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Bolivia

De recurso renovable a estratégico: Se debe plantear una gestión sostenible del recurso hídrico

Como cada 22 de marzo, el mundo conmemoró el Día Mundial del Agua, esta fecha busca generar conciencia sobre la importancia del recurso hídrico, porque paso de ser un recurso natural renovable a un recurso estratégico. Este 2025, el foco se centra en la conservación de los glaciares, este impacto va más allá porque muchas ciudades dependen de los glaciares para el suministro de agua. Un informe preliminar realizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSa) que reveló que en los últimos 15 años se perdió el 31% de su cobertura glaciar  en Bolivia. El agua es un recurso finito y cada vez más escaso. Solo el 2.5% del agua en el planeta es dulce, y de esta más de dos tercios están congelados en glaciares o capas de hielo en ese sentido la gestión sostenible del recurso hídrico es fundamental para garantizar su disponibilidad a largo plazo. En el marco de la gestión sostenible del agua, se plantea un modelo en base al manejo integral de cuencas, esto permitirá tener un control sin límites ni fronteras para implementar estrategias estructurales. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Indígenas contaminados por minería exigen fondo compensatorio, atención médica y un alto a las concesiones mineras

Un fondo de compensación, atención médica y un alto a las concesiones mineras, son parte de las ocho demandas de tres comunidades y pueblos de Potosí, Oruro y La Paz, que se encuentran afectados por la minería. Este viernes denunciaron en una audiencia pública de la Asamblea Legislativa, que estudios en sangre y cabello muestran que están contaminados por plomo, arsénico y mercurio. Los afectados señalaron que en los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de las poblaciones y los territorios indígenas. Afirman que son testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista,  en muchos casos, ante una pasividad y silencios omisivos de los diferentes órganos del Estado. Ante la Comisión de Naciones  y Pueblos Indígena Originario Campesinos, de la Cámara de Diputados, relataron  como en el Ayllu San Agustín de Puñaca, la contaminación del agua y suelo con metales pesados ha sido confirmada por estudios científicos. Asimismo, presentaron el caso de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en el que el mercurio proveniente de la minería aurífera ilegal afecta al 75% de las personas evaluadas y en las que se encontró mercurio en proporciones alarmantes. Los comunarios de  Cantumarca, señalaron que el aire contaminado ha elevado los niveles de plomo en la sangre de niños y adultos mayores. Ante esta situación, en su pronunciamiento y petitorio, estas comunidades y pueblos exigen a las autoridades al menos ocho puntos para la atención de sus habitantes y sus territorios: a.         Cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias, resoluciones Constitucionales N° 1471/2022-S-3 de Puñaca, Sentencia Constitucional N° 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios, Sentencia Constitucional N° de Cantumarca y supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación b.         Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos. c.         Instamos al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas a dar Seguimiento y Cumplimiento de las Sentencias Constitucionales  y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medio al medio ambiente, salud y los territorios indígenas. d.         Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible) para garantizar y dar seguimiento a todas las acciones de cumplimiento. e.         Se garanticen la implementación de mecanismos preventivos y  medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar nuestra integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción  o acto que ponga en riesgo nuestra seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación. f.         Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas. g.         Exigimos la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes. h.         Que el Ministerio de Salud implemente un plan de salud integral para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las personas afectadas por exposición al metilmercurio, priorizando a las comunidades Esse Ejja, Tsimane y Mosetenes.

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Estado ficticio tienta a indígenas bolivianos para que alquilen sus territorios por mil años

Estuvieron en Paraguay, en Ecuador, y a finales del año pasado probaron suerte en Bolivia. Son parte de lo que se autodenomina Estados Unidos de Kailasa; según medios internacionales como la BBC e Infobae, un país ficticio que logró asistir a dos sesiones de Naciones Unidas. De acuerdo al autoproclamado gurú hindú Nithyananda Paramashivam, Kailasa fue fundado por él en 2019, en una isla comprada a Ecuador, y cuenta con dos mil millones de hindúes practicantes entre su población. Asimismo, afirma tener una bandera, una constitución, un banco central, un pasaporte y un emblema. Después de fallidos intentos de permanecer en otros países, los representantes de Estados Unidos de Kailasa empezaron a contactar a la dirigencia de pueblos indígenas bolivianos, para firmar convenios de “cooperación bilateral”. Lo hicieron con los baure y cayubaba de Beni, y con los esse ejja del Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) de Pando; además trataron de establecer relaciones con otras naciones, como las de tierras altas, a través de la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). EL DEBER accedió a las actas y los convenios con los baure, esse ejja y cayubaba, con quienes hubo algunos avances. En el caso de la nación baure, en septiembre de 2024 varios representantes, liderados por Pedro Guasico Durán, firmaron un acta de consentimiento para conceder el “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas de ese territorio por 108 mil dólares anuales, con un pago inicial. De parte de Kailasa, en el convenio aparecen la embajadora de Kailasa, Brenda Jung; y los delegados Nilesh Patel, Nithya Paramashivapriya y Trang Huyen Tran. “Este arrendamiento es por un período de mil años, que se renovará automáticamente y perpetuamente”, indica el contrato. El mismo mes, de acuerdo al acta de directorio, los cayubaba informaban sobre la firma de un tratado bilateral entre Roddy Alberto Chávez Atoyay, en representación de la Subcentral Indígena de la Central Cayubaba, para otorgar “una concesión perpetua e irrevocable de 31 mil ha de terreno” en favor de los Estados Unidos de Kailasa, destinadas a la conservación de la biodiversidad endémica”, a cambio de un pago anual de 55.800 dólares americanos. En el contrato, de parte de Kailasa, además de los anteriormente mencionados, aparece Lewis Jeffrey Smith, como delegado. Otro contrato, de noviembre de 2024, fue con los esse ejja del TIM 2, entre Pando y Beni, por más de 390 mil ha, con pagos anuales de 28.107 dólares. Este documento fue firmado por Sanjinez Mamio Callaú, gran capitán, con otros dirigentes como testigos. Del lado de Kailasa, además de la embajadora Brenda Jung, rubricaron el acuerdo Lin Wang, Qiaohui Cui, y Sophia Lorena Smith, todos delegados. CONTEXTO Entre los antecedentes que figuran los documentos, desde Kailasa aseguran que las tierras soberanas de sus ciudadanos se perdieron entre las olas del Océano Índico cuando Kumari Kandam, la antigua patria hindú, se hundió bajo la superficie debido a los estragos del “cambio climático” y la destrucción ecológica, que llevó a su gente a buscar un nuevo hogar, donde puedan reconstruir y prosperar en armonía con el medioambiente. “Más adelante en la historia, el resto de nuestras tierras se perdió como efecto del colonialismo, erosionando aún más nuestra conexión con nuestra herencia ancestral e identidad cultural”. Asimismo, se definen como un sujeto soberano de derecho internacional, con atributos distintivos de Estado jurídico e instituciones históricas eclesiásticas hindúes soberanas, que reciben el reconocimiento habitual de las Naciones Unidas. Amparan los convenios directos entre Kailasa y los pueblos indígenas del país en la Constitución Política del Estado (CPE) boliviano, “profundamente comprometida con los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, asegurando que los pueblos indígenas tengan derecho a gobernar sus territorios, con control ancestral sobre sus territorios, su libre determinación”, con jurisdicción, normas y procedimientos propios. CLÁUSULAS Entre las cláusulas en común en todos los convenios, los representantes de Kailasa estipulan la validez de su propio pasaporte, que deberá ser considerado como nacional, tanto de Kailasa como de la nación indígena firmante, “y que cualquier pasaporte que Kailasa cancele, el pasaporte correspondiente de la nación indígena también debería cancelarse”. Del mismo modo, los originarios deberán reconocer la validez de la moneda de Kailasa. Sobre el territorio, literalmente la cesión es irrevocable e incluye todos los derechos sobre el espacio aéreo y los recursos accesibles sobre o debajo del suelo, y renovable de manera automática cada mil años. La transferencia de pago se efectuará una vez que se cumplan: la transferencia de la tierra al título de Kailasa, al completar un estudio formal, una evaluación topográfica integral, la satisfacción de todos los marcos legales aplicables, y la ratificación del tratado por el Gobierno de Bolivia. Kailasa además tendrá plena soberanía y autonomía dentro del territorio para establecer sus propios sistemas administrativos, jurídicos, económicos y prácticas culturales y religiosas, en la forma que así determine. “La nación indígena brindará protección contra agresiones externas al territorio con sus servicios de defensa y Policía, cuando lo solicite Kailasa. Sin embargo, la nación indígena acepta que no habrá interferencia en los asuntos internos y ninguna fuerza de defensa, Policía o cualquier otra entidad administrativa. De acuerdo con la soberanía, la presencia de aeronaves de cualquier tipo en el espacio aéreo del territorio estará sujeta a la aprobación de Kailasa”. Adicionalmente, Kailasa compromete a dar a sus soberanos el mismo trato que a los jefes de Gobierno y ministros de otros países; a defender a Kailasa en cualquier proceso judicial que surja en la jurisdicción de la nación indígena firmante o del Estado Plurinacional de Bolivia; a garantizar la exención fiscal, incluso de donaciones, y de las cargas sociales sobre sueldos. “Además, los miembros de la sede de Kailasa y de todas las instituciones dependientes estarán exentos de impuestos en la adquisición o venta de propiedades muebles o inmuebles dentro del territorio de Kailasa o en la nación indígena, utilizados o que vayan a ser utilizados para sus funciones oficiales”. En la misma línea, en sus contratos comprometen a la nación firmante

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Lluvias: 31 municipios declarados en desastre, controlan desborde de cinco ríos en El Alto

El departamento de La Paz reporta 31 municipios en desastre y esperan que otras cinco alcaldías emitan informes para ayuda humanitaria o maquinaria entre ellos Viacha. El Alto informa que controlaron cinco ríos para evitar desbordes que afecten a vecinos. Informe del vocero de la gobernación de La Paz, Jesús Chura, ingresando a la tercera semana de marzo, las precipitaciones pluviales registran 31 municipios en desastres, otros cinco deben declararse en crisis para recibir ayuda de los 3,5 millones de bolivianos aún queda 1,5 millones de bolivianos para atender con maquinaria y ayuda humanitaria uno de ellos Viacha. Mientras la alcaldía de El Alto atiende casos de emergencia reportados durante el fin de semana, apuntó la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, si bien el río Poncoro se desbordó afectando cultivos de papa y 15 viviendas este fin de semana comunarios recibieron ayuda, señaló Gabriel Pari, secretario municipal de Gestión Ambiental. La Secretaría Municipal de Educación, atendió 30 casos por lluvias, en tres unidades educativas se cayeron las paredes, el titular Cristian Tancara, explicó que las intervenciones por cuadrillas de emergencia y mantenimiento fueron oportunas. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Estatal EPCORO prevé comprar 4 toneladas de oro este año para reforzar reservas del BCB

Epcoro, la Empresa Estatal Boliviana de Comercio de Oro, planea cuadruplicar sus compras este año para reforzar las reservas de oro del banco central, que enfrenta una grave crisis de liquidez. La compañía ya ha adquirido una tonelada de oro en lo que va de año, en comparación con las 2.4 toneladas compradas durante todo 2024, según el CEO Pablo César Pérez. “Tenemos la proyección de vender alrededor de 10 toneladas al banco central este año”, declaró Pérez en una entrevista desde La Paz. Esa cantidad representaría aproximadamente $1,000 millones a los precios actuales del oro, que han alcanzado niveles cercanos a máximos históricos debido a la inflación persistente. RESPUESTA A LA CRISIS DEL BANCO CENTRAL Epcoro fue creada hace un año como respuesta a la crítica situación del banco central de Bolivia, que ha agotado en gran parte sus reservas de efectivo y oro para financiar los subsidios al combustible. Esta semana, el gobierno anunció que ya no podrá mantener los subsidios para todos, afectando directamente a los mineros y agricultores. La caída de la producción de gas en Bolivia ha provocado una escasez de dólares en el mercado, lo que ha limitado las operaciones de conversión en los bancos y ha generado largas filas para comprar combustible. La inflación ha alcanzado un preocupante 13%, el nivel más alto en décadas. UN MERCADO COMPLICADO PARA LOS MINEROS Epcoro enfrenta el desafío de encontrar productores dispuestos a vender oro en la moneda local, el boliviano, que se ha depreciado considerablemente. Sin embargo, los mineros han aceptado estas condiciones debido a la dificultad de encontrar compradores que paguen en dólares. Curiosamente, las exportaciones de oro de Bolivia cayeron un 72% el año pasado, totalizando solo $687 millones, a pesar del aumento en los precios internacionales. Parte de esa producción ha sido absorbida por Epcoro, aunque Pérez no reveló cifras exactas. Pérez explicó que existe una diferencia entre el precio internacional del oro en dólares y lo que paga Epcoro en bolivianos, pero destacó que la empresa ofrece la ventaja de pagar en efectivo de manera inmediata, lo que resulta atractivo para los mineros. El origen del oro comprado por Epcoro ha generado críticas. Algunos legisladores de la oposición han señalado que el banco central podría estar ayudando a lavar oro extraído ilegalmente de la Amazonía boliviana a través de las compras de Epcoro. Pérez ha defendido la legalidad de las operaciones, asegurando que el oro cumple con todos los requisitos legales. Bolivia cerró el año pasado con solo $1,980 millones en reservas internacionales, de las cuales el 96% corresponde a oro. Alrededor del 13% del oro adquirido por el banco central desde mediados de 2023 hasta 2024 provino de Epcoro, según Pérez. Aunque la empresa todavía no ha cumplido su objetivo de convertirse en el principal proveedor de oro del banco central, Pérez confía en que pronto demostrarán su capacidad para añadir valor al oro de Bolivia y fortalecer la economía nacional. (Minería en Línea)

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Bermejo vive un auge histórico por el ingreso de compradores argentinos

Cada día, y alentados por la devaluación del boliviano, ciudadanos argentinos cruzan la frontera por Aguas Blancas para llegar a la ciudad de Bermejo (Tarija), en el sur del país, y realizar la compra de verduras, hortalizas, ropa, zapatos, hasta línea blanca o neumáticos. Si bien este comercio siempre existió, con la diferencia de que antes resultaba más económico para los bolivianos ir a territorio argentino a comprar productos a bajo precio, desde el año pasado la afluencia hacia los locales comerciales en esa ciudad, dio un giro de 360 grados. Y la razón radica en que, en la localidad de Bermejo, ahora es más económico para los argentinos comprar productos y llevarlos a su país. El comercio formal o informal no cesa en esa región, pese a que las autoridades de Argentina, con el Plan Güemes, quieren reforzar el control para evitar el contrabando y el narcotráfico en este sector. Bermejo está conectada a través de un puente internacional con la ciudad argentina de Orán, donde hay un Área de Control Integrado (ACI). El paso para los turistas tiene una franquicia de 300 dólares, en la que no se computan artículos como ropa, un celular, una notebook o una tableta. Quienes se pasan de ese valor, deben abonar un tributo, según autoridades argentinas. También rige el tráfico vecinal fronterizo, un régimen especial establecido para pobladores de localidades aledañas a la frontera, como Orán, Aguas Blancas y Los Toldos. Y el régimen simplificado, para los pasadores de mercaderías con fines comerciales, conocidos como bagalleros, según reportó el medio El Tribuno de Salta. En diciembre, el Gobierno argentino puso en marcha el Plan Güemes, con el cual la Prefectura Naval Argentina (PNA) patrulla por primera vez las aguas del Río Bermejo, un espacio que hasta ahora había sido controlado exclusivamente por la Policía de Bolivia. Con esto se busca frenar el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, estableciendo una clara separación entre el control fronterizo vecinal, el control migratorio y la administración aduanera. El presidente del comité cívico de Bermejo, Víctor Hugo Sánchez, indicó que el comercio entre ambas ciudades aún es fluido, las mercancías entran y salen desde ambos territorios, pero ahora sus autoridades exigen que todo el flujo de personas pase por el control migratorio. “Nosotros exigimos una reunión binacional para que en común acuerdo ambos países pongan orden, porque hay un régimen provisorio”, señaló Víctor Sánchez, cívico de Bermejo. “En la actualidad, el gobierno de Milei quiere poner orden y, bueno, los pasos ilegales donde no lo ve la autoridad yo creo no está prohibido, lo que está prohibido es hacer pillar. Como en cualquier frontera hay esos pasos, eso no creo que van a poder regular. Nosotros exigimos una reunión binacional para que en común acuerdo ambos países pongan orden, porque hay un régimen provisorio, el cual tiene que acondicionar el paso fronterizo en la parte argentina”, subrayó Sánchez. El dirigente contó que, por cuestiones cambiarias, antes era más conveniente traer productos desde Argentina, puesto que eran más baratos y de mejor calidad; por ejemplo, un bidón de aceite costaba 20 bolivianos, ahora allá vale 45 bolivianos; una bolsa de diez kilos de arroz tenía un valor de 25 bolivianos, y hoy solo el kilo está en 18 bolivianos. Dos cervezas argentinas costaban 25 bolivianos, pero ahora solo una tiene ese valor; el vino Toro que se podía comprar en 10 bolivianos, y por tres cajas, incluso venía con una gaseosa de regalo. Uno de los factores, dijo, es que la moneda nacional, el boliviano, hoy vale menos; por ejemplo, un peso argentino antes equivalía a seis bolivianos y ahora el cambio es a nueve, por eso es que se encarece el producto argentino. El tipo de cambio del dólar es de 12 bolivianos. Por el contrario, de Argentina, los ciudadanos cruzan y compran todo tipo de mercaderías. “Hasta Coca-Cola llevan… En diciembre, llegó bastante choclo desde Cochabamba que se ha llevado a la Argentina”, contó. También compran electrodomésticos y vituallas. TURISMO EN BOLIVIA Añadió que antes, las quintas que plantaban tomate botaban al río la cosecha de descarte, pero ahora “todo se vende”. El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que los 365 días del año hay un paso de personas y mercancías de manera formal e informal por esa frontera. Cuando Argentina tenía crecimiento económico, estabilidad, sus productos eran baratos y había un flujo importante de bolivianos que viajaban al otro lado para traer diferentes mercancías a bajo costo. Esto cambió cuando la economía del país vecino comenzó a presentar alza de precios e inflación, y si bien en Bolivia también hay presiones inflacionarias, sus productos son un 30% a 50% más baratos en Yacuiba o Bermejo y conviene llevarlos a la frontera. “Esto se va a mantener, además se debe tomar en cuenta el tipo de cambio; por cada mil pesos argentinos el cambio era siete bolivianos, pero ahora está en nueve o 9,50 bolivianos. Esto es porque la moneda boliviana se ha depreciado y por eso aumentó el poder de compra del peso argentino y los ciudadanos de ese país pueden adquirir más productos”, puntualizó. Según Romero, el comercio de contrabando se mantiene a pesar de los controles y el Plan Güemes que implementan autoridades argentinas y hay, por el contrario, un flujo mayor de productos que desde Bolivia salen con rumbo a ese país. Un reportaje reciente del diario La Nación, en Bermejo, verificó la gran diferencia de precios, y por eso la avalancha de gente en la frontera. Además, en Bolivia se ofrecen mejores precios y se cobra hasta en moneda argentina. Hay dos formas de llegar de Aguas Blancas a Bermejo y volver. Una, la legal; la otra, la vía ilegal. A su vez, la primera, también tiene dos opciones. Se puede ir por agua, en botes o por el puente internacional. Si bien los textiles y el calzado son, por lejos, los productos que más se compran; los electrodomésticos; los termos

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ANH reconoce inconvenientes en distribución de diésel y asegura normalización en próximos días

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó que en los últimos días se han presentado inconvenientes en la distribución de diésel en algunos surtidores del país. La entidad asegura que la situación está siendo atendida y se espera que la normalización del suministro se produzca en los próximos días, garantizando así la disponibilidad del combustible en todo el territorio nacional. La ANH también ha señalado que, en relación con la demanda de los sectores productivos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunirá con los representantes de estos sectores para coordinar el abastecimiento adecuado de diésel, con el fin de asegurar que las actividades productivas del país no se vean afectadas por la escasez del combustible. La entidad reitera su compromiso con la estabilidad en el abastecimiento de combustibles y continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para superar cualquier eventualidad que afecte el suministro. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Desde 2015, Bolivia se convirtió en la meca de la caza ilegal de jaguares, denuncian activistas

Las redes internacionales de cazadores furtivos han convertido a Bolivia en la meca del tráfico del jaguar. Al país llegan europeos y asiáticos tras su galardón más codiciado en una competencia ilegal para obtener “su trofeo”, según denuncias activistas en defensa de los animales. “Desde 2015, Bolivia es la meca de la caza de jaguares. Es el lugar donde se han encontrado los casos más relevantes y las redes más grandes. Vienen a América con la mentalidad de ‘me falta este para mi colección”, declaró Lisa Corti, representante del colectivo activista Llanto del Jaguar, en un reportaje que publica este martes el diario español El País. Este imponente animal, dice el artículo, que puede llegar a medir dos metros de largo y pesar más de 130 kilos, ha sido venerado como símbolo de fuerza e incluso considerado una deidad por las culturas ancestrales. Razones que lo convierten en el trofeo de caza más apreciado, lo que ha llevado a europeos y asiáticos a buscarlo en el corazón de Sudamérica. Mientras, las investigaciones contra estos crímenes se ven entorpecidas por la falta de personal y de preparación de las autoridades bolivianas, asegura ese medio. De hecho, el fiscal a cargo no lleva ni tres meses en el puesto y hasta ahora lideraba una unidad contra el narcotráfico. En Bolivia, se cazan furtivamente cerca de 60 jaguares al año, la mayor cantidad de toda Latinoamérica, según un informe de 2022 de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites). A nivel mundial, el 50% de la distribución histórica de este animal se ha perdido y, en la actualidad, existen cerca de 64.000 ejemplares, casi todos concentrados en la Amazonia y el Pantanal. “Cuanto más escaso, más codiciado”. Con ese discurso, Noya, veterinario de profesión, promocionaba paquetes de caza de hasta 48.000 euros en las páginas web Online Hunting y African Hunting, además de captar clientes presencialmente en eventos cinegéticos de España y Estados Unidos, dice la nota. En la lista de precios del argentino, en la que se ofrecían hasta 15 tipos de especies, el jaguar no solo era el más caro, sino que la diferencia de precios era abismal. La caza de un ejemplar costaba 10.000 euros, mientras que el segundo más costoso, el ocelote, tenía un precio de 1.700. “Se presentaba como una empresa legal que cazaba animales regulados y, una vez hecho el contacto, incluía a la fauna protegida”, explica el abogado Rodrigo Herrera, uno de los denunciantes del caso que fue abierto por la fiscalía boliviana a finales de enero. LA «MAFIA» CHINA Herrera también se enfrentó a una mafia china que, entre 2013 y 2018, exportó cientos de miles de colmillos de jaguar a Asia. Los cabecillas de la organización eran una pareja que fue sorprendida con 185 dientes del felino y varias otras partes del cuerpo, como las garras y las extremidades. “En China, los colmillos se usan como amuletos o collares porque se cree que ofrecen protección contra los malos espíritus. Además, otras partes se utilizan en la medicina tradicional. Ellos piensan que no fueron obtenidos matándolos, sino recogiéndolos de cuerpos que fallecieron por causas naturales”, cuenta el guardaparques y uno de los investigadores del crimen, Marcos Uzquiano, que cita ese diario. A través de anuncios en la radio en municipios de la Amazonia boliviana, como San Borja o Rurrenabaque, se ofrecían 250 dólares por cada jaguar cazado. En Asia, sin embargo, se comercializaban por hasta 2.500 dólares. “Los ganaderos lo aceptan porque los felinos, a causa de los incendios y la deforestación en la Amazonia y la Chiquitania, no tienen otra opción que salir del corazón del bosque y atacar al ganado”, detalló Uzquiano. Otra de las grandes razones por las que el jaguar está amenazado es la pérdida de su hábitat: hasta 2015, la deforestación de espacios naturales alcanzó los 5,7 millones de hectáreas en Bolivia, según la organización WWF. “De todas las incautaciones realizadas desde 2010 en adelante, más del 50% están relacionadas con China de alguna manera”, apunta el abogado Herrera. La creciente presencia de migrantes chinos en Bolivia se debe a las cercanas relaciones diplomáticas entre ambos países, que han permitido la concesión de proyectos de infraestructura, como carreteras y obras civiles. Antes del caso de la pareja traficante, entre 2014 y 2016, la Policía boliviana incautó 337 partes de jaguar en 16 paquetes, 14 de ellos enviados por ciudadanos chinos que trabajaban en Bolivia. Ambos, la pareja, están acusados por los delitos de biocidio, destrucción y deterioro de la riqueza nacional, y tráfico ilegal de vida silvestre. No obstante -dice El País- el Código Penal boliviano no suma las penas de manera acumulativa, sino que impone la más alta (ocho años en este caso), aunque se puede añadir una agravante proporcional. Quienes siguen el caso de cerca lamentan que la investigación transcurra de forma atropellada y lenta. El fiscal asignado al caso, Miguel González, todavía no ha recibido una respuesta del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre si la casona que aparece en las fotos de Noya con los cadáveres de los jaguares es privada o pública para proceder con un allanamiento. “Lamentablemente, el Estado es demasiado débil en su capacidad institucional para hacer cumplir la ley. Además, el personal público está muy mal capacitado”, denuncia el abogado Herrera. La activista Corti ejemplifica este desconocimiento cuando los jueces del caso de la mafia china se quedaron, en un principio, con las pieles y colmillos incautados, cuando por normativa debían ser entregados al Museo de Historia Natural Noel Kempff. El proceso tuvo 12 audiencias suspendidas. (Visión 360)

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Productores de soya exigen certidumbre e inmediata autorización para exportar

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) exige al Gobierno que emita de manera inmediata el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo y cumpla con el Decreto Supremo 3920, para garantizar condiciones de mercado estables para los productores. En conferencia de prensa, el presidente de Anapo, Fernando Romero, reclamó que “hasta la fecha, el Ministerio de Desarrollo Productivo no emitió el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo, para liberar la exportación de grano de soya en un equivalente al 60% de la producción de 2024”, como lo establece el Decreto Supremo (DS) 3920 de 2019, promulgado en un acuerdo con este sector productivo. “La exportación directa del grano de soya es una necesidad para los pequeños productores y una garantía de estabilidad para el sector. El Gobierno debe cumplir su rol facilitador y evitar trabas burocráticas que afectan a miles de familias productoras”, demandó Romero. En representación de los aproximadamente 14.000 productores de soya, Romero expresó su preocupación ante la falta de la autorización para exportar grano de soya este año. “Esta situación genera incertidumbre en miles de agricultores y pone en riesgo la sostenibilidad del sector”, aseveró a su vez Hugo Flores Porco, presidente de la filial de productores de San Julián. El DS 3920 de 2019 dispone que la exportación de soya está permitida una vez que quede garantizado el abastecimiento del mercado interno. Esto fue validado por los agricultores; sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural no ha emitido el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo, lo que impide la venta del excedente a mercados internacionales. El sector soyero respalda su demanda con cuatro puntos clave: 1.         El abastecimiento interno está garantizado. A pesar de las dificultades climáticas que se atravesó en las campañas de verano de 2023-2024 y de invierno de 2024, se produjo más de dos millones de toneladas de soya. La demanda local es de casi 800 mil toneladas; por ello, hay suficiente producción para el mercado interno y un excedente listo para la exportación. 2.         Los productores necesitan recibir un precio justo. La falta de autorización para exportar soya afecta los precios en el mercado interno y perjudica sobre todo a los pequeños y medianos productores, quienes enfrentan costos de producción en constante aumento. Sin acceso a mercados externos, muchos corren el riesgo de no cubrir sus costos, lo cual puede afectar a las futuras siembras, incluyendo las del invierno (trigo, sorgo, girasol, maíz y otros). 3.         El sector requiere estabilidad para continuar su recuperación. En 2024, la sequía provocó pérdidas grandes en la producción de soya. Aun así, los agricultores apostaron por seguir produciendo, y proyectaron la cosecha de 2,5 millones de toneladas en la campaña de verano 2024-2025. Pero, para que la recuperación sea sostenible, necesitan reglas claras y previsibles. 4.         La exportación impulsa el empleo y el crecimiento económico. La industria oleaginosa es clave para la generación de divisas y empleo en Bolivia. Las exportaciones de soya no solo benefician a los agricultores, sino a toda la cadena agroindustrial. Con ello, contribuyen al desarrollo del país. El presidente de la filial Norte de Anapo, Juan Pablo Espinoza, lamentó: “cada día de demora perjudica económicamente a los pequeños productores, que hemos luchado contra condiciones muy duras el año pasado, debido a la sequía, la falta de dólares y la escasez de diésel”. Anapo espera que esta solicitud sea atendida a la brevedad posible para evitar mayores perjuicios a los agricultores y a la economía nacional. “El sector soyero es un pilar fundamental de la economía nacional. Los productores queremos seguir trabajando, generando empleo y aportando al país, pero necesitamos certidumbre para hacerlo”, enfatizó su presidente. RTP

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Litio generaría menos ingresos que el oro: Regalías de china CBC para municipios serían solo de $us 1 MM anual, advierte experto

El especialista en temas mineros e investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, calcula que, si se aprueba el contrato con la china CBC,  los seis municipios del salar de Uyuni recibirán en promedio un millón de bolivianos anuales por concepto de regalías por la explotación del litio, tomando como parámetro el precio de 10 mil dólares la tonelada en el mercado internacional, que es el monto en el que se cotiza actualmente. Según la Ley 535 de Minería y Metalurgia, las regiones y municipios productores de litio recibirán una regalía del 3%, es decir, 300 dólares por tonelada producida, lo que implicaría 6 millones de dólares al año. Al tipo de cambio oficial, estamos hablando de  41,7 millones de bolivianos. Sin embargo, la misma norma indica que las regiones productoras (Potosí y Oruro), se quedarán con el 85%, mientras que los municipios productores recibirán el 15 por ciento restante de la regalía, correspondiéndoles a los seis municipios del área 6,2 millones de bolivianos, es decir, 1,044.000 bolivianos (un poquito más de un millón de bolivianos). Los municipios del área son Uyuni, Colcha K, Tahua, Llica, San Pedro de Quemes (Potosí) y Salinas de Garci Mendoza (Oruro). Este cálculo se hizo tomando como parámetro una producción de 20 mil toneladas al año, puesto que CBC propone producir entre 10 mil y 25 mil toneladas anuales. Las plantas, por lo general, no funcionan al 100% de su capacidad, afirma Zaconeta. En el cálculo tampoco está incluida la empresa rusa Uranium One Group, de la que no se conocen detalles financieros. Zaconeta considera que la cifra es “ínfima” puesto que incluso la minería del oro, que es bastante cuestionada, deja más regalías para el país que lo que podría dejar el litio. “Con todo el cuestionamiento que podemos tener a la política del oro, el oro estaría pagando más, porque el oro está pagando alrededor de 60 millones de dólares a año”, dice Zaconeta. “Tenemos una política tan precaria del oro, tan saqueadora, pero, el litio está peor”, señala el especialista. Los contratos del litio se encuentran en la Cámara de Diputados para su aprobación, pero el rechazado va creciendo porque instituciones de la sociedad civil considera que dejan grandes réditos para las empresas y muy pocos para el Estado. Zaconeta dice que la propuesta del CEDLA es que, antes de discutir los contratos, se debe aprobar una ley de recursos evaporíticos, para incluir en esta política, no solo al litio, sino también al boro, al magnesio, al sodio, al potasio, y otros minerales. “Lo primero que debe hacerse es discutir una ley de recursos a evaporíticos y a partir de esta ley recién tener las claves, las normas, los marcos normativos para poder negociar cualquier tipo de contrato o convenio sea en beneficio del país”, señala. Agrega que la regalía del 3 por ciento para el litio está por debajo de lo que se paga por otro minerales. Por ejemplo, dice, “en el zinc, la alícuota es del 5%; en el caso de la plata es el 6%; en el cobre es 5%, el estaño 5%, pero además éstas pueden variar si la cotización oficial sube”. Señala que esta regalía del 3% para el litio se estableció en 2014, creyendo que el proyecto iba a ser 100% estatal, y que por tanto no se podía restar tantos recursos al aparato estatal, pero ahora las condiciones cambiaron hacia una sociedad con privados, pero la regalía se mantiene en niveles bajos. Zaconeta recuerda que la sociedad civil exige el pago entre el 10 y 20% de regalía, para cuando el precio suba. Por eso, Zaconeta recomienda hacer un análisis de costo beneficio porque puede ser que por los impactos ambientales y por las bajas regalías, convenga preservar el agua para la producción de quinua por ejemplo. (Sumando Voces)

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