Opiniones

Porcel defiende que los diputados deben pensar en las necesidades del país y no solo seguir consignas partidarias. También pide reglas claras para atraer inversiones y generar empleo. José Luis Porcel, diputado de Alianza Libre, plantea que el debate sobre inversiones y decisiones legislativas debe superar la lógica de las consignas partidarias y concentrarse en resultados concretos para las regiones y el país. Las siguientes consideraciones fueron extraídas de su entrevista en el programa Fuego Cruzado de RTP, donde cuestionó la disciplina automática de las bancadas, la concentración de decisiones y la urgencia de generar empleo. Hay una idea que atraviesa las declaraciones de José Luis Porcel y que merece ser tomada en serio: un parlamentario no debería reducir su función a levantar la mano según una instrucción partidaria. Porcel sostuvo que los asambleístas fueron elegidos para responder ante la población y puso como ejemplo la aprobación del Presupuesto General del Estado Reformulado, pese a que la consigna de su bancada era rechazarlo. Desde su perspectiva, votar favorablemente permitió que parte de los recursos llegara a gobernaciones, municipios y universidades. Más allá de compartir o no su interpretación, el planteamiento abre una discusión necesaria sobre la representación política. ¿Qué debe pesar más: la disciplina partidaria o las necesidades de una región? La política democrática exige pertenencias, pero también criterio. Cuando una bancada convierte cada votación en una prueba de obediencia, el debate legislativo corre el riesgo de transformarse en un trámite. Y cuando un parlamentario justifica su voto únicamente por intereses regionales, también surgen preguntas sobre la responsabilidad nacional. La dificultad está precisamente en equilibrar ambas obligaciones. En torno al proyecto de ley de inversiones, Porcel advierte otro problema: la concentración de atribuciones en el Ministerio de Economía y en una futura Agencia Nacional de Inversiones. Su preocupación no es necesariamente la búsqueda de capital privado o extranjero, sino que demasiadas decisiones puedan quedar subordinadas a una estructura excesivamente centralizada. La observación es pertinente porque atraer inversión no consiste únicamente en ofrecer incentivos o aprobar normas. También implica construir instituciones capaces de garantizar reglas previsibles, controles, transparencia y continuidad de las políticas públicas. Porcel cuestiona, además, la desaparición del Ministerio de Planificación y considera que esa función no debería quedar absorbida por Economía. Aquí aparece una pregunta de fondo: ¿queremos una institucionalidad diseñada para facilitar inversiones o una estructura burocrática que concentre decisiones bajo un solo centro de poder? La diferencia no es menor. Una agencia eficiente puede convertirse en una herramienta de desarrollo; una agencia sobredimensionada puede terminar reproduciendo los mismos problemas que pretende resolver. La inversión necesita velocidad, pero también contrapesos y certezas. Hay otro aspecto de sus declaraciones que trasciende el proyecto de ley: la necesidad de cambiar determinadas prácticas que, según Porcel, impiden que Bolivia sea realmente un país atractivo para invertir. Su crítica apunta a la disciplina, la puntualidad, la transparencia, la eficiencia y la capacidad institucional. Puede parecer un argumento sencillo, incluso incómodo, pero tiene una lógica difícil de ignorar. Ningún marco legal puede compensar completamente una administración pública lenta, procedimientos imprevisibles o instituciones que no generarían confianza. El capital, nacional o extranjero, busca rentabilidad, pero también seguridad jurídica y capacidad de ejecución. Porcel recordó, en ese sentido, que las tareas de la empresa privada se realizan con sentido de urgencia y sostuvo que el país necesita adoptar una cultura de responsabilidad. Sin embargo, esa exigencia no puede convertirse en una excusa para trasladar todas las responsabilidades al ciudadano o al funcionario. Señaló que la disciplina institucional debe comenzar por las autoridades, pero también requiere reglas claras, controles efectivos y una administración profesionalizada. Atraer inversiones demanda, en definitiva, modificar comportamientos y no solamente aprobar leyes. Quizá el punto más fuerte de la entrevista sea la urgencia que Porcel coloca detrás de todo este debate: Bolivia necesita empleo. Su advertencia sobre jóvenes y familias que buscan oportunidades fuera de sus ciudades, e incluso fuera del país, conecta la discusión jurídica con una realidad económica concreta. Mientras la política se concentra en si una norma debe aprobarse tal como fue presentada o rechazarse por completo, miles de personas esperan respuestas más inmediatas. Porcel cuestiona esa lógica binaria y propone leer, debatir, modificar y consensuar. Esa debería ser una premisa básica del Legislativo: ninguna ley es perfecta por definición, pero tampoco todo proyecto debe ser rechazado antes de ser estudiado. El país necesita inversión, sí, pero necesita una inversión que genere producción, empleo y oportunidades, con controles suficientes para proteger el interés público. El verdadero desafío, entonces, no es escoger entre Constitución o inversión, entre Estado o empresa privada. Es construir reglas que permitan avanzar sin renunciar a la institucionalidad. Porque una economía en crisis no puede darse el lujo de convertir cada reforma en otra batalla de consignas. Redactado por Annett Soliz Rivero Vea la entrevista completa en:

Jaime Dunn sostuvo en RTP Mundo que la comparación entre la actual ola de inversiones en inteligencia artificial y episodios como la crisis de 1929 o la burbuja de las empresas punto.com debe considerar quiénes son los principales actores del mercado. Explicó que durante esos periodos existían compañías nuevas, con pocos ingresos o incluso sin rentabilidad, mientras que actualmente las grandes inversiones en IA están lideradas por empresas gigantescas como Amazon, Microsoft, Google Alphabet y Meta, que ya generan ingresos y utilidades. Para Dunn, esta diferencia reduce parte del riesgo, porque no se trata de empresas que esperan generar ganancias algún día, sino de corporaciones que ya tienen negocios consolidados. Sin embargo, advirtió que la verdadera pregunta es si los ingresos actuales serán suficientes para respaldar las enormes inversiones que están realizando en infraestructura, chips, servidores y centros de datos. En ese punto, consideró que comienza a aparecer el riesgo de una posible burbuja financiera. Dunn explicó que la inteligencia artificial constituye una revolución tecnológica real y que la demanda relacionada con esta tecnología también es real, por lo que no considera que exista una burbuja tecnológica propiamente dicha. El riesgo, según su análisis, aparece alrededor de esa revolución cuando las inversiones comienzan a sobredimensionarse mediante deuda, expectativas excesivas y valoraciones alejadas de los fundamentos empresariales. El economista destacó que durante 2026 las principales compañías tecnológicas podrían destinar conjuntamente alrededor de 745 mil millones de dólares, e incluso acercarse a los 800 mil millones, en chips, servidores y centros de datos. Para dimensionar el volumen, señaló que esa inversión supera lo destinado por Estados Unidos a la misión Apolo para llegar a la Luna. Dunn remarcó que el problema no es la existencia de la tecnología ni de un mercado para ella, sino determinar si los resultados económicos serán capaces de justificar semejante magnitud de capital comprometido. La preocupación, afirmó, surge cuando las expectativas comienzan a adelantarse demasiado a los resultados. El analista explicó que una burbuja financiera aparece cuando se rompe la relación entre la rentabilidad de una empresa y el rendimiento esperado de sus acciones. Señaló que una compañía puede generar utilidades, pero sus acciones pueden crecer mucho más rápidamente, impulsadas por expectativas futuras que todavía no están respaldadas por resultados concretos. Como ejemplo mencionó a Meta, empresa que registra elevados ingresos, pero que también realiza inversiones extraordinariamente grandes en infraestructura y desarrollo tecnológico. Dunn explicó que, aunque la compañía mantiene una rentabilidad importante, el volumen de recursos destinados a nuevas inversiones genera interrogantes sobre la capacidad de recuperar ese capital. En su interpretación, la diferencia entre la rentabilidad del activo y la valorización financiera es precisamente donde puede comenzar a formarse una burbuja. Comparó este fenómeno con los episodios históricos en los que los inversionistas se endeudaban para comprar acciones porque esperaban que su valor continuara aumentando. Cuando las expectativas se separan demasiado de los resultados reales, advirtió, el ajuste posterior puede ser inevitable. Finalmente, Dunn advirtió que el riesgo puede ser todavía mayor en aquellas empresas que están recibiendo inversiones basadas en expectativas sobre lo que podría ocurrir con la inteligencia artificial dentro de cinco, seis o siete años. Utilizó la imagen de las “vacas” para explicar que algunas compañías tecnológicas actuales ya generan ingresos, pero que también existen proyectos que representan apuestas sobre tecnologías o negocios que todavía no existen plenamente y que esperan ser rentables en el futuro. A su juicio, este segundo grupo es donde puede comenzar a desarrollarse una burbuja más peligrosa, porque los inversionistas colocan dinero hoy sobre expectativas de resultados todavía inciertos. Dunn insistió en que la inteligencia artificial es una transformación tecnológica concreta, pero señaló que eso no significa que cualquier valoración o inversión relacionada con ella esté justificada. El desafío estará en determinar cuánto de las actuales expectativas podrá convertirse realmente en ingresos y utilidades. Cuando esa distancia se amplía demasiado, sostuvo, aumenta considerablemente el riesgo financiero. Vea la entrevista completa en: https://www.youtube.com/watch?v=fURtPEGvv7k Por Annette Soliz Rivero

Los números comienzan a reflejar el desgaste del Gobierno de Rodrigo Paz. Durante su participación en Fuego Cruzado de RTP, el periodista y analista político, Edwin Cacho Herrera, señaló que existe un proceso de “desilusión” y “desencantamiento” ciudadano, expresado en una aprobación de 32% frente a un 55% de desaprobación para el Presidente, cifras que contrastan con el respaldo superior al 60% registrado al inicio de su mandato. A su juicio, la población percibe que no se están resolviendo problemas esenciales como el abastecimiento de combustibles y la estabilización de precios. Herrera sostuvo que, tras los 53 días de bloqueo, el Gobierno recibió un segundo impulso de confianza, pero este comenzó a erosionarse con la falta de combustible, el incremento de precios y los conflictos internos. Para el periodista, la administración transmite una sensación de estancamiento que ha deteriorado progresivamente la confianza ciudadana. Sebastián Herrera coincidió en que la confianza es uno de los principales factores detrás de la caída de la aprobación gubernamental. Recordó que la población aceptó el levantamiento parcial de la subvención a los hidrocarburos como un acto de confianza hacia el Gobierno, pese al impacto que implicaba. Sin embargo, consideró que esa confianza fue “dinamitada” por la controversia de la gasolina “basura”, las diferentes versiones sobre el problema y la falta de una explicación definitiva. Para el periodista, varios de estos episodios constituyen “errores no forzados”, porque pudieron evitarse mediante mayor transparencia, control y capacidad de respuesta estatal. También cuestionó la reducción del aparato público y, particularmente, la desaparición del Ministerio de Cultura y la transformación del turismo en una agencia, decisiones que, según explicó, generaron molestia entre artistas y otros sectores. A ello sumó los retrasos en leyes, la distancia con antiguos aliados y un Gobierno que, en su opinión, anuncia más de lo que ejecuta. En el ámbito económico, ambos periodistas identificaron algunos elementos que podrían contribuir a mejorar parcialmente el escenario, aunque advirtieron que todavía persisten problemas importantes. Cacho Herrera mencionó el desembolso del Fondo Monetario Internacional, la reducción del valor del dólar y el superávit comercial como señales que podrían generar cierto alivio. Sebastián Herrera, por su parte, consideró como dos de los principales aciertos de la gestión el sinceramiento parcial de los hidrocarburos y del precio del dólar, especialmente por su importancia para el sector exportador. No obstante, ambos observaron que estos avances conviven con una creciente sensación de inseguridad. Cacho Herrera alertó sobre los casos de sicariato registrados en Santa Cruz y cuestionó la falta de una respuesta contundente del Estado, mientras Sebastián sostuvo que la situación de seguridad constituye uno de los principales desaciertos políticos de estos primeros nueve meses. Para ambos, la crisis económica ya no puede analizarse separada de la crisis institucional y de seguridad. Sebastián Herrera también abordó el acercamiento de Bolivia con Estados Unidos como una decisión vinculada a un cambio de eje geopolítico, después de años de mayor cercanía con Rusia, China e Irán. A su criterio, este giro debe evaluarse por sus resultados concretos y no únicamente desde una perspectiva ideológica. En paralelo, la conversación entre ambos periodistas destacó la importancia de fortalecer espacios donde las noticias sean acompañadas por análisis y debate. Cacho Herrera sostuvo que recuperar la confianza ciudadana será difícil y que el Gobierno deberá trabajar desde ahora para intentar revertir la tendencia, porque no existe una solución inmediata ni una “varita mágica”. Sebastián coincidió en la necesidad de decisiones concretas y transparencia. Ambos defendieron, además, un periodismo que no se limite a informar, sino que permita interpretar la coyuntura y escuchar diferentes posiciones. La entrevista cerró con un reconocimiento mutuo al trabajo periodístico y al valor de estos espacios de discusión pública. Vea la entrevista completa en: https://www.youtube.com/watch?v=AZ7IDnOSuiw Por Annette Soliz Rivero

La ruptura entre el gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Samuel Doria Medina marcó un nuevo punto de inflexión en un escenario político que, según coincidieron Natalia Aparicio y Guido Alejo en Fuego Cruzado de RTP, ya arrastraba profundas fracturas estructurales. Ambos analistas sostienen que el alejamiento de uno de los principales aliados del Ejecutivo no constituye un hecho aislado, sino la consecuencia de una crisis política acumulada que también involucra al sistema de partidos y a la economía. Sin embargo, difieren en la explicación del trasfondo. Aparicio pone el foco en las denuncias éticas y las sospechas de corrupción que motivaron el distanciamiento, cuestionando por qué, si existen irregularidades, estas no son formalmente denunciadas. Alejo, en cambio, interpreta el rompimiento principalmente como el resultado de disputas por espacios de poder y de la progresiva exclusión de los sectores que inicialmente respaldaron al gobierno. Ambos concluyen que la pérdida de aliados reduce la gobernabilidad y abre un escenario de mayor incertidumbre política. Mientras Natalia Aparicio advierte sobre la posibilidad de negociaciones individuales entre legisladores e incluso menciona versiones acerca de presuntos ofrecimientos económicos para influir en decisiones parlamentarias, Guido Alejo amplía el análisis hacia la recomposición de alianzas del Ejecutivo con nuevos grupos de poder. La politóloga considera que esta dinámica profundiza el deterioro del sistema de partidos y vuelve más complejas las negociaciones para aprobar créditos internacionales considerados estratégicos para enfrentar la crisis económica. Alejo coincide en la gravedad del momento legislativo, pero sostiene que las decisiones del gobierno parecen orientarse hacia sectores específicos, como el agronegocio oriental y algunos grupos cooperativistas mineros, lo que podría definir el rumbo de futuras políticas públicas. Ambos coinciden en que las determinaciones que adopte la Asamblea Legislativa serán decisivas para el país, aunque Aparicio enfatiza la transparencia del proceso y Alejo prioriza el impacto social que tendrán esas decisiones sobre la población más afectada por la crisis. La corrupción constituye otro punto de coincidencia entre ambos analistas, aunque cada uno la aborda desde una perspectiva distinta. Aparicio sostiene que existiría una continuidad de las estructuras de corrupción heredadas de gestiones anteriores y lamenta que el nuevo gobierno no haya producido el cambio prometido. Además, cuestiona la escasa preparación técnica de varios legisladores para ejercer adecuadamente su labor fiscalizadora, situación que considera alarmante en un contexto de creciente tensión institucional. Alejo comparte la preocupación, pero centra su análisis en la naturalización social de la corrupción y en la forma en que prácticas patrimonialistas continúan reproduciéndose dentro del Estado. También interpreta que el discurso anticorrupción de Samuel Doria Medina combina una preocupación ética con un cálculo político frente al deterioro del gobierno. Ambos coinciden en que la lucha contra la corrupción sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas, aunque difieren respecto al origen y a las motivaciones que impulsan este debate. En la parte final del análisis, Natalia Aparicio y Guido Alejo vuelven a coincidir en que el país enfrenta un escenario de elevada incertidumbre, aunque identifican riesgos distintos. Aparicio sostiene que el alejamiento entre el gobierno y Samuel Doria Medina comenzó meses atrás con la exclusión de algunos aliados de reuniones estratégicas, lo que evidenciaría una creciente concentración de decisiones y una preocupante falta de transparencia. Asimismo, cuestiona la ausencia de un programa claro para enfrentar la crisis económica, energética y minera, además del retraso en la presentación de reformas legislativas prometidas. Alejo comparte la percepción de que el Ejecutivo carece de una orientación definida y advierte que el verdadero desafío será responder al creciente malestar económico que afecta a la población. Ambos concluyen que Bolivia atraviesa una etapa decisiva, donde las respuestas políticas deberán ser rápidas y consistentes para evitar que la crisis institucional derive en un conflicto aún mayor. Por Annett Soliz Rivero