La historia de Lala, una cría de jaguar mutilada y huérfana tras el ataque de cazadores furtivos, se convirtió en un caso emblemático para la justicia ambiental en Bolivia. En abril de 2025, el Tribunal Agroambiental dictó medidas cautelares inéditas para proteger al jaguar y su hábitat, tras denuncias de caza y tráfico ilegal en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, en Santa Cruz.
Sin embargo, pese a estas medidas, la vida del felino continúa en riesgo. A la caza furtiva por sus colmillos y piel se suman la deforestación, los incendios forestales y la minería, que amenazan seriamente su hábitat.
Para los pueblos indígenas es un símbolo de poder, protección, transformación y conexión con la selva, representa la fuerza y el equilibrio de la naturaleza, que debe ser preservado.
Tras una audiencia de más de 5 horas de duración, el Tribunal Agroambiental emitió, en abril, una resolución con 12 disposiciones, entre las que se destacan:
- Pausa ecológica inmediata en todo el territorio nacional por quemas y chaqueos y pausa ecológica para actividades extractivas o antrópicas que amenacen su supervivencia.
- Protección integral para defensores ambientales.
- Creación de un fondo nacional para la conservación del jaguar.
- Recategorización del estado de conservación del jaguar en el Libro Rojo de especies amenazadas.
- Política de tolerancia cero al tráfico de fauna silvestre, con controles reforzados en aeropuertos y capacitación del personal.
- Reforma educativa nacional, con enfoque en biodiversidad, cambio climático y derechos de la naturaleza.
ÁNGEL LOZANO-RTP
