Seguridad

El diputado Manolo Rojas formalizó este jueves una denuncia penal en la Fiscalía en contra del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por las dudas existentes sobre una discapacidad laboral del 60% que el sindicalista tramitó y por la cual cobró una indemnización superior a los Bs 141.000. “Yo lo veo muy sano, lo veo muy saludable. Les garantizo que no ha ocurrido ningún milagro porque esta enfermedad, la silicosis crónica que él refiere tener, es incurable. Si lo sometemos a un estudio médico serio e independiente, realizado por el IDIF, les garantizo que eso no va a ocurrir (enfermedad); está totalmente saludable”, afirmó el legislador. Rojas presentó documentos con membretes de una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una valoración de un gabinete médico y un documento firmado por una tercera persona mediante una carta poder para favorecer al dirigente cobista, todo en el marco del trámite de indemnización por invalidez. Argollo fue elegido dirigente de la COB en octubre de 2025 y actualmente encabeza protestas contra el Gobierno en demanda de atención a un pliego petitorio, cuyo punto principal es el incremento salarial, que el Ejecutivo ya desahució. El dirigente negó las aseveraciones del diputado y las atribuyó a una “guerra sucia”. La denuncia penal fue presentada formalmente por la presunta comisión de delitos previsionales. (VISIÓN 360)

El Ministerio de Gobierno y la República Federativa de Brasil inauguraron este miércoles la 13ª Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos, un espacio clave para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, resaltó que la reunión de alto nivel es continuidad de los acuerdos alcanzados a nivel presidencial y técnico entre ambas naciones, y subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la extensa frontera común. “Es la décima tercera comisión de un mecanismo que fue creado en 1977 y cuya importancia se realza cada vez más en todo momento”, destacó el cónsul adjunto de Brasil, Carlos Leopoldo de Oliveira, durante el evento, donde participan delegaciones técnicas de ambos países en el fortalecimiento de la cooperación en seguridad. Por su parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, enfatizó la responsabilidad compartida en la región. “Bolivia y Brasil comparten una gran frontera, pero también comparten una gran responsabilidad”, dijo. La 13ª Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos tiene como agenda de trabajo cinco ejes estratégicos: la reducción de la oferta y desarticulación de organizaciones criminales; el control y fiscalización de sustancias químicas; el control de cultivos de coca y desarrollo alternativo; la reducción integral de la demanda; y el lavado de activos y la cooperación jurídica. Justiniano indicó que entre los resultados esperados están el nombramiento de oficiales de enlace, la ejecución de operativos coordinados, el intercambio de información de inteligencia y el fortalecimiento de buenas prácticas. “Tenemos una frontera común y tenemos que tener también una respuesta común contra el crimen organizado”, puntualizó. (ABI)

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, anunció la intención del Gobierno de obtener información oficial desde Estados Unidos sobre una posible vinculación de Evo Morales con el tráfico de sustancias controladas. La estrategia jurídica contempla la incorporación de Bolivia como parte víctima en los procesos judiciales abiertos en el país norteamericano contra exjefes policiales. Esta medida busca esclarecer nexos delictivos durante administraciones pasadas. La autoridad recordó los antecedentes de antiguos mandos de la Policía, entre ellos René Sanabria y Maximiliano Dávila, quienes enfrentan sentencias o procesos por delitos de narcotráfico en territorio estadounidense. Paredes calificó la investigación como un asunto delicado que requiere el acceso a datos precisos del sistema de justicia extranjero. El objetivo central radica en determinar si existió participación o favorecimiento hacia redes criminales transnacionales desde esferas de poder. Según la postura oficial, existe una correlación entre el discurso del exmandatario y la reciente ola de sicariato que afecta a diversas regiones del país. El viceministro planteó la hipótesis de que los ajustes de cuentas derivan de una desarticulación de mafias tras la captura de líderes operativos. Bajo esta premisa, el Gobierno sostiene que Morales representa una expresión política interesada en reestructurar las dinámicas de estas actividades ilícitas en zonas estratégicas de Bolivia. (LA PRENSA)

El gobernador electo Juan Pablo Velasco anunció la creación de una Guardia Departamental, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que se asumirá una ofensiva contra el crimen organizado. Las determinaciones la reunión de emergencia entre autoridades nacionales, judiciales y regionales que trataron son asumidas tras escalada de violencia registrada en Santa Cruz llevó este sábado a una Velasco informó que la nueva instancia de seguridad será implementada una vez inicie su gestión y estará respaldada por lo establecido en el Estatuto Autonómico cruceño. “El Estatuto Autonómico dice que tenemos que tener una guardia departamental y nosotros vamos a crear una guardia departamental”, afirmó la autoridad electa ante los medios. Explicó que esta estructura buscará fortalecer la prevención del delito y coordinar acciones con otras instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Añadió que también se conformará un consejo departamental similar al Consejo Nacional de Seguridad. “Cuando asumamos vamos a anunciar la creación de este mismo consejo, pero departamental”, sostuvo. Velasco remarcó que la inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de la población cruceña y señaló que la respuesta debe involucrar a todos los niveles del Estado. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, aseguró que la situación actual obliga a una reacción firme del Estado frente a estructuras criminales asentadas en el país. “Prácticamente, se le está declarando la guerra al sicariato, al narcoterrorismo que se ha instalado”, manifestó tras participar del encuentro. La autoridad judicial señaló que uno de los hechos que precipitó la convocatoria fue el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, ocurrido la noche del jueves en Santa Cruz.  “La gota que rebalsó el vaso fue el cobarde asesinato”, expresó Saucedo al referirse al ataque contra la autoridad judicial. Añadió que entre las medidas acordadas está reforzar la seguridad de jueces, magistrados y autoridades judiciales, además de fortalecer el control en zonas fronterizas para frenar el ingreso y salida de organizaciones delictivas. “El hecho de que los militares puedan reforzar también las fronteras, que son los puntos por donde ingresan y por donde salen los criminales, también es parte de ese plan integral”, indicó. La medida fue implementada luego de que este sábado por la mañana un ciudadano colombiano fuera atacado a tiros en inmediaciones del cuarto anillo y Canal Isuto, cuando salía de una discoteca cerca de las 6:45. Según el reporte preliminar, la víctima se aproximó a un puesto móvil de comida cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta. El comandante departamental de la Policía, David Gómez, indicó que una de las principales hipótesis apunta a una pugna interna entre organizaciones criminales. “La hipótesis que manejamos es que es un ajuste de cuentas, ya que la organización de Marset se ha ido fraccionando en varios grupos. Entonces, la pugna es de poder”, señaló. Ese hecho se sumó al asesinato de Claure, perpetrado también por un motociclista armado en un condominio ubicado en el cuarto anillo, a la altura de la avenida Busch. Las autoridades coincidieron en que Santa Cruz enfrenta un momento crítico y que las decisiones asumidas este sábado buscan contener el avance de redes criminales vinculadas al sicariato y al narcotráfico. (BRÚJULA DIGITAL)

El juez Víctor Hugo Claure (foto), la fiscal Mónica Von Borries, el intervento del Banco Fassil, Alberto Colodro y el diputado Edmundo Salazar murieron en el ejercicio de sus funciones públicas. Cuatro nombres que recuerdan que, en Bolivia, enfrentarse a lo ilegal sigue siendo mortal. Bolivia despertó el 1° de Mayo con la noticia  de que un sicario asesinó a Víctor Hugo Claure, magistrado decano del Tribunal Agroambiental, en un barrio residencial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  Según Mongabay, el juez recibió cuatro disparos cuando estaba en el interior de un vehículo de servicio público cerca de la medianoche. La Policía Boliviana y la Fiscalía General del Estado investigan el hecho- El medio señala que las autoridades presumen que el asesinato estaría vinculado a decisiones del magistrado en torno al conflicto de tierras que se extiende en Bolivia. El magistrado fue interceptado cerca de la medianoche del jueves por dos hombres en una motocicleta.  Uno de los atacantes bajó del vehículo y de inmediato le disparó. Luego, el sicario huyó con su cómplice, según quedó registrado en cámaras de seguridad. “No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado”. Es la dura frase que lanzó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien dijo sentir “impotencia y bronca” al denunciar una “ausencia de Estado” en temas de seguridad“. expresa ese medio. Además, informó que la Policía Boliviana intensificó los operativos en todo el departamento de Santa Cruz para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato. Claure fue elegido como magistrado del Tribunal Agroambiental en las elecciones judiciales de 2024. Por su trayectoria y antigüedad, fue designado como decano de la institución. Un decano en Bolivia es el segundo al mando después del presidente o presidenta de un tribunal. Sus funciones incluyen la supervisión institucional, monitoreo de juzgados agroambientales y apoyo en la labor jurisdiccional. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, también se refirió a este hecho y pidió evitar especulaciones y esperar los resultados de la investigación. “Tuvimos una conexión directa con el ámbito de seguridad para que me den la información, y de ahí pedí todas las garantías al sistema judicial, pero además todas las garantías en la investigación”, escribió el mandatario en sus redes. Sobre el tema, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia condenó el asesinato del magistrado Claure y pidió que se efectúe una investigación «pronta y exhaustiva» para identificar a los responsables del crimen. El organismo internacional también expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Carlos Alberto Colodro, interventor del Banco Fassil, apareció muerto el sábado 27 de mayo de 2023.En ese entonces, se dijo que el interventor “cayó” del piso 15 de su oficina en el edificio Ambassador, en la zona de Equipetrol de Santa Cruz. “El médico forense de turno establece como causas directas del fallecimiento con carácter inicial: shock traumático; segundo, laceración múltiple de órganos internos; y tercero, politraumatismo por precipitación”, había expresado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Por su parte, el abogado de la familia de Colodro, Jorge Valda, manifestaba que existían muchas preguntas en torno a esta tragedia. Había señalado que el interventor era amenazado y se sentía atemorizado. “Ahora toda la familia está con mucho temor y eso se tiene que investigar. Al presente tenemos múltiples hipótesis no podemos descartar ninguna, pero no podemos asumir una posición simplista de que habría sido un suicidio”. El Gobierno boliviano concluyó que la muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Colodro, fue un «suicidio» y descartó la participación de otras personas en ese suceso, según publicó EFE «Hemos investigado todas y cada una de las hipótesis» y «todos los elementos periciales técnicos han demostrado que ha sido un suicidio», declaraba el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa. Mientras tanto, la esposa del interventor del Banco Fassil indicó que él murió preocupado por cumplir con los funcionarios de la entidad. “Él era una persona muy responsable, ustedes saben. Cumplió con su trabajo hasta el último momento y ha fallecido en la preocupación de poder honrar a los funcionarios del Banco Fassil”. Antes del fallecimiento del interventor, se descubrió que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó a más de 50 empresarios y empresas que accedieron a Bs 2.068.261.565 en créditos del exbanco Fassil y que fueron desviados, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, a la cuenta de Santa Cruz Financial Group. Se identificaron a las siguientes empresas: Ferrotodo, Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL, Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda, Conserso, Empresa Serebo, Mecpetrol, Empresa Saltos, Grupo Macororo, Caramelos Watts, Urbanización Celina, Paper King, Empresa ESE, Sempar SRL y Ms Inversiones. Caso Diodato Según el portal web Inmediaciones, el caso de la fiscal Mónica Von Borries, fue el primer atentado contra una autoridad del Ministerio Público en Bolivia. Ella falleció el 27 de febrero de 2004 tras la explosión de su vehículo. Investigaba al empresario italiano Marco Marino Diodato. Esta historia, según Opinión, inició mediáticamente el 17 de junio de 1999, cuando fue detenido por la Policía. Una semana después fue acusado de espionaje telefónico, funcionamiento de casas de juego de azar clandestinas, tráfico de armas y lavado de dinero. También se dijo que Diodato hizo campaña electoral a favor de Banzer, lanzándose en paracaídas con un letrero que decía “voten por ADN”, y que tenía amigos en el Gobierno de aquel entonces, se lee en el portal web. El asesinato ocurrió cuando la fiscal salió de su residencia rumbo a su oficina en el Ministerio Público de Santa Cruz. Subió a su automóvil que se encontraba estacionado frente a su puerta. Pocos segundos después, se produjo la explosión. El vehículo quedó destrozado y envuelto en llamas. El estruendo de la explosión se escuchó a varias cuadras de distancia. La agencia EFE publicó en marzo de 2006, un tribunal boliviano declaró inocente al español Javier Villanueva del asesinato de la fiscal Von Borries.

El Comité pro Santa Cruz emitió un pronunciamiento en el que expresa su alarma por la creciente inseguridad y los recientes hechos de violencia en la capital cruceña, tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. La institución cívica advirtió que el sicariato ya no es un fenómeno aislado ni externo, sino una amenaza instalada en el corazón de Santa Cruz de la Sierra. “Estamos ante una crisis sin precedentes que ha perforado el corazón de nuestra ciudad. El sicariato ha dejado de ser una noticia de portada de otros países como Colombia, México, o de nuestra frontera para instalarse en el corazón de Santa Cruz de la Sierra”, dice su comunicado. El pasado jueves por la noche, Claure fue asesinado en un barrio de la ciudad cruceña tras ser interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicleta. En la presente jornada también se registró un violento ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida y otra herida en la zona del cuarto anillo y canal Isuto. Asimismo, el pasado fin de semana se reportaron otros hechos violentos con víctimas fatales en esta urbe. El Comité sostiene que estos hechos evidencian la presencia de mafias organizadas, vinculadas tanto al narcotráfico como al control de tierras, que, según indican, operan con impunidad ante la debilidad del sistema de justicia. “No es un hecho aislado: es la prueba de que las mafias organizadas, sean del narcotráfico o de la tierra, ya no le tiene miedo a la justicia”, resaltó. Asimismo, el Comité cruceño cuestionó la actuación de las autoridades nacionales, apuntando al Ministerio de Gobierno, la Policía y la Fiscalía por una supuesta pasividad frente a la criminalidad. “Su pasividad es nuestra condena”, señala el texto. Entre sus demandas, plantean la necesidad de reforzar las instituciones y proponen la creación de una Guardia Departamental con capacidad de vigilancia, ante lo que consideran una ausencia de respuesta efectiva del Estado central. “Les exigimos que purguen sus filas y desarticulen a las mafias antes de que el pueblo declare su incapacidad absoluta. La seguridad de las familias de Santa Cruz está primero”, finalizó. (URGENTE.BO)

La ciudad fronteriza de Bermejo se encuentra en estado de alerta tras registrarse un violento hecho de sangre la noche del pasado viernes. Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado ejecutado por sicarios. El incidente ocurrió alrededor de las 21:00, en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay. Según los informes preliminares citados por medios locales, desconocidos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego de manera directa antes de darse a la fuga con rumbo desconocido. El fiscal de materia, Carlos Franz Laime, informó que el cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de bala, los cuales provocaron su deceso de forma instantánea en el lugar de los hechos. Tras el reporte del tiroteo, representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Boliviana se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento legal del cadáver. El cuerpo fue remitido a la morgue del hospital Virgen de Chaguaya. Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia de ley para determinar con precisión la cantidad de disparos y las causas exactas de la muerte. El Comando de Frontera de la Policía desplegó operativos de rastrillaje en la zona y puntos estratégicos de la frontera con Argentina para dar con el paradero de los autores materiales del crimen. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, mientras las autoridades recolectan testimonios y analizan cámaras de seguridad cercanas para identificar la motocicleta utilizada en el atentado. (CORREO DEL SUR)

El presidente Rodrigo Paz se solidarizó con la familia del magistrado asesinado, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz y pidió a la población esperar los resultados de la investigación antes de emitir conclusiones o especulaciones sobre el hecho. “Toda la solidaridad con la familia, pero ahí pediría un respeto de investigación. (…) Pedí, por favor, todas las garantías al sistema judicial, pero además todas las garantías en la investigación. La verdad siempre es un instrumento transformador y la especulación nos hace mucho daño a los bolivianos. Entonces, (…) veamos cuáles son los resultados de la investigación”, expresó el mandatario. La noche del jueves el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue asesinado en Santa Cruz. El Ministerio Público confirmó que recibió cuatro impactos de bala, mientras la Policía apunta a un posible conflicto por tierras como una de las hipótesis del caso. Paz afirmó que ya se instruyó a las instancias correspondientes para garantizar el desarrollo del proceso investigativo, señalando que se deben dar todas las condiciones al sistema judicial para esclarecer el crimen ocurrido recientemente. Por otro lado, el mandatario señaló que existe una “inseguridad sobre la realidad del país” y acusó que durante los últimos 20 años se habrían establecido vínculos entre el poder político, la corrupción y las mafias. Sostuvo que su gestión enfrenta un costo alto al intentar combatir estas prácticas, y que ya se están procesando exautoridades señaladas por presuntos daños al Estado. ERBOL

La Dirección Departamental de Tránsito en Oruro confirmó el fallecimiento de nueve personas y el saldo de 22 heridos tras el accidente registrado la madrugada de este miércoles en la carretera internacional Oruro-Pisiga, cerca de Villa Challacollo. El director departamental de Tránsito de Oruro, Nandy Torrico, informó que se presume que el hecho se debería a exceso de velocidad y cansancio del conductor. “El conductor tiene 24 años de edad y realizada la prueba de alcohol en sangre dio como resultado cero, no sancionable. Él se encuentra con Tec (trauma encéfalo craneano) moderado en un centro médico”, aseveró el jefe policial, en contacto con Bolivia Tv. De acuerdo al reporte policial, el bus tuvo un vuelco de lado izquierdo fuera de la carretera. El vehículo tiene placa chilena HBZC-57, pertenece a la empresa Puma Tours y tenía como destino el departamento de Oruro. Torrico indicó que entre las personas fallecidas existe un bebé recién nacido, quien murió en cuanto llegó al hospital. Quienes perdieron la vida ya fueron trasladados hasta la morgue del departamento. En el caso de los heridos, fueron internados en diferentes centros de salud: el Hospital San Juan de Dios, la Clínica Santiago, Hospital Oruro y el Centro de Salud Toledo. (ABI)

A casi una década de haber estallado el caso Banco Unión, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz realizó este martes la apertura de juicio contra el principal acusado del desfalco Juan Pari Mamani y sus presuntos colaboradores. En la audiencia, se había solicitado someter a Pari a procedimiento abreviado con una sentencia de 14 años, pero el tribunal decidió rechazar ese pedido, bajo el argumento de que en el juicio podrían salir a la luz más elementos que podrían desvirtuar o agravar la situación del imputado. Pari fue trasladado desde el penal de El Abra de Cochabamba para el juicio. También el tribunal rechazó otras tres solicitudes de procedimiento abreviado que realizaron otros acusados. Según la investigación, Pari cometió el desfalco entre 2016 y 2017, cuando jefe de operaciones en las agencias Batallas y Achacachi del Banco Unión. Habría accedido al sistema sin autorización, simulando la transferencia hacia un cajero automático inexistente, logrando apropiarse de 37,6 millones de bolivianos. Habría intentado lavar el dinero con la compra de bienes inmuebles en varias zonas y vehículos de lujo. También habría financiado viajes, incluido el alquiler de aviones privados, y estableció varios negocios como de renta de autos, construcción, curtiembre, discoteca, canal de televisión, entre otros. El abogado de uno de los detenidos por el caso de Juan Pari, Eusebio Vera, estuvo en Que No Me Pierda (QNMP) para hablar sobre el desfalco millonario al Banco Unión. En la oportunidad, explicó que, aunque no se ha logrado recuperar el total de los 37 millones de bolivianos robados, se han incautado varios bienes y vehículos, que serán monetizados una vez concluya el juicio. Los vehículos a los cuales me refiero están secuestrados y están incautados. Una vez que concluya el juicio, se procederá a monetizarlos para recuperar parte de la deuda”, explicó el abogado. Avances en la investigación Aunque aún no se dispone de una cifra exacta sobre cuánto dinero se ha recuperado, Vera destacó que se ha avanzado en el proceso de incautación de bienes de Juan Pari en diferentes ciudades, como La Paz y Cochabamba. “No tengo el dato exacto, pero se han incautado varios bienes y vehículos, lo cual será fundamental para la recuperación económica del banco”, indicó Vera. El juicio entra en cuarto intermedio El juicio, que se está llevando a cabo en contra de Juan Pari por el robo de 37 millones de bolivianos, entró en cuarto intermedio tras la presentación de varios incidentes y excepciones por parte de los acusados. La audiencia se reanudará el 18 de mayo para continuar con el análisis de las pruebas y las declaraciones de las partes involucradas. Declaraciones sobre el juicio Eusebio Vera también mencionó que la defensa sigue confiando que la defensa de Pari sea exonerado de los cargos, ya que, según el abogado, los errores cometidos por la Fiscalía durante la investigación han sido claros. La defensa está a la espera de la sentencia del juicio, con la esperanza de que el caso termine de forma favorable para Pari. ERBOL Y EJUTV