Nombre del autor:Rodrigo Villegas

Explosión de una garrafa de gas en Villa Tunari deja heridas a una madre y su hija

Una madre y su hija resultaron heridas este viernes luego de la explosión de una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la localidad de Chipiriri, ubicada en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba. La explosión del cilindro dejó a la mujer con quemaduras en el 60% de su cuerpo, mientras que su hija presenta quemaduras en el 30%, según informó el presidente del Comité Cívico del pueblo de Chipiriri, Jhonny Zapata. La onda expansiva de la explosión también provocó daños en la cocina donde se encontraban la mujer, de 34 años, y la adolescente, de 18 años. Ambas fueron trasladadas a un centro de salud de Cochabamba para recibir atención de emergencia. “De la nada ha reventado (la garrafa), esto no ha sido conectado a la cocina, no ha sido utilizado. Las personas estaban sentadas tranquilamente en su domicilio y de la nada ha explotado”, señaló Zapata. El dirigente consideró que en la explosión existe responsabilidad de las personas encargadas de controlar el estado en el que se encuentran los cilindros al momento de ser distribuidos en los camiones que los comercializan. (ABI)

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Santa Cruz: Gasolina importada por privados comienza a venderse a Bs 18 el litro

La gasolina importada directamente por privados comenzó a comercializarse este viernes en Santa Cruz, como parte de la apertura del mercado de combustibles a empresas particulares, en un momento en que Bolivia enfrenta dificultades para garantizar un abastecimiento regular de carburantes. El primer despacho se realizó a las 09:00 en una estación de servicio de BioPetrol ubicada en el tercer anillo y avenida Roca y Coronado. La empresa también habilitó puntos de venta en Montero y en la zona de la avenida Virgen de Cotoca. La Gasolina Ultra Clean 91 llega desde Argentina y se comercializa sin subvención estatal. Se trata de una gasolina de mayor octanaje que la especial y está destinada principalmente a vehículos cuyos fabricantes recomiendan este tipo de combustible. Una nueva oferta El nuevo producto tendrá un precio de Bs 18 por litro, frente a los Bs 6,96 de la gasolina especial subvencionada. La diferencia es de Bs 11,04 por litro. Esto significa que la gasolina importada se dirige, al menos inicialmente, a un segmento de consumidores dispuesto a pagar más por un combustible de mayor octanaje y por una alternativa de abastecimiento. La comercialización representa además una primera prueba del esquema mediante el cual empresas privadas pueden importar carburantes y venderlos en el mercado nacional sin recurrir a la subvención estatal. Combustible de más octanos Este producto es una gasolina de mayor octanaje, importada directamente desde Argentina para su comercialización en Bolivia. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el producto llega al país sin mezclas locales y está destinado a vehículos que operan con gasolina de alto octanaje. El octanaje es una medida de la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor. La compatibilidad y el tipo de gasolina recomendado dependen de las especificaciones técnicas de cada vehículo y de las indicaciones del fabricante. La venta de gasolina importada se produce mientras el Gobierno aplica medidas para enfrentar la emergencia energética y social que atraviesa el país. En los últimos días se intervino YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en medio de problemas relacionados con el abastecimiento y el control de la distribución de carburantes. Como parte de la respuesta, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5701, que permite a las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell importar petróleo crudo, procesarlo en Bolivia y comercializar directamente sus derivados a precios de mercado y sin subvención estatal La puesta en venta de esta gasolina permitirá observar si la importación privada puede convertirse en una alternativa de mayor escala dentro del mercado boliviano. El principal factor será el precio. La diferencia frente al combustible subvencionado es significativa y limita, por ahora, su alcance a consumidores que puedan asumir un mayor costo. (EL DEBER)

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Gobernación de Santa Cruz promulga su nueva «Ley Antibloqueos»

La Gobernación de Santa Cruz promulgó este viernes la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías, en un acto realizado en la Casa de Gobierno. La norma fija como ejes la prevención, la articulación entre instituciones y la respuesta a contingencias, con la finalidad de disminuir los efectos de los bloqueos sobre la población, la salud, la producción, el abastecimiento y la circulación libre. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, remarcó que la iniciativa nació en el órgano legislativo y la calificó como una expresión de la autonomía cruceña frente a los perjuicios que ocasionan estas medidas. “Esta ley no vulnera ningún tipo de derecho constitucional, como es el de la legítima protesta”, afirmó, al subrayar que no se dirige contra las manifestaciones pacíficas, sino contra situaciones violentas que afectan vías y derechos de terceros. Según explicó, la normativa fue trabajada por más de tres meses mediante análisis técnico y mesas de concertación con participación de la Policía, instancias jurídicas de la Gobernación, la Asamblea y representantes de sectores productivos y de la sociedad civil. El enfoque —dijo— responde a la lógica de “prevenir, coordinar y atender”. Entre las acciones previstas se contemplan mecanismos de alerta temprana, planificación, coordinación institucional y medidas para proteger la vida, habilitar corredores humanitarios y reducir el impacto en la producción y las cadenas de abastecimiento. Durante la promulgación, la vicegobernadora Paola Aguirre sostuvo que la ley respondía a una demanda regional y planteó como desafío “erradicar la cultura del bloqueo”. Describió los efectos de estas medidas sobre pacientes, familias, transportistas y productores, así como sobre el traslado de medicamentos, alimentos y ganado. Aguirre vinculó la libre circulación con otros derechos fundamentales y con la dinámica económica del país, al advertir que los bloqueos afectan el abastecimiento, el empleo y la continuidad productiva, además de perjudicar la imagen de Bolivia ante potenciales inversiones. Reiteró que la norma no busca sancionar la protesta, sino anticipar conflictos y establecer respuestas. “Hay que erradicar la cultura del bloqueo”, insistió, al señalar que la Gobernación comenzará a actuar frente a estas situaciones y promoverá el diálogo y el consenso entre sectores. En el acto también se mencionó la posibilidad de impulsar una ley de alcance nacional. Según Aguirre, la Asamblea Departamental recomendó el mandato de llevar esta discusión al ámbito legislativo nacional con apoyo de parlamentarios cruceños. La ley establece además un plazo de 180 días para su implementación, que estará a cargo del Ejecutivo departamental a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico. Con la firma del gobernador Juan Pablo Velasco, la norma entra en vigencia y abre una etapa enfocada en convertir sus disposiciones en acciones concretas frente a los bloqueos en el departamento. (CORREO DEL SUR)

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Robo de cables pone en riesgo la conectividad y afecta a usuarios y servicios

El robo de cables y otros componentes de infraestructura crítica representa una problemática que trasciende a las empresas afectadas y puede generar consecuencias directas para la ciudadanía. La sustracción o vandalización de estos materiales puede interrumpir servicios esenciales, afectar actividades laborales, educativas y comerciales y generar dificultades para instituciones que dependen de una conexión estable. En el caso de las telecomunicaciones, el robo de infraestructura puede provocar interrupciones de internet fijo, transmisión de datos y eventualmente telefonía, afectando a usuarios residenciales, empresas, centros educativos, centros de salud y otras instituciones. Estos hechos también requieren el despliegue de cuadrillas técnicas, materiales especializados y recursos logísticos para restituir la infraestructura afectada. El problema, sin embargo, no se limita a las telecomunicaciones. Empresas vinculadas a la prestación de servicios básicos han reportado también el robo de equipos, medidores de agua, baterías, material ferroviario, gabinetes y otros componentes críticos, evidenciando el impacto que este tipo de delitos puede generar sobre distintos servicios que forman parte del funcionamiento cotidiano de la ciudad. Coordinación y prevención para proteger la infraestructura Ante esta situación, Tigo Bolivia, CRE, Saguapac, Cotas y Ferroviaria Oriental, junto al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, el Comando Departamental de la Policía y la Fiscalía Departamental, vienen fortaleciendo espacios de coordinación para compartir conocimientos, experiencias y protocolos destinados a prevenir y responder ante el robo de cables, medidores, baterías y otros componentes de infraestructura crítica. Entre las acciones impulsadas se encuentran la coordinación de batidas y allanamientos a chatarrerías, la elaboración de un Protocolo de Pronta Acción con Policía, Fiscalía y Poder Judicial, la mejora de sistemas de monitoreo y trazabilidad y la coordinación operativa inmediata entre las instituciones involucradas. Asimismo, se impulsa el Programa de Ayuda Mutua (PAM), que busca fortalecer el intercambio de experiencias, conocimiento técnico y apoyo operativo entre las empresas participantes. “El robo de cables y otros componentes de infraestructura constituye un delito de orden público que afecta de manera directa a la población y puede generar perjuicios en servicios esenciales. En ese sentido, exhortamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de esta naturaleza del que tenga conocimiento, a fin de que la Policía pueda actuar de manera rápida y oportuna, brindar el auxilio correspondiente y proceder con la aprehensión de los responsables.”, señaló el Director Departamental de la FELCC, Cnl. Johnny Coca. Como parte de esta estrategia, Tigo mantiene acciones de monitoreo técnico de su red, coordinación con las autoridades y las demás instituciones afectadas, además de realizar las denuncias correspondientes ante hechos que puedan comprometer su infraestructura. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a situaciones que puedan afectar la continuidad de los servicios. “El robo de infraestructura crítica es un problema que trasciende a las empresas, porque puede afectar la continuidad de servicios esenciales y generar consecuencias directas para la ciudadanía. En el caso de Tigo, hasta agosto, se han visto afectados 74.443 de nuestros clientes, por estos actos de vandalismo Por ello, consideramos fundamental fortalecer el trabajo coordinado entre las empresas, las instituciones responsables de la seguridad y la investigación, y promover una mayor participación de la población en la prevención y denuncia de estos hechos. La protección de esta infraestructura requiere un esfuerzo conjunto que permita actuar oportunamente y evitar que estos delitos sigan afectando a los usuarios y al funcionamiento de la ciudad”, señaló María Claudia Nürnberg, gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo Bolivia. Canales de denuncia La participación ciudadana también es fundamental para prevenir estos hechos. La población puede reportar la manipulación o sustracción sospechosa de cables, medidores y otros componentes de infraestructura, así como el traslado irregular de materiales o actividades sospechosas relacionadas con la compra y comercialización de metales. Tigo Bolivia dispone de la línea gratuita y confidencial 800-17-0004 para realizar denuncias, canal que permite a la ciudadanía contribuir con información que pueda ayudar a prevenir este tipo de delitos. La prevención del robo de infraestructura crítica requiere la participación conjunta de empresas, autoridades y ciudadanía. El fortalecimiento de estos mecanismos de coordinación busca contribuir a la protección de servicios esenciales y evitar que hechos delictivos terminen afectando la conectividad y las actividades cotidianas de la población.

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Cuba califica de “terrorismo” las acciones de Estados Unidos para “rendir por hambre” a la isla

El Gobierno de Cuba calificó este viernes de “terrorismo” las acciones de Washington para “rendir por hambre” al país caribeño y evocó a las 3.400 víctimas y los 2.099 lesionados de la isla en hechos terroristas, al rememorar los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. “Cuba, que ha sufrido por más de 60 años ataques terroristas de diverso tipo con un saldo de más de 3.400 muertos y 2.099 lesionados, hoy enfrenta un plan genocida para rendir por hambre al pueblo. Eso también es terrorismo, terrorismo de Estado”, aseveró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales esta jornada. El mandatario señaló que a un cuarto de siglo después de los ataques del 11 de septiembre, “este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo”. Al citar las palabras del líder de la revolución en la isla, Fidel Castro (1926-2016), Díaz-Canel añadió que la lucha contra el terrorismo en el mundo “se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar”. “Poniendo fin a los genocidios, siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles», concluyó. El aumento de la presión de Washington sobre Cuba Las autoridades de la isla han señalado en diversas ocasiones que también constituye un “genocidio” el embargo económico de EE.UU. contra la isla desde hace más de seis décadas, el bloqueo petrolero iniciado por Washington en enero, y las sanciones secundarias contra empresas extranjeras que mantengan vínculos con Cuba. «Es el mismo sentimiento despiadado que en el genocidio en Gaza; en Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata», afirmó esta semana, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al presentar el informe titulado ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’. En este sentido, Rodríguez apuntó la víspera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “por primera vez” había reconocido la aplicación contra Cuba de «las sanciones más fuertes de la historia» de la relación bilateral y que «trágicamente el pueblo cubano está sufriendo» su impacto. Rubio realizó esas afirmaciones durante una entrevista exclusiva concedida a Noticias RCN y NTN24 en Colombia esta semana, y advirtió que podrían venir acciones aún más severas. Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de EE.UU., para que la isla introduzca profundos cambios económicos y políticos. (EFE)

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Estados Unidos destina $us 2,5 millones en Bolivia para cinco áreas a través de Save the Children

El fortalecimiento de refugios y servicios de acogida; formación de funcionarios y equipos de primera línea para mejorar la identificación; derivación y protección de víctimas; campañas de sensibilización co-creadas con sobrevivientes y el establecimiento de sistemas comunitarios de alerta temprana y redes municipales o departamentales contra la trata, esas son las áreas en las que trabaja la fundación Munasim Kullakita y un instituto de investigaciones de la Universidad Católica con apoyo de Save the Children. “El Departamento de Estado ha destinado 2.5 millones de dólares para fortalecer la lucha contra la trata de personas en Bolivia. Este proyecto de Save the Children ya comenzó, vamos en el primer año, de los cinco que abarcará. Hemos unimos esfuerzos con estas instituciones estratégicas y el Gobierno boliviano para proteger a las personas en condiciones de mayor riesgo y asistir a las víctimas”, dijo el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Erik Martini a través de una nota de prensa. El proyecto está diseñado para las gestiones 2026-2030 y ya tuvo resultados según esta entidad. Abarca cinco municipios: La Paz, El Alto, Desaguadero, Santa Cruz y Guayaramerín. Además prioriza los ejes fronterizos con Perú y Brasil, para asegurar una articulación binacional efectiva, en particular en zonas de alto tránsito y riesgo, describe la nota. Según el proyecto de los $us 2,5 millones, el 57 % de ese presupuesto se destina a acciones de protección para ese grupo de personas; y el 43 % a la prevención, reducción de riesgos y cambio social, asegurando un equilibrio entre la atención inmediata y la transformación de las condiciones que facilitan la trata. (EL DEBER)

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Tuto asegura que ampliar el estado de excepción solo seguirá prorrogando las reformas constitucionales

El jefe nacional de la Alianza Libre y expresidente Jorge Quiroga advirtió hoy que ampliar el estado de excepción es seguir prorrogando las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), en relación con las propuestas de ampliar esta medida ante las amenazas de reanudar las protestas sociales, una vez que se cumplan los 90 días, el próximo 18 de septiembre. Según el jefe político, el país perdió 10 meses para el tratamiento de la reforma constitucional, en referencia a los primeros 10 meses del Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Debido a ello, planteó su inmediato tratamiento. Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, entre otras autoridades, no descartaron la ampliación de esa medida de excepción ante las amenazas de sectores del transporte, campesinos, cocaleros, gremiales, entre otros, que esperan que concluyan los tres meses para reanudar sus protestas. Sin embargo, de acuerdo con el parágrafo III del artículo 140 de la Constitución, una reforma no puede efectuarse cuando está en vigencia un estado de excepción. Quiroga, en conferencia de prensa en Santa Cruz, consideró que ampliar por tres meses la medida de excepción implicaría postergar el tratamiento de las reformas, que fueron planteadas por varias organizaciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa. El jefe político también se refirió a la ejecución del estado de excepción que, desde su punto de vista, tiene un carácter enunciativo antes que operativo, por lo que una ampliación solo retrasaría el debate sobre las reformas a la CPE. “El Gobierno tiene que decidir en función a lo que está pasando, entendiendo claramente que la reforma a la Constitución, que es necesaria e interactiva, va por un camino, frente a prorrogar el Estado de excepción, que es de adorno y no tiene mucha efectividad”, informó. Esta posición fue expresada horas después de que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, hizo una nueva convocatoria a Quiroga y al jefe de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, a sumar esfuerzos en una agenda de cuatro temas que, desde su punto de vista, son urgentes. Dijo que con el 87% de votos en el Parlamento, con una visión conjunta, si no se aprueban las leyes de hidrocarburos, minería, la ley de inversiones y todo lo que necesita nuestro país y si no se hacen las reformas constitucionales, no se tendrá otra oportunidad para hacerlo. Por ello, sostuvo que se tienen que poner de acuerdo. “De ahí, cuando el señor Quiroga lanzó sus reformas constitucionales, inmediatamente dije, venga, vamos a trabajar en ello; cuando el señor Doria Medina dijo hay que hacer las leyes de inversiones e hidrocarburos, le tomo la palabra, venga, hay que juntar los esfuerzos; y lo mismo con otras fuerzas como las del señor Manfed Reyes Villa”, afirmó. (VISIÓN 360)

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El Bono Juancito Pinto podrá llegar directamente al celular a través de YASTA

El Bono Juancito Pinto incorpora en esta gestión una nueva alternativa para facilitar su cobro: los padres de familia podrán recibir los Bs300 correspondientes al beneficio de sus hijos directamente en YASTA, la billetera móvil de Banco Unión, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria ni acudir a una agencia para realizar el cobro de este beneficio. El Bono Juancito Pinto, es un incentivo otorgado por el Gobierno Nacional a estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial, con el objetivo de fomentar su permanencia y asistencia escolar. En esta gestión, el beneficio llegará a más de 2,2 millones de estudiantes en todo el país, mientras que el monto se incrementó de Bs200 a Bs300 por beneficiario. Para la gestión 2026 se establecieron tres modalidades de cobro, a elección de los beneficiarios: pago en ventanillas de las agencias habilitadas, abono en cuenta y cobro mediante la billetera móvil YASTA. Esta última alternativa representa una importante facilidad, especialmente para las familias que no están bancarizadas, ya que no necesitan abrir una cuenta bancaria ni trasladarse hasta una agencia para recibir el beneficio. El bono puede llegar directamente a su celular a través de YASTA. Para acceder a esta modalidad, los padres, madres o tutores que deseen recibir el beneficio de sus hijos mediante YASTA, deberán seguir los siguientes tres pasos: 1) Descargar la billetera móvil, disponible gratuitamente en Play Store y App Store; 2) Habilitar el servicio con el registro de su carnet de identidad y número de celular; 3) Proceder con el cobro del Bono Juancito Pinto en las fechas establecidas por el Ministerio de Educación. Para monetizar el Bono, los beneficiarios podrán extraer de los cajeros automático de Banco Unión a nivel nacional o realizar sus transacciones desde la billetera móvil Yasta, de esta manera, las familias podrán contar con una alternativa de cobro sencilla, digital y segura, que les permitirá recibir el beneficio desde donde se encuentren. La incorporación de YASTA como alternativa para el cobro del Bono Juancito Pinto representa también una oportunidad para acercar la inclusión financiera digital a miles de familias que actualmente no cuentan con una cuenta bancaria. Los beneficios de YASTA permiten al usuario, acceder a servicios financieros desde un teléfono celular y realizar operaciones como recibir dinero, efectuar pagos y realizar transferencias, ampliando las posibilidades de acceso a herramientas financieras para diferentes segmentos de la población. Además, los usuarios de telefonía móvil de las empresas Tigo o Entel cuentan con navegación gratuita dentro de la aplicación, por lo que pueden utilizar YASTA sin consumir sus megas de navegación para acceder a la billetera móvil. Con esta nueva modalidad, Banco Unión fortalece su compromiso de acercar los servicios financieros a más bolivianos, utilizando la tecnología para simplificar procesos y generar alternativas accesibles para las familias. Así, el Bono Juancito Pinto llega a más familias y ahora también puede llegar directamente a su celular, convirtiendo una billetera móvil en una herramienta concreta de inclusión financiera. Las fechas oficiales para el inicio del cobro del Bono Juancito Pinto serán comunicadas oportunamente por el Ministerio de Educación. Mientras tanto, las familias que deseen recibir el Bono Juancito Pinto mediante YASTA tienen hasta el 14 de septiembre de 2026 para descargar, registrarse y habilitar su billetera móvil. De esta manera, estarán preparadas para seleccionar YASTA como modalidad de cobro cuando corresponda.

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Organizaciones proinmigrantes piden al Gobierno de Trump mantener vigente el TPS a los salvadoreños

Organizaciones proinmigrantes pidieron este jueves al Gobierno de Donald Trump que no mantenga en la incertidumbre a los salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y brinde información precisa sobre el programa que les permita saber sobre su futuro en EE.UU. «Toda familia merece la oportunidad de vivir en seguridad, contribuir a sus comunidades y construir un futuro estable sin el temor constante a la deportación», indicó la Coalición de Inmigración de Nueva York en un comunicado. Según dijo su presidente, Murad Awawdeh, en lugar de brindar a las familias la certeza que merecen, el gobierno federal ha guardado silencio sobre el estado de sus protecciones, dejando a los beneficiarios del TPS en una situación de incertidumbre. El Departamento de Seguridad Nacional informó el miércoles -cuando se vencía el TPS para los salvadoreños- que mantendrá vigente, hasta nuevo aviso, el programa que beneficia a unos 170.000 migrantes de El Salvador. Piden una prorroga En 2001, después de dos devastadores terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero, la Administración del presidente George W. Bush les otorgó el TPS. Por su parte, la Cofradía de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA), que reúne iglesias a través del país, agradeció al Departamento de Seguridad el «avance positivo y alivio» que tiene el anuncio para miles de familias. A su vez instó al Gobierno de Trump a que se prorrogue oficialmente el TPS, lo que brindaría a salvadoreños y sus familias «la seguridad, estabilidad y garantía» que necesitan para seguir «trabajando legalmente, cuidando de sus familias, contribuyendo a sus comunidades y construyendo sus vidas en Estados Unidos». La organización, que representa a 21.000 iglesias latinas y unos 4 millones de miembros en EE.UU. y América Latina, recordó que esta semana sus líderes se reunieron en Washington para «orar, abogar y solicitar a la Administración Trump que extienda el TPS» a esta comunidad. (EFE)

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Citan a empresario Robin Jofré en proceso por enriquecimiento ilícito en el caso Cerimedo

El Ministerio Público citó al empresario Robin Luis Jofré Azzarini para declarar como testigo dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, proceso en el que figura como denunciado Fernando Gabriel Cerimedo y otras personas. La citación fue emitida por la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Jofré deberá presentarse el lunes 14 de septiembre de 2026, a las 14:30, en la Fiscalía Departamental de La Paz. El documento advierte que, en caso de inasistencia, podrá emitirse un mandamiento de aprehensión, conforme a la normativa vigente. Jofré fue notificado el 7 de septiembre en El Alto. El empresario está vinculado al rubro del aseo urbano y su nombre aparece relacionado con empresas como CLISA y La Paz Limpia, dedicadas a servicios de recojo de residuos. (EL PAÍS TARIJA)

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