Seguridad

Al menos cuatro funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público tienen vínculos familiares directos con altas autoridades, como el ahora expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, según una denuncia que apunta a la estructura del exmagistrado cruceño por presunto nepotismo. Con información de la plataforma digital “Transparencia en el Servicio Público”, CORREO DEL SUR recibió una denuncia en contra de familiares de autoridades judiciales que figuran en este sistema, con contratos vigentes. Uno de los casos es el de la hermana del expresidente del TSJ, Noemi Saucedo Gómez, quien figura como asistente del Archivo Nacional de Régimen Disciplinario del Ministerio Público. Su contrato inició el 18 de agosto de 2026 con un salario mensual de Bs 5.273. Además, la denuncia señala que está casada con el delegado asistente de la magistrada del Tribunal Agroambiental, Rocío Vásquez Noza. La propia magistrada Vásquez también es apuntada en la denuncia. Su hija, Lidiana Pilar Orellana Vásquez, trabaja como personal eventual en la Sala Plena del TSJ, percibiendo un salario de Bs 16.164 mediante un contrato vigente hasta el 21 de diciembre de 2026. Finalmente, el documento involucra a la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez. Su hija, María Lizet Chávez Rodas, figura como personal eventual en la Unidad de Gestión de Servicios Judiciales, área que depende directamente de la Presidencia del TSJ. La Constitución Política del Estado de Bolivia prohíbe de manera expresa el nepotismo, estableciendo que no está permitido nombrar en la función pública a personas con las cuales la autoridad tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. (CORREO DEL SUR)

Antes del juicio previsto para el próximo año, en el que Sebastián Marset comparezca ante los tribunales de Estados Unidos, los fiscales estadounidenses buscan presentar pruebas de comunicaciones cifradas y presuntos sobornos hechos por el traficante uruguayo a funcionarios gubernamentales en Sudamérica, específicamente en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En las mociones previas al juicio presentadas esta semana, el Departamento de Justicia argumentó que las pruebas son necesarias para ofrecer a los miembros del jurado una visión completa de la supuesta red mundial de narcotráfico de Marset antes del juicio, que se espera para principios del próximo año.  Los fiscales informaron al juez de distrito Rossie Alston Jr., que las pruebas también demostrarán que Marset participó en una conspiración para blanquear dinero procedente del narcotráfico, según publicó Occrp. Marset fue capturado el pasado 13 de marzo, de 2026, en una redada ejecutada en horas de la madrugada, en Santa Cruz, Bolivia, y expulsado a Estados Unidos con la ayuda de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Inicialmente fue acusado de lavado de dinero, pero posteriormente fue imputado por narcotráfico y narcoterrorismo. Los abogados de Marset argumentan que la acusación inicial de lavado de dinero es inválida porque se basó en una única transferencia bancaria entre Portugal y China que no involucró los servidores de un banco estadounidense. Afirman que Marset nunca traficó drogas a Estados Unidos y que los grupos narcoterroristas no estaban designados como tales en el momento en que él negoció con ellos. En los nuevos documentos presentados, los fiscales alegaron que “el acusado dirigía su organización de manera despiadada y brutal, asesinando a quienes se le oponían o cooperaban con las fuerzas del orden. Además, no toleraba la injerencia de los gobiernos en sus actividades delictivas, empleando un modelo clásico de soborno para coaccionar a los gobiernos a someterse a su voluntad”. “En la práctica, esto significaba que el acusado amenazaba, bombardeaba e incluso asesinaba a aquellos miembros de las fuerzas del orden a quienes no podía corromper”, argumentan. En un hecho clave dentro de las presentaciones judiciales, los fiscales solicitaron al juez Alston que admitiera como prueba los casos de soborno en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Alegaron que Marset “pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección de las fuerzas del orden”. “Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin la interferencia de las fuerzas del orden”, añadieron los fiscales. Los vídeos de la detención de Marset desencadenaron una purga masiva de altos funcionarios, tan solo 48 horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visado dirigidas a funcionarios políticos y judiciales bolivianos por acusaciones de corrupción de alto nivel y vínculos con el narcotráfico. La denuncia alega que «los pagos también permitieron al acusado recibir archivos sobre narcotráfico de las fuerzas del orden bolivianas, evadir operaciones de captura y recibir notificaciones de reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos». Los fiscales quieren admitir declaraciones de testigos que demuestren una conspiración para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Solicitaron presentar declaraciones de personas, entre ellas un co-conspirador no imputado y un agente encubierto, que describan cómo se transfirieron los fondos de Europa a Sudamérica. Los fiscales también pretenden presentar como prueba los mensajes cifrados enviados desde y hacia Marset a través de teléfonos que formaban parte de la red Sky ECC. Una investigación realizada en 2024 por Occrp y sus socios de medios de comunicación demostró cómo estos teléfonos, de una empresa canadiense con servidores en Francia, eran los preferidos por organizaciones criminales en Serbia, Latinoamérica y otros lugares. La admisibilidad de las comunicaciones cifradas de Sky en los tribunales es una batalla legal aún sin resolver en varias jurisdicciones. En el caso de Marset los fiscales afirmaron haber identificado 12 números de identificación personal utilizados por los presuntos participantes en la conspiración. Alegaron que tres de ellos pertenecían a Marset y contenían mensajes e imágenes que mostraban sus tatuajes, su familia y otros datos de identificación. En la documentación presentada contra Sky, los fiscales señalan que «el acusado envió por mensaje de texto una fotografía de la persona que asesinó, y el gobierno cuenta con pruebas independientes de que el acusado fue el responsable del asesinato». Los abogados defensores presentaron una moción solicitando al juez que excluyera del jurado cualquier referencia a delitos violentos que no se ajusten a la definición de narcoterrorismo, cualquier referencia a una incautación de drogas en aguas internacionales cerca de África, todos los registros bancarios no relacionados con los cargos específicos contra Marset y las declaraciones de terceros vinculadas a la conspiración de lavado de dinero. No está claro cuándo el juez Alston dictaminará sobre las siete nuevas mociones. Se había comprometido a dictar sentencia antes del 6 de noviembre sobre varias mociones de la defensa que impugnaba los cargos presentados contra Marset, pero hasta el jueves no lo había hecho. La defensa del presunto narcotraficante retiró la semana pasada su solicitud para que se desestimara el uso de un teléfono celular incautado como prueba, después de que afirmaran que los fiscales se habían comprometido a no utilizar la información contenida en él. Cabe recordar que Marset, el día de su expulsión, brindó ciertas declaraciones ante los agentes de la DEA, donde aseguraba que el ex fiscal general del Estado, Róger Mariaca, era su amigo, además hizo referencia a que realizaba pagos por su protección y evitar ser capturado. Hoy, Mariaca se encuentra recluido en una cárcel pública de Potosí, así también varios de sus exfuncionarios que estuvieron al mando de las unidades del Ministerio Público durante su gestión. EL DEBER

En sus revelaciones ante la Fiscalía, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, mencionó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cargo ejercido por Gustavo Ávila, entre los contactos que habría tenido Romer Saucedo para manipular elecciones municipales en San Ignacio de Velasco.  Según Quezada, Saucedo mantenía coordinación con el presidente del TSE, con la intención de que un familiar suyo sea elegido alcalde. “Rómer movió cielo, mar y tierra para que su tío sea alcalde de San Ignacio de Velasco. Siendo el tercero, tuvo que bajar a dos competidores. Sé que estuvo en constante coordinación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y que se resolvió una acción de amparo en la Sala Constitucional Primera que anuló la sigla de ASIP para que no participen en las elecciones de San Ignacio, porque estaba primero”, declaró Quezada. Las elecciones subnacionales en San Ignacio fueron polémicas por la inhabilitación tardía de candidatos, que derivó en anulación de votos que se habían emitido en favor de los depurados. Hubo protestas y hasta el comité cívico convocó a paro, denunciando golpe a la democracia.  Entonces Romer Saucedo Gómez, nacido en San Ignacio, era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El ganador de las elecciones municipales fue Feldman Gómez. Actualmente, Romer Saucedo se declaró en el exilio mientras en Bolivia se lo investiga por narcotráfico. Entre tanto, Quezada se encuentra aprehendido a la espera de sus medidas cautelares. ERBOL

Margarita Arce, defensa legal de Fernando Cerimedo, aseguró que sí gestionó un contrato administrativo con la CAF para asesorar en Bolivia. «Él tenía un contrato administrativo con la CAF, se ha demostrado en la audiencia también la documentación, solo que no estaba percibiendo un sueldo aún porque estaba netamente en el tema administrativo«, expresó la abogada en RTP Informa. Consultada sobre cómo financiaba su estadía en Bolivia, la abogada afirmó que su defendido tenía dinero ingresado a Bolivia de sus firmas Numen Group y Numen Academia y respaldadas por bienes inmuebles en su país. Según la abogada, se verificaron extractos bancarios de más de un año en la entidad estadounidense Brex y declaraciones tributarias en Argentina (ARCA), lo que invalidaría la denuncia por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado por 300.000 dólares. En agosto de 2026, la CAF emitió un comunicado oficial donde señaló que el señor Fernando Cerimedo “no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual, de consultoría ni de asesoría” con la institución. Arce aseguró que Fernando Cerimedo no tiene participación en los audios y que los materiales fueron fabricados por Nadia Beller con inteligencia artificial. «Cerimedo se arrepiente de haber conocido e involucrado en su vida a Nadia Beller. Pidió perdón a su esposa y al Presidente. Le advirtieron que no se relacionara con ella por considerarla sin escrúpulos y con ansias de poder». MRCM-RTP

El Gobierno acusó este miércoles al expresidente Evo Morales de ser el «jefe de un cartel» del narcotráfico que opera «desde el Trópico de Cochabamba», su bastión político y sindical en el centro del país, lo que, según las autoridades, le permitió «financiar» los conflictos registrados en mayo y junio pasados. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo -en una entrevista con la radio local Erbol- que Morales (2006-2019) es el jefe de «toda la producción» de droga que venta del Trópico de Cochabamba, que también es una de las principales zonas productoras de hoja de coca en Bolivia. «¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales», sostuvo Oviedo. El jefe de cartera dijo, además, que en algunos operativos policiales, que realizaron la institución durante los bloqueos de carreteras que se extendieron por siete semanas entre mayo y junio, se constató que «más de ocho millones de bolivianos salían del Trópico». «Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector», agregó Oviedo, quien también señaló a sectores campesinos como la federación Tupac Katari de La Paz de haber financiado esas protestas con las que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Entre mayo y junio, campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales realizaron protestas callesjeras y bloqueos de carreteras para que Paz renunciara, acusándolo de no solucionar la crisis económica que vive el país desde hace unos años. El conflicto dejó dieciséis personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica como consecuencia de los cortes de rutas. En medio del conflicto, Morales dijo públicamente que a Paz le quedaban «dos caminos», «militarizar» el país o convocar a elecciones en noventa días «para evitar conflictos con muertos y heridos». La Fiscalía abrió una investigación penal contra el exmandatario por alzamiento armado y terrorismo, acusado de liderar las protestas y bloqueos contra el Gobierno, y actualmente hay una orden de captura en su contra dentro de esa causa. A esto se suma una orden de detención previa contra el también líder cocalero, dentro de una investigación por el delito de trata agravada de personas, en la que se le acusa de presuntamente mantener una relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia y con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016. Por esa denuncia, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024 y sus seguidores permanecen en una vigilancia constante en esa zona para evitar que sea capturado. (CORREO DEL SUR)

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló este martes que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aporta información sobre la presunta red que habrían conformado el exfiscal general Roger Mariaca y el magistrado Romer Saucedo. “Han aportado, están aportando, trabajamos estrechamente con ellos”, afirmó Oviedo durante una entrevista con radio Erbol, al referirse a la información que proporciona Estados Unidos como parte de la investigación contra la exautoridad del Ministerio Público. El ministro de Gobierno señaló que actualmente se trabaja de manera estrecha con la DEA, así como con las policías de países vecinos y la Unión Europea. Según Oviedo, la hermana de Saucedo también estaría vinculada a presuntos hechos de corrupción, debido a que habría recibido al menos Bs 1 millón, supuestamente a cambio de favorecer a una de las partes en un caso particular. Un video en el que aparece la familiar del magistrado la implicaría en esa presunta irregularidad. “No recibes un millón de bolivianos porque aparecieron de la noche a la mañana. Así como hay esta vinculación con este exmagistrado Romer Saucedo, hay otros elementos que han ido apareciendo en la Fiscalía, por ejemplo, las millonadas de dinero que Mariaca guardaba en una casa, en otra casa, etcétera”, añadió. Contra Saucedo y su hermana existen órdenes de aprehensión; sin embargo, hasta el momento no fueron ejecutadas. Según las declaraciones de Oviedo, el primero se declaró en autoexilio, mientras que se desconoce el paradero de la segunda. En el caso de Mariaca, permanece detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, por presuntos hechos de corrupción relacionados con la protección al narcotráfico. (ABI)

Dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), un subteniente y una sargento, fueron encontrados sin vida la noche del lunes 9 de noviembre en inmediaciones del Parque Ecológico de la ciudad de Oruro. Ambos presentaban heridas provocadas por impactos de arma de fuego. De acuerdo con los reportes preliminares, el hallazgo se produjo después de que vecinos del sector alertaran a la Estación Policial Integral (EPI) 3 sobre la presencia de dos personas tendidas en el lugar. Tras recibir la comunicación, efectivos policiales se trasladaron hasta el sector junto con personal de Bomberos y equipos de emergencia, que confirmaron que ambos uniformados ya no presentaban signos vitales. Los primeros reportes señalan que los dos policías tenían lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. Uno de ellos habría sido encontrado con un arma de fuego en la mano, dato que deberá ser establecido y esclarecido mediante las pericias correspondientes. Personal de la Policía y del Ministerio Público se constituyó en el lugar para realizar el levantamiento legal de los cuerpos y recolectar indicios que permitan reconstruir las circunstancias del hecho. La investigación fue iniciada para determinar cómo se produjeron las muertes y establecer si existió la participación de terceras personas. Hasta el momento, no existe un informe oficial que esclarezca las circunstancias del hecho. Se aguardan los resultados de las autopsias y las pericias investigativas para establecer las causas y la secuencia de los acontecimientos.+ EL PAÍS DE TARIJA

El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, aseguró que los audios de Cerimedo pueden ser montados, ya que ese material no fue obtenido de manera legal. “Mi tarea es investigar y no contaminar los procesos. Mi trabajo es esclarecer y no aumentar el espectáculo ni ser parte del show. Estos audios no son pericias obtenidas de manera legal.”, afirmó en RTP Informa. En paralelo, confirmó que sí se están realizando pericias a los teléfonos del exfiscal del Estado Roger Mariaca, Martín Irusta y Alberto Zeballos. dijo que los dispositivos están encriptados y los peritos de la Policía trabajan en ese caso. Afirmó que una vez que se obtenga la información se pondrá a disposición del Ministerio Público y luego de la ciudadanía. Caso Marset Al hablar del informe de gestión, Maldonado destacó la captura de Sebastián Marset como uno de los hechos más importantes del primer año de gestión. Dijo que el Gobierno lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado. Defendió el operativo de captura de Marset como impecable, sin disparos, muertos ni heridos, aunque reconoció que un par de policías sucumbieron a la tentación de las cajas fuertes y relojes. Romer Saucedo y otros casos Respecto a Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el viceministro dijo que la inteligencia policial lo localizará más temprano que tarde. También confirmó el traslado del exfiscal Martín Irusta de Patacamaya a Chonchocoro. Sobre las 30 maletas llegadas de Estados Unidos, detalló las irregularidades en los controles en Viru Viru, el intento de cambiar el plan de vuelo y el saboteo de la investigación por parte de fiscales como Delmi Guzmán. Maldonado afirmó que ahora impulsan un Gobierno con autoridad, amigable con el trabajo y la inversión privada. Enfatizó que se trabaja en desterrar los bloqueos y el narcotráfico infiltrado en las instituciones. MRCM-RTP

A mediodía de este lunes, el personal de la Fiscalía y la Policía allanó el domicilio del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en la zona de El Guereo, en Sucre. En pasados días se emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal. Un día después, Saucedo salió del país y se declaró en el exilio. El fiscal General del Estado interno, José Armando Urioste, aclaró que la investigación penal se tramita por la vía ordinaria debido a que los cargos corresponden a delitos comunes y de lesa humanidad. Saucedo además es vinculado con la investigación de las 31 maletas que ingresaron al país con la ayuda de la exdiputada Laura Rojas. La exlegisladora aseguró que el equipaje pertenecía al magistrado. (URGENTE.BO)