Medio Ambiente

Después de más de dos semanas, se logró trasladar a Shiva, la pequeña jaguar de tan solo siete meses que permanecía en el refugio de Senda Verde, en Los Yungas, a un centro médico en La Paz. Su traslado se realizó a las 05:00 de este lunes en coordinación con el sitio de protección y la Gobernación paceña, más precisamente con la Secretaría Departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental. “Ya estamos en la clínica de Semevet, hemos salido a las 05:00 porque ya había condiciones en la carretera y también lo que nos dieron en combustible para salir”, indicó Vicky Ossio, fundadora del refugio para animales silvestres Senda Verde, a Visión 360. Shiva debía haber sido trasladada el pasado 18 de mayo; sin embargo, por los bloqueos que persistían en puntos carreteros como Yolosita y la tranca de Urujara, no pudo ser llevada hasta La Paz, por lo que se postergó su salida hasta el 27 de mayo. Pero en esa ocasión tampoco fue posible concretar la acción porque los choferes paceños habían comenzado con su paro de transporte. “Teníamos que haber venido o salido hace dos lunes, es decir, dos semanas, porque terminamos el tratamiento con ella a los 30 días luego de la primera vez que vinimos a Semevet y fue hace dos lunes que debíamos haber venido; este es el tercer lunes de retraso que tenemos”, contó Ossio. Ahora que están en Semevet de La Paz, la jaguar será sometida a una serie de tomografías, radiografías y otros exámenes que permitan determinar si debe ser sometida a otras intervenciones médicas. “En realidad no sabemos, lo primero que debemos hacer es sedarla, para luego hacerle las pruebas correspondientes de tomografías, laboratorios, rayos X y, según los resultados de esos exámenes, se va a definir cuál es el procedimiento a seguir”, manifestó Ossio. Shiva es una jaguar de siete meses. Fue rescatada en una zona de Viru Viru, en Santa Cruz, por la Gobernación de ese departamento. La felina sobrevivió a 90 perdigones que se le incrustaron tras un disparo que recibió. Además de las heridas que presenta Shiva, la fundadora de Senda Verde precisó que la felina tiene una infección en uno de sus colmillos porque varios de los 90 perdigones se incrustaron en él. “Ella todavía tiene los dientes de leche y estos perdigones se han alojado increíblemente en el colmillo. Eso ha provocado una infección en la raíz y en el hueso”, dijo. Se prevé que el retorno de Shiva y de sus cuidadores sea este mismo lunes por la tarde, tras los exámenes médicos a los que sea sometida la pequeña jaguar de siete meses. VISIÓN 360

Las colinas onduladas que rodean la ciudad de Aroma Marka son una cacofonía de colores: vainas de quinua de color amarillo dorado, rojo intenso y negro violáceo salpican el paisaje, por lo demás árido, de esta zona del Altiplano sur de Bolivia, la meseta andina. A 3.800 metros (unos 12.500 pies) sobre el nivel del mar, el Altiplano se extiende por gran parte del oeste de Bolivia y llega hasta Perú, Chile y Argentina. La quinua ( Chenopodium quinoa ) se cultiva en el Altiplano desde la época prehispánica, pero fue solo recientemente que este pseudocereal rico en nutrientes se dio a conocer a nivel mundial, impulsando un auge de producción en los Andes. Posteriormente, los precios cayeron en picado cuando países fuera de la región también comenzaron a cultivarla. Sin embargo, el impresionante paisaje oculta las cicatrices que dejó en la región el auge de la quinua entre 2010 y 2014. En su punto álgido, los precios altísimos desataron una fiebre de producción que atrajo a antiguos residentes de las ciudades para cultivar el ” grano de oro “. Pero Walter Canaviri, productor de quinua y líder local, recuerda que este repentino aumento tuvo un precio. “Todos querían producir más”, declaró a Mongabay. En su afán por aprovechar la oportunidad, algunos agricultores invadieron las tierras de sus vecinos, lo que provocó conflictos. “Fue una época triste para esta zona porque todos se volvieron unos contra otros”, afirmó. Si bien el auge de la quinua trajo consigo una bonanza temporal para las comunidades indígenas andinas rurales, también conllevó la destrucción de los ecosistemas locales , la degradación del suelo y conflictos sociales, todo lo cual se ha visto exacerbado por los cambios en los patrones climáticos regionales y el cambio climático global. Aunque productores bolivianos como Canaviri trabajan para cultivar quinua real orgánica —quinua real— con el fin de diferenciar su cultivo de las versiones más pequeñas y menos nutritivas que se cultivan en otras zonas, la mayoría de los productores carecen de acceso directo a los mercados internacionales, lo que dificulta que reciban precios diferenciados por sus productos. El auge de la quinua La quinua ha sido un alimento básico en los Andes durante milenios, pero se vio amenazada cuando los colonizadores españoles prohibieron el cultivo de plantas nativas e impulsaron su sustitución por cereales como la cebada y el trigo. Posteriormente, organizaciones de ayuda internacional alentaron a los agricultores bolivianos a sembrar trigo en lugar de cultivos nativos. Si bien aún se cultivaba a pequeña escala, la quinua estuvo estigmatizada durante mucho tiempo como alimento exclusivo de los campesinos indígenas rurales. El interés mundial por la quinua creció lentamente en el siglo XX , impulsado por la adaptabilidad y el perfil nutricional del cultivo. Los primeros ensayos llegaron a África en la década de 1930, seguidos de un programa comercial en Estados Unidos en 1985. La popularidad de la quinua alcanzó nuevos máximos en 2013 cuando, a sugerencia del presidente boliviano Evo Morales, las Naciones Unidas declararon ese año como el Año Internacional de la Quinua , reconociendo el potencial de la semilla para “erradicar el hambre, la desnutrición y la pobreza”. Los precios se dispararon : después de décadas rondando el dólar por kilogramo (45 centavos de dólar por libra), los precios de exportación alcanzaron un máximo cercano a los 7 dólares por kilogramo (3,20 dólares por libra) en 2013. Los agricultores de los Andes se apresuraron a satisfacer la demanda. «Reaccionaron como cualquiera, diciendo: “Esta es nuestra oportunidad”», comentó a Mongabay Elizabeth Jiménez, economista que estudia la producción de quinua en la Universidad Superior de San Andrés en La Paz. Con el alza vertiginosa de los precios, muchos migrantes urbanos regresaron a sus lugares de origen rurales para cultivar quinua, transformando así el uso de la tierra en la región. Entre 2013 y 2015, la superficie cultivada de quinua en Bolivia se duplicó y en Ecuador se multiplicó por diez. Para 2015, los precios se habían desplomado debido a la popularización de la quinua y al surgimiento de competencia a nivel mundial (en 2018, el cultivo se producía en 123 países, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Rusia ). Muchos productores en Bolivia culpan al Año Internacional de la Quinua por la globalización de la planta y la caída de los precios. “El hecho de que la quinua se cultive en todo el mundo nos dificulta las cosas”, declaró el agricultor Cleto Mamani a Mongabay. El breve auge de la quinua benefició a algunos agricultores, quienes utilizaron sus ganancias para comprar maquinaria o acceder a la educación . Otros, como el productor e intermediario Eduardo Calizaya Chiri, le contó a Mongabay que perdió más de 140 000 dólares cuando los precios se desplomaron antes de que pudiera vender su mercancía. Si bien la quinua aún se vende a un precio superior al de otros productos básicos del Altiplano, como la papa, su precio se ha estabilizado muy por debajo de su máximo histórico. Sin embargo, la región todavía lidia con las consecuencias del cambio en el uso de la tierra provocado por el auge mundial de esta semilla. Impactos duraderos de la quinua Tradicionalmente, los agricultores de esta zona criaban llamas, alpacas y ovejas, utilizando el estiércol como fertilizante para las pequeñas parcelas de quinua que cultivaban para su propio sustento. Sin embargo, el “incentivo perverso” durante el auge económico llevó a muchos a deshacerse de su ganado y expandir sus campos de quinua, explicó Jiménez. También tendieron a utilizar cantidades excesivas de fertilizantes sintéticos y pesticidas. En algunas regiones, los suelos se agotaron debido a que los agricultores continuaron sembrando año tras año. A medida que se destinaban más tierras al cultivo de quinua, se talaba la vegetación autóctona, lo que degradaba las barreras naturales contra el viento y provocaba erosión del suelo . «El clima ya no es como antes», declaró a Mongabay Maura Condo Mendoza, quien cultiva quinua en los alrededores de Aroma Marka y cerca de las salinas del sur de Uyuni. «Ahora el viento arrasa los campos». Jiménez afirmó que, si bien los agricultores reconocían los problemas de intensificar los monocultivos de quinua, los consideraban una solución de compromiso necesaria. «La gente no sabía cuánto durarían los precios altos, y era la primera vez que este cultivo se valoraba

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó y convirtió en ley este jueves una iniciativa impulsada por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei que permite los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares. El proyecto de ley, que ya había recibido el visto bueno del Senado el pasado 26 de febrero, fue aprobado por la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras un debate que se inició en la tarde del miércoles y concluyó en la madrugada de este jueves. La ley aprobada otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras. “Algunos dicen que no vamos a tener más glaciares y, la verdad, eso es no haber leído el proyecto”, afirmó el diputado oficialista José Peluc en el debate en el pleno. La norma aprobada modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. “El ambiente glaciar y periglacial en Argentina representa apenas el 0,4 % del territorio, pero ese porcentaje tan mínimo representa también, nada más y nada menos, que nuestra segura hídrica”, afirmó en el pleno Gabriela Estévez, del bloque opositor Unión por la Patria. La diputada sostuvo que la reforma abre la puerta a que cada provincia tenga un umbral de protección diferente, generando una “asimetría regulatoria muy peligrosa” en la que las provincias compitan entre sí en la flexibilización de los criterios ambientales para atraer inversiones mineras. El Gobierno ha alegado que esta modificación a la Ley de Glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro. Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos” a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares “sin función hídrica relevante”. La iniciativa del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina. En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes. En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial. Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325. INFOBAE FOTO MONGABAY

Por Jimena Mercado El procurador General del Estado, Hugo León, declaró la incompetencia de la Defensoría del Pueblo dentro de la acción ambiental precautoria de aplicación de medidas cautelares ambientales presentada en contra del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Petrobras y otros, con el propósito de suspender las actividades de exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía del departamento de Tarija. “La pretensión de la Defensoría del Pueblo de fiscalizar la consulta previa y la Licencia Ambiental constituye una revisión de legalidad de actos de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, previstas en la Ley 025 del Órgano Judicial y la Ley 1715 que establecen que la revisión de la legalidad de una Licencia Ambiental emitida por una Autoridad Nacional es competencia del Tribunal Agroambiental a través de un proceso contencioso administrativo, no de un Juez de Instrucción Agroambiental”, señala el recurso de reposición bajo alternativa de casación. La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha presentado una acción ambiental precautoria ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, para suspender las actividades de exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, específicamente el proyecto Domo Oso X3, con el propósito de proteger los derechos ambientales y el territorio.  El recurso judicial al que accedió ANA señala que el Juez se está extralimitando al pretender juzgar el fondo del proceso de consulta previa, tarea que corresponde a instancia superiores una vez agotada la vía administrativa. Al respecto el auto agroambiental plurinacional S1 No 05/2021 señala que: “La competencia de los jueces agroambientales de instancia en medidas precautorias es restringida a evitar el daño inminente; no pueden usurpar la competencia del Tribunal Agroambiental para juzgar la legalidad de actos administrativos nacionales, cuya vía exclusiva es el proceso contencioso administrativo”. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el 9 de enero ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, Tarija, una solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales, con el objetivo de suspender temporalmente los actos de ejecución material del proyecto Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X3, Bloque Exploratorio San Telmo Norte, en la provincia O’Connor del departamento de Tarija. Callisaya explicó entonces que, la acción defensorial responde a la preocupación por el posible incumplimiento de estándares internacionales, particularmente el derecho a la consulta pública, así como otros requisitos vinculados a la emisión de la licencia ambiental, lo que podría generar graves impactos ambientales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Las y los defensores de Tariquía, reforzaron la acción legal de la Defensoría del Pueblo, bajo el argumento de que las licencias ambientales de los pozos Domo Oso X1, X2 y X3 del Bloque San Telmo Norte se habrían obtenido bajo procesos de consulta viciados y de mala fe desde el Estado, basados en procedimientos irregulares y prebendales que derivaron incluso en la división de comunidades y la criminalización de mujeres y hombres que se resisten a la actividad petrolera. Recurso de reposición bajo alternativa de casación Los antecedentes del recurso de reposición bajo alternativa de casación ponen de manifiesto que el 3 de marzo de 2026 se notificó con el auto interlocutorio 027/2026 del 3 de marzo del presente año, se dispuso señalar la audiencia de inspección en el área de emplazamiento del proyecto para el lunes 16 de marzo de 2026 a las 9.00 a.m. También se fija audiencia pública para el martes 24 de marzo de 2026 a horas 9.00 de la mañana. “No hay lugar a la ampliación de 30 días adicionales de la medida cautelar”, cita el documento. Del mismo modo, el 4 de marzo se notifica con el proveído donde se establece: “En consideración a que la medida cautelar inicialmente ha caducado por el transcurso del tiempo, no existiendo efecto jurídico vigente que levantar, la Procuraduría General del Estado y los demás sujetos procesales deberán estar a lo dispuesto en el punto 3 del auto interlocutorio No 027/2026 cursante de fs. 5853 a 5856 de obrados”. Dicho recurso también señala que conforme establece la Ley 1333 de Medio Ambiente y su Reglamento al respecto de la Licencia Ambiental que obtuvo la empresa Petrobras, habría cumplido con todos los procedimientos legalmente establecidos para su obtención, siendo así que a la fecha no existe acto o proceso que la revoque o deje sin efecto. “La Licencia Ambiental es un acto administrativo que se efectivizó entre la empresa Petrobras y el Estado Boliviano a través de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, por consiguiente, en el ámbito normativo genera efectos jurídicos que tiene carácter obligatorio, exigible, ejecutable y se presume de legítimo conforme lo establece el artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo”, señala el sustento del documento. Sin embargo, desde las y los defensores de Tariquía, reforzando la argumentación de la Defensoría del Pueblo, la licencia ambiental se obtuvo bajo un proceso de consulta viciado y de mala fe desde el Estado, basado en procedimientos irregulares y prebendales que derivaron incluso en la división de comunidades y la criminalización de mujeres y hombres que se resisten a la actividad petrolera, y contra quienes el Estado a través de YPFB y Petrobras Bolivia se instauró procesos penales. En virtud del principio de no regresividad de los Derechos Humanos, ni aún el mecanismo de Consulta Pública, que se enmarca en la ley de medioambiente 1333, puede esquivar los estándares del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada que están contenidos en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de septiembre de 2007, instancias reconocidas y ratificadas por el Estado boliviano con leyes nacionales. Del mismo modo, las y los defensores de Tariquía han denunciado que las empresas petroleras y las autoridades bolivianas actúan de mala fe con las comunidades y la ciudadanía al aislar el tratamiento del pozo Domo Oso X3 (que se encuentra fuera de los límites de la Reserva Natural y sobre un predio privado) como si fuera una realidad aislada y solo necesitada

Organizaciones de la sociedad civil, en alianza con la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, organizaron un encuentro para diseñar proyectos de ley estratégicos enfocados en una agenda ambiental. El encuentro se realiza en un contexto marcado por una crisis climática que cada año afecta a una mayor cantidad de personas. En ese sentido se presentaron cinco proyectos de ley con el objetivo de consolidar una agenda estratégica conjunta. Los resultados de este encuentro fueron socializados a más de 30 asambleístas de diferentes frentes políticos, quienes se comprometieron a impulsar una agenda ambiental en la asamblea legislativa. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Un reportaje producido en colaboración con el Centro Pulitzer, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales, revela la difícil situación que atraviesa la comunidad indígena Esse Ejja de Eyiyoquibo, prácticamente confinada, sin territorio y al borde de la desaparición. Durante siglos, los Esse Ejja navegaron los ríos amazónicos sin conocer fronteras: el agua era su hogar y el bosque su sustento. Hoy, los que se encuentran en Eyiyoquibo viven en extrema vulnerabilidad, cada vez más lejos del río que les dio vida. Desde hace 25 años, esta comunidad lucha por un territorio que el Estado boliviano no ha logrado dotarles. Tras años de peregrinación, el 28 de marzo de 2025 el INRA autorizó el inicio del proceso de dotación para 67 familias, con el fin de asentarlas en 1.141 hectáreas del municipio de Rurrenabaque, en el departamento del Beni. Sin embargo, debido a los conflictos, los Esse Ejja decidieron no iniciar asentamientos en tierras que se encuentren en disputa con terceros. En un reportaje publicado en 2023, señala que, desde tiempos ancestrales, la vida de los esse ejja ha sido nómada, desplazándose en botes de madera construidos por sus propias manos río arriba y río abajo, haciendo de los recursos que ofrecen sus aguas, su medio de vida y su fuente de alimento. El artículo enfatiza que su vida fue así durante décadas, hasta que hace 27 años, en 1996, un misionero evangélico llegó a las riberas del río y les habló de una forma de vida diferente, en la tierra. En búsqueda de estabilidad, aquella fracción de los Esse Ejja terminó fundando una comunidad en Eyiyoquibo, en 10 hectáreas que fueron donadas por la Misión Nuevas Tribus, de la iglesia evangélica. Aquel asentamiento, aunque desde la tierra, continuó viviendo del río, como lo hicieron ancestralmente sus antepasados, pues el río es su fuente de alimento, su conexión con la naturaleza, pero también la causa de su intoxicación. “Tenemos dolor de estómago, mareos, diarrea y vómitos”, explica sentado en una banca de madera en medio de la cancha de fútbol en la que los niños juegan indiferentes al frío y a la enfermedad, Lucio Game Moreno, capitán grande de los Esse Ejja. Pero, ¿qué es lo que está causando éstos y otros males a esta comunidad indígena? Estudios señalan al mercurio como responsable. Río arriba se encuentran las localidades de Mapiri, Tipuani, Teoponte y Guanay, entre otras, donde se practica la minería aurífera que está contaminando aquel lecho, arrastrando el mercurio por los ríos que luego se unirán a las aguas del río Beni y dejando su huella en las comunidades que viven a lo largo de su lecho. Entre ellos, los esse ejja. Los habitantes de Eyiyoquibo presentan hasta 25 partes por millón, cuando el límite en el organismo humano es de una parte por millón. Tras estos hallazgos, el año 2021, el Cedib, junto a la Universidad de Cartagena de Indias, en Colombia, y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia – Contiocap, decidieron hacer una nueva investigación, pero esta vez sobre la presencia de mercurio en la población. Entre 2021 y 2022, los investigadores de la Universidad de Cartagena tomaron muestras de cabello de la parte media de la cuenca del río Beni y de toda la cuenca del Madre de Dios, incluyendo parte del río Mamoré, cubriendo parte importante de los principales ríos de Bolivia. “Hay contaminación por minería y muchas veces nos sentimos avasallados, porque vivimos  de la pesca. Vivimos como nos han enseñado nuestros padres, que nos han hecho criar de la pesca”, asegura el capitán grande, en un español perfecto, pero cuya entonación deja entrever su esse ejja materno. ÁNGEL LOZANO-RTP

Una reciente investigación advierte que la minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza estructural que compromete la economía, el ecosistema y la seguridad nacional. El estudio Presencia e incidencia de la minería ilegal en Bolivia, del investigador Alfredo Zaconeta, revela un complejo entramado de impunidad que abarca desde las cuencas del norte amazónico hasta los socavones del occidente andino. En la última década, los departamentos de La Paz, Beni y Pando se han consolidado como el epicentro de la minería aurífera ilegal. Bajo la fachada de cooperativas, cientos de dragas y balsas operan sin control ambiental en ríos críticos como el Madre de Dios y dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi. Daño al medioambiente El costo ambiental es devastador, ya que el uso indiscriminado de mercurio para la amalgamación del oro está contaminando irreversiblemente las fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades indígenas ribereñas con niveles de toxicidad que superan ampliamente los límites sanitarios. Según el documento, esta actividad es alimentada por capitales extranjeros —de origen chino, colombiano y peruano— que suministran tecnología y financiamiento, evadiendo sistemáticamente los marcos regulatorios. El “jukeo” y el drama social en el occidente Mientras el norte brilla por el oro, en los distritos mineros tradicionales de Oruro y Potosí la ilegalidad tiene el rostro del estaño y el zinc. El fenómeno del “jukeo” (robo sistemático de mineral) ha golpeado duramente a empresas estatales como Huanuni y Colquiri, generando pérdidas que solo en Huanuni se estiman en 20 millones de dólares anuales. El impacto más alarmante, sin embargo, es el humano. El informe documenta la persistencia del trabajo infantil y adolescente en las cooperativas mineras. Esta situación ya ha tenido repercusiones internacionales: en 2018, la gigante tecnológica Apple excluyó a la Metalúrgica Vinto de su lista de proveedores ante la sospecha de uso de mano de obra infantil en su cadena de suministro. A pesar de que el sector minero representó el 52,4 % del total de las exportaciones del país en 2024, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) ha caído del 7,6 % en 2009 al 5,1 % en 2023. Esta paradoja se explica, en parte, por la evasión masiva de regalías y tributos que fomenta el mercado ilegal. La investigación apunta a la debilidad institucional de entidades como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales como un factor clave. La falta de capacidad logística, la corrupción y el peso político de los sectores cooperativistas han frenado intentos legislativos para endurecer la lucha contra la minería ilegal. El desafío: más allá de lo punitivo La conclusión de Zaconeta es contundente: el combate a la ilegalidad requiere una voluntad política real que trascienda la represión. El informe sugiere que la minería ilegal es, en gran medida, un síntoma de la incapacidad del Estado para generar empleo digno en las zonas mineras, convirtiendo al “jukeo” en una estrategia de supervivencia ante la pobreza. Para frenar este modelo extractivo que “hipoteca el patrimonio natural y social”, se propone la implementación urgente de un sistema robusto de trazabilidad del mineral, la simplificación de la formalización para pequeños mineros y una reforma normativa profunda que devuelva el Estado de Derecho a los territorios afectados. BRÚJULA DIGITAL