Crispín cuestiona la gestión y exige fiscalización, mientras Rojas defiende la institucionalidad y pide priorizar reformas; ambos discrepan sobre cómo enfrentar la crisis sin desestabilizar al Gobierno.
ANNETT SOLIZ RIVERO
La entrevista de Fuego Cruzado dejó expuesta una diferencia significativa dentro del PDC sobre la evaluación de los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz. La senadora Ana María Crispín asumió una posición severamente crítica: cuestionó la falta de gobernabilidad, la ausencia de respuestas frente al incremento de la canasta familiar, las filas por combustible y la falta de capacidad de algunos ministros. Desde su perspectiva, el estado de excepción no puede convertirse en una solución permanente para contener una conflictividad que, en realidad, tendría raíces en decisiones gubernamentales deficientes. Crispín sostuvo que los meses transcurridos debieron servir para diseñar políticas públicas y planes de contingencia, pero que la población continúa soportando el costo de las dificultades económicas. Su crítica, sin embargo, no equivale —según explicó— a buscar la caída del Ejecutivo: afirmó que ha realizado fiscalización y presentado denuncias, y que su intención es que el Gobierno corrija el rumbo y responda a las necesidades sociales.
Manolo Rojas planteó una lectura distinta, aunque también reconoció la existencia de problemas que requieren atención. Para el diputado, la ampliación del estado de excepción debe analizarse considerando varios factores, entre ellos las convocatorias posteriores al periodo de excepción, las emergencias climáticas y la posibilidad de preservar la estabilidad alcanzada durante los conflictos anteriores. Su argumento central, sin embargo, se trasladó al terreno institucional: rechazó la idea de reemplazar al Gobierno mediante comparaciones personales y defendió el cumplimiento del mandato constitucional. Rojas sostuvo que las diferencias políticas deben procesarse mediante los mecanismos establecidos por las leyes y no mediante la sustitución abrupta del Ejecutivo. En contraste con Crispín, quien considera que la magnitud de los errores puede justificar una crítica mucho más severa, Rojas advierte que algunos cuestionamientos responden a una baja tolerancia hacia una administración que lleva pocos meses. Su defensa no fue una aprobación incondicional, sino un llamado a fortalecer las instituciones y evitar que la confrontación política erosione la democracia.
El desacuerdo se volvió todavía más evidente cuando ambos legisladores abordaron la corrupción y la actuación del Gobierno. Rojas cuestionó a Crispín por formular acusaciones generales sin, según él, acompañarlas de denuncias concretas ante el Ministerio Público, y defendió los resultados que atribuye a la actual administración en la lucha contra el narcotráfico. Crispín respondió enumerando casos que, desde su perspectiva, justifican la fiscalización y sostuvo que sí realiza seguimiento a denuncias relacionadas con corrupción, además de anunciar acciones administrativas, civiles y penales. Aquí aparece una diferencia de fondo: mientras Rojas prioriza la necesidad de pruebas objetivas y procesos institucionales antes de atribuir responsabilidades políticas, Crispín pone el acento en la obligación del Legislativo de controlar al Ejecutivo y advertir públicamente cuando considera que existen señales de mala gestión. Ninguno se presentó como defensor absoluto de la corrupción; el contraste radica en cómo entienden la responsabilidad política: para Rojas, debe ejercerse sin desestabilizar las instituciones; para Crispín, implica cuestionar con firmeza a las autoridades cuando considera que están fallando.
En el fondo, el intercambio entre Crispín y Rojas refleja una tensión más amplia dentro del oficialismo: ¿fiscalizar significa confrontar al Gobierno o construir soluciones desde el Parlamento? Crispín reivindicó la crítica como una obligación democrática y reclamó que el Ejecutivo escuche las advertencias antes de que el deterioro social sea mayor. Rojas, en cambio, pidió dejar atrás la lógica de esperar el fracaso gubernamental y concentrarse en reformas estructurales, especialmente en justicia, legislación y fortalecimiento institucional. Ambos coinciden en que Bolivia necesita transformaciones y que la corrupción no debe normalizarse, pero difieren en el camino para alcanzarlas. La discusión resulta relevante porque muestra que la estabilidad de un Gobierno no depende únicamente de controlar la conflictividad en las calles, sino también de construir acuerdos dentro de su propia bancada. El PDC enfrenta así el desafío de compatibilizar la fiscalización con la gobernabilidad: criticar cuando corresponde, pero también transformar esas críticas en propuestas, leyes y mecanismos institucionales capaces de responder a una población que demanda resultados concretos.
Vea la entrevista completa en: https://www.youtube.com/live/vsqwOSCWql0?si=5Q2AJVYdMk6Smcvz