Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El 30 de abril de 2026, el Senado acusó a la Sala Constitucional Tercera de El Alto, mediate resolución camaral N° 02672025-2026, de vulnerar la Constitución Política del Estado al haber dispuesto la suspensión de un acto de interpelación contra un ministro de Rodrigo Paz. Esa misma Sala resolverá este lunes la acción de amparo constitucional interpuesto por el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para que anule el voto de censura en ausencia y vuelva a sus funciones.   El Senado acusó a dicha Sala de causar un daño institucional al Estado Plurinacional, al alterar la relación funcional entre órganos del poder público y condicionar la actuación parlamentaria a un mandato jurisdiccional sin base constitucional, al haber dispuesto la suspensión temporal de un acto de interpelación contra el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, a simple solicitud del convocado a un acto de interpelación. Ahora el turno fue del ministro Espinoza que los vocales lo restituyan al cargo, tras haber sido destituido del cargo por efecto de la Ley que regula los actos de interpelación. El argumento de Espinoza es que no fue atendido una solicitud de postergación por razones de agenda de trabajo, pese a que fue varias reprogramada en medio del receso parlamentario. Espinoza explica que fue censurado en su ausencia con una votación menor a lo que exige la Constitución. Según el exministro, debería ser censurado por 110 de los 166 miembros de la Asamblea, pero en la votación del martes 18 de agosto, la votación solo alcanzó a 91 votos favorables, es decir, veinte (20) votos por debajo del umbral constitucional de ciento once. En abril de este año, el Senado dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe defender el Estado de Derecho y, en particular, contra el auto constitucional de referencia de postergar la interpelación del ministro Blanco, a fin de restablecer el orden constitucional, preservar la soberanía popular delegada y determinar las responsabilidades que correspondan. En esa oportunidad dispuesto la presentación de una denuncia penal, ante el Ministerio Público, contra los vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ricardo Guisbely Limachi y Grover Jhonn Cori Paz, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, previstos por los Artículos 153, 154 y 173 del Código Penal. Sin embargo, desde abril de 2026, no se conoce si habría iniciado proceso penal por lo que considera además la grave violación al Estado de Derecho que se pretende materializar en el Estado Plurinacional de Bolivia. (ERBOL)

Las cuatro provincias del norte de Santa Cruz dieron un plazo de 48 horas al Gobierno nacional para abrogar el Decreto Supremo 5676, una norma que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores. La determinación se asumió durante un ampliado en el que dirigentes y representantes de las provincias analizaron el impacto de la disposición sobre el sector productivo. Tras la reunión, advirtieron que, si el Gobierno no atiende su demanda dentro del plazo fijado, ingresarán en estado de emergencia y evaluarán nuevas medidas. “En caso de incumplimiento, nos declaramos en estado de emergencia”, señaló uno de los dirigentes al concluir el encuentro. El alcalde de San Pedro, David Martishev, respaldó la posición de los productores y sostuvo que la abrogación del decreto responde a una necesidad que alcanza a grandes, medianos y pequeños productores de la región. «Aquí se tomo la decisión de abrogar el decreto, no le veamos como parte política, es una postura de todos los sectores de la región. Los productores le pedimos al Gobierno una solución inmediata», argumentó Martishev. DS 5676 El Decreto Supremo 5676 se emitió por el Gobierno a inicios de esta semana con el argumento de regularizar la provisión de combustible y reducir las filas en los surtidores. Sin embargo, la decisión generó rechazo entre distintos sectores productivos, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Confeagro y productores cañeros. Para los representantes del norte cruceño, el nuevo esquema de comercialización del diésel puede elevar los costos de producción y afectar directamente a las actividades agropecuarias de la región. Con el plazo de 48 horas en marcha, los dirigentes aguardan una respuesta del Gobierno y no descartan asumir medidas de presión si su pedido no es atendido. La advertencia deja abierta una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo y el sector productivo cruceño, que exige revisar el alcance de la medida antes de que tenga mayores efectos sobre la producción y el abastecimiento. El jueves, cañeros y productores del norte del departamento cruceño se manifestaron con una marcha por arterias de Montero y posteriormente el bloqueo temporal del Puente de la Amistad que conecta a Santa Cruz con Cochabamba. (LA RAZÓN)