WALDO ALBARRACÍN
Generalmente cuando queremos imaginarnos el perfil de un delincuente, acudimos al estereotipo tradicional: Persona de rasgos indígenas, con cicatrices en el rostro, se lo conoce más por su alias que por su nombre de pila, en la mayoría de los casos ya está registrado como tal en los archivos policiales, estuvo preso o arrestado y los encuentras en los centros de concentración masiva de gente de las principales ciudades del Bolivia, donde desarrolla sus fechorías robando billeteras, quitando carteras, metiendo la mano al bolsillo ajeno, prefiere hacerlo sin que la víctima se percate, aunque suelen alguna vez utilizar la violencia amedrentando a sus víctimas para consolidar el delito.
Resulta difícil calcular cuánto recauda ese vulgar delincuente durante la ardua jornada, sin embargo, asumo que al final del día probablemente no superará los 5.000 Bs lo que haya acumulado este peculiar amigo de lo ajeno, no porque sea poco ambicioso, sino porque hoy muy poca gente saldrá de compras o realizará otras actividades llevando consigo grandes sumas de dinero en efectivo, máxime si en estos tiempos existen otras formas de pago, como el QR.
Partiendo de la idea de que toda conducta delictiva merece ser prevenida, evitada, combatida y sancionada penalmente cuando se materializa, es importante remarcar que esa delincuencia de mínima cuantía, pese a ser condenable, no guarda relación ni proporción en cuanto al daño cuantioso y muchas veces irreversible que ocasionan los delitos cometidos por los delincuentes de cuello blanco, me refiero a aquellos que incurren en crímenes de gran dimensión en términos económicos, con tremendas secuelas sociales, sin embargo, por el poder político y económico que ostentan, generalmente se desenvuelven en un contexto de impunidad, pues para una parte de la sociedad, este tipo de delincuentes, no son vistos como tales, se los llama “Honorables” en las esferas parlamentarias, Primer Mandatario, Ministro en las instancias gubernamentales, Magistrados en los tribunales de justicia, Fiscales en el Ministerio Público, Coroneles o Generales en los órganos coercitivos del Estado, la mayoría de ellos tienen como escenario de actuación el ámbito político, son ciudadanos de primera y están obsesionados en acumular patrimonio hasta su cuarta generación. Advertirán por tanto que, la diferencia es marcada con los delincuentes de mínima cuantía en cuanto a la dimensión económica y la gravedad del daño que se ocasiona.
La delincuencia de cuello blanco fue estudiada por la sociología norteamericana, siendo uno de sus principales exponentes Edwin Sutherland, que además era criminólogo, en los años 40 del siglo pasado, se refiere a los delitos económicos y no violentos cometidos por personas que desarrollan sus actividades en las élites sociales, muchos de ellos administrando la cosa pública, se los consideran individuos respetables, con apariencia de honorabilidad, sin embargo utilizan el engaño, el fraude, el abuso de confianza para sus inconductas. Su posición económica o política les otorga ventajas para eludir los controles legales, o reducir la severidad de los castigos. Lo indignante de todo ello es que, el daño económico que causan puede superar al de muchos hurtos y robos convencionales juntos, como el fraude financiero, lavado de dinero, ocultamiento de capitales de origen ilícito, evasión fiscal, corrupción, cohecho, soborno en contratos públicos.
En el contexto de la realidad boliviana, uno de los delitos de cuello blanco que desde hacen 40 años, se pasea como Pedro por su Casa, es el narcotráfico que tiene protagonistas híbridos, de abajo y de arriba, los de arriba gobernaron el país, entre 2006 y 2025, generando desde el poder los mecanismos de impunidad necesarios para evitar ser sancionados penalmente, extendiendo sus delitos a otros hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, como el derroche de más de 60.000 millones de dólares. Era y es tal el poder que ejercen que hasta hoy sin ser gobierno imponen su impunidad frente a gobernantes, policías, jueces, fiscales. El ejemplo más emblemático de este tipo de delincuentes de cuello blanco, es precisamente Evo Morales, cuyos delitos rebasaron el ámbito económico para incursionar en otros como los relacionados con la afectación la dignidad de la mujer, pero por el poder fáctico que ejerce no será ni detenido ni sancionado.
En la presente coyuntura, advertimos que esta delincuencia privilegiada invadió las esferas gubernamentales y se extendió a gran parte de la sociedad política. Los últimos acontecimientos evidencian que se amplió en su participación al ámbito familiar, no existe la mínima intención de transparentar el manejo de la cosa pública, hechos escandalosos no esclarecidos como el de las “narcomaletas”, “narcomaderas”, contrabando de oro, denuncia de compra de votos en el congreso, granjas de bots, dineros de dudosa procedencia, son indicios de que no estamos frente a un régimen de gobierno diferente a los anteriores. Se puede afirmar con contundencia que, Fernando Cerimedo, hombre muy influyente en el gobierno hasta hace unos días y principal protagonista de estos delitos de cuello blanco, no estaría preso de no haber acontecido la controversia con quien era su pareja sentimental y trató de asesinarla. Quiero decir que, no fue la actuación transparente del gobierno ni la vocación de justicia del Ministerio Público la que envió a la cárcel a este delincuente privilegiado, sino sus propias miserias humanas. De lo contrario se hubieran consolidado todos los actos de enriquecimiento ilícito planificados desde el poder.
Lo evidente es que, en cada posesión de presidente y toma de juramento ante el Congreso, por los discursos de circunstancia, el pueblo observa con esperanza de que “esta vez podría ser diferente”, sin embargo los exabruptos del actual régimen y el afán obsesivo de poner una cortina de humo sobre los actos de corrupción practicados, confirman la regla de que, independientemente de la ideología y/o tendencia política del gobernante, sea de derecha o izquierda, lo que se impone es el afán obsesivo de enriquecerse ilícitamente. En el caso del actual gobierno, no fue casual que ya en el primer gabinete, designaran a un abogado con antecedentes delictivos como Ministro de Justicia, el cual al ser reemplazado a los dos días, dio lugar a que fuera sustituido por otro jurista con más prontuario que el anterior.
En otras circunstancias el criterio ciudadano se impondría bajo la consigna de “que se vayan todos”, pero la madurez de este pueblo permite razonar en sentido de no dejar el espacio para quienes vienen por detrás, éstos empecinados en volver al poder, vienen preparando un clima de desestabilización político social, con el único objetivo de controlar el conjunto de los órganos estatales, para volver a usufructuar de los beneficios materiales que ello genera.
Resulta ilusorio esperar que pueda suscitarse una reacción positiva de la sociedad política, en sentido de generar consensos y hacer causa común para afrontar la crisis económica, la escasez de carburantes, extinguir la corrupción institucionalizada y sobre todo resguardar y potenciar el debilitado sistema democrático. Obviamente esta legítima aspiración ciudadana colisiona con los intereses pragmáticos de los delincuentes de cuello blanco que no admiten que el activismo político tenga objetivos altruistas y referentes bioéticos.
Ojalá que la dimensión de los problemas que estamos atravesando y la gravedad de los mismos, impulsen a gobernantes y opositores a priorizar los intereses del país y del pueblo boliviano, hay algunos antecedentes positivos, escasos, pero sirven para promover un gran acuerdo nacional que salve a la patria y contribuya a la construcción de un sistema político donde no haya espacio para esa repudiable delincuencia privilegiada que garantiza su impunidad gracias a su estadía en instancias de poder.