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Medio Ambiente

Fundación Tierra: Chaqueos se adelantan y provocan incendios forestales que afectan a Santa Cruz y Beni

Los pedidos de ayuda en comunidades indígenas de la Amazonía se incrementaron en las últimas semanas debido al aumento de los incendios forestales. Un informe de la Fundación Tierra establece que, en comparación a la última década, este año la época de chequeos se adelantó prolongando de esta manera los incendios forestales. Esta modificación de los patrones está provocando daños sin precedentes en nueve municipios de los departamentos de Santa Cruz y Beni que son los más afectados.  Las cifras respecto al número de hectáreas afectadas por los incendios forestales no son exactas, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques, el fuego arraso 2 millones 984 mil hectáreas, por lo que la ABT apertura 274 procesos administrativos por quema ilegal e inicio 61 procesos penales por el delito de incendios. Estas cifras hacen presumir que a fines de septiembre los focos de calor llegaran a sus niveles pico generando mayor daño a las comunidades indígenas. ÁNGEL LOZANO VARGAS PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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En Viacha, la gente abandona comunidades por la contaminación de ríos con cianuro

Pobladores de Viacha abandonaron varias de sus comunidades debido a la cadena de consecuencias económicas que genera la contaminación de los ríos con cianuro vertido por varias empresas mineras que se han instalado en el sector en los últimos años.»En mi comunidad ahora somos pocos, hay casas abandonadas, otras donde viven dos o tres personas. Ya no se puede vivir con esta contaminación, ya no se puede más y tienen que migrar por la contaminación», contó a EFE Édgar Gutiérrez, un poblador de la comunidad Mamani. Migración forzada debido a la contaminación Su casa está a unos cinco minutos del sector donde están las empresas que reciclan mineral, en todo el camino se observa el campo con alfalfa y cebada completamente secas, un olor a basura también es parte del recorrido. Gutiérrez lamentó que haya migración de familiares o amigos, pero reconoce que quedarse en Viacha sería para enfermarse o «morirse envenenados». Efectos en la salud y la agricultura El dirigente de la comunidad Pallina, Juan Pablo Yujra, también tiene familiares que dejaron su comunidad para poder generar dinero. «Mi hermano se ha tenido que ir, él vendía leche pero como ya no hay mucho no le iba bien en el negocio, así que se fue trabajar a otra ciudad», explicó a EFE. Las personas que salieron de Viacha se fueron a El Alto, a La Paz y a Santa Cruz para buscar trabajo de albañil u otros oficios. Son 10 las comunidades de Viacha que están afectadas por la contaminación de los ríos. «En las personas este problema trae infecciones urinarias, estomacales porque nosotros tomamos agua de este sector», afirmó Yujra. «Las verduras, las hortalizas también están contaminadas y parece que el cáncer entra por nuestras bocas. Esa es nuestra preocupación», agregó. Contaminación del ganado y su impacto económico Respecto a los animales, el ganado vacuno es el más afectado, pues su alimentación con el agua contaminada deriva en afecciones como cojera, desnutrición, problemas estomacales e incluso la muerte. Gutiérrez, coincidió con Yujra y afirmó que «cuando éramos niños nos íbamos a bañar al río, pero ahora en gran manera nos afecta». «Nuestros ganados son flacos, la leche ya no da. Antes la leche que daba era mucha, ahora tampoco se puede mantener en buenas condiciones a nuestras vacas», lamentó Gutiérrez. Ultimátum a mineras El viernes, en un cabildo, comunarios exigieron la expulsión inmediata de las empresas mineras y la realización de una auditoría que permita identificar a los responsables de la contaminación. “Le dieron al alcalde una semana para que se haga la auditoría y que se expulse a todos los mineros. Eso es lo que determinaron: todas las mineras deben clausurarse o expulsarse”, declaró Yujra. El Decreto Supremo 24782, que regula el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, establece que las alcaldías deben tomar medidas de control sobre las mineras que operan dentro de su jurisdicción. (Brújula Digital)

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Pobladores abandonan sus comunidades en La Paz por la contaminación de ríos con cianuro

Pobladores de Viacha abandonaron varias de sus comunidades debido a la cadena de consecuencias económicas que genera la contaminación de los ríos con cianuro, un químico venenoso, vertido por varias empresas mineras que se han instalado en el sector en los últimos años. «En mi comunidad ahora somos pocos, hay casas abandonadas, otras donde viven dos o tres personas. Ya no se puede vivir con esta contaminación, ya no se puede más y tienen que migrar por la contaminación», contó a EFE Édgar Gutiérrez, un poblador de la comunidad Mamani. Su casa está a unos 5 minutos del sector donde están las empresas que reciclan mineral, en todo el camino se observa el campo con alfalfa y cebada completamente secas, un olor a basura también es parte del recorrido. Viacha es un municipio del departamento de La Paz y se ubica contiguo a la ciudad de El Alto. Queda en la zona altiplánica del departamento y desde la urbe alteña recibe el caudal de dos ríos. Gutiérrez lamentó que haya migración de familiares o amigos, pero reconoce que quedarse en Viacha sería para enfermarse o «morirse envenenados». El dirigente de la comunidad Pallina, Juan Pablo Yujra, también tiene familiares que dejaron su comunidad para poder generar dinero. «Mi hermano se ha tenido que ir, él vendía leche pero como ya no hay mucho no le iba bien en el negocio, así que se fue trabajar a otra ciudad», explicó a EFE. Las personas que salieron de Viacha se fueron a El Alto, a La Paz y a Santa Cruz para buscar trabajo de albañil u otros oficios. 10 COMUNIDADES DE VIACHA ESTÁN AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN DE RÍOS «En las personas este problema trae infecciones urinarias, estomacales porque nosotros tomamos agua de este sector», afirmó Yujra. «Las verduras, las hortalizas también están contaminadas y parece que el cáncer entra por nuestras bocas. Esa es nuestra preocupación», agregó. Respecto a los animales, el ganado vacuno es el más afectado, pues su alimentación con el agua contaminada deriva en afecciones como cojera, desnutrición, problemas estomacales e incluso la muerte. Gutiérrez, coincidió con Yujra y afirmó que «cuando éramos niños nos íbamos a bañar al río, pero ahora en gran manera nos afecta». «Nuestros ganados son flacos, la leche ya no da. Antes la leche que daba era mucha, ahora tampoco se puede mantener en buenas condiciones a nuestras vacas», lamentó Gutiérrez. Afuera de su casa, el poblador tiene un pozo de donde saca agua a diario, cuando baja la manivela y la sube repetidas veces el agua comienza a salir cristalina, pero después de unos minutos se enturbia. La madre del dirigente a vive a unos 6 minutos de la casa de Gutiérrez, es una persona adulta mayor que vive sola y se encarga de alimentar a sus vacas con lo poco que tiene. «Mis vaquitas están flacas, ya no se puede hacer nada», confiesa la mujer a EFE. Su vivienda está a unos 15 pasos del río donde antes sus hijos se bañan y donde también había peces y patos. La alcaldía de Viacha también ha denunciado al Gobierno la contaminación de sus cuerpos de agua por el cianuro de val menos 23 empresas mineras que usan el químico en sus operaciones. LA CONTAMINACIÓN AMENAZA AL LAGO TITICACA Según las investigaciones de Yujra y otras autoridades indígenas, los dos ríos que atraviesan Viacha (Pallina y Katari alto) confluyen en el río Katari Bajo y éste desemboca en el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y que  Bolivia comparte con Perú. No hay estudios que muestren que hay contaminación en las aguas del Titicaca, pero Yujra sostiene que con el tiempo las comunidades de esa región de La Paz también estén en emergencia por el cianuro. Finalmente, Yujra se detiene en el lugar que, según él es el más contaminado porque se reúnen dos riachuelos, uno que llega de El Alto y el otro de las denominadas «colas de las minas». En el río que sigue su curso tiene tonalidades azules, en las orillas ese tono se impregna en las piedras y en la poca hierba que hay, el agua se estanca y fluye lentamente. En el medio del agua, debajo de un puente peatonal hecho de madera, yace un cerdo muerto. «El mal olor que sentimos es constante, todo el día respiramos eso», concluyó el dirigente indígena. (Correo Del Sur)

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Incendios en Bolivia arrasan más de 4 millones de hectáreas

Los incendios en Bolivia ya han arrasado más de 4 millones de hectáreas (ha), informó la Fundación TIERRA a través de una nota de prensa. A diferencia de años pasado se observó que los focos de calor se multiplicaron mucho más antes en el año, lo cual resulta alarmante. El investigador de TIERRA, Efraín Tinta, reportó que los departamentos más afectados son Santa Cruz, con 2,6 millones de hectáreas quemadas; Beni con 1,3 millones ha; y La Paz con 18.99 ha. Son 69 los municipios más afectados: 36 en Santa Cruz, 17 en Beni, 11 en Pando, tres en Cochabamba, uno en La Paz, y uno en Cochabamba. San Matías, en Santa Cruz, es uno de los municipios más afectados. El fuego devoró el 47% de su territorio, igual a 1,2 millones de ha. En el municipio de San Rafael, Santa Cruz, «los niños tienen conjuntivitis y los adultos afecciones bronquiales severas. Hay comunidades donde se suspendieron las clases y no llega ayuda», dijo el cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV). Se prevé que en Santa Cruz los incendios aumenten en las próximas semanas y no desciendan sino hasta finales de noviembre. Las áreas protegidas nacionales más afectadas por el fuego son: Área de Manejo Natural Integrado San Matías, donde el fuego arrasó con 904.015 ha, casi un 45% de su territorio. La segunda área protegida es Otukis, con 96.944 ha afectadas por incendios. Y finalmente está El Choré con 21.558 ha. (La Nube)

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Bolivia se abre a los mercados de carbono ante la resistencia de grupos ambientalistas

La reciente apertura de Bolivia a los mercados de carbono ha generado discusiones sobre la conveniencia de su utilización, mientras que algunos expertos sostienen que es una oportunidad para que las poblaciones indígenas consigan beneficios, los grupos ambientalistas aseguran que no son una garantía para preservar el medioambiente. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la semana pasada un fragmento de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, sobre la “no mercantilización de las funciones ambientales” que prohibía las formas de financiación internacional como los mercados de carbono. La Vicepresidencia de Bolivia, impulsora de la ley, objetó la decisión del Constitucional porque no se valoraron sus argumentos, mientras que la Defensoría del Pueblo exhortó al TCP a hacer una aclaración sobre su resolución. Por su parte, organizaciones ambientalistas consideraron que la sentencia viola la Constitución y pidieron que la población se movilice contra esta y otras medidas que consideran van contra el medioambiente. Cada tonelada de dióxido de carbono se mide en bonos de carbono o certificados de emisiones reducidas (CER) con un valor que depende del mercado y las empresas que quieran ofertarlos deben contar con proyectos validados y verificados por entidades acreditadas. Existen dos tipos de mercados, uno de ellos obligatorio y utilizado por los países que deben compensar sus emisiones tras haber aceptado los límites establecidos en los compromisos internacionales y otro voluntario en el que no existen esas obligaciones. El exembajador de Bolivia en la ONU y director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, Pablo Solón, dijo a EFE que es necesario desprenderse de la “visión romántica” de que los bonos de carbono implican una protección de la naturaleza. Los mercados de carbono buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alentando a las empresas a que reduzcan sus emisiones, lo que les permitirá ahorrar o vender algunos de sus derechos de emisión, con multas para las excedan sus límites. Aunque también las poblaciones indígenas, municipios y gobernaciones pueden certificar zonas de bosque con biodiversidad para captar cuotas de bonos de carbono a cambio de su conservación e impedir asentamientos ilegales o actividades extractivas. Solón mencionó que se trata de un “mecanismo especulativo”, que tiene una “cadena de intermediarios muy grande” y que genera una dinámica de “falsa compensación” por parte de las grandes empresas que no reducen sus emisiones de carbono, pero que adquieren los bonos en sitios alejados de sus operaciones. “El grueso de los fondos acaban en manos de los intermediarios, llega poco a las organizaciones indígenas” y que la emisión de bonos verdes son fuente de confrontaciones en los países, dijo. Mientras que el abogado ambientalista André Tejerina, indicó a EFE que “la certificación de bonos de carbono que significaría tener un control mayor sobre estas áreas, impedir que hayan asentamientos ilegales o extractivismo como la minería ilegal”. Tejerina asegura que la apertura a los bonos de carbono en Bolivia da posibilidades a los sectores indígenas de captar ingresos, justamente porque muchos de los territorios nativos están dentro de áreas protegidas y que podrían captar ingresos. El abogado defendió que el mayor objetivo de los mercados de carbono es “mantener la naturaleza en su mejor estado” y que en este proceso intervienen “actores internacionales” que hacen esa verificación. Quienes promueven las certificaciones deben elaborar “planes exhaustivos” con mediciones de disminución de carbono que pasan a un “verificador externo”, que genera reportes que luego son sometidos a “auditorías externas” para finalmente hacer la emisión de los bonos y colocarlos a la venta, dijo. “La comunidad es dueña del certificado de emisiones, entonces lo vende y es una empresa la que paga a la comunidad mediante un acuerdo en el que se fijan plazo y objetivos”, añadió Tejerina. La apertura de Bolivia a los mercados de carbono se suma a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Luis Arce, que son cuestionadas por los sectores medioambientalistas, como los incentivos a la producción de biocombustibles o el debate sobre la posibilidad de que en el país se utilice biotecnología para potenciar la agroindustria. (EFE)

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Contaminación de aguas con cianuro: Cabildo en Viacha determina expulsar a empresas mineras y “que se vaya el alcalde” Yahuasi

Un multitudinario cabildo que contó con la participación de comunidades originarias, juntas vecinales, asambleístas departamentales y miembros del Concejo Municipal, determinó exigir la renuncia del alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi. La población que se declaró en emergencia, también determinó crear una ley de expulsión de las empresas mineras que operan irregularmente en ese municipio, además de iniciar una auditoría ambiental. “Hermanos, se ha tratado que se vaya el alcalde (Yahuasi). ¿Aprobado?”, consultó la autoridad originaria que dirigió el cabildo realizado ayer en el municipio de Viacha. Inmediatamente y a viva voz, los centenares de asistentes respondieron: “¡Aprobado!”. La determinación fue una de las cinco que asumió la población a causa de varias irregularidades en la gestión de Yahuasi quien hasta la fecha no atendió los pedidos de contraparte de Visión 360, que envió cartas y lo llamó en varias oportunidades al funcionario, desde el mes de julio, sin obtener respuesta. Ayer, el cabildo de Viacha aprobó otras tres resoluciones sobre a la contaminación: una auditoría ambiental; la redacción de una ley para la expulsión de las empresas mineras, para declarar a Viacha un territorio libre de contaminación. Por último, también se aprobó iniciar procesos contra el alcalde Yahuasi y los funcionarios municipales que permitieron el asentamiento y no controlaron la contaminación minera. La presidente del Concejo Municipal de Viacha, Lizeth Villagómez, presente en el cabildo, explicó a la población que esa instancia “realiza los procesos administrativos correspondientes, en la vía administrativa y civil, pero las resoluciones aprobadas en este cabildo serán elevadas a las autoridades departamentales y nacionales, porque las resoluciones de este cabildo deben ser de cumplimiento obligatorio”. Visión 360 publicó el domingo un informe oficial, de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, en la que se confirma que 23 empresas dedicadas al reciclaje de minerales, operan de forma irregular en las comunidades Mamani, Contorno Bajo y Seke Jahuira. En esta última población, en julio, los funcionarios ediles se vieron obligados a cerrar un pozo de agua porque la empresa Jacha Kollo, provocó un derrame de cianuro que contaminó los bolsones de agua subterránea. Durante el cabildo, la autoridad originaria y presidente del “Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca del río Pallina”, Juan Pablo Yujra, desmintió la información que la Alcaldía de Viacha dio un día antes a las autoridades originarias, sobre que se habían clausurado ocho empresas mineras ilegales. “El alcalde (Yahuasi) nos informa que hay ocho mineras selladas (clausuradas), pero solo han clausurado un pozo de agua, de la empresa Jacha Kollo, esa empresa sigue trabajando, eso es lo que queremos desmentir, nos está engañando. Nuestro alcalde nunca ha hecho nada por nosotros, desde 2021 nosotros hemos presentado diferentes notas, pero nunca nos dio una resolución, gracias a la prensa él (Yahuasi) ahora se mueve como un gran defensor del medioambiente, pero no es así”, manifestó Yujra. (Visión 360)

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Sancionan con Bs 2.459 quemas ilegales por hectárea; ABT anuncia hasta 10 años de cárcel por incendios

A partir de la segunda semana de septiembre, la población que infrinja en el delito de quemas ilegales en el territorio nacional tendrá que pagar una multa de hasta Bs 2,459 por hectárea incendiada. En entrevista con La Razón Radio, el jefe de Asuntos Judiciales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Robin Justiniano, explicó que, tras la aprobación del Decreto Supremo 5203, su despacho debe aprobar el reglamento en un lapso de 10 días hábiles; así, la sanción entrará en vigencia de manera inmediata. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial el 21 de agosto y establece: “Con la finalidad de implementar medidas correctivas sobre contravenciones al régimen forestal, el presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Reglamento General de la Ley Forestal, aprobado por Decreto Supremo 24453, de 21 de diciembre de 1996”. Asimismo, la ABT y el Ministerio de Justicia trabajan en la modificación de la sanción penal por el delito de incendios. Se pretende incrementar los años de prisión, ahora de cuatro a seis años, hasta 10 años. “Estamos trabajado con el Ministerio de Justicia, preparando una modificación para la sanción en el tipo penal de incendios”, adelantó el jefe de Asuntos Judiciales de la ABT, Robin Justiniano, en entrevista con un medio local. Indicó que se pretende incrementar la sanción con la modificación del artículo 206 del Código Penal. Dicha norma establece, actualmente: “El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años”. No obstante, las autoridades pretenden incrementar la sanción hasta 10 años, “sin discriminación ni favoritismos”. Las autoridades han trabajado en las penas y sanciones para los ciudadanos que propicien incendios en zonas boscosas del país, debido a que la Chiquitana atraviesa por una situación crítica; producto de las llamas descontroladas que arrasan con la flora y fauna. (Agencias)

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Estudio revela que los aportes de jubilación y ahorros bancarios financian la deforestación de los bosques en Bolivia

El video de un orangután que lucha contra una excavadora para defender su hábitat en Indonesia conmocionó a millones de personas en todo el mundo en 2018. Estas imágenes muestran el poder destructivo que genera la deforestación de los bosques y plantea una interrogante: ¿quiénes están detrás de la destrucción de los bosques? En Bolivia, un estudio realizado por el economista ambiental Stasiek Czaplicki revela que los aportes de los bolivianos para su jubilación y los ahorros bancarios son utilizados para financiar la deforestación en el país. La investigación establece también que más del 10% de los ahorros de los bolivianos manejados por los fondos de pensiones están invertidos en tres sectores empresariales que se dedican a la agroindustria. Lo más alarmante de esta investigación es que la deforestación no es resultado de los incendios forestales, sino son producto de una deforestación planificada y muy bien estructurada. En conclusión, el informe plantea la urgente necesidad de cambiar el extractivismo por mecanismos alternativos para producir nuestros alimentos, de lo contrario estaremos poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Gobierno espera informe sobre contaminación de ríos en Viacha

El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, ha expresado su preocupación por la falta de acción de la alcaldía de Viacha en relación con la contaminación de varios ríos en la región. Hasta la fecha, dicha alcaldía no ha emitido el informe necesario que permita al Ministerio asumir acciones legales contra las presuntas fuentes de contaminación. Según información preliminar, se ha detectado un derrame de cianuro, un metal pesado conocido por su alto grado de toxicidad para el medio ambiente y la salud pública. Las investigaciones sugieren que este incidente podría estar vinculado a las operaciones de empresas mineras que, de manera extraoficial, se estarían llevando a cabo de forma irregular. Lisperguer ha señalado que es imperativo que se tomen medidas inmediatas para evaluar y mitigar el impacto ambiental de esta contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente está en espera del informe oficial de la alcaldía de Viacha para poder avanzar con las medidas necesarias. Mientras tanto, se mantienen abiertos los canales de comunicación con las autoridades locales para garantizar una pronta resolución de la situación. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Sobreexplotación de agua pone en riesgo las reservas subterráneas del altiplano

La escasez de agua en la región del altiplano es una problemática que cada año empeora y uno de los factores que incide de manera negativa es la sobreexplotación del recurso hídrico. Un estudio realizado por el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA reveló que existen tres regiones en el altiplano que consumen más de 100 millones de metros cúbicos de agua cada año de fuentes subterráneas que no son repuestas. El altiplano en Bolivia es una de las regiones más vulnerables a las sequías y depende en su gran mayoría de las reservas de agua subterránea, que lamentablemente no son repuestas y corren el riesgo de agotarse. Si no se implementan políticas enfocadas a la recarga o reposición de estas reservas de agua subterráneas, estaremos condenando al altiplano a un proceso de desertificación que pondría en riesgo la vida en esa región. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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