El Alto

Una bebé de cuatro meses fue abandonada en la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, hecho que generó profunda preocupación entre vecinos y autoridades. La menor fue encontrada en situación de vulnerabilidad y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para resguardar su vida e integridad. Actualmente, la infante permanece internada en el Hospital del Norte, donde recibe atención médica especializada y se recupera favorablemente. El coronel Carlos Valencia, comandante regional de la Policía en El Alto, informó que se inició una investigación para identificar a los familiares de la bebé. La autoridad hizo un llamado a la población para que cualquier persona que tenga información pueda colaborar, con el objetivo de restituir a la menor su derecho a crecer en un entorno familiar seguro. YENNY TICONA-RTP

En el caso de la niña Samantha, cuyo paradero se desconocía desde hace dos años, autoridades confirmaron su hallazgo sin vida en el municipio de Laja. Su progenitor, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro por Trata de Personas y Violencia Familiar, se refirió al deceso, y se solicitó modificar el tipo penal a infanticidio para esclarecer el hecho. Herlan Cabrera, secretario municipal de Desarrollo Humano Social Integral, informó que el caso se encuentra en reserva y que, de confirmarse el infanticidio, se investigará la posible participación de cómplices. Se espera el resultado del examen médico forense. Samantha, quien hoy tendría diez años, era buscada desde que su madre y cinco hermanos fueron rescatados de una vivienda en el Distrito 8, donde vivían en condiciones de vulnerabilidad, según Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto. YENNY TICONA-RTP

María Rita, Juana, Nelly, Rocío y Daniela enfrentan el mismo infierno: la desaparición de sus hijas a manos de redes de trata y tráfico de personas. Todas comparten una lucha solitaria. En lugar de recibir apoyo institucional, denuncian extorsión, malos tratos y revictimización. Ellas se han convertido en detectives rastreando pistas, pegando fotos, recorriendo calles. Su amor materno es el motor de búsqueda de justicia. Cada 23 de abril, María Rita Hurtado compra una torta, prende una velita y publica un video en redes pidiendo ayuda para encontrar a Dayana Algarañaz Hurtado. Es su hija mayor y lleva 10 años buscándola. Ella desapareció cuando tenía 20 años del parqueo de la Universidad Udabol, donde estudiaba. Desde entonces, Rita se convirtió en detective y fundó un movimiento de madres y familiares de desaparecidos que es un referente como organización civil. La Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp) nació como una necesidad, pues no había nada similar en la ciudad. Actualmente, brindan apoyo legal y emocional a las familias que son víctimas de este flagelo. Su asociación tiene personería jurídica y cuenta con un abogado que apoya a las familias. En los videos y entrevistas Rita repite siempre: “A mi hija Dayana quiero decirle: te pido perdón por no darme cuenta de que estas redes (de trata) estaban cerca tuyo. Te seguiré buscando hasta el último aliento de vida que tenga. A las personas que la tienen, por favor, se apiaden para poder encontrarla”. La vida de Rita nunca volvió a ser la misma. Recuerda cómo la gente le decía que no se obsesione con eso. pero ella no podía dejar de pensar en su hija día y noche. Por eso, comenzó a organizar su propia investigación y organizaba búsquedas semanales junto con otras madres. Pasó años así. Vivir en ese limbo de mostrar una foto en todas partes se convirtió en su rutina. Perdió su matrimonio y su trabajo. “Muchas veces me han dicho que ya me calle, que canso con estas noticias pasadas, pero son seres humanos que están detrás de estos afiches, son nuestras hijas que estuvieron en nuestro vientre y fueron parte de nuestras vidas. Creo que hay gente en altos cargos que están metidas en estas redes de trata porque parece que el gobierno y la misma Policía quisiera tapar los casos y minimizar este problema con cifras irreales”. Los casos que registra la Fiscalía son mínimos ante lo que vemos en la realidad, hay números maquillados y nadie sabe la cantidad real de familias que sufren buscando a sus hijas, dice Rita en una reunión con al menos una quincena de madres y padres que vienen por casos de desaparecidas de hace una semana, un mes, un año o mucho más. Juana camina a buscar a su hija de 12 años del colegio. Al llegar recibe la peor noticia: la niña no asistió a clases y nadie sabe de su paradero. Rebeca está desaparecida. La palabra cae pesada, como una sentencia de muerte. Juana sienta denuncia ante la Policía en Trinidad, Beni. Aconsejada por otras madres, lleva una foto reciente de su hija, hace fotocopias y comienza a pegarlas por su barrio y en lugares estratégicos. Según la ley, cuando se reporta una menor desaparecida y tras tomarse la declaración debería activarse el protocolo de la “alerta Juliana”, una app que conecta instituciones con sociedad civil para dar celeridad en la búsqueda de menores desaparecidos, víctimas de trata y tráfico. Pero, eso no pasó. A esta madre la mandaron a su casa a esperar que su hija vuelva, los policías que debían salir a buscarla le dijeron que “normalmente a esa edad se van con algún noviecito y vuelven solas” o “debe estar enojada por alguna pelea, ya se le pasará”. Juana no recibió ayuda. Se volvió víctima de una serie de negligencias, revictimización y extorsión policial.  “Yo iba todos los días a la comisaría a preguntar, lloraba, gritaba, pedía ayuda. Me decían que me calme y me vaya a mi casa. Me dijeron que seguro iban a averiguar si yo le pegaba y por eso se escapó. Un policía me dijo yo tenía que llenar su camioneta de gasolina y darle viáticos. Sino nadie se mueve porque no hay presupuesto”, recuerda. Juana en su desesperación, se prestaba dinero, pero no encontró una pista que le devuelva a su hija. Juana escuchó historias de jovencitas raptadas y llevadas a Chile o a Paraguay por redes de trata que las obligan a hacer trabajo sexual. En un intento desesperado por evitar que eso le pase a su hija pagó a un policía 3500 bolivianos (entonces equivalente a unos 500 dólares) para la búsqueda. El oficial tenía información de que la niña fue vista en la terminal de buses con un hombre mayor que la llevó a Cochabamba. Pero las cámaras se habían roto hace un tiempo y no consiguieron los videos de seguridad. “La corrupción dentro de la Policía está a niveles tremendos, ellos esperan dinero para moverse. Es cierto lo que cuentan las compañeras. Y ahora con la escasez de gasolina y diésel, piden dinero diciendo que no tienen cómo moverse, incluso te dicen que no hay vehículos”, expresa Letty Tordoya, abogada experta en género y miembro de Mujeres Creando. Acota que nunca cumplen los plazos ni respetan el protocolo. “El Estado te vende que hay una prioridad para búsqueda de menores, pero no es cierto. Las unidades de trata y tráfico y todas las que investigan delitos de la Ley 348 (sobre violencia a la mujer) no tienen las condiciones ni los recursos. Eso es una negligencia Estatal de designación de fondos”, afirma Una sargento, que prefirió mantener su identidad en reserva, relata cómo fue la experiencia en esta área. “Yo trabajé ahí más de 15 meses y pedí mi traslado. Es la peor unidad, la que más te deprime porque de verdad no podemos hacer nada, no tenemos cómo activar búsqueda en