Opiniones

Por Waldo Albarracín Sánchez En Bolivia el 10 de octubre se celebra el Día de la Democracia, recordando que, precisamente en esta fecha, en 1982, se marcó un hito importante en la historia política del país, al jurar como presidente de la república ante el Congreso Nacional, un ciudadano elegido a través de procedimientos constitucionales, poniendo fin a las dictaduras militares que vulneraron los derechos humanos, que además dejaron como legado una crisis económica muy difícil de resolverla los años posteriores. Desde entonces, transcurrieron varios gobiernos civiles que en su momento gozaron del respaldo ciudadano en las urnas para legitimar su estadía en el poder, sin embargo, la democracia no se consolida con la simple elección de candidatos, sino con la aplicación de una política de estado tendiente a la construcción de un sistema  que genere igualdad de derechos y oportunidades, resguardo de las garantías constitucionales, extinción de toda forma de discriminación,  transparencia en el manejo de la cosa pública, un sistema de justicia cuyos operadores gocen de la confianza y credibilidad ciudadana, independencia de poderes y  respeto a los derechos humanos. La sociedad política, independientemente de las siglas y tendencias, gobiernos de izquierda o de derecha, tiene una deuda con el pueblo boliviano, entendiendo que la democracia genuina, implica la consolidación de un conjunto de objetivos lo mismos aún no realizados, justamente por la mezquindad de los diferentes gobernantes que en su estadía en el poder, optaron por privilegiar intereses propios, en desmedro de las aspiraciones democráticas de toda una nación.  De las asignaturas pendientes mencionadas en el párrafo anterior, es importante concentrarnos en lo que preocupa a la ciudadanía en la actual coyuntura, el sistema de justicia y las instituciones cuyas atribuciones guardan relación con el tema, especialmente por lo que viene aconteciendo en el Ministerio Público, con las acciones penales instauradas contra el hasta hace poco Fiscal General del Estado, el Fiscal Departamental de Santa Cruz y otras autoridades. Preguntarán, qué tiene que ver el título de este artículo con el encarcelamiento de estas personas?, mucho, porque el Art. 225 de la Constitución Política del Estado establece que: “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública…” . Se prevé también el carácter autónomo e independiente de la referida institución. Ello significa que la persona que ejerza el cargo de Fiscal General, así como las funciones de Fiscal Departamental, incluido los fiscales de materia, debe ser la más idónea, en lo concerniente a calidad profesional, conocimiento jurídico, ética profesional, vocación de justicia y sensibilidad humana. Resulta que estos requisitos son los que menos primaron en la elección del Fiscal General, quién ahora está preso, la prueba de lo afirmado radica precisamente en que está sometido a una acción penal, encarcelado por estar vinculado directamente con delitos de gran envergadura, como lo es la protección al narcotráfico, distorsionando sus altas funciones, lo mismo que sus compinches. Surge la pregunta:  QUÉ INSTITUCIÓN ELIGE AL FISCAL GENERAL, Respuesta: La Asamblea Legislativa Plurinacional. Cabe cuestionarnos: Con qué referencias. Al respecto, vale la pena recordar que, esta vieja y mala costumbre del Congreso de elegir al Fiscal General, bajo referentes negativos, no es responsabilidad exclusiva del MAS, antes de Evo también la elección para llenar este cargo de alta jerarquía, obedecía a intereses políticos. Por consiguiente, la responsabilidad de este gran problema que hace daño y es uno de los factores que impide construir una democracia genuina, está en la misma sociedad política, hay responsabilidad compartida de todas las tendencias. Por ello muchos colegas abogados, de manera oportunista van cambiando de color para llegar al Ministerio Público y a la magistratura del Órgano Judicial, recorren desde la ultra izquierda hasta la ultra derecha, porque saben que, subiéndose al caballo del corregidor, encuentran el camino más expedito para copar estos espacios. Por su parte los gobiernos y demás protagonistas políticos, ante la necesidad de ejercer control y dominio sobre estas instituciones, cierran el paso a juristas honestos, con ética profesional y vocación de justicia, pues un apóstol del derecho no aceptará instrucciones o presión para torcer fallos judiciales o requerimientos fiscales, por tanto, buscan los perfiles más nefastos, juristas comprables, sobornables, susceptibles de ser presionados o incentivados económicamente. Así lo hizo el MAS en los 20 años y los anteriores también, salvando honrosas excepciones como el caso del primer Tribunal Constitucional. Finalmente preocupa que el Fiscal General Interino, en lugar de ir contra este tóxico procedimiento, incurra en el error de elegir fiscales departamentales que actualmente forman parte de una estructura institucional absolutamente contaminada, cuando de lo que se trata es de promover un cambio profundo en el Ministerio Público, alejando de dicha entidad a los responsables de este deterioro institucional. Por este tipo de decisiones es que la democracia como forma de convivencia idónea y justa, seguirá siendo una quimera en Bolivia.         

WALDO ALBARRACÍN El comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos proporcionando una lista de personas bolivianas, a quienes se les retira la visa de ingreso a su país y/o los descalifica para esa posibilidad, ha generado indignación y preocupación ciudadana, más aún si la referida nómina está encabezada por la máxima autoridad del Ministerio Público, el actual Fiscal General Roger Mariaca, además del actual Fiscal Departamental de Santa Cruz y el ex Ministro de Justicia Iván Lima. Sobre este acontecimiento, surgieron opiniones, calificando algunos el hecho como una intromisión en asuntos internos del país, argumentos deleznables, toda vez que la principal acusación sobre los inhabilitados es que sus actos de corrupción, están orientados a proteger personas involucradas en el narcotráfico. Cabe enfatizar que, si sólo se tratara de meros actos de corrupción, no acontecería el pronunciamiento de los Estados Unidos, pero estamos hablando de un crimen que además de tener alcance internacional, es considerado de lesa humanidad por el daño y consecuencias que genera a grandes colectivos humanos y el efecto directo en contra de la sociedad norteamericana, ahí radica el interés del país del norte, motivo por el que no se puede hablar de intromisión. Lo hechos suscitados, debe generarnos una reflexión profunda respecto al funcionamiento del Ministerio Público en toda su estructura nacional, pues su primera autoridad es denunciada por un país que para acusar de algún delito, previamente investiga y en base a sus propias fuentes de información, solventes y de mayor credibilidad que las nuestras, adopta una decisión sobre autoridades bolivianas, acusándolas de actos de corrupción vinculadas al narcotráfico, corresponde reaccionar en proporción a la dimensión del problema. El Art. 225 de la Constitución Política del Estado, establece que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Eso significa que, por mandato constitucional la Fiscalía, desde su máxima autoridad nacional, los fiscales departamentales y todos los fiscales que prestan servicios en el país, deben estar comprometidos con los intereses legítimos de la ciudadanía y ser promotores de la respectiva acción penal contra los que cometen delitos, hasta lograr la sanción penal de éstos. Sin embargo, en la realidad fáctica, acontece exactamente lo contrario, pues cuando se suscita la comisión de un acto delictivo, dependiendo del peso político o económico del autor del hecho criminal, los fiscales evalúan la posibilidad concreta de lograr una ventaja económica, extorsionando al autor del delito a cambio de dinero, porque la impunidad del delincuente tiene un precio, no interesando la situación de la víctima o sus familiares. Entonces esa misión que le confiere la norma superlativa queda absolutamente distorsionada. Si bien no es correcto emitir conceptos absolutos sobre el comportamiento de los fiscales, en el entendido de que no son todos los que se corrompen, salvando el desempeño de algunos profesionales que actúan con probidad, pero no es la excepción lo que preocupa, sino la corrupción sistemática y estructural que hasta ahora no cambia y esa realidad tiene una causa y una explicación. Cuando el flagelo de la corrupción invade el despacho de la máxima autoridad, este fenómeno repercute o baja como en cascada hacia las demás dependencias, pasa por las fiscalías departamentales y se extiende hacia toda la estructura nacional. Es por ello que hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Ministerio Público es una entidad podrida y que no representa para nada ni preserva los intereses de la sociedad, por consiguiente, si por un lado tienes a una fiscalía que solo sirve a los que tienen influencia política o económica y por el otro un sistema judicial con similares características, evidencias que la ciudadanía boliviana se encuentra en completo estado de indefensión. Frente a este panorama es necesario identificar responsables, porque el actual Fiscal General, interpelado por los Estados Unidos, acusado de actos de corrupción vinculados al narcotráfico, no se autonombró, fue designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, obviamente con mayoría de votos congresales. En este caso, fue el Movimiento al Socialismo el que lo catapultó en ese cargo y como el MAS no entrega nada gratuitamente, tiene que haber una contraprestación, ello significa que las actuales autoridades del Ministerio Público, además de estar coludidas con instancias de poder político para fines y ganancias ilícitas, han distorsionado absolutamente los nobles y altruistas  objetivos para los que fue creada la institución. Hoy, frente a la imagen pública tan negativa de la entidad de marras, corresponde preguntarse, cuáles los antecedentes que prevalecieron para la designación del Fiscal General en el Congreso. Antes de dicho nombramiento fue Fiscal Departamental de Santa Cruz y precisamente ese fue el escenario donde según el Departamento de Estado del país del norte, incurrió en actos de corrupción que hoy dan lugar a esta especie de veto en su contra.  Corresponde preguntarse,  si  antes de este ejercer ese cargo, se destacó por ejercer la profesión con ética profesional?, se ganó el respeto del foro de abogados en su región o del pueblo cruceño?, fue talvez un promotor de la justicia, un jurista de prestigio?, un apóstol de los derechos fundamentales?. Que yo sepa no, sin embargo, el MAS promovió su nombramiento en la ALP, impulsado estrictamente por intereses políticos y ahí está el resultado.  Es necesario imputar la responsabilidad respecto a los males que caracterizan al Ministerio Público, al conjunto de la sociedad política, porque no sólo fue durante los gobiernos del MAS que se catapultaron en el cargo a personas nada recomendables, también lo hicieron los gobiernos neoliberales del MNR, MIR, ADN, es decir, el problema es antiguo, pues los políticos incurrieron en el error de llenar esta importante institución con sus adláteres, de perfiles similares a quien hoy ejerce el cargo de Fiscal General. Sin embargo, no obstante que aún persiste la obsesiva intención de promover la designación de personas no idóneas antes que gente capaz, con ética profesional en tan importantes funciones, el país y particularmente la ciudadanía, no debe renunciar a la aspiración legítima de transformar dicha

Tras el colapso del pacto de paz de 2022, una inédita y heterogénea alianza insurgente de siete milicias encabezada por el Tigray busca derrocar al primer ministro Abiy Ahmed. El conflicto amenaza con internacionalizarse y arrastrar a todo el Cuerno de África a una conflagración sin precedentes. La frágil tregua que en noviembre de 2022 detuvo una de las conflagraciones más mortíferas del siglo XXI ha saltado por los aires. En la madrugada del pasado 23 de septiembre de 2026, las fuerzas armadas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) lanzaron una amplia y coordinada ofensiva en el norte de Etiopía, tomando el control de tres aeropuertos estratégicos regionales —Mekelle, la capital tigrayana, Axum y Shire—, forzando la suspensión inmediata de todos los vuelos comerciales de la aerolínea estatal Ethiopian Airlines y extendiendo los combates a las vecinas regiones de Afar y Amhara. Mientras las autoridades de Tigray justifican las operaciones militares como una “guerra defensiva” ante los constantes e incrementados ataques federales con drones, el Gobierno central del primer ministro y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019, Abiy Ahmed, califica el movimiento de “ofensiva total” e irresponsabilidad absoluta. En esta nueva conflagración, el mapa de lealtades políticas se ha invertido por completo: milicias y facciones que hace apenas cuatro años se enfrentaban a muerte en el campo de batalla combaten hoy unidas bajo una misma bandera contra el poder central de Adís Abeba. Una geografía clave para el equilibrio regional Etiopía es un gigante demográfico y geopolítico de más de 120 millones de habitantes, lo que lo convierte en el segundo país más poblado de África y en el corazón gravitacional del Cuerno de África. Su relieve, dominado por el vasto macizo etíope cortado de norte a sur por el Gran Valle del Rift, configura tanto una barrera natural como un complejo mosaico de microclimas y etnias aisladas. La nación es, además, la cuna del Nilo Azul, cuyas fuentes en el lago Tana aportan la inmensa mayoría del caudal que fluye hacia el norte, haciendo del control hídrico un asunto de vital importancia estratégica. Desde que Eritrea se independizó en 1993, Etiopía se convirtió en un Estado mediterráneo, sin acceso directo al mar. Esta limitación geográfica ha condicionado de manera severa su política exterior y comercial, obligando al país a depender de forma crítica de la infraestructura portuaria de Yibuti, por donde transita prácticamente el 95% de su comercio internacional y abastecimiento de combustible. La estabilidad de Etiopía es el pilar sobre el que descansa el delicado equilibrio de la región; limita con Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Somalia y Yibuti. Cualquier fractura de sus fronteras desencadena de inmediato un efecto dominó de refugiados, tráfico de armas e inestabilidad en zonas vulnerables como el estrecho de Bab el-Mandeb y la cuenca del mar Rojo. Las raíces del colapso: la quiebra de Pretoria Para comprender la magnitud de la crisis actual es necesario remontarse al estallido de la guerra civil de 2020-2022. Durante casi tres décadas, entre 1991 y 2018, el TPLF dominó con mano de hierro la coalición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope que gobernó el país tras la caída de la dictadura del Derg. A pesar de representar a una minoría étnica que apenas conforma el 6% de la población nacional, la elite tigrayana concentró el poder político, militar y económico de la federación. Esta hegemonía se quebró con la llegada al poder de Abiy Ahmed en 2018, un político oromo que disolvió la antigua coalición, fundó el Partido de la Prosperidad y comenzó un proceso de recentralización y desplazamiento de los líderes tigrayanos. Las crecientes fricciones desembocaron en noviembre de 2020 en una devastadora guerra civil que atrajo la intervención militar de la vecina Eritrea y de milicias amharas del lado federal. Aquel conflicto dejó un saldo trágico estimado en 600.000 muertos —principalmente a causa de la hambruna y el bloqueo humanitario— y más de cinco millones de desplazados internos. En noviembre de 2022, el Acuerdo de Paz de Pretoria, auspiciado por la Unión Africana, puso fin formalmente a las hostilidades, disponiendo el cese del fuego, el desarme paulatino del TPLF y el restablecimiento de la autoridad federal. Sin embargo, el Acuerdo de Pretoria contenía gérmenes de su propia destrucción al excluir de las mesas de negociación a dos actores clave: el Gobierno de Eritrea y las fuerzas milicianas de la región de Amhara. Los territorios del oeste de Tigray continuaron bajo ocupación militar amhara, el proceso de desarme quedó incompleto y cerca de 750.000 desplazados tigrayanos se vieron imposibilitados de retornar a sus hogares. El detonante final sobrevino en 2025 y 2026, cuando el Gobierno federal intentó integrar a la fuerza a las unidades de seguridad regionales dentro de la estructura militar nacional y desplegó sistemáticos ataques con drones contra supuestos objetivos en Tigray. En mayo de 2026, la facción dura del TPLF restauró a Debretsion Gebremichael como presidente regional, rompiendo toda colaboración con la administración interina impuesta desde la capital. Radiografía del frente rebelde y de las fuerzas federales El mapa del conflicto actual destaca por su notable complejidad ideológica y territorial. La ofensiva de septiembre de 2026 fue precedida por el anuncio, el 20 de septiembre, de la formación de la Alianza de Fuerzas de los Pueblos Etíopes por la Supervivencia, conocida popularmente como la “Alianza de los 7 Ejércitos”. Esta heterogénea coalición agrupa a organizaciones insurgentes de seis regiones diferentes con el objetivo explícito de derrocar al Ejecutivo de Abiy Ahmed e instaurar un gobierno de transición: Frente a la alianza insurrecta se erige el Gobierno federal y las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF), comandadas por el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Birhanu Jula. El Gobierno de Adís Abeba mantiene el respaldo de las autoridades locales de Afar, de unidades de la policía federal y de la facción moderada del TPLF alineada con Getachew Reda. Aunque las Fuerzas Armadas han sufrido reveses iniciales en tierra y la pérdida de

China y Bolivia están separadas por miles de kilómetros. Sin embargo, cuando el director de «La hija cóndor» veía las películas de Zhang Yimou, encontraba en los paisajes rurales chinos algo que le recordaba a su propia tierra. Años después, el viaje ocurrió en sentido contrario. Su película, «La hija cóndor», fue seleccionada para la competición del XIII Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda, celebrado en Xi’an, donde finalmente obtuvo el premio a la Mejor Fotografía. Rodada en gran parte en quechua, nos transporta a los valles de Cochabamba para contar la historia de Clara, una joven que crece junto a su madre, una partera tradicional, y que un día decide abandonar su comunidad para descubrir la vida en la ciudad. Para el director, contar esta historia en quechua era una cuestión de honestidad. Su familia procede de comunidades quechuas y, al llegar a las montañas donde más tarde rodaría la película, sintió que empezaba a comprender de dónde venía y a dónde pertenecía. Pero volver a las raíces no implica aferrarse al pasado. «La cultura quechua pura como tal ya no existe», me explicó. En su película conviven el quechua y la música chicha, las montañas y el neón, las costumbres heredadas y las aspiraciones de una juventud que busca nuevas oportunidades en la ciudad. La tradición aparece como algo que cambia y se mezcla con nuevas formas de vida. Y detrás de esta historia profundamente boliviana se esconde una conexión inesperada con el cine chino. Hacia el final de nuestra conversación, el director mencionó «Ni uno menos», de Zhang Yimou. En la película, una joven maestra sustituta viaja a la ciudad en busca de un alumno y recurre a una cadena de televisión. El cineasta boliviano me explicó que esa secuencia fue una de las referencias para la escena de la emisora de radio en «La hija cóndor». Pero la presencia de la obra de Zhang Yimou entre sus referencias va mucho más allá de una escena. «Cuando yo veía las películas de Zhang Yimou, veía la similitud de la China rural y la Bolivia rural», recordó. A la hora de buscar referencias para sus proyectos, el director no siempre encuentra lo que necesita en el cine europeo o estadounidense. También mira hacia Asia, especialmente hacia China, pero también hacia cinematografías como la vietnamita y la tailandesa, en las que reconoce paisajes rurales y procesos culturales que le recuerdan a determinadas realidades de Bolivia y Sudamérica. No se trata de decir que esos lugares sean iguales. Lo interesante es el recorrido de las imágenes: una película hecha en un contexto lejano puede entrar en la memoria de otro creador, mezclarse con sus propias experiencias y reaparecer, transformada, dentro de una historia completamente local. Durante la entrevista le conté entonces algo que no sabía: Zhang Yimou nació precisamente en Xi’an. «¿En serio? ¿Es de acá?», respondió sorprendido. Empezó a preguntarme si las primeras películas de Zhang Yimou estaban vinculadas con esta tierra. Al final bromeó con que tendría que buscar dónde estaba su casa. La coincidencia era difícil de ignorar. Un director boliviano había viajado por primera vez a China para presentar una película profundamente arraigada en el mundo quechua y descubría allí que se encontraba en la ciudad natal de uno de los cineastas que habían formado parte de sus referencias. Pero en Xi’an ocurrió también algo en sentido contrario. Después de las proyecciones, algunos espectadores chinos le dijeron que ciertos elementos culturales de «La hija cóndor» les resultaban sorprendentemente familiares. De pronto, aquel vínculo que había comenzado años atrás frente a las películas de Zhang Yimou encontraba una respuesta inesperada entre el público chino. Y, sin embargo, «La hija cóndor» no busca esa conexión renunciando a sus particularidades. Clara pertenece a un lugar y a una tradición muy concretos, pero también siente la necesidad de marcharse, conocer otras realidades y descubrir quién quiere ser. Al hablar de la decisión de Ana de dejar partir a su hija, el director recordó su propia juventud. Cuando decidió marcharse de casa, sabía que su madre hubiera preferido tenerlo cerca. Sin embargo, no intentó detenerlo. «Anda, anda», le dijo, y aquel recuerdo personal terminó encontrando también su lugar en la película. Quizá sea esa una de las grandes virtudes del cine: una historia puede estar profundamente arraigada en una cultura y, al mismo tiempo, despertar emociones reconocibles al otro lado del mundo. Una imagen puede viajar de China a Bolivia, mezclarse con una experiencia quechua y regresar años después convertida en otra película. En Xi’an, ese recorrido terminó cerrando, por casualidad, un pequeño círculo. Jimena Li Yu Reportera de CGTN Español

Hace dos años asistí en Beijing al estreno de «Guardiana de dragones», la primera película de animación coproducida entre China y España. Aquel día entrevisté al equipo chino, pero me quedó una conversación pendiente con Salvador Simó, su codirector español. Dos años después, nos encontramos finalmente en Xi’an, donde Simó participa como miembro del jurado de la sección de animación del Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda. La película ya ha quedado atrás, pero muchas de las preguntas que planteó aquella experiencia siguen siendo actuales: ¿cómo trabajan juntos dos equipos separados por miles de kilómetros y por contextos culturales diferentes? ¿Qué ocurre cuando una misma escena se entiende de manera distinta en China y en España? ¿Y hasta dónde puede llegar una coproducción sin perder la identidad cultural de la historia? Para Simó, «Guardiana de dragones» fue, ante todo, un primer paso. La producción no fue fácil y la pandemia añadió dificultades a un proceso que ya era complejo. Pero el director considera que precisamente de esas dificultades surgió una experiencia valiosa. «Aprendimos mucho sobre cómo colaborar, sobre lo que hicimos bien y lo que hicimos mal», me contó. A pesar de las dificultades, se muestra satisfecho con el resultado y cree que la película «abrió una puerta» a futuras colaboraciones entre China y España. Pero quizá lo más interesante de aquella colaboración esté en los pequeños detalles. Un abrazo entre dos personajes, por ejemplo. En una escena de la película, Ping, la joven protagonista, abraza a su maestro. Una acción aparentemente sencilla terminó provocando una conversación entre los dos equipos. Simó recuerda que su codirector chino señaló que, culturalmente, en China las personas no suelen abrazarse tanto como en España o en otros países occidentales. La pregunta entonces era sencilla: ¿debían respetar esa diferencia cultural o mantener el abrazo? La respuesta no llegó de decidir qué era «más chino» o «más español», sino de volver al personaje. «En ese momento tuvimos que pensar no tanto en nuestras culturas, sino en qué era lo que los personajes tenían que transmitir y qué era lo mejor para la audiencia», explicó Simó. Finalmente, Ping abraza a su maestro y él se siente incómodo ante el gesto. Para el director, el abrazo funciona porque nace de la inocencia del personaje, no de una costumbre china o española. «A veces, si entendemos por qué el personaje hace lo que hace, ya no depende tanto de la cultura, sino más de las sensaciones y los sentimientos de los personajes. Y eso es común a cualquier cultura». Ese pequeño abrazo resume buena parte del desafío de una coproducción internacional. Colaborar no significa borrar las diferencias culturales ni decidir cuál de las dos partes debe imponerse. A veces significa encontrar, detrás de esas diferencias, una emoción que ambas puedan comprender. Algo parecido ocurrió con los dragones. «Guardiana de dragones» está basada en una novela de la escritora australiana Carole Wilkinson y sitúa su historia en una antigua China poblada por criaturas mitológicas. Sin embargo, uno de los primeros problemas que encontraron los dos directores estaba precisamente en la apariencia de esas criaturas. En la novela original, los dragones tienen alas. Pero el equipo chino planteó una cuestión evidente: los dragones de la tradición china normalmente no se representan con alas. En lugar de convertir esa diferencia en una disputa sobre quién tenía razón, los dos equipos comenzaron a buscar una solución. Simó recuerda que, a través del equipo chino, encontraron documentación que les permitió integrar las alas dentro del contexto cultural de la historia. «No era un problema de egos, de que yo quisiera una cosa y otra persona quisiera otra. Se trataba todo el tiempo de pensar qué era lo mejor para la historia», señaló. Para Simó, esa es también la respuesta a una pregunta inevitable en una película codirigida: ¿quién tiene la última palabra? «No se trata tanto de quién tiene la última palabra, sino de qué es lo mejor para la película». La experiencia de «Guardiana de dragones» muestra que una coproducción no consiste simplemente en juntar profesionales de dos países. Una película de animación puede involucrar a cientos de personas, y hacer que todas trabajen en una misma dirección requiere una estructura clara y, sobre todo, comunicación. Simó lo compara con un reloj compuesto por muchas piezas. Cada una debe saber qué función cumple y cómo encajar con las demás. Durante la producción de «Guardiana de dragones», algunas de esas piezas no encajaron a la primera y tuvieron que moverse y ajustarse. Pero precisamente ese proceso permitió a los dos equipos aprender cómo podía funcionar una colaboración entre países tan alejados geográficamente. El propio Simó lleva 36 años trabajando en animación y ha formado parte de equipos internacionales en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Para él, trabajar con personas procedentes de culturas distintas no es una excepción, sino parte de la propia naturaleza de la animación. Y quizá la animación tenga una ventaja particular a la hora de cruzar fronteras. En una película de ficción, explica, el espectador entra en un mundo cuyas reglas ya conoce. Si alguien deja caer una manzana, la manzana cae al suelo. En la animación, en cambio, los creadores construyen ese mundo desde el principio y deciden cuáles son sus reglas. Eso permite una libertad especial. Pero no significa que la cultura desaparezca. Simó utiliza una imagen sencilla para explicarlo: la cultura es «el envoltorio» de la historia. En el fondo, sostiene, el cine vuelve una y otra vez sobre temas universales: el amor, la amistad y las relaciones humanas. Una historia de amor puede contarse en China o en España y seguir hablando de sentimientos reconocibles para cualquier espectador. Pero la cultura hace que esas dos historias no sean iguales. Les da una forma, unos códigos y una identidad propia. Por eso, quizá el objetivo de una coproducción internacional no debería ser buscar una historia sin identidad cultural para que todo el mundo pueda entenderla. El verdadero reto está

Los días 12 y 13 de septiembre de 2026 se celebrará en Nueva Delhi, capital de la India, la 18ª Cumbre del BRICS, bajo el lema “Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad”. Estas cuatro palabras plantean una cuestión urgente de nuestro tiempo: en una era marcada por crecientes fricciones geopolíticas, frecuentes interrupciones de las cadenas de suministro y el resurgimiento del proteccionismo, ¿cómo encontrar un camino que permita conciliar el desarrollo y la autonomía de los países del Sur Global, que constituyen la gran mayoría del mundo?    El mecanismo de cooperación del BRICS es precisamente una plataforma clave para avanzar por ese camino. Desde su lanzamiento en 2006, ha evolucionado de un foro de diálogo económico a un mecanismo de cooperación multidimensional y multisectorial.    A lo largo de estos 20 años, los países del BRICS han fortalecido su solidaridad y cooperación, manteniéndose firmes en los principios de apertura, inclusión y beneficio mutuo. Al mismo tiempo, han ofrecido a los países en desarrollo nuevas alternativas para profundizar la cooperación práctica y participar en la gobernanza global, contribuyendo así a elevar la representatividad y la voz del Sur Global.    Siendo la plataforma de unión y cooperación multilateral más importante del mundo actual para los países con mercados emergentes y en desarrollo, el BRICS se está convirtiendo en una fuerza fundamental para impulsar una globalización económica más inclusiva y beneficiosa para todos, así como una multipolarización mundial más equitativa y ordenada.    Tras su ampliación, el BRICS, que abarca regiones clave de Asia, África, América Latina, Medio Oriente y el Sudeste Asiático, reúne a países cuya población total supera el 50 por ciento de la población mundial, cuyo peso en el producto interno bruto (PIB) mundial sobrepasa el 40 por ciento y cuya contribución al crecimiento económico mundial rebasa el 50 por ciento.    La capacidad del BRICS para superar diferencias geográficas, institucionales y culturales radica en que responde a una necesidad común de los países en desarrollo: unirse y fortalecerse para alcanzar un desarrollo compartido en ámbitos de interés común, como la economía, el comercio, las finanzas, la industria y la ciencia y la tecnología.    Basta con observar el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el Acuerdo de Reservas de Contingencia. El BRICS ha creado sucesivamente estos dos mecanismos para brindar apoyo a los países miembros en materia de infraestructura, estabilidad financiera y desarrollo sostenible.    Hasta finales de 2025, el NBD ha aprobado un total de 139 proyectos por un monto acumulado de 42.900 millones de dólares. Asimismo, la Asociación de la Nueva Revolución Industrial del BRICS ha extendido la cooperación a ámbitos como la industrialización, la innovación científica y tecnológica, la transformación digital y la economía verde, ayudando a los países del Sur Global a aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva revolución tecnológica e industrial.    En la actualidad, el mundo atraviesa cambios sin precedentes: conflictos geopolíticos prolongados, auge del proteccionismo y el unilateralismo, y nuevos desafíos como el cambio climático, la brecha digital y la gobernanza de la inteligencia artificial. Frente a estas dificultades, las tradicionales potencias occidentales carecen tanto de la capacidad como de la voluntad suficientes para seguir proporcionando bienes públicos globales, mientras el Sur Global hace oír cada vez con mayor fuerza sus demandas de paz, desarrollo y cooperación.    Como representante clave del Sur Global, el BRICS ha recogido las aspiraciones y la sabiduría práctica de los países en desarrollo, ha propuesto diversas iniciativas y soluciones de gobernanza en múltiples ámbitos y está contribuyendo a transformar la estructura del actual sistema de gobernanza global.    Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones internacionales, el PIB de los países del BRICS crecerá a una tasa anualizada de entre el 4,2 y el 5,1 por ciento, casi el triple del lento crecimiento de entre el 1,3 y el 1,8 por ciento previsto para el G7, lo que reforzará aún más su papel como motor del crecimiento económico mundial.    En la cooperación del BRICS y el desarrollo conjunto del Sur Global, China siempre ha desempeñado un papel fundamental. Desde el lanzamiento del BRICS en 2006, China lo ha considerado un pilar importante de su diplomacia multilateral y ha pasado de ser un participante destacado a convertirse en un actor clave de su desarrollo. Gracias al impulso activo de China, la cooperación del BRICS se ha ampliado sucesivamente mediante formatos como el “BRICS Plus” y el “BRICS ampliado”, y ha construido una arquitectura integral y multidimensional que abarca los ámbitos político, económico, financiero, comercial y social, así como los intercambios entre pueblos.    China no solo es una defensora del desarrollo del BRICS, sino también una participante activa en la promoción y materialización de su cooperación. Desde la creación del Nuevo Banco de Desarrollo hasta la ampliación del alcance de la cooperación del BRICS de los países miembros al Sur Global en su conjunto; desde la articulación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta con la cooperación del BRICS hasta la defensa de los intereses de los países en desarrollo en foros multilaterales como la ONU y el G20; desde la presentación de cuatro Iniciativas Globales hasta la propuesta de construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad, China ha demostrado reiteradamente con acciones concretas que los países en desarrollo tienen derecho a elegir sus propias vías de desarrollo de acuerdo con sus condiciones nacionales.    América Latina y el Caribe, una de las regiones con mayor concentración de países del Sur Global, siente una afinidad natural hacia el BRICS. Brasil, como miembro fundador del mecanismo, ha desempeñado un papel pionero en ámbitos como las energías limpias, la agricultura moderna y la economía digital. Mientras tanto, Cuba y Bolivia se han convertido en países socios, y Colombia es miembro del NBD. Todo ello crea condiciones sin precedentes para que América Latina y el Caribe profundice su cooperación con el BRICS y con el resto del Sur Global.    La incorporación de Bolivia

Durante varios años después de su primera reunión oficial de líderes, celebrada en Ekaterimburgo, Rusia, en 2009, los BRICS —por entonces todavía BRIC— fueron vistos principalmente en relación con otras agrupaciones, o como un contrapeso frente a algún bloque o arquitectura internacional ya existente. De hecho, la declaración conjunta de aquella primera cumbre del BRIC en Ekaterimburgo comenzaba reafirmando el papel central del G20 para hacer frente a la crisis financiera de 2008, que en aquel momento proyectaba una larga sombra sobre los asuntos mundiales. La misma declaración expresaba además su confianza en los organismos de las Naciones Unidas para abordar con éxito cuestiones geoeconómicas, al tiempo que respaldaba el sistema multilateral de comercio y se oponía al proteccionismo. En los años siguientes, a medida que los BRICS se ampliaban, también fue cambiando la percepción en torno al grupo. En el transcurso de una década, pasó de ser visto como una curiosa asociación de países en desarrollo, bautizada a partir de un término acuñado por Goldman Sachs que terminaría haciéndose célebre, a ser presentado de forma cada vez más insidiosa como un desafío al orden mundial dominado por Occidente, como la respuesta de los mercados emergentes al G7 o bajo alguna otra etiqueta similar. Ahora, en vísperas de su XVIII Cumbre, la manera de caracterizar a los BRICS vuelve a estar cambiando. En pocas palabras, los BRICS de 2026 ya no necesitan ser considerados un contrapeso frente a nadie. En términos prácticos, cuando un grupo reúne a 3.850 millones de personas, el 46,3 % de la población mundial, abarca 44 millones de kilómetros cuadrados, el 29,5 % de la superficie terrestre del planeta, y representa el 40 % del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, el 26 % del comercio global y más de la mitad del crecimiento económico mundial, esa dimensión le permite decidir por sí mismo qué representa y cuál debe ser su agenda. La Cumbre de los BRICS de 2025, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, fue testigo de la incorporación de diez países como socios del mecanismo, en un contexto en el que el grupo es percibido cada vez más como una expresión de las aspiraciones del Sur Global. Ahora, en vísperas de la XVIII Cumbre anual, que tendrá lugar en Nueva Delhi, India, y en un momento en que sistemas y arquitecturas internacionales de larga data comienzan a resquebrajarse y el orden basado en reglas cede terreno ante el unilateralismo y la confrontación, los BRICS parecen estar a punto de culminar una verdadera inversión de papeles. Lo que comenzó como un actor secundario en los márgenes se ha convertido ahora en un pilar central de una corriente mayoritaria que apuesta por la sensatez y la normalidad. Y esa normalidad escasea cada vez más. Por ejemplo, la semana previa al inicio de la cumbre de Nueva Delhi ha estado marcada, curiosamente, por los mapas. Por un lado, las Naciones Unidas votaron a favor de corregir una injusticia histórica al sustituir la proyección de Mercator en el mapa del mundo. Las regiones cercanas al ecuador dejarán de aparecer artificialmente reducidas debido a una concepción anticuada del mundo, heredada de hace siglos y anterior al desarrollo de la ciencia moderna. Pero aunque finalmente se haya dejado atrás esa visión propia de quienes concebían una Tierra plana, otros mapas, mucho más flagrantemente distorsionados, han comenzado a circular. Uno de ellos, que ha generado cierta inquietud en círculos internacionales, mostraba la bandera de Estados Unidos extendida sobre Canadá y Groenlandia. A ello siguió la afirmación del presidente estadounidense de que la Luna también pertenece a Estados Unidos. A lo largo de la historia, los mapas redibujados de manera imprecisa y las interpretaciones contrapuestas han sido fuente de numerosos conflictos. Este nuevo intento de “redibujar” el mapa lleva el absurdo a un nivel completamente distinto. Pero esta disputa cartográfica no es más que una gota en el océano. La cooperación internacional a través de los mecanismos existentes está deteriorándose en todos los niveles, dejando paralizadas a numerosas instituciones y estructuras globales. Ya se trate del comercio, de la lucha contra el cambio climático o del acceso a tecnologías clave, sistemas, recursos, cadenas de suministro e incluso bienes comunes globales, existe una tendencia sin precedentes a acapararlos y utilizarlos como instrumentos de presión. La brecha entre quienes tienen recursos y quienes carecen de ellos se está profundizando deliberadamente en busca de ventajas mercantilistas, mientras poblaciones enteras corren el riesgo de quedar rezagadas o de perder sus medios de subsistencia. Los gobiernos soberanos se ven cada vez más constreñidos y con un margen de acción más reducido. Esto resulta especialmente evidente en el ámbito económico, debido a la exportación de niveles insostenibles de deuda nacional, la instrumentalización de las infraestructuras públicas digitales y el estrangulamiento de las líneas de suministro como consecuencia de conflictos y otras disputas. Hoy, más que nunca, es necesario recuperar el espíritu de cooperación global. Y eso es precisamente algo que los BRICS están plenamente capacitados para impulsar. La presidencia de 2026 ya ha incluido decenas de reuniones temáticas de alto nivel y encuentros interinstitucionales, entre ellos reuniones entre bancos centrales, organismos nacionales de auditoría, sistemas judiciales, departamentos responsables de urbanización, organismos de seguridad, agencias espaciales y autoridades de respuesta ante desastres. También se han celebrado diálogos interministeriales sobre comercio, industria, agricultura, salud, educación y energía. Los departamentos científicos de los BRICS han elaborado un acuerdo preliminar sobre inteligencia artificial. Asimismo, según se ha informado, se ha propuesto un marco financiero destinado a cubrir un déficit de financiación de varios billones de dólares para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los mecanismos de pago, que siempre despiertan especial interés en los debates en torno a los BRICS, volverán a figurar en la agenda. También se han elaborado firmes declaraciones en favor de preservar y revitalizar el sistema multilateral de comercio, al tiempo que se profundizan las reformas institucionales, entre muchas otras cuestiones. Está claro que a lo largo del año se ha realizado una enorme

Natalia Aparicio advierte que reformar la Constitución exige consensos amplios, estabilidad económica y transparencia, evitando que el proceso se convierta en plebiscito presidencial o nueva fuente de polarización. ANNETT SOLIZ RIVERO La reforma de la Constitución Política del Estado vuelve al centro del debate boliviano en un momento particularmente delicado. En el análisis desarrollado junto a Natalia Aparicio, politóloga invitada al programa *Fuego Cruzado* de RTP, se advierte que modificar la Carta Magna no puede reducirse a una pregunta de “sí o no”, porque detrás existen asuntos estructurales que podrían redefinir el funcionamiento del Estado. Aparicio sostiene que el proceso debe abordarse con especial cuidado, considerando que la Constitución de 2009 representó una conquista para sectores históricamente excluidos y contiene importantes avances en derechos humanos y protección ambiental. Sin embargo, también recuerda que su aprobación estuvo marcada por fuertes tensiones políticas y sociales, como los hechos de La Calancha. Esa memoria todavía forma parte de la sociedad boliviana y podría reaparecer si el proceso se desarrolla sin consensos. La discusión constitucional, por tanto, no es únicamente jurídica. También involucra identidades, intereses, heridas históricas y una disputa por el modelo de país que Bolivia quiere construir. Uno de los principales riesgos identificados por Natalia Aparicio, es que la reforma constitucional termine convertida en un plebiscito sobre la gestión de Rodrigo Paz. Con niveles de aprobación cuestionados en las mediciones mencionadas durante el programa, llevar una propuesta de semejante magnitud directamente a las urnas podría hacer que el debate sobre la Constitución quede subordinado a la popularidad presidencial. A esto se suma la competencia por protagonismo entre los distintos liderazgos políticos. Tuto Quiroga y otros actores podrían intentar capitalizar electoralmente una eventual reforma, mientras sectores de oposición buscarían influir en el contenido y conducción del proceso. El problema aparece cuando una transformación institucional se convierte en una disputa por quién obtiene mayor rédito político. Aparicio considera fundamental alcanzar acuerdos amplios, pero el escenario actual muestra una oposición fragmentada y una clase política con dificultades históricas para construir consensos. Pretender modificar numerosos artículos sin establecer previamente un pacto político podría profundizar la polarización en lugar de resolver los problemas estructurales que enfrenta el país. El debate constitucional tampoco puede separarse de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia. Durante la entrevista, Aparicio planteó que cualquier reforma de esta magnitud necesita condiciones mínimas de estabilidad, particularmente una solución a los problemas de combustibles, dólares y tipo de cambio. Mientras persistan las filas por carburantes, los elevados precios en algunas regiones y la incertidumbre cambiaria, será difícil construir el consenso social necesario para discutir cambios estructurales. En este contexto, una reforma podría convertirse incluso en un nuevo foco de conflicto si la población percibe que el Gobierno prioriza modificaciones institucionales mientras las necesidades económicas inmediatas permanecen sin respuesta. El análisis también cuestiona la falta de socialización de acuerdos relacionados con el financiamiento externo y advierte sobre los riesgos de aprobar decisiones económicas sin suficiente información pública. La experiencia de los 53 días de bloqueo demuestra que una medida percibida como poco consensuada puede desencadenar una reacción social de gran magnitud. La lección es clara: antes de reformar las reglas del Estado, el Gobierno necesita recuperar confianza y estabilidad. Otro elemento decisivo es la posibilidad de que la reforma constitucional abra una nueva “guerra digital”. Natalia Aparicio advirtió que un eventual referéndum podría reproducir las disputas de narrativas políticas observadas durante los 53 días de bloqueo y otros episodios recientes. Las redes sociales podrían convertirse nuevamente en escenarios de confrontación, donde distintos sectores intenten instalar sus interpretaciones, activar temores y profundizar los clivajes entre Oriente y Occidente, entre oficialismo y oposición o entre diferentes corrientes políticas. En ese escenario, la Constitución podría terminar siendo utilizada como instrumento de polarización antes que como mecanismo de acuerdo nacional. El desafío, entonces, no consiste solamente en determinar qué artículos deben modificarse, sino en establecer quién conduce el proceso, bajo qué consensos y con qué garantías de participación. Bolivia enfrenta una coyuntura en la que cualquier reforma estructural puede tener consecuencias políticas profundas. Abrir nuevamente el debate constitucional exige prudencia, transparencia y acuerdos; de lo contrario, el intento de cerrar viejas heridas podría terminar abriendo otras nuevas. Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/1clcguAN670?si=XizhKhR72Qjml1-s

Adalberto Agozino, analista internacional, explicó en RTP Mundo que la disputa por Malvinas trasciende la soberanía e involucra intereses energéticos, rutas estratégicas y nuevas tensiones geopolíticas. ANNETT SOLIZ RIVERO La disputa por las Islas Malvinas vuelve a adquirir relevancia internacional en un escenario marcado por nuevos alineamientos geopolíticos. En el análisis desarrollado en RTP Mundo junto a Adalberto Agozino, analista argentino, se plantea que el respaldo expresado por Donald Trump hacia Javier Milei no debe interpretarse únicamente como una cuestión relacionada con la soberanía de las islas. Agozino explicó que para Argentina las Malvinas constituyen una causa nacional que trasciende gobiernos y generaciones, por lo que cualquier pronunciamiento extranjero tiene una fuerte carga política. El contexto actual resulta particularmente sensible porque Milei mantiene una estrecha relación con Washington y ha convertido a Argentina en uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. El respaldo de Trump representa un importante espaldarazo político para el mandatario argentino, especialmente en un momento de dificultades económicas y presión electoral. Sin embargo, el escenario no apunta necesariamente a una nueva confrontación militar. La verdadera disputa parece trasladarse hacia el terreno diplomático, económico y estratégico, donde el Atlántico Sur adquiere cada vez mayor importancia. Adalberto Agozino planteó en RTP Mundo que el conflicto por las Malvinas debe analizarse dentro de una disputa geopolítica mucho más amplia: el control estratégico del Atlántico Sur. Según su explicación, la importancia de la zona no se limita al territorio insular, sino que incluye las rutas marítimas, los pasos bioceánicos y el acceso hacia la Antártida. El Estrecho de Drake y el Canal de Magallanes adquieren mayor relevancia frente a posibles restricciones sobre otras rutas internacionales, mientras la proximidad de la Antártida introduce una dimensión adicional relacionada con sus recursos naturales y el futuro del Tratado Antártico. En este contexto, las Malvinas funcionan como un punto estratégico dentro de un tablero internacional cada vez más competitivo. Estados Unidos busca fortalecer posiciones en el hemisferio, mientras Argentina intenta mantener vigente su reclamo histórico de soberanía. Agozino advierte que, por ello, cualquier movimiento diplomático sobre las islas debe observarse más allá de la disputa bilateral entre Buenos Aires y Londres. El verdadero escenario de competencia abarca recursos, comercio, rutas marítimas y poder estratégico. Otro elemento que modifica el escenario es la explotación de recursos energéticos en las proximidades de las Malvinas. Durante su participación en RTP Mundo, Adalberto Agozino explicó que existe un proyecto de explotación petrolera desarrollado conjuntamente por una empresa israelí y otra británica, en una zona que Argentina considera bajo su jurisdicción. Esta actividad introduce un componente económico que puede elevar nuevamente la tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres. Para Agozino, Argentina tiene la necesidad de formular un reclamo firme que cuestione la legitimidad de esas operaciones y defienda sus derechos sobre los recursos existentes en el área. Por ello, las declaraciones de Donald Trump abren una ventana de oportunidad política para Javier Milei, quien podría utilizar el respaldo estadounidense para reforzar la posición argentina frente a las empresas involucradas. Sin embargo, el desafío consiste en evitar que el reclamo derive en una escalada innecesaria. La cuestión petrolera demuestra que las Malvinas ya no representan solamente una disputa territorial histórica, sino también un espacio donde confluyen intereses energéticos, comerciales y estratégicos de varias potencias. El respaldo de Washington a Argentina también refleja una transformación en las relaciones entre Estados Unidos, Europa y América Latina. Adalberto Agozino sostuvo en RTP Mundo que Donald Trump mantiene una relación cada vez más compleja con sus aliados europeos y que sus decisiones pueden responder tanto a intereses estratégicos como a disputas dentro de la propia alianza occidental. En este escenario, el acercamiento a Javier Milei puede convertirse en una herramienta para fortalecer la presencia estadounidense en el Atlántico Sur y, al mismo tiempo, generar presión sobre el Reino Unido. Para Argentina, el desafío es aprovechar esa coyuntura sin convertir la cuestión Malvinas en un instrumento exclusivamente político. El reclamo de soberanía posee un profundo significado nacional, pero cualquier estrategia debe considerar las consecuencias económicas, diplomáticas y militares. Agozino deja claro que una recuperación territorial por la vía armada no aparece como el escenario más probable. La disputa se desarrolla ahora mediante diplomacia, presión económica, explotación de recursos y alianzas internacionales. Así, las Malvinas vuelven al centro del tablero geopolítico regional y adquieren una importancia que trasciende ampliamente a Argentina y Reino Unido. Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/EZJuG6hrinE?si=4yWxI_u9k-c4Zoi3