Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El Ministerio Público, mediante un comunicado, desmintió este miércoles “de manera categórica” que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, hubiera sostenido una reunión con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Esta aclaración de la Fiscalía General del Estado surgió después que una periodista, mediante su programa, dijo que Mariaca se habría reunido con Marset 10 días antes de su extradición a Estados Unidos. “Ante la gravedad de esta afirmación que afecta el honor de una autoridad y por responsabilidad con la opinión pública, la Fiscalía General solicita a la periodista presentar las pruebas que respalden lo manifestado”, cita el documento.  Además, la Fiscalía señala que, en caso de que no se cuente con las pruebas, corresponderá una retractación pública por los mismos medios en los que se difundió la cuestionada versión. Este tipo de versiones surgen después de que Estados Unidos revocara la visa a Mariaca. (EL DEBER)

Un derrumbe de proporciones registradas la noche del martes en la bocamina Mejora, perteneciente a la Cooperativa Minera 9 de Abril de Potosí, cobró la vida de al menos tres trabajadores, en un hecho marcado por la confusión, la resistencia inicial del sector y la falta de información oficial certera en las primeras. El gerente regional de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Dennis Flores, informó al diario El Potosí que se reportó un accidente en la mencionada bocamina de la Cooperativa 9 de Abril. El funcionario indicó que efectivos de la Policía se trasladaron al lugar para investigar si el hecho se debió a un derrumbe oa la caída de un planchón que afectó a los operarios. Asimismo, señaló preliminarmente que algunos de los afectados habrían sido rescatados con vida, mientras se evaluaba el saldo de posibles víctimas fatales, un panorama que las horas posteriores confirmaron como fatal. De acuerdo con el reporte policial de la intervención, el llamado de auxilio ingresó cerca de las 23:00 del martes, alertando inicialmente sobre la existencia de Múltiples personas atrapadas tras el colapso estructural al interior del yacimiento, ubicado en la parte posterior del cerro histórico. Ante la gravedad del aviso, un contingente policial especializado compuesto por siete efectivos se desplazó de manera inmediata hasta el área de operaciones. Sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados chocaron con un primer obstáculo: los trabajadores apostados en el exterior del yacimiento les prohibieron el ingreso a la bocamina. Los rescatistas intentaron dialogar con los familiares de las víctimas y buscaron coordinar la intervención bajo protocolos de seguridad industrial. Para ello, exigieron la presencia de algún directivo o responsable de la cooperativa que autorizara el acceso y asignara a una guía con conocimiento de las complejas labores subterráneas. Ningún dirigente se presentó en el lugar. Ante el inminente riesgo para la vida de los propios uniformados y la falta de condiciones mínimas de seguridad, el equipo de rescate decidió no ingresar de manera autónoma a los túneles. El rescate Mientras los efectivos aguardaban en el exterior, fueron los propios compañeros de trabajo y trabajadores mineros quienes decidieron adentrarse en las galerías colapsadas por cuenta propia. Horas más tarde, los mineros lograron extraer los cuerpos sin vida de tres de sus compañeros. A su salida, la Policía procedió a verificar los restos, confirmando trágicamente que ninguno presentaba signos vitales. El escenario exterior se volvió hostil. En medio de un clima de profundas alteraciones, llanto e ira por parte de familiares y cooperativistas, los efectivos policiales se vieron imposibilitados de realizar el registro legal correspondiente y recabar los datos necesarios para establecer fehacientemente la identidad de los fallecidos. Aprovechando la confusión, los cuerpos fueron subidos a vehículos particulares y, de acuerdo con versiones de los propios parientes, trasladados hasta la sede de la misma cooperativa. Constatando que el perímetro había sido completamente abandonado por los mineros y los familiares, y sin garantías para continuar con las diligencias de ley, el contingente de rescate policial procedió a evacuar la zona a las 2:40 de la madrugada. Hasta el cierre del presente informe, las investigaciones conjuntas continúan abiertas para esclarecer las causas y circunstancias exactas que desencadenaron este nuevo luto en las entrañas del Cerro Rico de Potosí. (CORREO DEL SUR)

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se refirió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocarle  la visa a él y a otros funcionarios, exfuncionarios y jueces bolivianos. Señaló que el Ministerio Público solicitó conocer oficialmente los motivos y fundamentos de la medida. “Somos respetuosos con relación a que se hubiese cesado o que se hubiese revocado supuestamente esta situación de las visas. Vale decir, en todo caso, nosotros como Ministerio Público necesitamos conocer de manera oficial la información que se ha venido difundiendo a través de los diferentes medios de comunicación reitero y redes sociales a través del conducto regular”, indicó. Zeballos explicó que se pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar la información mediante los canales diplomáticos, para conocer el sustento, motivo, alcance y fundamento jurídico de la decisión. “Desconocemos si es una decisión política, si es una decisión económica o si es una decisión netamente administrativa, pero necesitamos saber por qué de dicha decisión”, sostuvo. El fiscal departamental también pidió que se respete la institucionalidad del Ministerio Público y afirmó que las investigaciones en curso continuarán. “No vamos, en todo caso, a permitir injerencias o influencias  políticas, venga de donde venga. Una cosa es vertir opiniones que las respetamos, pero otra muy distinta es pretender condicionar o interferir o inclusive afectar el trabajo de la institución soberana que representa el Ministerio Público”, afirmó. Zeballos señaló que, una vez que se conozca la información oficial, la Fiscalía podrá asumir una postura institucional respecto a la medida. Respecto a su caso, aseguró que tiene una visa de turista y que viajó al país estadounidense para asistir a un curso. El fiscal afirmó que desconoce las razones específicas de la medida y señaló que, como institución, se respeta la soberanía de cada país y las decisiones relacionadas con el flujo migratorio. Sin embargo, sostuvo que «ese respeto debe ser recíproco entre países». El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la medida alcanza inicialmente a 13 ciudadanos bolivianos, entre ellos fiscales, jueces, un magistrado constitucional, un exministro de Justicia, un exejecutivo de la Aduana, un coronel de la Policía y un empresario privado. Entre los nombres que figuran en la lista difundida por el Departamento de Estado de EE.UU. están: Además, Estados Unidos anunció una designación pública contra el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, bajo la sección 7031(c), al señalarlo por presunta “corrupción significativa”. Además, lo acusaron de solicitar y aceptar sobornos vinculados a actividades de narcotráfico y a la evasión de la justicia por parte de delincuentes. (EJUTV)