Bolivia

El millonario desfalco del Fondo Indígena, graficado por Manuel Morales en su libro “Fondo Indígena, la gran estafa”, bordea los 5 mil millones de bolivianos (unos 700 millones de dólares), convirtiéndose en uno de los hechos de corrupción más grandes del gobierno del MAS. «Para dimensionar el grado de corrupción y encubrimiento en este desfalco, basta señalar que de más de mil proyectos programados apenas uno se concluyó de manera legal; el resto quedaron en la sombra como proyectos fantasma«. Morales recuerda que se iniciaron 260 procesos que permanecen abiertos, de los cuales apenas cinco recibieron sentencia y actualmente de las 800 personas investigadas, ninguna se encuentra en la cárcel, excepto Lidia Patty. Remarca que existen casos emblemáticos donde dirigentes campesinos se beneficiaron con estos recursos y nunca devolvieron estos montos y lamentablemente todo apunta que los acusados seguirán impunes. Dijo que una dirigente recibió Bs 22 millones en un día. Otro se inventó una comunidad. También recuerda que el Fondo Indígena fue «distorsionado» por el Gobierno de Evo Morales. Y que autoridades como Carlos Romero, Susana Rivero, Nemesia Achacollo, César Cocarico, estuvieron involucrados. Acota que el Fondo Indígena tuvo tres directorios. Una mujer y dos varones. En el caso de los primeros fueron encarcelados y el hombre perdió la vida en la cárcel. En tanto, el tercero nunca fue hallado. Héctor Castellón, abogado de Marco Aramayo —principal denunciante y fallecido en prisión—, sostuvo que el daño económico fue de 200 millones de dólares y que involucraba a más de mil dirigentes indígenas. La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la ejecución de proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Indígena en 2015. Ese mismo año, Marco Antonio Aramayo denunció el millonario desfalco, convirtiéndose en el principal denunciante. ÁNGEL LOZANO-RTP

Las primeras exportaciones de carne bovina boliviana a Egipto se concretarán recién en 2026, una vez que los frigoríficos culminen los procesos logísticos, documentales y sanitarios que exige este nuevo mercado, informó Rafael Rivas, gerente técnico de CANEB. Rivas recordó que Bolivia mantiene un límite anual de 44.000 toneladas para exportar carne bovina, volumen que debe distribuirse entre todos los destinos habilitados. Egipto se perfila como uno de los más atractivos: solo en 2024 importó más de 152.000 toneladas, por un valor superior a USD 927 millones. Para ingresar a este mercado, los mataderos bolivianos debieron superar rigurosas inspecciones sanitarias y obtener la certificación Halal, indispensable para el sacrificio de acuerdo con las normas musulmanas. El gerente técnico explicó que una liberación plena de las exportaciones permitiría más inversión en el sector, mayor producción y una mejor regulación de precios en el mercado interno. Recordó que en años anteriores, incluso con restricciones, los precios no bajaron y aumentó el contrabando hacia países vecinos. En 2023, Bolivia exportó alrededor de USD 200 millones en carne, vísceras y derivados bovinos. Para este año, se prevé un volumen menor, a la espera de datos oficiales del INE. Rivas anticipó que, debido a la logística especializada requerida —incluida la disponibilidad de contenedores de cadena de frío— los primeros envíos a Egipto comenzarán en 2026. WILMA CATARI-RTP

2.060 horas de trámites se requieren en Bolivia para formalizar una empresa mediana, según el Índice de Burocracia de Apertura citado por Bloomberg, que la ubica como el séptimo sistema más lento de América Latina. Por este motivo, abrir una empresa en Bolivia puede convertirse en una carrera de resistencia administrativa que demora, redondeando, hasta 86 días en el mejor de los casos. Esta cifra casi triplica la de Paraguay y México y es dos veces mayor a la de Uruguay. Ese dato se vuelve más revelador cuando se revisa el extenso itinerario que debe recorrer cualquier emprendedor conforme a los requisitos que establece actualmente el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). Trámites y burocracia Aunque sobre el papel parece que solo son unos cuantos pasos, cada etapa es en realidad un conjunto de trámites distintos, con ventanillas separadas, requisitos que cambian según la ciudad y una alta dependencia de la presencia física del solicitante. El camino comienza en el propio Seprec, donde se obtiene la matrícula de comercio. Ahí se inicia la maraña de documentos: reserva de nombre, escrituras, poderes notariales, facturas de luz que acrediten domicilios, croquis y reglamentos internos, dependiendo del tipo societario. Luego viene el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que emite el NIT (Número de Identificación Tributaria), pero solo después de verificar el domicilio fiscal y exigir nuevamente facturas de consumo, croquis y documentos que ya fueron presentados en la etapa anterior. En muchos casos, incluso aspectos tan básicos como la numeración del medidor eléctrico se convierten en un obstáculo que retrasa el trámite por días. El tercer escalón son las alcaldías, encargadas de entregar la licencia de funcionamiento y aquí el proceso se fragmenta aún más. En La Paz, por ejemplo, el formulario F-401 requiere información detallada sobre la superficie del establecimiento, plano elaborado por arquitecto para locales mayores a 150 metros cuadrados. Cada documento debe presentarse en físico, en fólder, con sujetador y en duplicados o triplicados. Dependiendo del tipo de empresa y el rubro al que se dedica, el siguiente paso podría ser la Caja Nacional de Salud, la Gestora Pública o el Ministerio de Trabajo. Pérdida de competitividad Adicionalmente, el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), José Eduardo Iriarte, identificó tres trámites que suelen convertirse en cuellos de botella: los del Senasag, esenciales para certificados sanitarios; los del Senavex, necesarios para exportar; y los de Sustancias Controladas, que regulan el uso de insumos críticos como gasolina, diésel y ácidos. Son procesos que, en su criterio, “demoran más tiempo” y cuya complejidad afecta la producción, la salida al mercado internacional y el abastecimiento regular de insumos necesarios. “La tramitología genera pérdida de competitividad a las empresas tanto grandes, medianas y pequeñas y es una de las razones que promueve a las economías informales, en particular, de las pequeñas unidades económicas”, afirmó en contacto con La Razón. Iriarte señaló que, si bien Bolivia se encuentra “en el promedio” latinoamericano en algunos indicadores, el verdadero problema no es la cantidad de horas, sino la sobrefiscalización y la sobrenormativa, que crean “altos costos de transacción para la producción de las empresas”. Para el sector industrial, la burocracia es el síntoma de un “Estado deficitario” y de un aparato público sobredimensionado que interviene en exceso en la actividad privada. Para Cadinpaz, desmontar ese Estado exige institucionalizar las entidades públicas, profesionalizar al personal y construir procesos estables, transparentes y eficientes. Costos Pero abrir una empresa es solo el inicio. El mismo reporte de Bloomberg señala que una firma boliviana ya formalizada debe invertir 75 días (1.796 horas) al año para cumplir cargas burocráticas regulares, desde declaraciones fiscales hasta trámites administrativos ante cajas, alcaldías, ministerios y otras entidades públicas. Aun cuando algunos procesos se digitalizaron parcialmente, la transición tecnológica es incompleta y la interoperabilidad entre instituciones, inexistente. Las cargas administrativas se vuelven todavía más pesadas para las pequeñas empresas. Iriarte advirtió que la tramitología es una de las principales razones que empuja a miles de negocios hacia la informalidad. “Dadas las competencias y habilidades de los propietarios de las pequeñas empresas, la tramitología representa mayores costos”, afirmó. Recordó la reflexión clásica de Hernando de Soto: “el costo del ‘papelito’ es una traba para la formalización de las pequeñas unidades económicas y más aún no les permite el acceso al mercado bancario, de pensiones, de salud”, dijo. David Duran, CEO de la empresa tecnológica Pneuma Analytics, experimentó en carne propia las barreras burocráticas que inician con la falta de información y con elevados costos de trámites que para un negocio naciente no son para nada rentables. “No hay guías claras sobre qué presentar o cómo estructurar estatutos. Tienes que revisar cientos de páginas, ver videos de otros emprendedores. Los abogados y contadores cobran demasiado dinero. Nos pidieron 20.000 bolivianos por armar los documentos. Es casi lo mismo que invertimos en los equipos”, indicó en una entrevista con este medio. Burocracia Estos testimonios coinciden con la lectura del Índice de Burocracia, pues no se trata solo de horas, sino de un sistema que ralentiza la actividad económica, desincentiva la inversión, desalienta la innovación y castiga especialmente a los actores más pequeños y dinámicos. El país exige 86 días para abrir una empresa mediana, pero además obliga a destinar 1.796 horas anuales (75 jornadas) para mantenerla funcionando, entre declaraciones tributarias, reportes laborales, trámites ante cajas de salud, habilitaciones municipales, permisos especiales y registros que deben renovarse obligatoriamente cada cierto tiempo. El resultado es un sistema que multiplica esfuerzos, repite trámites y genera cuellos de botella que afectan directamente al sector privado. La informalidad, según el presidente Rodrigo Paz, es del 85% y encuentra aquí una de sus raíces: formalizarse requiere tiempo, dinero y paciencia, tres recursos de los que carece la mayoría de quienes intentan emprender en un país con baja productividad y alta volatilidad económica. Soluciones Pese a esta pesadez institucional, tanto Cadinpaz como los emprendedores coinciden en que Bolivia tiene un potencial importante con recursos humanos capacitados, oportunidades de digitalización, talento joven y un creciente