WALDO ALBARRACÍN
El comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos proporcionando una lista de personas bolivianas, a quienes se les retira la visa de ingreso a su país y/o los descalifica para esa posibilidad, ha generado indignación y preocupación ciudadana, más aún si la referida nómina está encabezada por la máxima autoridad del Ministerio Público, el actual Fiscal General Roger Mariaca, además del actual Fiscal Departamental de Santa Cruz y el ex Ministro de Justicia Iván Lima.
Sobre este acontecimiento, surgieron opiniones, calificando algunos el hecho como una intromisión en asuntos internos del país, argumentos deleznables, toda vez que la principal acusación sobre los inhabilitados es que sus actos de corrupción, están orientados a proteger personas involucradas en el narcotráfico. Cabe enfatizar que, si sólo se tratara de meros actos de corrupción, no acontecería el pronunciamiento de los Estados Unidos, pero estamos hablando de un crimen que además de tener alcance internacional, es considerado de lesa humanidad por el daño y consecuencias que genera a grandes colectivos humanos y el efecto directo en contra de la sociedad norteamericana, ahí radica el interés del país del norte, motivo por el que no se puede hablar de intromisión.
Lo hechos suscitados, debe generarnos una reflexión profunda respecto al funcionamiento del Ministerio Público en toda su estructura nacional, pues su primera autoridad es denunciada por un país que para acusar de algún delito, previamente investiga y en base a sus propias fuentes de información, solventes y de mayor credibilidad que las nuestras, adopta una decisión sobre autoridades bolivianas, acusándolas de actos de corrupción vinculadas al narcotráfico, corresponde reaccionar en proporción a la dimensión del problema.
El Art. 225 de la Constitución Política del Estado, establece que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Eso significa que, por mandato constitucional la Fiscalía, desde su máxima autoridad nacional, los fiscales departamentales y todos los fiscales que prestan servicios en el país, deben estar comprometidos con los intereses legítimos de la ciudadanía y ser promotores de la respectiva acción penal contra los que cometen delitos, hasta lograr la sanción penal de éstos.
Sin embargo, en la realidad fáctica, acontece exactamente lo contrario, pues cuando se suscita la comisión de un acto delictivo, dependiendo del peso político o económico del autor del hecho criminal, los fiscales evalúan la posibilidad concreta de lograr una ventaja económica, extorsionando al autor del delito a cambio de dinero, porque la impunidad del delincuente tiene un precio, no interesando la situación de la víctima o sus familiares. Entonces esa misión que le confiere la norma superlativa queda absolutamente distorsionada.
Si bien no es correcto emitir conceptos absolutos sobre el comportamiento de los fiscales, en el entendido de que no son todos los que se corrompen, salvando el desempeño de algunos profesionales que actúan con probidad, pero no es la excepción lo que preocupa, sino la corrupción sistemática y estructural que hasta ahora no cambia y esa realidad tiene una causa y una explicación. Cuando el flagelo de la corrupción invade el despacho de la máxima autoridad, este fenómeno repercute o baja como en cascada hacia las demás dependencias, pasa por las fiscalías departamentales y se extiende hacia toda la estructura nacional. Es por ello que hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Ministerio Público es una entidad podrida y que no representa para nada ni preserva los intereses de la sociedad, por consiguiente, si por un lado tienes a una fiscalía que solo sirve a los que tienen influencia política o económica y por el otro un sistema judicial con similares características, evidencias que la ciudadanía boliviana se encuentra en completo estado de indefensión.
Frente a este panorama es necesario identificar responsables, porque el actual Fiscal General, interpelado por los Estados Unidos, acusado de actos de corrupción vinculados al narcotráfico, no se autonombró, fue designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, obviamente con mayoría de votos congresales. En este caso, fue el Movimiento al Socialismo el que lo catapultó en ese cargo y como el MAS no entrega nada gratuitamente, tiene que haber una contraprestación, ello significa que las actuales autoridades del Ministerio Público, además de estar coludidas con instancias de poder político para fines y ganancias ilícitas, han distorsionado absolutamente los nobles y altruistas objetivos para los que fue creada la institución.
Hoy, frente a la imagen pública tan negativa de la entidad de marras, corresponde preguntarse, cuáles los antecedentes que prevalecieron para la designación del Fiscal General en el Congreso. Antes de dicho nombramiento fue Fiscal Departamental de Santa Cruz y precisamente ese fue el escenario donde según el Departamento de Estado del país del norte, incurrió en actos de corrupción que hoy dan lugar a esta especie de veto en su contra. Corresponde preguntarse, si antes de este ejercer ese cargo, se destacó por ejercer la profesión con ética profesional?, se ganó el respeto del foro de abogados en su región o del pueblo cruceño?, fue talvez un promotor de la justicia, un jurista de prestigio?, un apóstol de los derechos fundamentales?. Que yo sepa no, sin embargo, el MAS promovió su nombramiento en la ALP, impulsado estrictamente por intereses políticos y ahí está el resultado.
Es necesario imputar la responsabilidad respecto a los males que caracterizan al Ministerio Público, al conjunto de la sociedad política, porque no sólo fue durante los gobiernos del MAS que se catapultaron en el cargo a personas nada recomendables, también lo hicieron los gobiernos neoliberales del MNR, MIR, ADN, es decir, el problema es antiguo, pues los políticos incurrieron en el error de llenar esta importante institución con sus adláteres, de perfiles similares a quien hoy ejerce el cargo de Fiscal General.
Sin embargo, no obstante que aún persiste la obsesiva intención de promover la designación de personas no idóneas antes que gente capaz, con ética profesional en tan importantes funciones, el país y particularmente la ciudadanía, no debe renunciar a la aspiración legítima de transformar dicha entidad, promoviendo un cambio estructural, en aras de que en adelante cumpla la sagrada misión de defender los intereses de la sociedad, así como ejercer la persecución penal con vocación de justicia y convicción democrática, eso requiere necesariamente la renuncia al cargo de la actual autoridad y los fiscales departamentales designados por ésta.
Un paso inicial para impulsar en Bolivia una transformación profunda del sistema de administración de justicia, debe empezar por cambiar radicalmente la institución del Ministerio Público, para luego continuar con el Órgano judicial. En los 9 departamentos del país existen juristas idóneos con trayectoria sin mácula que pueden asumir el reto de impulsar este reordenamiento institucional.
Tienen la palabra: La sociedad política responsable histórica de este problema, así como los colegios de abogados y las facultades de Derecho, cuyo silencio cómplice también los interpela.