Casi dos años después de acudir a las autoridades de la Universidad de Cornell, y luego de no recibir ayuda, una exestudiante de dicha institución volvió a contar lo que vivió en una casa de fraternidad, esta vez en una demanda civil.
Según el documento de 101 páginas al que tuvo acceso CNN, la noche del 19 de octubre de 2024 la denunciante fue a la casa de la fraternidad Chi Phi, en Ithaca, Nueva York, a visitar a un amigo. Allí, sostiene, dos miembros la presionaron para consumir ketamina, una droga que nunca había probado, y la agredieron sexualmente cuando no estaba en sus capacidades plenas. Ya había bebido alcohol, aclara.
Hacia la 1:42 de la madrugada, uno de ellos habría escrito en el chat de la red Snapchat de la fraternidad un mensaje degradante que invitaba a los demás a subir. De acuerdo con la demanda, más hombres entraron en la habitación y la agresión se prolongó hasta cerca de las 5:45 a. m.
La demanda señala a siete miembros de la fraternidad, hoy conocidos como “los siete de Cornell”, a la universidad y a Chi Phi. Dos de los acusados negaron las acusaciones ante ABC News, recogió The Guardian. Uno de ellos admitió haber enviado un mensaje incluido en la demanda, pero negó haber participado.
Los nombres de los hombres son son Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar, de la promoción de 2024.
¿Por qué no hubo cargos y qué hizo Cornell?
El fiscal Matthew Van Houten defendió su decisión de 2024. Según él, la declaración que la mujer dio entonces no mencionaba haber sido drogada contra su voluntad ni haber sido forzada.
El abogado de la víctima, Thomas Giuffra, responde que ese relato no era sustancialmente distinto al de la demanda y que a su clienta solo la escuchó el agente que recibió la denuncia, nunca un investigador formado para entrevistar a sobrevivientes de abuso.
En una tensa entrevista con el periodista Jake Tapper, de CNN, Van Houten admitió que su oficina no examinó al principio los mensajes del chat, que estaban en manos de Cornell. El fiscal encargó ahora a una fiscal de alto rango llevar el caso ante un gran jurado y reconoció, según The Guardian, que cada persona “sana de un trauma a su manera”.
La demanda sostiene que la universidad expulsó solo a dos de los siete estudiantes y que a los demás les impuso suspensiones, talleres o ensayos escritos, aunque Cornell lo niega. La universidad sostiene que tras una investigación de varios meses un panel impuso expulsiones y suspensiones, que a ninguno se le permitió saldar su responsabilidad solo con un ensayo y que la sección de Chi Phi fue cerrada en 2024.
Según la universidad, insistir en que las consecuencias fueron mínimas hará que las sobrevivientes se sientan menos seguras.
El caso ya ha generado reacciones a nivel estatal. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió el martes que un abogado externo revise de forma independiente la respuesta de la institución.
«Ninguna estudiante debería preguntarse si las instituciones creadas para protegerla la van a escuchar», dijo Hochul, quien destacó el valor extraordinario que exige denunciar algo así.
Otras figuras, desde la industria del entretenimiento, también han apoyado a la víctima y se han sumado a la ola de indignación que exige una revisión del caso.
La actriz Florence Pugh les pidió a los hombres que sientan el mismo horror que sienten las mujeres y que lideren las conversaciones sobre la complicidad que permite estas conductas. Por otro lado, Toby Morton, exguionista de South Park, lanzó un sitio web para documentar el relato de la víctima y la respuesta de la universidad.
(EL ESPECTADOR)