Bolivia

La aprehensión del expresidente Luis Arce fue cuestionada por el abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, quien sostuvo que el hecho constituye un “secuestro” y refleja la persistencia de prácticas arbitrarias en el sistema judicial bajo el nuevo gobierno de Rodrigo Paz.  Según declaró el también activista a ANF, la forma en la que se ejecutó la detención evidencia la continuidad de mecanismos que ya fueron observados y criticados en anteriores gestiones, los cuales —afirmó— afectan garantías básicas como el debido proceso y refuerzan un escenario de persecución política. Albarracín explicó que la aprehensión de Arce se habría realizado sin notificación previa y bajo procedimientos similares a los utilizados en otros casos polémicos. “Estamos viendo la réplica de un método que consiste en aprehender sin notificar, en vehículos particulares o con gente encapuchada”, señaló a la referida agencia, y recordó que este tipo de acciones ya se aplicaron contra otros dirigentes, como César Apaza. Desde una posición que definió como «coherente», tanto en lo ideológico como en lo jurídico, el jurista remarcó que el calificativo de “secuestro” debe aplicarse de manera uniforme. Indicó que, si ese término fue utilizado en su momento para los casos de Apaza y del exgobernador Luis Fernando Camacho, la detención de Luis Arce no puede ser tratada de manera distinta. “Que no coincidamos ideológicamente con una persona no significa que debamos aprobar un hecho incorrecto”, enfatizó el abogado, al insistir en que los principios del debido proceso deben respetarse sin distinciones políticas. Albarracín precisó que se configura un secuestro cuando una persona es privada de su libertad sin aviso previo, sin la posibilidad de defenderse en libertad y es forzada a subir a un vehículo particular. “Eso es un secuestro aquí y en cualquier lugar donde se respete el debido proceso”, afirmó. Finalmente, advirtió que minimizar o relativizar este tipo de hechos tiene consecuencias graves para el sistema democrático. A su juicio, quienes rechazan esa calificación terminan avalando prácticas que durante años fueron denunciadas como abusivas y propias de regímenes autoritarios. “Esa inconsistencia solo fortalece la continuidad de la persecución política”, concluyó. BRÚJULA DIGITAL

Un mayor de la Policía que dirigía un grupo especial de inteligencia fue liberado por la justicia y logró salir de la cárcel de Palmasola, donde permanecía procesado luego de haber sido descubierto brindando protección a Marcos Roberto Almeida, alias ‘Tuta’, uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil y considerado entre los cabecillas de la organización criminal del Primer Comando Capital (PCC).  Se trata del mayor de la Policía Gabriel Jesús Soliz Heredia, que cayó preso el 16 de mayo pasado. El mandamiento de libertad al que accedió EL DEBER fue emitido el 11de diciembre por el juez Olibert Baigorria Acuña, del juzgado 16 de sentencia penal anticorrupción y contra la violencia. El juez dio cumplimiento a un auto de vista de la sala penal primera del Tribunal Departamental de Justicia que le otorgó la cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo. Gabriel Jesús Soliz, dejó la cárcel el viernes 12 de diciembre.  Imagen captada en el Segip La clave que originó la detención inmediata del mayor Gabriel Jesús Soliz Heredia, fue una imagen captada por cámaras de seguridad de la Dirección General de Identificación Personal (Segip) en sus oficinas en Santa Cruz, cuando recibe a Marcos Roberto Almeida, alias ‘Tuta’. Se los observa sentados en uno de los bancos de la entidad donde acudió ‘Tuta’, junto a su personal de seguridad para tramitar la renovación de su documento de extranjería.  Las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, establecieron que `Tuta` llegó al Segip para gestionar la renovación de una cédula de identidad adulterada que cargaba y que por esa ayuda o protección entregó una cantidad de dinero al jefe policial.   Las imágenes de la entidad estatal y la detención del mayor causaron un verdadero escándalo en las filas de la institución verde olivo, así como en autoridades del Ministerio de Gobierno, ante las evidencias de la protección oficial al brasileño, buscado por tráfico internacional de drogas. Soliz Heredia tras ser aprehendido fue imputado por delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, usurpación de funciones y uso indebido de influencias.  Las pesquisas señalan que el policía no tenía ningún motivo para acudir al Segip y juntarse con el cabecilla del PCC.  La Felcc y Fiscalía entregaron evidencias de que el mayor tenía varios inmuebles a su nombre y que fueron adquiridos en corto tiempo,  sin justificar el nivel de sus ingresos mensuales que percibía por su trabajo en la institución del orden.   Dado de baja    Después de un proceso y sumario el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, decidió dar de baja sin derecho a reincorporación al mayor Soliz por faltas calificadas como graves y por dañar la imagen de la institución.   El cabecilla del Primer Comando de la Capital (PCC), Marcos Roberto de Almeida, alias Tuta, fue expulsado del país y entregado a la Policía Federal de Brasil en la frontera del municipio boliviano de Puerto Quijarro. Es considerado el heredero directo de Marcos Willians Herbas Camacho, más conocido como Marcola. La entrega del capo brasileño se concretó en Puerto Quijarro que une con Corumbá (Mato Grosso do Sul), donde la Policía Federal de Brasil aguardaba su llegada. Tuta fue trasladado escoltado por agentes de la Felcc y de la Felcn. Una vez en suelo brasileño, fue entregado al Comando de Operaciones Tácticas (COT) de la Policía Federal, que lo trasladó vía aérea hacia Brasilia. Marcos Roberto Almeida había asumido el mando del PCC tras el traslado de Marcola a una prisión federal en 2019. Desde entonces, se consolidó como el líder operativo de la facción criminal, coordinando acciones dentro y fuera de las cárceles. Además, era investigado por lavado de dinero a través del sistema “dólar-cabo” y operaciones financieras internacionales, principalmente en Paraguay y Bolivia. Presencia del PCC en Bolivia  Luego de que ‘Tuta’ fuera llevado en Brasil se difundió un informe de la presencia de redes criminales en Bolivia. El Primer Comando  Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, tiene al menos 146 integrantes identificados en Bolivia, entre presos y personas en libertad, según un mapeo internacional divulgado sobre la base información oficial del estado de São Paulo y del Ministerio Público de Brasil. Estos datos posicionan a Bolivia como el tercer país con mayor presencia de esta facción fuera de Brasil, solo por detrás de Paraguay (699), Venezuela (656) y luego está Uruguay (140). El informe revela que el PCC se expandió más allá de las fronteras brasileñas y actualmente opera en al menos 28 países en América, Europa, Asia y África. Su estructura combina una disciplina férrea en el interior de las cárceles con un modelo flexible y descentralizado en los territorios donde busca ampliar su red de tráfico de drogas y lavado de dinero. En el caso boliviano, la mayoría de los integrantes detectados del PCC se encuentran en establecimientos penitenciarios (75), aunque 71 miembros están en libertad, lo que evidencia una doble dinámica de expansión: por un lado, la influencia carcelaria —que es donde esta organización surgió y se consolidó— y por otro, el avance hacia estructuras delictivas que operan en libertad, incluyendo logística, transporte y distribución de drogas.

Desde el penal de El Abra, el exgeneral Juan José Zúñiga se ha pronunciado mediante una carta respecto a la aprehensión de Luis Arce Catacora, quien lo acusó de haber intentado cometer un golpe de Estado en junio de 2024. Otrora colaborador de Luis Arce, ahora el exgeneral Zúñiga considera que con la aprehensión del expresidente ha caído un “verdugo” que en su momento actuó “cegado por el poder” y encarceló a militares sin el debido proceso. “El mismo que nos quitó la libertad, que ordenó perseguir a militares soldados de la patria, que sembró miedo entre el pueblo y que entregó los recursos de la nación, el que se creía dueño de Bolivia, hoy conoce el frío de las rejas, el silencio del encierro y el peso de la justicia”, señaló. Zúñiga señaló que Arce detenido “empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”. “Bienvenido a las cárceles del pueblo, señor Luis Arce Catacora. Aquí, donde no existe poder que lo proteja. Aquí, donde no hay discurso que lo salve. Aquí, donde uno se enfrenta consigo mismo, sin escoltas, sin poder, sin privilegios. Aquí, donde la noche no cubre culpas y el amanecer obliga a mirar la verdad de frente. Y es aquí, señor Arce Catacora, donde empiezan las cuentas que la vida inevitablemente cobra”, dice la carta del exgeneral. Pidió también que respondan ante la justicia los colaboradores de Arce: los exministros Eduardo Del Castillo, Maria Nela Prada, Jhonny Aguilera, Edmundo Novillo, Armind Dorgathen y los asesores Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez. Zúñiga aclaró que su lucha no es personal, sino por la patria y cada familia que lloró por un soldado encarcelado de manera injusta. El exgeneral fue cercano colaborador de Arce, con el cual incluso solía jugar básquetbol, sin embargo, lideró un movimiento militar acusado de haber intentado un golpe de Estado el 26 de junio de 2024. Recientemente, Zúñiga denunció que los hechos de 2024 fueron en realidad una “trampa” de Arce y sus colaboradores para generar un enfrentamiento entre la policía y los militares. ERBOL

El fiscal Miguel Cardozo presentó un memorial al juez de turno para que se amplíe la investigación contra Luis Arce Catacora por el caso Fondo Indígena porque “ideó, promovió y ordenó el desembolso de recursos públicos a cuentas particulares” durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas Públicas, los años 2009 y 2010. La Fiscalía General del Estado refiere, en el memorial al que tuvo acceso RTP, que en una reunión ordinaria del Directorio del FDPPIOYCC, celebrada el 2 de julio de 2010, en Tarija. Arce tuvo una participación determinante en la “concepción y promoción de la disposición irregular de fondos públicos”. De acuerdo con el informe, Arce habría sugerido y posteriormente ordenado la canalización de recursos estatales a cuentas privadas de diversas personas, entre ellas Nemecia Achacollo, Marco Antonio Aramayo, Elvira Parra Chuquimia, Gloria Zamorano, Felipa Huanca, Rodolfo Machaca, Hilarión Mamani, Ever Choquehuanca, Melva Hurtado, Damián Condori, Lidia Patty, Julián Jala, Juanita Ancieta, Daniel Zapata, Carlos Fuentes, Julia Ramos, Sergio Hinojosa y otros. La Fiscalía sostiene que estos fondos fueron depositados en cuentas particulares para ser utilizados en actividades políticas y ostentosas, no contempladas en el Decreto Supremo de creación del Fondo. Además, se indica que Arce promovió que el Gabinete del entonces presidente Evo Morales dictara un Decreto Supremo que autorizara dichos depósitos y gastos, contrarios a la norma. El informe concluye que la responsabilidad directa de Arce se basa en haber “planificado y dispuesto el desembolso de millonarias cantidades de dinero del Estado a cuentas privadas, facilitando el posterior enriquecimiento ilícito de terceros”, adecuando su conducta a los tipos penales de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. RTP

La Defensoría del Pueblo exigió una investigación “célere, idónea, exhaustiva e imparcial” tras los hechos de violencia en Colcapirhua, Cochabamba, y pidió identificar responsabilidades institucionales e individuales para evitar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana. Recordó que tras los hechos hubo varios heridos —entre civiles y policías— y personas aprehendidas. «Un esclarecimiento oportuno es esencial para evitar la impunidad. Estos sucesos vulneran gravemente el derecho a la vida y la integridad. El Estado tiene la obligación constitucional e internacional de proteger la vida y la seguridad de todas las personas», se lee en un comunicado. La entidad expresa que como Institución Nacional de Derechos Humanos, realiza el seguimiento integral de la conflictividad y verifica el respeto a la dignidad humana, lo que incluye el acceso a atención médica de las personas heridas, el respeto del debido proceso para las personas aprehendidas y el acompañamiento a las investigaciones vinculadas con las personas fallecidas. Anuncia que toda la información recabada será sistematizada en un informe defensorial que será puesto en conocimiento de las autoridades y de la población para contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición. Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer la gestión pública de la conflictividad mediante mecanismos permanentes de diálogo y atención temprana de las demandas sociales. «Solo una acción estatal articulada y preventiva evitará nuevas tensiones como en Colcapirhua», concluye la Defensoría del Pueblo, que recordó su independencia y mandato de velar por los derechos humanos. RTP

Durante un patrullaje, la Policía logró secuestrar 700 litros de diésel y 20 litros de gasolina que estaban siendo transportados, de manera irregular, en una vagoneta en la carretera hacia Copacabana. El combustible estaba en 15 bidones de 50 litros, cada uno, que están acoplados dentro del vehículo, informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Amilcar Sotopeña. El conductor, al verse sorprendido por los agentes de la Policía, comenzó a acelerar, lo que motivó a la intervención y posterior inspección logrando encontrar el combustible. La primera hipótesis que se tiene es que el destino final del diésel iba a ser la frontera con el Perú para su comercialización. Por este hecho, el chofer fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía para su investigación. El motorizado y el combustible fueron secuestrados con fines investigativos. ERBOL