Por Fernando Romero La coparticipación tributaria es uno de los principales mecanismos de distribución de los ingresos públicos entre los distintos niveles del Estado. Su objetivo es que la recaudación de determinados impuestos nacionales no se concentre exclusivamente en el Gobierno central, sino que también financie a municipios y universidades públicas, y ahora posiblemente también a las gobernaciones. Históricamente, el esquema establece una distribución del 20% para los municipios, 5% para las universidades públicas y 75% para el nivel central. Sin embargo, las gobernaciones no cuentan con una participación general equivalente dentro de este esquema tradicional. Esta situación ha reabierto el debate sobre la descentralización y la autonomía fiscal en Bolivia. El problema central es que los gobiernos departamentales tienen responsabilidades y competencias que requieren recursos estables y previsibles. Por ello, incorporar a las gobernaciones en la coparticipación debe formar parte de una reforma estructural de las finanzas públicas nacionales. Evolución histórica de los recursos coparticipablesEntre 2010 y 2024, los municipios y las universidades públicas recibieron conjuntamente Bs 4.932,28 millones en 2010 y Bs 10.637,60 millones en 2024, lo que representa un crecimiento nominal aproximado del 115,7%. La evolución, sin embargo, no fue constante: en 2015 se alcanzó un máximo de Bs 10.830,14 millones, mientras que en 2016 el monto descendió a Bs 10.117,17 millones. La mayor caída ocurrió en 2020, cuando la distribución conjunta bajó a Bs 7.927,39 millones, debido al impacto de la crisis económica y sanitaria. Posteriormente, los recursos se recuperaron hasta alcanzar Bs 9.119,71 millones en 2021, Bs 10.364,57 millones en 2022 y Bs10.637,60 millones en 2024. En este último año, los municipios recibieron Bs 8.390,78 millones y las universidades Bs 2.246,82 millones. Para 2025 se manejó una cifra agregada preliminar de Bs 12.308 millones, todavía sin desglose oficial validado en la serie utilizada. Esta trayectoria demuestra que la coparticipación depende del comportamiento de la economía y de la recaudación efectiva, por lo que no constituye un ingreso completamente inmune a las crisis. ¿Es suficiente el 1% ofrecido a las gobernaciones?La respuesta es NO. La propuesta gubernamental de asignar el 1% de la participación del 75% que actualmente corresponde al nivel central representa un primer reconocimiento de la necesidad de fortalecer financieramente a los gobiernos departamentales. Sin embargo, desde una perspectiva económica y fiscal, resulta insuficiente para corregir los desequilibrios existentes entre competencias y recursos. Su impacto también depende de precisar sobre qué base se calcula: no es lo mismo aplicar el 1% sobre toda la recaudación coparticipable que hacerlo sobre el 75% central. Además, esta propuesta debe convertirse en una disposición legal clara y no quedarse únicamente en un anuncio o compromiso político. Es fundamental preservar los porcentajes del 20% municipal y 5% universitario, evitando que la nueva distribución reduzca los recursos de estas entidades. También debe impedirse que las gobernaciones asuman nuevas obligaciones nacionales sin recibir el financiamiento correspondiente. En consecuencia, el 1% puede ser un punto de partida negociador, pero totalmente insuficiente para las realidades financieras de las regiones; menos puede considerarse una solución definitiva para la autonomía fiscal departamental. Con una participación del 5%, los montos subirían a Bs 1.800 millones, Bs 1.912,5 millones y Bs 2.025 millones. Finalmente, con el 7%, alcanzarían Bs 2.520 millones, Bs 2.677,5 millones y Bs 2.835 millones. En el escenario central, pasar del 1% al 5% permitiría incrementar el fondo departamental en Bs 1.530 millones anuales. Esto evidencia que el porcentaje negociado puede marcar una diferencia sustancial en la capacidad financiera de los nueve departamentos. Una fórmula nacional para distribuir los recursosLa asignación del nuevo fondo departamental debe responder a criterios de equidad, población y necesidades territoriales, evitando que los recursos se concentren exclusivamente en los departamentos más poblados. Por ello, se propone una fórmula con cuatro componentes: 40% según población, 25% según pobreza y necesidades básicas insatisfechas (NBI), 15% según extensión territorial y 20% mediante una distribución igualitaria entre los nueve departamentos. Con esta metodología, la simulación asigna a Santa Cruz el 23,03%; La Paz, 21,86%; Cochabamba, 14,51%; Potosí, 9,72%; Beni, 8,37%; Chuquisaca, 6,72%; Oruro, 6,37%; Tarija, 5,47%; y Pando, 3,95%. La fórmula busca equilibrar la demanda de servicios públicos con las brechas sociales y los costos de atención en territorios extensos o dispersos. Por ejemplo, Tarija obtiene una participación superior a su peso poblacional estimado de 4,72%, mientras que los departamentos con mayor población mantienen una proporción importante del fondo. Esta distribución es una propuesta técnica y requiere validación con estadísticas oficiales definitivas antes de incorporarse a una ley. Impacto nacional y condiciones de sostenibilidadAplicando la fórmula propuesta al escenario central de 2027, un fondo del 1% distribuiría Bs 382,5 millones entre los nueve departamentos; con el 5%, Bs 1.912,5 millones; y con el 7%, Bs 2.677,5 millones. En el escenario del 5%, por ejemplo, Santa Cruz recibiría aproximadamente Bs 440,4 millones, La Paz Bs 418 millones, Cochabamba Bs 277,5 millones y Potosí Bs186 millones. Beni obtendría Bs 160,1 millones, Chuquisaca Bs 128,5 millones, Oruro Bs 121,8 millones, Tarija Bs 104,7 millones y Pando Bs 75,6 millones. Estos montos permitirían fortalecer la inversión pública departamental, mejorar infraestructura caminera, sistemas de riego, servicios de salud de competencia departamental y proyectos productivos. No obstante, una mayor transferencia también exige responsabilidad fiscal, transparencia y capacidad de ejecución presupuestaria. Los recursos adicionales no deberían convertirse automáticamente en más gasto corriente o en obligaciones permanentes sin respaldo financiero. La reforma debe acompañarse de mecanismos de estabilización, control y evaluación de resultados para garantizar que la descentralización produzca beneficios económicos y sociales en todo el país. ConclusionesLa coparticipación tributaria debe entenderse como una herramienta de redistribución de ingresos y fortalecimiento de la autonomía, no simplemente como una transferencia adicional de dinero. La experiencia histórica demuestra que los recursos municipales y universitarios han crecido nominalmente, pero también son vulnerables a las crisis económicas y a las variaciones de la recaudación. En ese contexto, la oferta del 1% a las gobernaciones es positiva como señal inicial, aunque muy insuficiente para resolver sus problemas estructurales de financiamiento. Las simulaciones muestran que una