Medio Ambiente

La defensa del agua se convirtió en la causa común que reunió a representantes de comunidades indígenas de la Chiquitanía durante el Encuentro de Comunidades afectadas por el agroextractivismo en la Chiquitanía realizado el 23 y 24 de octubre en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Frente a la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, los incendios forestales y las fumigaciones con agroquímicos, las organizaciones decidieron fortalecer su articulación para proteger sus fuentes de agua, sus territorios y sus medios de vida. “Entre todas y todos estamos haciendo alianza para la unidad y por la misma causa que es el tema del agua”, afirmó Rosa Pachuri, representante de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH). Destacó que las demandas se plantearán conjuntamente desde toda la región porque las comunidades se están uniendo para defender sus fuentes de agua: “Sabemos que sin agua no hay vida”. Los testimonios compartidos durante las jornadas mostraron cómo la expansión agroindustrial está transformando los territorios. Luis Fernando Moreno, representante de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T), describió la presión sobre las comunidades de San José de Chiquitos: “Estamos quedando como pequeñas islas dentro de un gran territorio que está siendo devastado”. También advirtió sobre períodos de calor más prolongados y una disminución de las lluvias. En San Ignacio de Velasco, las afectaciones llegan directamente a la producción de alimentos. Ignacia Yovio, representante de Control Social, denunció que las fumigaciones con agroquímicos realizadas desde drones y avionetas en grandes propiedades agrícolas perjudican los cultivos de las comunidades vecinas. A ello se suma la pérdida de bosques, que desplaza a animales silvestres hacia las parcelas comunitarias, donde consumen parte de las cosechas. La problemática trasciende la Chiquitanía. Clara Masai, representante de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), advirtió que la expansión agrícola, las fumigaciones y los incendios también afectan a las comunidades indígenas de la Amazonía y el Chaco, comprometiendo su biodiversidad y sus sistemas de producción ancestral. La pérdida de bosques también amenaza el agua subterránea Durante el Encuentro, Mónica Guzmán, investigadora del impacto de los incendios forestales en la recarga de acuíferos, explicó que siete años de recolección y procesamiento de datos, especialmente en San José de Chiquitos, permiten estudiar cómo la deforestación y los incendios afectan los sistemas hídricos subterráneos y la seguridad hídrica de las comunidades. “El agua es la infraestructura invisible que permite hacer todas las otras actividades que tenemos, incluso subsistir”, señaló. Advirtió que los acuíferos sostienen la vida y pueden sufrir daños sin que estos sean detectados oportunamente. Un caso emblemático es el del río San Lorenzo, en San José de Chiquitos, donde 338 familias indígenas de cinco comunidades de la TCO Turubó Este luchan por recuperar el curso natural de su río, alterado por represas construidas en sus nacientes para actividades ganaderas. Aunque obtuvieron una sentencia agroambiental favorable en noviembre de 2025, su ejecución continúa pendiente debido a recursos judiciales. Una agenda común para defender los territorios El Encuentro, convocado por ORMICH, ACISARV y CCICH-Turubó, permitió intercambiar experiencias y plantear acciones conjuntas para proteger las fuentes de agua, identificar áreas de recarga hídrica, fortalecer el monitoreo ambiental comunitario y exigir el cumplimiento de las normas ambientales. Eulogio Pachuri, dirigente indígena de San Rafael de Velasco, destacó la importancia de que las comunidades hagan escuchar sus denuncias “no solamente a las autoridades nacionales sino que a nivel internacional”. Según su estimación, participaron más de 200 representantes de diferentes comunidades. Al finalizar las jornadas, las organizaciones aprobaron un Voto Resolutivo que declara sus territorios libres de extractivismo agroindustrial y minero y exige detener nuevas dotaciones de tierras, autorizaciones de desmontes y actividades extractivas que amenacen sus derechos. También demandaron la protección de las cuencas y fuentes de agua, medidas frente a los incendios forestales, respuestas de las autoridades y justicia oportuna para las comunidades que defienden sus territorios. La decisión de articularse regionalmente marca un paso importante para las organizaciones indígenas chiquitanas: transformar las denuncias dispersas en una voz colectiva para defender el agua, los bosques y las condiciones que sostienen su alimentación, su cultura y su futuro.

Las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo volvieron a permitir permisos mineros en áreas protegidas para la minería, un retroceso respecto a gobierno anterior aseguró la diputada Cecilia Requena. “Estos señores vuelven a decir, sí, permisos en áreas protegidas. Se está envenenando irreversiblemente a la gente más vulnerable de este país, a los pueblos indígenas de tierras bajas,”, aseveró la legisladora en RTP Informa. Recordó que las aguas de los ríos tienen mercurio que ataca al sistema nervioso central, incluido el del feto de las madres que consumen pescados contaminados. Califica de una “omisión horrible del Estado” la falta de señales para cambiar el rumbo. Ante eso, ponderó que se estén activando resistencias territoriales. Mencióno que la Chiquitania se declaró libre de extractivismo como Alto Beni y Los Blancos para potenciar la agroecología y libres de minería. Aunque admitió que estas acciones los en riesgo ya que pueden enfrentar juicios o cárcel por quemar maquinaria de mineros, quienes tienen recursos para demandarlos. Acotoó que se elabora un nuevo Código Minero “hecho a puertas cerradas, que hasta donde se conoce no resuelve estos problemas». MRCM-RTP

Emprendedores del campo y estudiantes del país comenzaron a producir combustibles mediante procesos de pirólisis o purificación de residuos plásticos a altas temperaturas, como una alternativa ante el desabastecimiento y aumento del costo de los carburantes. Algunos de estos proyectos comenzaron en 2024, cuando empezó el desabastecimiento de combustibles debido a la escasez de divisas y al desvío de gasolina y diésel hacia mercados de países vecinos, donde se vendían a precios superiores al entonces valor subsidiado de 3,74 bolivianos (0,5 dólares, según el tipo de cambio de entonces). La escasez también provocó largas filas en las estaciones de servicio y la aparición de un mercado negro, una situación que cambió cuando el Gobierno del presidente Rodrigo Paz eliminó en septiembre pasado la subvención al diésel y estableció su costo a 17,95 bolivianos (1,83 dólares). En ese contexto, el agricultor Etson Machaca gestó hace dos años, junto a algunos familiares y amigos suyos, la construcción de una pequeña planta de pirólisis en Ancocala, una comunidad altiplánica del municipio de Laja, a 38 kilómetros al oeste de La Paz. El proyecto se basó en los conocimientos de Machaca y en la búsqueda de información en internet, con la intención de producir su propio combustible para las labores de siembra y la elaboración de forraje para el ganado. «Por la escasez de combustible nos hemos hecho una pequeña planta», dijo Machaca a EFE. En un espacio de su vivienda, Machaca habilitó un área para separar los envases plásticos, materia prima para la producción de gasolina. En otro sector tiene apilados neumáticos de goma y almacena aceite usado de vehículos para elaborar diésel. Transformación e iniciativas El proceso comienza con la limpieza y trituración de los plásticos, que se introducen en un «reactor» artesanal, una especie de caldero construido con arcilla y ladrillo que se calienta empleando garrafas o botellones de gas licuado de petróleo (GLP). De este proceso se obtiene un primer filtrado, un líquido oscuro similar al petróleo, que luego se somete nuevamente al calor hasta conseguir un combustible lo suficientemente limpio para utilizarlo en máquinas o tractores, algo que hasta ahora no le ha generado problemas, según explicó. Machaca señaló que con 2,5 kilos de plástico puede obtener un litro de gasolina, mientras que con 1,5 kilos de goma puede extraer un litro de diésel. Además, indicó que de cada 100 litros de aceite de motor usado puede obtener hasta 70 litros de combustible. En la ciudad de Cochabamba, Flavio Aguilar, profesor de un centro de formación técnica para jóvenes de secundaria, implementó un proyecto para producir combustibles a partir de la recolección de residuos plásticos. El sistema que diseñó Aguilar junto a sus estudiantes opera bajo una lógica similar, aunque el prototipo fue construido para procesar únicamente entre cinco y seis kilos de material. Las proporciones de producción, sin embargo, son similares a las descritas por Machaca. «La importancia de este proyecto es la reducción de la contaminación del medio ambiente y hacer una planta autosustentable y poder colaborar a la sociedad en esta crisis de los combustibles», afirmó Aguilar a EFE. También en el departamento de Santa Cruz han surgido varias iniciativas para obtener combustibles sintéticos mediante pirólisis en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y en el municipio de San Julián. El Gobierno aprobó a principios de octubre un decreto que permite producir biogás o biometano a partir de residuos orgánicos para autoconsumo. Además, en el Parlamento se presentaron dos propuestas de ley para regular la producción, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de combustibles sintéticos obtenidos mediante pirólisis de productos derivados del petróleo, tomando como referencia algunas experiencias desarrolladas en Brasil y Argentina. JORNADA DE BOLIVIA

El mundo va a superar el umbral de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, pero aún es posible que ese exceso sea «lo más bajo y breve posible» si los países reducen sus emisiones un 18 % para finales de esta década, un 45 % para 2035 y un 69 % cinco años después. Es la conclusión del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que dibuja un escenario en el que el pico de calentamiento, previsto hacia mediados de siglo, se limitaría a 1,7-1,8 °C. «Superar no significa capitular», ha declarado el Secretario General de la ONU, António Guterres. El informe constata que las oportunidades para intensificar la acción son mayores que nunca. Desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, las energías renovables han conocido un auge fulgurante, el suministro total de energía procedente del carbón y el petróleo ha crecido más despacio de lo previsto y las políticas climáticas han logrado reducir las emisiones en muchos lugares. La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha subrayado el coste de no hacer nada: «Cada fracción de grado adicional y cada año extra de calentamiento por encima de 1,5 °C agravan los impactos y los riesgos climáticos, como las inundaciones mortales, las olas de calor y los incendios forestales que han arrasado numerosos países este año. Debemos hacer todo lo posible para limitar al máximo el pico de calentamiento y volver a 1,5 °C a finales de siglo. Es posible». Sin embargo, si las políticas actuales continúan, el calentamiento alcanzará los catastróficos 2,8 °C a lo largo de este siglo y seguirá aumentando después, advierte el informe. Estados Unidos, el mayor aumento de emisiones de 2025 El informe que Estados Unidos es el principal responsable del empeoramiento de las proyecciones. En 2025, el aumento de sus emisiones (133 megatoneladas de CO2 equivalente) superó con creces al de cualquier otro país, impulsado por una mayor demanda eléctrica y un repunte de la generación de carbón. El siguiente mayor incremento fue el de Turquía (24,4 MtCO2e), seguido de Irán (18,9) e Indonesia (17,4). Además, el PNUMA advierte de que la retirada formal de Estados Unidos del Acuerdo de París es una de las dos razones por las que el panorama es peor que el del año pasado, junto a la revisión de las estimaciones históricas de emisiones. El informe también constata que Estados Unidos es el único país del Anexo I que no ha presentado su inventario de emisiones desde 2024, y que, junto con Argentina y Arabia Saudita, es uno de los tres miembros del G20 que no han presentado nuevos objetivos de mitigación para 2035. Una brecha que se estrecha solo en apariencia El PNUMA advierte de un efecto estadístico engañoso: la brecha de implementación global para 2030 parece haberse estrechado respecto al año pasado, pero «esto no refleja una acción política más fuerte». La razón es que la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París llevó a eliminar su objetivo de contribución nacional de las agregaciones globales y a sustituirlo por las proyecciones de emisiones basadas en sus políticas actuales, que son más altas. «Aparte de estos cambios, la brecha de implementación global para 2030 apenas ha cambiado», subraya el informe. Es decir, el aparente avance es un maquillaje contable, no una mejora real. El G20 y el resto del mundo: un panorama desigual El informe no atribuye el problema únicamente a Estados Unidos. En 2025, China, India, Indonesia y Rusia también registraron aumentos o variaciones en sus emisiones, aunque con matices: India rompió una tendencia de crecimiento rápido gracias al impulso de las renovables, mientras que China podría estar cerca de alcanzar su pico de emisiones en los próximos años. En la última década, 124 países aumentaron sus emisiones (un total de +7,2 GtCO2e), frente a 63 que las redujeron (-1,8 GtCO2e). El G20, excluyendo a la Unión Africana, sigue representando el 76 % de las emisiones globales. Y de los 17 miembros del G20, solo 14 han presentado nuevos objetivos para 2035, y las nuevas contribuciones presentadas desde el año pasado tienen un impacto «casi nulo» en las emisiones proyectadas. El informe también señala que los países con altas emisiones per cápita e históricas, como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, siguen por encima de la media mundial de 6,4 toneladas de CO2 equivalente por persona, mientras que India e Indonesia están muy por debajo. De la promesa a la ejecución El informe pide acelerar la implementación de los objetivos definidos en el primer «Balance mundial», el proceso que evaluó de 2021 a 2023 los progresos colectivos en la consecución del Acuerdo de París. Entre ellos figuran triplicar la capacidad de las renovables y duplicar el ritmo anual de mejora de la eficiencia energética para 2030, abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, reducir las emisiones distintas del CO2 y frenar e invertir la deforestación. Los progresos en la mayoría de estos objetivos siguen siendo insuficientes. El segundo balance mundial, que comenzará el mes que viene en la COP31 de Antalya (Turquía), puede apoyarse en estos resultados para reafirmar las áreas prioritarias de mitigación, prolongar los objetivos cifrados hasta 2035 y 2040, y concretar las metas existentes. El informe fija algunos hitos: para mantenerse en el escenario de menor exceso, la proporción de carbón, petróleo y gas en el suministro energético total debería caer al menos un 55 %, un 15 % y un 5 % respectivamente para 2035 respecto a los niveles de 2025. En 2040, las reducciones necesarias serían del 75 %, el 30 % y el 35 %. Fuente: ONU – en https://news.un.org/es/story/2026/10/1542087

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, y el coordinador humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, emitieron una alerta de emergencia solicitando una acción anticipada a escala global. Según las proyecciones técnicas, el fenómeno climático alcanzará su punto máximo en diciembre, registrando un incremento de hasta 3,8 °C en la superficie del océano Pacífico. Según el digital EFE. Esta magnitud situará al episodio fuera de las escalas de seguimiento empleadas durante las últimas cuatro décadas. Afectaciones Los impactos esperados abarcan sequías severas, lluvias torrenciales, inundaciones y olas de calor extremo que afectarán a América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico. Fletcher advirtió sobre la gravedad de estas alteraciones meteorológicas, señalando que los efectos directos podrían aumentar la inseguridad alimentaria de hasta 50 millones de personas en las zonas de mayor riesgo. Para hacer frente a esta amenaza, la ONU destinó 50 millones de dólares de su fondo de emergencias para ejecutar labores de apoyo y mitigación. Los recursos están dirigidos a 11 países potencialmente afectados, entre ellos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur. Asimismo, las autoridades del organismo realizaron una solicitud explícita para activar ayuda inmediata en América Central. En el ámbito regional, las consecuencias del fenómeno ya se están manifestando. En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas y vientos fuertes en múltiples provincias a causa del fortalecimiento del evento. En paralelo, en Chile se observan precipitaciones postinvernales históricas, aluviones y granizadas asociadas al alza de la temperatura del océano. Saulo enfatizó que las anomalías meteorológicas actuales se multiplicarán y desencadenarán nuevos eventos extremos a medida que el fenómeno adquiera mayor fuerza. La acelerada alteración climática impone un reto inmediato para la capacidad de respuesta de los gobiernos y las comunidades vulnerables. EFE

Bolivia enfrenta una constante inestabilidad climática expresada en sequías, lluvias, inusuales granizadas, intensas nevadas, fuertes vientos y olas de calor. Sin embargo, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero Marín, aseguró este lunes que este fenómeno recién comienza. “No estamos ni en puertas de un Súper Niño, estamos todavía con un Niño y ya se sienten (…) los impactos agrometeorológicos, (que) a nivel mundial están golpeando (…), tenemos que entender que esto recién es el comienzo”, dijo. Agregó que por estas condiciones climáticas ya se encuentran en emergencia cuatro departamentos del país: Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. En una entrevista con el canal estatal, la autoridad gubernamental indicó que ahora se está coordinando las respuestas ante la emergencia “a través del Instituto Nacional del Seguro Agrario y también del VIDECI (Viceministerio de Defensa Civil)”. “Entiendo que al haberse declarado cuatro departamentos ya en emergencia, el VIDECI va a declarar una alerta nacional y esto (hará) que se puedan liberar recursos en una primera instancia, creo, de 70 millones de bolivianos”, anunció. EJU TV

Un productor de cacao de la comunidad Buena Vista, en Palos Blancos, denunció que el chaqueo realizado por su vecino afectó sus plantines. La Unidad de Gestión de Riesgos del municipio llegó al lugar para evaluar los daños ocasionados por el fuego iniciado durante la quema de terrenos. El aumento de las temperaturas y el fenómeno del Súper Niño elevan el riesgo de incendios forestales, por lo que recomiendan extremar precauciones al realizar chaqueos. ÁNGEL LOZANO-RTP

Los incendios forestales afectaron aproximadamente 1,25 millones de hectáreas en Bolivia durante 2026, una cifra inferior a los más de 12 millones registrados en 2024. Pablo Solón, director de la Fundación Solón, advirtió que el fenómeno del Súper Niño podría agravar los eventos climáticos extremos, aumentando el riesgo de incendios, inundaciones y riadas. Ante este panorama, la seguridad alimentaria del país estaría seriamente amenazada, por lo que el especialista destacó la necesidad de fortalecer la preparación y prevención frente a estos fenómenos. ÁNGEL LOZANO-RTP

Concejales de Caranavi denunciaron la penetración de la minería ilegal en el municipio, donde, según datos extraoficiales, más de 60 cooperativas auríferas estarían operando sin control. La situación genera preocupación por las posibles consecuencias ambientales y productivas en Caranavi, reconocida como la capital del café y proveedora de alimento, frutas para el mercado paceño. ÁNGEL LOZANDO-RTP

Alto Beni, Palos Blancos, Caranavi y San Buenaventura se declararon municipios libres de minería, marcando una tendencia de defensa ambiental en Bolivia. Pablo Solón, director de la Fundación Solón, aclaró que hasta el momento solo dos municipios operativizaron sus normativas ante la AJAM. La decisión busca proteger la vocación ecoturística y agroecológica de estos territorios, amenazada por los impactos ambientales de la actividad minera. ÁNGEL LOZANO-RTP