Economía

El transporte de servicio interprovincial e interdepartamental de Santa Cruz ha sido el primer sector en anunciar este domingo el rechazo movilizado contra el fin de la subvención al diésel. Este lunes se suspenderá el servicio de omnibuses en la terminal Bimodal. En el comunicado, el sector anuncia que “el cierre se mantendrá mientras que el Gobierno no establezca una tarifa oficial mediante decreto consensuado con el sector del transporte público”. Anuncia que ninguna unidad de transporte saldrá a nivel interdepartamental, interdepartamental e internacional con salida desde Santa Cruz. «El Gobierno ha establecido una tarifa oficial de pasajes que compense ese incremento. Por ello, cualquier precio fijado por los transportistas, carece de respaldo legal y el sector no está dispuesto a enfrentarse con la población por una responsabilidad que corresponde al Estado», se lee en la primera parte del comunicado. Los efectos de la eliminación de la subvención al diésel ya se sienten en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde el precio de los pasajes interdepartamentales se ha incrementado en 50%, reportan operadores de las empresas que prestan servicio de transporte Viajar a La Paz, por ejemplo, antes costaba Bs 250 y ahora cuesta Bs 350. A Cochabamba el pasaje subió de Bs 150 a Bs 250. “Casi el doble de los pasajes por el tema del combustible. De hecho, ahorita tenemos pocos buses que tienen combustible y estamos fracasando con eso”, señaló un operario.. A Trinidad, Beni, el pasaje ya está en Bs 300 y la gente ha comenzado a quejarse. ”Sí, se están quejando. Para todos afecta, es una crisis grave que estamos viviendo en este momento”, agregó el trabajador. (URGENTE.BO)

La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia y exigió al Gobierno del presidente Rodrigo Paz dar un paso atrás en el retiro de la subvención al diésel. El sector advirtió que, de no atenderse su demanda, un ampliado nacional convocado para este lunes definirá medidas de presión, sin descartar paros ni bloqueos de carreteras, pese a la vigencia del estado de excepción. El dirigente del transporte sindicalizado Víctor Tarqui dio a conocer la postura del sector frente al Decreto Supremo 5716, que eliminó por completo el subsidio al diésel y fijó su precio inicial en Bs 17,95 por litro, cotización que fluctuará diariamente durante los días hábiles según la variación internacional del petróleo. “Es prácticamente un castigo a la población, a nuestros usuarios y a nuestros pasajeros. Por esta situación, la Confederación de Choferes de Bolivia rechaza contundentemente este decreto. Pedimos al Gobierno central que se retracte”, demandó el dirigente al confirmar el estado de alerta general. A través de un mensaje grabado, Paz anunció la noche del viernes la eliminación del subsidio y presentó de forma paralela un paquete de medidas de mitigación social y económica, entre las que destaca un segundo Bono PEPE por un total de Bs 750, el cual será pagado en tres cuotas bimestrales. “No descartamos los bloqueos; que no nos pongan una mordaza en la boca. Tendremos que ir a medidas de presión drásticas. Tampoco es sencillo tocar directamente el bolsillo del usuario, considerando que recientemente se dio un ajuste de pasajes en el servicio interdepartamental”, explicó Tarqui. Por su parte, en Sucre, los sindicatos del transporte urbano anunciaron el repliegue preventivo de sus unidades mientras evalúan el impacto operativo del nuevo costo del combustible. El dirigente local Teodoro Copa señaló que el pasaje en la capital podría incrementarse hasta los Bs 6. La dirigencia nacional del autotransporte se reunirá este lunes en un ampliado decisivo para fijar el rol de movilizaciones si hasta esa fecha el Ejecutivo no deroga el decreto que eliminó el subsidio al diésel. (VISIÓN 360)

El ministro de la Presidencia Fernando Aramayo defendió la eliminación de la subvención al diésel dispuesta por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz la noche de este viernes y afirmó que el país no puede continuar destinando recursos públicos a mantener precios artificiales de los combustibles mientras necesita construir carreteras, hospitales y escuelas. “No podemos continuar subvencionando a bandas criminales que toda la población conoce, están contrabandeando el combustible en las carreteras”, sostuvo Aramayo, al explicar que la medida busca corregir distorsiones económicas, frenar el contrabando y recuperar recursos para atender las necesidades del país. El ministro señaló que el sistema de precios diferenciados de los combustibles representaba un costo elevado para el Estado y que, según informes de organismos internacionales, más del 50% del beneficio llegaba a sectores de ingresos altos, mientras que cerca del 7% favorecía a hogares pobres. “Este precio diferenciado le costaba al país cerca de 3,9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y eso naturalmente había que corregirlo”, afirmó. Aramayo explicó que el Gobierno considera que la eliminación de la subvención forma parte de un proceso de decisiones económicas adoptadas durante los últimos meses y que responde a la necesidad de preservar el bienestar de las próximas generaciones. “Son decisiones que no pueden medirse solamente por popularidad inmediata, deben medirse por su capacidad para proteger al ciudadano el día de hoy”, manifestó. El ministro indicó que Bolivia destinaba en promedio $us 55 millones semanales a la subvención de los combustibles, lo que equivale a aproximadamente $us 2.600 millones anuales. Para dimensionar ese gasto, comparó el monto con la construcción de infraestructura hospitalaria. Además, mencionó el incremento de los precios internacionales del petróleo, que antes de la guerra en Irán rondaban los $us 65 por barril y llegaron a $us 125. Aramayo sostuvo que el Gobierno tomó la decisión para evitar que Bolivia enfrente escenarios de desabastecimiento similares a los de otros países. Como ejemplo, mencionó el cierre de más de 300 surtidores en Paraguay y la crisis de hidrocarburos que, según dijo, también afecta a Estados Unidos. Paquete de medidas sociales y créditos El ministro aseguró que el ajuste económico estará acompañado de medidas de protección social, responsabilidad fiscal y apoyo a los sectores productivos. Entre las acciones anunciadas, destacó el bono PEPE II, que beneficiará a cerca de 2,9 millones de personas, con una inyección de aproximadamente Bs 874 millones y un incremento del 50% en el monto del beneficio, que pasará a Bs 300. También anunció créditos preferenciales por hasta Bs 800 millones, con una tasa anual referencial del 6%, destinados a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.  Los créditos directos tendrán montos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000. “Si tienes diésel, si tienes gasolina y tienes crédito para producir, vas a empezar a reactivar la economía. Ese es el espíritu de este conjunto de medidas”, afirmó. En materia tributaria, mencionó la eliminación de impuestos de importación para insumos productivos, entre ellos semillas, drones, bienes de capital y maquinaria. Además, anunció la ampliación del perdonazo tributario por 120 días, una medida que, según explicó, beneficiará a cerca de 200.000 contribuyentes en todo el país. Recuperar empleos y reactivar la economía Aramayo sostuvo que el Gobierno busca recuperar la actividad económica y generar empleo, especialmente después de los 53 días de bloqueos que, según sus cifras, ocasionaron pérdidas de entre $us 2.000 millones y $us 3.000 millones y afectaron a cerca de 250.000 empleos directos e indirectos. En ese marco, mencionó el denominado plan de los estados anunciado por el presidente Paz, que contempla la recuperación de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos. El ministro también señaló que el Ejecutivo trabaja con los gobiernos subnacionales para impulsar obras en los departamentos y destacó la necesidad de consolidar un escenario de paz social que permita ejecutar proyectos de infraestructura. “Reactivar el país es eso”, manifestó. (BRÚJULA DIGITAL)

La eliminación de la subvención total al precio del diésel se sostiene en el decreto supremo 5716 adoptado por el gobierno este 18 de septiembre. El precio base de este combustible es de Bs 17.96 por litro y será ajustado al precio internacional, hacia arriba o abajo, cuando haya un ajuste el 5% en el mercado internacional. Artículo 2. Precio final regulado del diésel oil al consumidor. A partir de la publicación del presente decreto supremo se establece el precio final del diésel oil en Bs 17.95 por litro, monto que incluye el impuesto al valor agregado, IVA, dice el decreto. Los puntos centrales de la norma son: El litro de diésel queda fijado en Bs 17,95 (incluido el IVA), reemplazando el esquema de precio fijo anterior. El valor se calculará tomando como referencia el mercado internacional (Argus Media), sumando costos logísticos, transporte, almacenamiento y tributos, convertidos al tipo de cambio oficial del BCB. Si las variaciones diarias superan el 5% (al alza o a la baja) respecto al promedio de referencia, el precio se actualizará. Si se mantienen dentro de ese rango, el precio no cambiará. El artículo 4 del mencionado ajuste señala los criterios para el ajuste diario del precio del diésel, bajo los siguientes conceptos: Sin ajuste. Cuando la variación porcentual del precio referencial vigente se encuentre debajo del rango de -5% hasta +5% respecto del promedio del precio del diésel ULSD Colonial 62 piep fob cycle I, Houston close, pipeline, publicado en Argus Media, el PR vigente permanecerá inalterable. Ajuste al alza: cuando la variación porcentual del PR vigente sea mayor al +5% respecto del promedio del precio del diésel ULSD Colonial 62 piep fob cycle I, Houston close, pipeline, publicado en Argus Media, el nuevo PR vigente será el nuevo precio publicado por Argus Media. Ajuste a la baja. Cuando la variación porcentual del PR vigente sea menor al -5% del promedio del precio del diésel ULSD Colonial 62 piep fob cycle I, Houston close, pipeline, publicado en Argus Media, el nuevo PR vigente será el precio publicado por Argus Media. Se abrogan decretos previos y se amplía hasta el 30 de abril de 2030 el incentivo tributario para la importación de vehículos Flex Fuel o a alcohol hidratado. Se establece un 0% de arancel hasta el 31 de diciembre de 2027 para ciertas importaciones de gasolinas. (URGENTE.BO)

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) decidió no importar combustibles, pese a la vigencia del Decreto Supremo 5704, que busca facilitar la importación de gasolina, diésel y petróleo crudo. La decisión se toma respetando la posición asumida por al menos cinco gobernaciones frente a la medida aprobada por el Gobierno nacional, señaló Eliser Roca alcalde de El Alto. El decreto, aprobado el lunes por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, entrará en vigencia el 10 de octubre de 2026 y establece procedimientos simplificados para la importación, con autorizaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), que podrían emitirse hasta el siguiente día hábil, si no existen observaciones. La norma contempla además cinco requisitos excepcionales y busca garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Desarrollo Sostenible, Oscar Mario Justiniano, presentaron los primeros resultados de la intervención a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre ellos la comercialización de combustible por encima del precio regulado y el desmantelamiento de un punto de acopio ilegal. Blanco detalló que en una estación de servicio de Mapiri la gasolina se vendía a 8 bolivianos el litro, frente al precio oficial de 6,96 bolivianos, y que además se detectó una merma de 37.000 litros de diésel que la empresa intentó justificar como un ajuste contable. En el caso también se registraron cortes en la señal de GPS de la cisterna y demoras inusuales en el trayecto desde el distribuidor de Senkata hasta el surtidor. Justiniano, por su parte, reportó la desarticulación de un centro de acopio clandestino en una vivienda de Pailón, Santa Cruz, donde dos personas compraban combustible en un surtidor regular, lo trasladaban en camión hasta turriles y luego lo revendían a un precio superior. El operativo permitió confiscar 2.500 litros de diésel y aprehender a los dos responsables. Las autoridades detectaron además una cisterna de la empresa Trans Hidrotrac SRL con un compartimiento adulterado que contenía un recipiente oculto con agua en Cochabamba, hecho por el cual se anunció una demanda formal contra la empresa y el chofer, y un vehículo con doble compartimiento hallado en Cala Cala, caso que ya está bajo investigación. A partir de este lunes, el Gobierno dispuso que las páginas oficiales de la ANH y YPFB publiquen la información sobre los volúmenes disponibles y despachados en los surtidores del país. (LA PRENSA)

La gasolina importada directamente por privados comenzó a comercializarse este viernes en Santa Cruz, como parte de la apertura del mercado de combustibles a empresas particulares, en un momento en que Bolivia enfrenta dificultades para garantizar un abastecimiento regular de carburantes. El primer despacho se realizó a las 09:00 en una estación de servicio de BioPetrol ubicada en el tercer anillo y avenida Roca y Coronado. La empresa también habilitó puntos de venta en Montero y en la zona de la avenida Virgen de Cotoca. La Gasolina Ultra Clean 91 llega desde Argentina y se comercializa sin subvención estatal. Se trata de una gasolina de mayor octanaje que la especial y está destinada principalmente a vehículos cuyos fabricantes recomiendan este tipo de combustible. Una nueva oferta El nuevo producto tendrá un precio de Bs 18 por litro, frente a los Bs 6,96 de la gasolina especial subvencionada. La diferencia es de Bs 11,04 por litro. Esto significa que la gasolina importada se dirige, al menos inicialmente, a un segmento de consumidores dispuesto a pagar más por un combustible de mayor octanaje y por una alternativa de abastecimiento. La comercialización representa además una primera prueba del esquema mediante el cual empresas privadas pueden importar carburantes y venderlos en el mercado nacional sin recurrir a la subvención estatal. Combustible de más octanos Este producto es una gasolina de mayor octanaje, importada directamente desde Argentina para su comercialización en Bolivia. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el producto llega al país sin mezclas locales y está destinado a vehículos que operan con gasolina de alto octanaje. El octanaje es una medida de la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor. La compatibilidad y el tipo de gasolina recomendado dependen de las especificaciones técnicas de cada vehículo y de las indicaciones del fabricante. La venta de gasolina importada se produce mientras el Gobierno aplica medidas para enfrentar la emergencia energética y social que atraviesa el país. En los últimos días se intervino YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en medio de problemas relacionados con el abastecimiento y el control de la distribución de carburantes. Como parte de la respuesta, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5701, que permite a las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell importar petróleo crudo, procesarlo en Bolivia y comercializar directamente sus derivados a precios de mercado y sin subvención estatal La puesta en venta de esta gasolina permitirá observar si la importación privada puede convertirse en una alternativa de mayor escala dentro del mercado boliviano. El principal factor será el precio. La diferencia frente al combustible subvencionado es significativa y limita, por ahora, su alcance a consumidores que puedan asumir un mayor costo. (EL DEBER)

El fortalecimiento de refugios y servicios de acogida; formación de funcionarios y equipos de primera línea para mejorar la identificación; derivación y protección de víctimas; campañas de sensibilización co-creadas con sobrevivientes y el establecimiento de sistemas comunitarios de alerta temprana y redes municipales o departamentales contra la trata, esas son las áreas en las que trabaja la fundación Munasim Kullakita y un instituto de investigaciones de la Universidad Católica con apoyo de Save the Children. “El Departamento de Estado ha destinado 2.5 millones de dólares para fortalecer la lucha contra la trata de personas en Bolivia. Este proyecto de Save the Children ya comenzó, vamos en el primer año, de los cinco que abarcará. Hemos unimos esfuerzos con estas instituciones estratégicas y el Gobierno boliviano para proteger a las personas en condiciones de mayor riesgo y asistir a las víctimas”, dijo el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Erik Martini a través de una nota de prensa. El proyecto está diseñado para las gestiones 2026-2030 y ya tuvo resultados según esta entidad. Abarca cinco municipios: La Paz, El Alto, Desaguadero, Santa Cruz y Guayaramerín. Además prioriza los ejes fronterizos con Perú y Brasil, para asegurar una articulación binacional efectiva, en particular en zonas de alto tránsito y riesgo, describe la nota. Según el proyecto de los $us 2,5 millones, el 57 % de ese presupuesto se destina a acciones de protección para ese grupo de personas; y el 43 % a la prevención, reducción de riesgos y cambio social, asegurando un equilibrio entre la atención inmediata y la transformación de las condiciones que facilitan la trata. (EL DEBER)

El Bono Juancito Pinto incorpora en esta gestión una nueva alternativa para facilitar su cobro: los padres de familia podrán recibir los Bs300 correspondientes al beneficio de sus hijos directamente en YASTA, la billetera móvil de Banco Unión, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria ni acudir a una agencia para realizar el cobro de este beneficio. El Bono Juancito Pinto, es un incentivo otorgado por el Gobierno Nacional a estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial, con el objetivo de fomentar su permanencia y asistencia escolar. En esta gestión, el beneficio llegará a más de 2,2 millones de estudiantes en todo el país, mientras que el monto se incrementó de Bs200 a Bs300 por beneficiario. Para la gestión 2026 se establecieron tres modalidades de cobro, a elección de los beneficiarios: pago en ventanillas de las agencias habilitadas, abono en cuenta y cobro mediante la billetera móvil YASTA. Esta última alternativa representa una importante facilidad, especialmente para las familias que no están bancarizadas, ya que no necesitan abrir una cuenta bancaria ni trasladarse hasta una agencia para recibir el beneficio. El bono puede llegar directamente a su celular a través de YASTA. Para acceder a esta modalidad, los padres, madres o tutores que deseen recibir el beneficio de sus hijos mediante YASTA, deberán seguir los siguientes tres pasos: 1) Descargar la billetera móvil, disponible gratuitamente en Play Store y App Store; 2) Habilitar el servicio con el registro de su carnet de identidad y número de celular; 3) Proceder con el cobro del Bono Juancito Pinto en las fechas establecidas por el Ministerio de Educación. Para monetizar el Bono, los beneficiarios podrán extraer de los cajeros automático de Banco Unión a nivel nacional o realizar sus transacciones desde la billetera móvil Yasta, de esta manera, las familias podrán contar con una alternativa de cobro sencilla, digital y segura, que les permitirá recibir el beneficio desde donde se encuentren. La incorporación de YASTA como alternativa para el cobro del Bono Juancito Pinto representa también una oportunidad para acercar la inclusión financiera digital a miles de familias que actualmente no cuentan con una cuenta bancaria. Los beneficios de YASTA permiten al usuario, acceder a servicios financieros desde un teléfono celular y realizar operaciones como recibir dinero, efectuar pagos y realizar transferencias, ampliando las posibilidades de acceso a herramientas financieras para diferentes segmentos de la población. Además, los usuarios de telefonía móvil de las empresas Tigo o Entel cuentan con navegación gratuita dentro de la aplicación, por lo que pueden utilizar YASTA sin consumir sus megas de navegación para acceder a la billetera móvil. Con esta nueva modalidad, Banco Unión fortalece su compromiso de acercar los servicios financieros a más bolivianos, utilizando la tecnología para simplificar procesos y generar alternativas accesibles para las familias. Así, el Bono Juancito Pinto llega a más familias y ahora también puede llegar directamente a su celular, convirtiendo una billetera móvil en una herramienta concreta de inclusión financiera. Las fechas oficiales para el inicio del cobro del Bono Juancito Pinto serán comunicadas oportunamente por el Ministerio de Educación. Mientras tanto, las familias que deseen recibir el Bono Juancito Pinto mediante YASTA tienen hasta el 14 de septiembre de 2026 para descargar, registrarse y habilitar su billetera móvil. De esta manera, estarán preparadas para seleccionar YASTA como modalidad de cobro cuando corresponda.

La Comisión interventora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó el desvío de 22 millones de litros de combustibles por un sistema B-SISA que fue vulnerado y la complicidad de algunos funcionarios. El dato lo reveló el ministro de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano, junto con su colega de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, en un primer informe de la intervención de la entidad estatal que se ejecutó el 4 de septiembre. “El ministro (Blanco) fue enfático en algo lo que se ha encontrado, inicialmente son 22 millones de litros millones de litros y lo enfatizo millones de litros desviados”, afirmó Justiniano. Blanco precisó que estos «22 millones de litros han sido identificados en un mes». Para dimensionar la magnitud del “robo” de combustibles, Justiniano comentó que sólo el departamento de Santa Cruz consume 3 millones de litros por día. Responsabilizó de este ilícito a funcionarios y también al sistema del B-SISA (Boliviana de Sistemas de Autoidentificación) porque fue vulnerado y no cumple su misión de centralizar y supervisar la comercialización de combustibles en todo el país. Justiniano dijo que se encontraron “puertas traseras para entrar al sistema”, es decir que “gente externa estaba entrando y vulnerando el sistema” y autorizaba despachos de carburantes “sin límites”. Además, cuando se disponía el bloqueo de una estación de servicio por alguna irregularidad, “misteriosamente había gente que lo desbloqueaba”. La Comisión identificó a los usuarios y las contraseñas que se empleaban para estos ilícitos y serán puestos en conocimiento del Ministerio Público para su investigación. Como ejemplo de cómo operaban en terreno, Justiniano mencionó dos casos: uno en el municipio de San Ramón donde se identificó el desvío de 30.000 litros de diésel que debían llegar a los productores de la Chiquitania. El segundo, en Puerto Pailas se desvió 3.000 litros de diésel. Una sola persona compró esta cantidad de combustible en 28 ocasiones distintas. En el mismo municipio, se evidenció que una moto, que consume entre 6 a 8 litros por día, cargó 3.000 litros en un mes. La persona fue aprehendida y es investigada por el Ministerio Público. Por estas irregularidades, el Gobierno nacional determinó reemplazar el sistema del B-SISA e incorporar a 20 nuevos funcionarios a la intervenida Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que fortalezcan los controles. “Los sistemas de controles han sido desintegrados, totalmente desvinculados para que no se tenga ni medio control, no estoy diciendo algo que no es verdad, ni medio control, y está costando de que los sistemas nuevamente se actualicen se regeneren pero se integren”, indicó Justiniano. Como lo anticipó el presidente Rodrigo Paz y el ministro Blanco, Justiniano aseguró que se procesará a todos los responsables. “Estamos viendo quienes fueron las personas responsables, no importa de que gestión, la anterior o esta, no importa, pero estamos nosotros haciendo de que ellas vayan al Ministerio Público y también a la Contraloría porque se va a sancionar se va a procesar y se va a imputar a quien sea”, aseveró. (EJU.TV)