Nombre del autor:Rodrigo Villegas

Miles de personas han acudido este sábado a la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en Madrid, donde han denunciado la reciente caída de los decretos aprobados tras el ‘efecto Maricarmen’ y han clamado a favor del derecho a la vivienda, con la sombra de una huelga general en el horizonte. «Hacia la huelga general» rezaba la pancarta que ha encabezado la marcha, compuesta por cuatro columnas con destino a la plaza de Cibeles, donde está el ayuntamiento de la ciudad, y que, según la Delegación del Gobierno, ha congregado a unos 70.000 asistentes, detrás de proclamas como «Expropiación sin indemnización a los fondos buitres, bancos y grandes tenedores» o «La Ley de Vivienda es una mierda». Casi 24 horas después de que el Congreso rechazara los dos reales decreto-ley que contenían medidas como la renovación automática de los alquileres, los topes a las rentas o la limitación de compra a los llamados «fondos buitre», las calles del centro de Madrid han acogido una de las más de 50 manifestaciones que se celebran a lo largo del día en distintas ciudades de España. «Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo (…) totalmente separado de la realidad de las calles», ha dicho la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, en declaraciones a los medios desde el Paseo del Prado. Los convocantes han contado con el apoyo de Podemos, a través de su secretaria general, Ione Belarra, y de la eurodiputada y ‘número dos’ de la formación morada, Irene Montero, que ha apelado a «acabar con el negocio de la vivienda», para lo que cree que hay que forzar un cambio en el sistema, «paralizando el país con una huelga general». Una fórmula, que promueve el movimiento por la vivienda, que ya respaldó Belarra en la víspera, durante su turno de palabra en el debate parlamentario. Sobre esto también se ha pronunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien ha avanzado que ayer ya mantuvieron una reunión «con los sindicatos combativos» y que harán lo propio con los mayoritarios, «que están muy de acuerdo con esta propuesta y tienen claro que es el camino por el que continuar la lucha». Propietarios e inquilinos La marcha ha unido a propietarios e inquilinos con un mismo objetivo. «Es un problema a nivel nacional, fuera de clases y transversal», cuenta a EFE Iván, un joven que, aunque dice haber tenido «suerte» al quedarse con la casa de sus padres, insiste en que hay que adoptar soluciones «ya», como «limitar la compra de propiedades para alquiler turístico». En esta línea, Joana explica que ha acudido a la manifestación porque «España se merece unas reglas del juego diferentes». «Soy una pequeña rentista y me parecería maravilloso que hubiera más regulación», continúa. Celia, por su parte, se remonta a su larga trayectoria como inquilina, en la que ha tenido «muchos problemas», mientras que Manuel, padre de una hija y que actualmente comparte casa con una tercera persona, pide que «vivir no sea tan difícil». A lo lejos, las voces se unen bajo un mismo cántico: «Hace falta ya una huelga, una huelga. Hace falta ya una huelga general». Sobre esta hipótesis, el sentir es dispar, y es que aunque muchos, como Iván, lo ven necesario, otros como Fernando muestran su escepticismo, pues «tienes que estar muy seguro de que vas a triunfar porque sino puede ser un tiro en el pie». Las consecuencias políticas La vivienda es actualmente una de las principales preocupaciones de los españoles tras las subidas registradas en los últimos años tanto de los precios de compraventa como de los alquileres y en un escenario en que la demanda crece a un mayor ritmo que la oferta. Los decretos sometidos a votación este viernes y que recibieron el ‘no’ del Congreso fueron aprobados el pasado martes por el Gobierno tras las protestas por el desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda donde residía en Madrid desde hace más de 70 años. El rechazo de ambos textos – con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, el primero; y de los mismos partidos más PNV y CC, el segundo- ha tenido, además, una importante carga política que se ha materializado en el período de reflexión y análisis ante un hipotético adelanto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El Gobierno de Argentina anunció este viernes un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía mediante un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público de 800.000 dólares, una iniciativa que comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. El programa fue anunciado por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week, que se celebra en París y se enmarca, según el Gobierno, en el proceso de «apertura e integración internacional que impulsa la Argentina», acompañado de reformas destinadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales. La iniciativa establece dos vías para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares creado específicamente para el programa. El esquema también contempla al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de 100.000 dólares, mientras que para los menores de 18 años se establece un aporte de 25.000 dólares. Los controles de seguridad Las solicitudes estarán sujetas a «un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina», según detalló un comunicado oficial del Ministerio de Economía. El proceso incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimoniales y financieros, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio. La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. La agencia elevará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que aprobará o rechazará cada solicitud. El Gobierno indicó que los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y transparencia financiera, alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Los recursos obtenidos se destinarán, según el Ejecutivo, a «continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina». (EFE)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes, en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país. El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango. La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para «la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas». También crea un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua que debe establecer un diálogo con las autoridades nicaragüenses y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de 90 días. Brasil, que había votado en contra de convocar esta reunión, subrayó su oposición a cualquier referencia que señale a Nicaragua como «una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales». La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2019, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela. Las medidas contra Nicaragua El organismo decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas «traidores a la patria», en una referencia a la oposición. Durante el encuentro de este viernes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que la «dictadura» de Nicaragua ha vetado a la nueva embajadora estadounidense en el país, Natasha Franceschi, ratificada el pasado miércoles por el Senado. Por su parte, el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció la decisión de su país de cerrar su embajada en Nicaragua mientras «persistan las condiciones» de deterioro de la democracia. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es «urgente» que la nación recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades. Mientras, la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Rosa María Payá, definió al país como un «estado policial” que utiliza su «arquitectura transnacional» para intimidar y cargar contra sus nacionales en el extranjero. La reunión no contó con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega. (EFE)

Casi dos años después de acudir a las autoridades de la Universidad de Cornell, y luego de no recibir ayuda, una exestudiante de dicha institución volvió a contar lo que vivió en una casa de fraternidad, esta vez en una demanda civil. Según el documento de 101 páginas al que tuvo acceso CNN, la noche del 19 de octubre de 2024 la denunciante fue a la casa de la fraternidad Chi Phi, en Ithaca, Nueva York, a visitar a un amigo. Allí, sostiene, dos miembros la presionaron para consumir ketamina, una droga que nunca había probado, y la agredieron sexualmente cuando no estaba en sus capacidades plenas. Ya había bebido alcohol, aclara. Hacia la 1:42 de la madrugada, uno de ellos habría escrito en el chat de la red Snapchat de la fraternidad un mensaje degradante que invitaba a los demás a subir. De acuerdo con la demanda, más hombres entraron en la habitación y la agresión se prolongó hasta cerca de las 5:45 a. m. La demanda señala a siete miembros de la fraternidad, hoy conocidos como “los siete de Cornell”, a la universidad y a Chi Phi. Dos de los acusados negaron las acusaciones ante ABC News, recogió The Guardian. Uno de ellos admitió haber enviado un mensaje incluido en la demanda, pero negó haber participado. Los nombres de los hombres son son Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar, de la promoción de 2024. ¿Por qué no hubo cargos y qué hizo Cornell? El fiscal Matthew Van Houten defendió su decisión de 2024. Según él, la declaración que la mujer dio entonces no mencionaba haber sido drogada contra su voluntad ni haber sido forzada. El abogado de la víctima, Thomas Giuffra, responde que ese relato no era sustancialmente distinto al de la demanda y que a su clienta solo la escuchó el agente que recibió la denuncia, nunca un investigador formado para entrevistar a sobrevivientes de abuso. En una tensa entrevista con el periodista Jake Tapper, de CNN, Van Houten admitió que su oficina no examinó al principio los mensajes del chat, que estaban en manos de Cornell. El fiscal encargó ahora a una fiscal de alto rango llevar el caso ante un gran jurado y reconoció, según The Guardian, que cada persona “sana de un trauma a su manera”. La demanda sostiene que la universidad expulsó solo a dos de los siete estudiantes y que a los demás les impuso suspensiones, talleres o ensayos escritos, aunque Cornell lo niega. La universidad sostiene que tras una investigación de varios meses un panel impuso expulsiones y suspensiones, que a ninguno se le permitió saldar su responsabilidad solo con un ensayo y que la sección de Chi Phi fue cerrada en 2024. Según la universidad, insistir en que las consecuencias fueron mínimas hará que las sobrevivientes se sientan menos seguras. El caso ya ha generado reacciones a nivel estatal. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió el martes que un abogado externo revise de forma independiente la respuesta de la institución. «Ninguna estudiante debería preguntarse si las instituciones creadas para protegerla la van a escuchar», dijo Hochul, quien destacó el valor extraordinario que exige denunciar algo así. Otras figuras, desde la industria del entretenimiento, también han apoyado a la víctima y se han sumado a la ola de indignación que exige una revisión del caso. La actriz Florence Pugh les pidió a los hombres que sientan el mismo horror que sienten las mujeres y que lideren las conversaciones sobre la complicidad que permite estas conductas. Por otro lado, Toby Morton, exguionista de South Park, lanzó un sitio web para documentar el relato de la víctima y la respuesta de la universidad. (EL ESPECTADOR)