Seguridad

El líder de Libre Jorge Tuto Quiroga cuestionó la credibilidad del Ministerio Público para investigar las denuncias que pesan sobre el fiscal general del Estado Roger Mariaca, luego de que Estados Unidos lo acusara de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. “Como estamos en la situación en la que estamos, hemos caído en un vacío, en un problema mayúsculo porque no hay credibilidad en la institución a la que deben llegar todas estas denuncias”, afirmó Quiroga. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes restricciones de ingreso contra el fiscal general Mariaca y sus familiares directos y señala al fiscal por supuestos actos de corrupción vinculados al narcotráfico. Según la acusación, Mariaca habría abusado de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Quiroga sostuvo que la situación coloca al país ante un problema institucional, debido a que las denuncias deberían ser procesadas por el Ministerio Público, pero cuestionó que esa instancia tenga la credibilidad necesaria para hacerlo. “Con qué autoridad y credibilidad va a llevar adelante la investigación, en un país donde reina la corrupción y la impunidad galopa”, señaló el expresidente. Ante ese escenario, planteó que la ALP conforme una comisión formal que solicite información sobre las personas señaladas en las denuncias y establezca si corresponde iniciar procesos. “Que paguen los que hicieron daño al país, en particular si protegieron al narcotráfico”, sostuvo. El líder de Libre también cuestionó la situación institucional del país y afirmó que existe demora en la aprobación de normas y en la designación de autoridades. Según informó, propuso al presidente Rodrigo Paz una “recomposición” del Estado mediante acuerdos que permitan aplicar los dos tercios en la ALP. “Ya pasaron 10 meses, no hay Constitución, no hay leyes, no hay designaciones. Prefieren seguir con interinos, con el legado contaminado”, manifestó. Quiroga también se refirió a los audios difundidos en las últimas semanas y sostuvo que el Ministerio Público debería investigar esos materiales. “Siguen lloviendo los audios y las denuncias”, afirmó, aunque remarcó que el escenario actual genera dudas sobre la capacidad institucional para procesarlos. BRÚJULA DIGITAL

El Departamento de Estados de los Estados Unidos publicó este lunes un comunicado en el que se informa de la restricción de visados a ciudadanos sudamericanos implicados en presuntos casos de corrupción. En el caso de Bolivia hay más de diez amonestados, entre ellos el actual fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el exministro de Justicia Iván Lima. «Bajo la administración Trump, los funcionarios corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos. Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre», se lee en la misiva. La institución definió, por lo mismo, impedir el paso de ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú implicados en supuestos actos «terroristas y delincuentes que atentan contra la seguridad, el estado de derecho y la democracia». «Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros – y sus familiares directos – que atenten contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región. Atentar contra un Gobierno democrático constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado», asegura. Es así que se habría revocado las visas a Martín Daniel Irusta, Albania Chane Caballero, Alberto Zeballos, Rosario Ximena Flores, Iván Lima, Álvaro Nava Morales, Israel Campero, Alberto Soto de la Vía, Iván Campero, Rodrigo Vedia Espinoza, Frans Cabrera y José Luis Iriarte Cussi. Resalta, sin embargo, la negativa a la entrada a su país de Roger Mariaca. «El Departamento de Estado también ha designado públicamente al Fiscal General de Bolivia por su participación en hechos de corrupción graves. Esta medida hace que Mariaca y sus familiares directos no puedan ingresar a los Estados Unidos», asevera la institución extranjera, que además increpa: «Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante la presidencia del izquierdista Luis Arce y exfiscal general de Santa Cruz, abusó de cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participantes del programa Escudo, busca fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos – y los criminales a quienes protegen – no son bienvenidos en Estados Unidos.

Bomberos y unidades de emergencia llegaron este lunes por la mañana hasta la laguna Guapilo, ubicada sobre la carretera a Cotoca, en el departamento de Santa Cruz, tras recibir el reporte del ahogamiento de al menos tres personas. De acuerdo con la información preliminar, dos habrían ingresado al agua luego de que una de ellas comenzara a ahogarse. Fueron los vecinos de la zona quienes lograron rescatar el cuerpo sin vida de una mujer y llevarla hacia la orilla. Luego, los equipos de rescate localizaron y extrajeron del agua a los otros dos fallecidos. De acuerdo con un reporte de El Deber, las víctimas serían: una mujer de 30 años, un hombre de 35 años y una niña de aproximadamente 10. (ABI)

El fiscal general del Estado Roger Mariaca informó que solicitó informes para conocer los detalles de la detención domiciliaria otorgada a Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y verificar si cumple con las medidas dispuestas por el juez cautelar. El requerimiento se da luego de que se conociera que Tatiana Marset participó en el remate de ganado realizado durante el fin de semana en la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz) 2026. “Hemos requerido de manera inmediata los informes correspondientes para ver en qué momento era, en qué horario y si se encontraba ella con el cuidado de los escoltas policiales que en su momento se pudo otorgar por la autoridad jurisdiccional”, puntualizó, Mariaca. Después de cinco meses de detención preventiva en el penal de Palmasola por delitos relacionados con armas y asociación delictuosa, Tatiana Marset dejó el recinto penitenciario el 19 de agosto, tras la emisión del mandamiento de libertad que hizo efectiva la decisión judicial de sustituir su encarcelamiento por detención domiciliaria. El fiscal recordó que, ante el incumplimiento de alguna de las medidas sustitutivas, el Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 247 la posibilidad de la “revocatoria de medidas” por parte de una autoridad jurisdiccional, en este caso, la que otorgó las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Además, indicó que, de existir responsabilidad por parte de los efectivos policiales a cargo de su custodia, podrían iniciarse procesos disciplinarios en contra de ellos o hasta determinarse responsabilidades penales. El ministro de Justicia Ernesto de Defensa Ernesto Justiniano calificó de “incorrecto” la salida de la hermana del narcotraficante uruguayo a la Expocruz. “Me parece incorrecto teniendo en cuenta que hay una detención domiciliaria. Es un tema de Gobierno y espero que tengamos información de qué es lo que sucedió. No tengo los detalles y lo menos que se puede decir es que es incorrecto”, dijo en el programa Fama, Poder y Ganas. Tatiana Marset fue aprehendida en marzo de este año en Santa Cruz, en un operativo en el que también fue detenido su hermano Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes uruguayos más buscados en la región, y que poco después fue expulsado a EEUU. (BRÚJULA DIGITAL)

El expresidente Evo Morales presentó una acción de libertad ante el Tribunal Departamental de Justicia del Beni, con el objetivo de dejar sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas en su contra. El recurso fue interpuesto por Nucky Ortega Montalván, en representación sin mandato del exmandatario, y apunta de manera directa contra la fiscal departamental de Tarija, la comisión de fiscales a cargo del caso y los vocales tarijeños vinculados a las determinaciones judiciales. En el documento, la defensa de Morales denuncia una presunta «persecución indebida» y cuestiona el accionar de las autoridades de Tarija. El proceso recayó en la Sala Constitucional Primera del Beni, presidida por el vocal Charles Mejía, instancia que deberá analizar los argumentos y definir si concede o rechaza la tutela, lo que abre un nuevo escenario legal para el expresidente fuera de la jurisdicción tarijeña. (LA PRENSA)

La justicia decidió sustituir la detención preventiva por domiciliaria para Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, con una fianza de Bs 200.000, en el marco de la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La decisión fue adoptada el viernes en una audiencia de control de plazos, luego de que la detención preventiva superara el periodo inicialmente fijado por la Justicia que era de 140 días, informó a ERBOL una fuente conocedora del caso. En marzo pasado, el imputado fue enviado a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz con detención preventiva. Desde entonces, ya ha concluido el tiempo de su esa medida cautelar.   El juez determinó sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria, que deberá ser cumplida durante las 24 horas, sin autorización para realizar actividades laborales, además de otras medidas cautelares que deberán ser cumplidas por el investigado. La resolución también establece una fianza de Bs 200.000, monto que deberá ser cumplido antes de que se haga efectiva la salida del penal, según explicó la fuente. El argumento de la defensa de Arce Mosqueira consiste en que ha fenecido el plazo de la detención preventiva y ninguna persona puede permanecer privada de libertad más allá de un tiempo razonable. La nueva medida cautelar no implica el cierre de la investigación, por lo que el proceso por legitimación de ganancias ilícitas continuará en las instancias correspondientes. ERBOL

Las fuerzas de seguridad internacionales capturan a Angélica Saraiva de Sá, de 34 años y conocida como ‘Angeliquinha’. De acuerdo al portal Nortão MT, la mujer, señalada como una de las principales líderes de la organización criminal Comando Vermelho en el norte de Mato Grosso, permanecía prófuga desde agosto de 2025 y acumula sentencias que suman 260 años de condena. La detención fue el resultado directo de una acción coordinada entre la Policía Boliviana, la Policía Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), la Polinter, la Dracco y la GCCO. Las autoridades lograron cerrar un cerco internacional sobre la prófuga, quien contaba con seis órdenes de aprehensión vigentes en su contra. Antecedentes y sentencia previa La trayectoria delictiva de ‘Angeliquinha’ dio un giro drástico cuando escapó de la Penitenciaría Femenina Ana Maria do Couto May, en Cuiabá, durante la madrugada del 17 de agosto de 2025 junto a otra interna. Meses antes de su evasión, en marzo de 2025, había sido condenada a 99 años y 11 meses de prisión en régimen cerrado por el Tribunal del Jurado. Esa condena inicial se originó por su participación directa en los asesinatos de cuatro trabajadores procedentes de Paraná, ocurridos en el municipio de Nova Monte Verde en 2022. Las investigaciones policiales determinaron que las víctimas fueron ejecutadas sumariamente al ser vinculadas falsamente con una organización criminal rival. Posteriormente, en marzo de 2026, el nombre de la procesada reapareció con fuerza dentro de los expedientes de la Operación Showdown. Dicha investigación desarticuló una compleja estructura de tráfico de drogas, lavado de dinero y juegos de azar ilegales que movilizó más de 20 millones de reales en la región. Trámites para la extradición Durante las redadas de dicha operación, varios familiares y allegados directos de la mujer terminaron bajo prisión preventiva por orden judicial. Tras formalizarse la aprehensión en suelo boliviano, las autoridades de ambos países iniciaron los trámites legales estipulados para gestionar su custodia y posterior extradición a Brasil. EJU TV

Una tragedia golpea al municipio de Tacobamba, en el departamento de Potosí, luego de que un minibús se precipitara aproximadamente 50 metros la noche del domingo 20 de septiembre, con un saldo preliminar de seis personas fallecidas y tres heridas. Entre las víctimas se encuentran cinco maestros que se trasladaban hacia su unidad educativa para cumplir con sus labores de enseñanza. De acuerdo con la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Potosí, los educadores se dirigían al Distrito Educativo de Tacobamba, específicamente al Núcleo Cerca Cancha, Unidad Educativa Conde. El sector identificó a los docentes fallecidos como Ivonny Edith Camata Flores, Franco Ezequiel Gareca Lafuente, Norberto Mamani Copa, Fanny Flores Ayaviri y Nemecio Mendoza Mamani. El siniestro dejó además tres personas heridas, quienes fueron auxiliadas tras el accidente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni las circunstancias que provocaron que el vehículo se embarrancara. Las causas del hecho deberán ser determinadas por las autoridades a través de las investigaciones correspondientes. En un pronunciamiento, la Federación expresó sus condolencias a las familias y comunidades educativas afectadas. “Fueron maestros y maestras que, con compromiso y vocación, se dirigían a sus fuentes de trabajo para cumplir con la noble misión de educar”, señala el comunicado. El magisterio potosino se declaró de luto y destacó la trayectoria y compromiso de los docentes fallecidos. La tragedia generó consternación en las comunidades de Tacobamba, donde los profesores prestaban sus servicios. (CORREO DEL SUR)

Un operativo de fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de la Dirección Departamental La Paz y con apoyo de la Policía Boliviana, intervino puntos de las cuencas Orkojahuira e Irpavi, donde se identificó maquinaria pesada, sistemas de lavado, estructuras subterráneas y movimiento de material vinculados a actividades mineras. La intervención se realizó a raíz de denuncias difundidas en redes sociales que alertaron sobre posibles operaciones en estos sectores. En la cuenca Orkojahuira, en inmediaciones de la planta de tratamiento de agua potable de EPSAS, sector del río Chuquiaguillo, la comisión identificó un chute artesanal, una motobomba conectada a mangueras de gran diámetro y una poza con agua turbia, elementos relacionados con el lavado de material mineralizado. La inspección también llegó a la cuenca Irpavi, donde, en el sector de las Represas de Hampaturi, se verificó la bocamina denominada “Mina Solución”, además de estructuras subterráneas y campamentos, aunque en este punto no se evidenció actividad minera activa durante la inspección. Posteriormente, en otro sector del río Hampaturi, se constató movimiento de material aluvial y la presencia de retroexcavadoras, volquetas, chutes, motobombas y tolvas de lavado, aparentemente destinadas a la recuperación de oro. La comisión también identificó un cuadro minero oculto equipado con un guinche, aparentemente destinado a labores extractivas subterráneas. El informe de la comisión de fiscalización señala que la intervención permitió verificar en territorio “la existencia de diferentes equipos, estructuras y elementos vinculados a actividades mineras en los puntos inspeccionados”, como parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. Como resultado de la fiscalización, la AJAM verificó que los puntos donde se desarrollaban las actividades observadas no cuentan con derecho minero que habilite su operación, por lo que procedió con las notificaciones de cese de actividad minera ilegal correspondientes. Ante la continuidad de las actividades, la autoridad minera procederá a la emisión de la Resolución de Suspensión de Actividades Mineras y asumirá las acciones legales que correspondan. Durante este operativo se registraron momentos de resistencia y agresiones contra el personal de fiscalización en el sector del río Hampaturi, situación que requirió el apoyo policial para garantizar el desarrollo de la intervención. La AJAM continuará con el seguimiento de los puntos intervenidos y con las acciones de control para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas. (URGENTE.BO)