probablemente fuera de Europa. Durante las últimas dos décadas, Washington ha desplazado progresivamente el centro de gravedad de su planificación militar hacia el Indo-Pacífico. El cambio no responde a una percepción de que Europa haya dejado de ser importante, sino a que China representa, desde la perspectiva estadounidense, un desafío de una naturaleza diferente y potencialmente mucho más determinante para el equilibrio mundial. La Estrategia de Defensa Nacional estadounidense de 2026 establece expresamente la disuasión de China en el Indo-Pacífico como una de las líneas principales de actuación. El documento afirma que Washington pretende construir una defensa de denegación a lo largo de la primera cadena de islas, desde Japón y Filipinas hasta Taiwán, y reclama una mayor participación de los aliados regionales. Al mismo tiempo, señala que en Europa serán los aliados quienes deberán asumir el liderazgo frente a amenazas consideradas menos graves para los intereses estadounidenses, mientras Washington proporciona un apoyo más limitado pero crítico. La formulación es particularmente reveladora. No dice que Europa haya dejado de ser estratégica. Dice que su importancia relativa ha cambiado. El secretario Hegseth ya había expresado públicamente esa lógica al afirmar que, si los aliados europeos asumen una mayor parte de la carga, Estados Unidos puede concentrar más recursos en el Indo-Pacífico, al que calificó como su “teatro prioritario”. La razón es sencilla. China dispone de una creciente capacidad para desafiar la libertad de acción militar estadounidense en el Pacífico occidental. Su modernización naval, sus misiles de largo alcance, sus capacidades espaciales y cibernéticas y su desarrollo de sistemas destinados a impedir o dificultar la aproximación de fuerzas estadounidenses  a la primera cadena de islas obligan a Washington a distribuir de otro modo sus recursos. Taiwán constituye el punto de máxima tensión. Durante 2026, las autoridades taiwanesas han advertido de que se está reduciendo el tiempo de alerta ante un eventual ataque chino, mientras Pekín mantiene una actividad militar prácticamente constante alrededor de la isla. Eso no significa que Estados Unidos haya decidido prepararse para una guerra con China. Significa que el Pentágono debe disponer de fuerzas suficientes para disuadirla. Y la disuasión exige presencia, municiones, aviones, buques, inteligencia, defensa aérea, logística, sistemas espaciales y capacidad para desplegar rápidamente fuerzas desde Estados Unidos y desde las bases aliadas. En esa ecuación, cada recurso comprometido permanentemente en Europa es un recurso que no puede utilizarse simultáneamente en Asia. La propia documentación del Pentágono es explícita: Europa debe asumir el liderazgo frente a las amenazas que son más graves para los europeos, mientras Estados Unidos concentra su atención en las amenazas consideradas más importantes para sus intereses nacionales. Rusia sigue siendo una amenaza, pero Washington la pondera de otra manera Sería, sin embargo, un error interpretar la revisión como consecuencia de una supuesta desaparición de la amenaza rusa. La guerra de Ucrania ha demostrado precisamente lo contrario. La OTAN continúa considerando a Rusia una amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados describieron explícitamente a Rusia como una amenaza de largo plazo y acordaron elevar drásticamente sus inversiones militares. La cuestión es otra: ¿cuánto de esa amenaza debe ser enfrentado directamente por Estados Unidos? Washington parece considerar que la respuesta europea debe ser mucho mayor que en el pasado. La paradoja es evidente. Rusia sigue siendo suficientemente peligrosa como para justificar un reforzamiento de la defensa europea, pero no necesariamente hasta el punto de justificar que Estados Unidos mantenga en el continente el mismo volumen de recursos que durante las décadas en las que Europa dependía casi exclusivamente de la protección norteamericana. La diferencia es fundamental. La OTAN dispone de más de tres millones de militares no estadounidenses, pero el problema europeo nunca ha sido simplemente la cantidad de soldados. Estados Unidos aporta capacidades que Europa no puede sustituir rápidamente: inteligencia, reconocimiento y adquisición de objetivos, mando y control, transporte estratégico, reabastecimiento, guerra electrónica, defensa aérea, logística y determinadas capacidades espaciales. La relevancia de la participación estadounidense reside tanto en la calidad de esas capacidades como en el número de efectivos. Una retirada demasiado rápida podría, por tanto, generar un vacío mucho mayor que el que sugeriría la simple reducción de tropas. Trump y la política del coste La segunda explicación es política

Crispín cuestiona la gestión y exige fiscalización, mientras Rojas defiende la institucionalidad y pide priorizar reformas; ambos discrepan sobre cómo enfrentar la crisis sin desestabilizar al Gobierno. ANNETT SOLIZ RIVERO La entrevista de Fuego Cruzado dejó expuesta una diferencia significativa dentro del PDC sobre la evaluación de los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz. La senadora Ana María Crispín asumió una posición severamente crítica: cuestionó la falta de gobernabilidad, la ausencia de respuestas frente al incremento de la canasta familiar, las filas por combustible y la falta de capacidad de algunos ministros. Desde su perspectiva, el estado de excepción no puede convertirse en una solución permanente para contener una conflictividad que, en realidad, tendría raíces en decisiones gubernamentales deficientes. Crispín sostuvo que los meses transcurridos debieron servir para diseñar políticas públicas y planes de contingencia, pero que la población continúa soportando el costo de las dificultades económicas. Su crítica, sin embargo, no equivale —según explicó— a buscar la caída del Ejecutivo: afirmó que ha realizado fiscalización y presentado denuncias, y que su intención es que el Gobierno corrija el rumbo y responda a las necesidades sociales. Manolo Rojas planteó una lectura distinta, aunque también reconoció la existencia de problemas que requieren atención. Para el diputado, la ampliación del estado de excepción debe analizarse considerando varios factores, entre ellos las convocatorias posteriores al periodo de excepción, las emergencias climáticas y la posibilidad de preservar la estabilidad alcanzada durante los conflictos anteriores. Su argumento central, sin embargo, se trasladó al terreno institucional: rechazó la idea de reemplazar al Gobierno mediante comparaciones personales y defendió el cumplimiento del mandato constitucional. Rojas sostuvo que las diferencias políticas deben procesarse mediante los mecanismos establecidos por las leyes y no mediante la sustitución abrupta del Ejecutivo. En contraste con Crispín, quien considera que la magnitud de los errores puede justificar una crítica mucho más severa, Rojas advierte que algunos cuestionamientos responden a una baja tolerancia hacia una administración que lleva pocos meses. Su defensa no fue una aprobación incondicional, sino un llamado a fortalecer las instituciones y evitar que la confrontación política erosione la democracia. El desacuerdo se volvió todavía más evidente cuando ambos legisladores abordaron la corrupción y la actuación del Gobierno. Rojas cuestionó a Crispín por formular acusaciones generales sin, según él, acompañarlas de denuncias concretas ante el Ministerio Público, y defendió los resultados que atribuye a la actual administración en la lucha contra el narcotráfico. Crispín respondió enumerando casos que, desde su perspectiva, justifican la fiscalización y sostuvo que sí realiza seguimiento a denuncias relacionadas con corrupción, además de anunciar acciones administrativas, civiles y penales. Aquí aparece una diferencia de fondo: mientras Rojas prioriza la necesidad de pruebas objetivas y procesos institucionales antes de atribuir responsabilidades políticas, Crispín pone el acento en la obligación del Legislativo de controlar al Ejecutivo y advertir públicamente cuando considera que existen señales de mala gestión. Ninguno se presentó como defensor absoluto de la corrupción; el contraste radica en cómo entienden la responsabilidad política: para Rojas, debe ejercerse sin desestabilizar las instituciones; para Crispín, implica cuestionar con firmeza a las autoridades cuando considera que están fallando. En el fondo, el intercambio entre Crispín y Rojas refleja una tensión más amplia dentro del oficialismo: ¿fiscalizar significa confrontar al Gobierno o construir soluciones desde el Parlamento? Crispín reivindicó la crítica como una obligación democrática y reclamó que el Ejecutivo escuche las advertencias antes de que el deterioro social sea mayor. Rojas, en cambio, pidió dejar atrás la lógica de esperar el fracaso gubernamental y concentrarse en reformas estructurales, especialmente en justicia, legislación y fortalecimiento institucional. Ambos coinciden en que Bolivia necesita transformaciones y que la corrupción no debe normalizarse, pero difieren en el camino para alcanzarlas. La discusión resulta relevante porque muestra que la estabilidad de un Gobierno no depende únicamente de controlar la conflictividad en las calles, sino también de construir acuerdos dentro de su propia bancada. El PDC enfrenta así el desafío de compatibilizar la fiscalización con la gobernabilidad: criticar cuando corresponde, pero también transformar esas críticas en propuestas, leyes y mecanismos institucionales capaces de responder a una población que demanda resultados concretos. Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/d94YBTGSW_0?si=IGE0Lml0Fa_P74Oz

Marcelo Arequipa advierte que la ideologización de la política exterior puede debilitar relaciones estratégicas, afectar economías nacionales y subordinar intereses de Estado a proyectos políticos particulares. La política exterior vuelve a ocupar un lugar central en la disputa ideológica de América Latina. En la entrevista con RTP Mundo, el analista político Marcelo Arequipa sostuvo que Estados Unidos ha dejado atrás buena parte de los antiguos disimulos diplomáticos y muestra abiertamente sus preferencias políticas en la región. El respaldo a determinados candidatos y gobiernos evidencia, desde su perspectiva, una estrategia destinada a ampliar la influencia de Washington sobre Sudamérica. Sin embargo, Arequipa advierte que esa ofensiva no necesariamente encuentra electorados dispuestos a seguirla de manera automática. Las elecciones recientes muestran sociedades divididas y resultados estrechos, más cercanos a la polarización que a una nueva “marea” ideológica. Este fenómeno obliga a mirar con cautela cualquier intento de interpretar la política latinoamericana como un simple giro continental hacia un determinado bloque. Las sociedades también reaccionan frente a la injerencia externa y pueden convertirla en un factor de resistencia electoral. La relación entre Argentina y Brasil representa, quizá, el ejemplo más evidente de los riesgos que implica convertir la política exterior en una extensión de las preferencias personales de un mandatario. Arequipa cuestionó que el gobierno de Javier Milei haya reducido la política internacional argentina a una lógica fundamentalmente gubernamental y no a una política de Estado. El problema no es solamente diplomático: tiene una dimensión económica concreta. Brasil constituye uno de los principales socios comerciales de Argentina y ambos países forman parte de una estructura de integración que resulta estratégica para sus economías. Por eso, deteriorar una relación de semejante importancia puede generar costos difíciles de revertir. Una política exterior seria debería preservar vínculos comerciales y diplomáticos incluso cuando existan diferencias ideológicas entre los gobiernos. Los presidentes son circunstanciales; los intereses nacionales permanecen. La estabilidad de las relaciones internacionales exige precisamente separar las convicciones personales de las necesidades estructurales de un país. El contraste entre Milei y Lula da Silva también permite observar dos maneras distintas de entender la soberanía. Según Arequipa, mientras el mandatario argentino ha optado por una alineación particularmente estrecha con Washington, el presidente brasileño ha respondido desde una lógica de defensa de los intereses nacionales. El retiro de embajadores y las tensiones diplomáticas entre ambos países no pueden analizarse únicamente desde la confrontación entre izquierda y derecha. Existe, además, una disputa sobre la manera en que cada gobierno entiende la autonomía de su política exterior. En ese contexto, el papel de Brasil resulta especialmente relevante por su peso económico y político en la región. La defensa de instrumentos propios, incluido el fortalecimiento del comercio y de mecanismos financieros regionales, conecta economía y soberanía. Esa combinación puede adquirir mayor importancia en un escenario internacional marcado por la competencia entre potencias. Para América Latina, el desafío consiste en mantener relaciones con Washington sin renunciar a la capacidad de definir sus propios intereses. Finalmente, el alineamiento internacional puede convertirse en un problema cuando cambia el escenario político. Arequipa advirtió que una política exterior excesivamente vinculada a un gobierno extranjero puede terminar pasando factura si las circunstancias electorales se modifican. Argentina ha mostrado un respaldo muy significativo a las posiciones de Estados Unidos en organismos internacionales, pero esa cercanía podría convertirse en una carga para futuras administraciones si no está acompañada por una estrategia de Estado. La política exterior necesita pragmatismo: abrir mercados, atraer inversiones, proteger exportaciones y conservar buenas relaciones con los vecinos. La ideología puede movilizar electores y consolidar identidades políticas, pero no necesariamente garantiza crecimiento económico. El principio debería ser sencillo: un país no puede permitirse romper relaciones estratégicas por diferencias entre mandatarios. En el caso argentino, Brasil es demasiado importante para convertirse en una víctima de la confrontación ideológica. La buena vecindad, más que una fórmula diplomática, constituye una herramienta económica y una condición para sostener los intereses nacionales a largo plazo. Vea la entrevista completa en: Redactado por Annett Soliz Rivero       

Franklin Pareja sostiene que el acercamiento latinoamericano a Israel responde al nuevo reordenamiento geopolítico, marcado por la creciente influencia estadounidense y la competencia internacional. La relación entre Estados Unidos e Israel no puede entenderse únicamente como una política impulsada por Donald Trump. En la entrevista con RTP Mundo, el analista Franklin Pareja explicó que la alianza adquirió una dimensión estratégica desde la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Washington identificó en Israel un socio fundamental para proyectar influencia sobre Medio Oriente. Desde entonces, gobiernos demócratas y republicanos han mantenido un respaldo sostenido a ese país, considerado un punto estratégico frente a actores regionales como Irán. Pareja sostiene que Israel no solamente funciona como aliado militar, sino también como un centro de innovación tecnológica y capacidades de inteligencia que amplían su influencia internacional. Esta relación adquiere una nueva dimensión ante el actual reordenamiento mundial, marcado por la competencia entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán. El resultado es un escenario donde Israel aparece como un actor cada vez más relevante dentro de la estrategia occidental para preservar espacios de influencia y capacidad de respuesta. La transformación política de América Latina abre un nuevo capítulo en esa ecuación. Pareja observa que varios gobiernos de la región se acercan nuevamente a Israel después de años de distanciamiento protagonizados por administraciones vinculadas al denominado socialismo del siglo XXI. El restablecimiento de relaciones no se limita al ámbito diplomático: puede incluir cooperación en seguridad, tecnología, agricultura e inteligencia. En ese sentido, Israel aparece asociado a una nueva corriente política regional más próxima a Estados Unidos y a sectores conservadores. El cambio no significa necesariamente que América Latina vaya a convertirse en una extensión militar de Medio Oriente, pero sí evidencia que la región está adquiriendo una importancia creciente dentro de la competencia global. Estados Unidos busca reforzar su presencia ante el avance de China, Rusia e Irán, mientras algunos gobiernos latinoamericanos exploran nuevas alianzas. El desafío será determinar hasta dónde pueden llegar esos vínculos sin comprometer la autonomía de las decisiones nacionales ni convertir la cooperación internacional en dependencia estratégica. Uno de los aspectos más relevantes del análisis de Pareja es el papel que Israel desempeña mediante tecnología e inteligencia. A diferencia de otros actores que proyectan poder principalmente a través de recursos naturales o capacidades militares convencionales, Israel ha construido buena parte de su influencia sobre innovación, seguridad y desarrollo tecnológico. Sus capacidades de inteligencia constituyen otro instrumento de alcance internacional. En América Latina, esta dimensión puede adquirir especial importancia ante la presencia creciente de China, Rusia e Irán y frente a las preocupaciones estadounidenses relacionadas con seguridad y organizaciones consideradas terroristas. Sin embargo, aceptar cooperación tecnológica o de inteligencia no debería implicar asumir automáticamente una determinada agenda geopolítica. Para países como Bolivia, cualquier acuerdo de seguridad debería responder a necesidades concretas y transparentes, con controles institucionales y objetivos claramente definidos. La cooperación internacional puede aportar capacidades valiosas, pero también puede convertirse en un mecanismo de alineamiento. La soberanía exige establecer límites antes de aceptar compromisos estratégicos. El punto central, finalmente, es que América Latina está ingresando en una etapa de mayor competencia geopolítica. La región ya no puede analizarse únicamente desde las tradicionales divisiones entre izquierda y derecha, porque detrás de esas disputas existen intereses económicos, tecnológicos, militares y estratégicos de grandes potencias. Según Pareja, el acercamiento de varios gobiernos latinoamericanos a Estados Unidos implica también una aproximación indirecta a Israel, debido a la estrecha relación entre ambos países. Para Bolivia, este escenario plantea una decisión delicada: definir qué alianzas responden verdaderamente a sus intereses nacionales y cuáles podrían convertirla en escenario de disputas ajenas. Cooperar con cualquier potencia no debería significar abandonar una política exterior autónoma. La clave estará en diversificar relaciones, negociar desde el interés nacional y evitar que la región vuelva a convertirse en un espacio de confrontación entre bloques. El nuevo tablero geopolítico exige pragmatismo, capacidad diplomática y una clara definición de prioridades nacionales. Vea la entrevista completa en: Redactado por Annett Soliz Rivero