Miles de personas han acudido este sábado a la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en Madrid, donde han denunciado la reciente caída de los decretos aprobados tras el ‘efecto Maricarmen’ y han clamado a favor del derecho a la vivienda, con la sombra de una huelga general en el horizonte.
«Hacia la huelga general» rezaba la pancarta que ha encabezado la marcha, compuesta por cuatro columnas con destino a la plaza de Cibeles, donde está el ayuntamiento de la ciudad, y que, según la Delegación del Gobierno, ha congregado a unos 70.000 asistentes, detrás de proclamas como «Expropiación sin indemnización a los fondos buitres, bancos y grandes tenedores» o «La Ley de Vivienda es una mierda».
Casi 24 horas después de que el Congreso rechazara los dos reales decreto-ley que contenían medidas como la renovación automática de los alquileres, los topes a las rentas o la limitación de compra a los llamados «fondos buitre», las calles del centro de Madrid han acogido una de las más de 50 manifestaciones que se celebran a lo largo del día en distintas ciudades de España.
«Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo (…) totalmente separado de la realidad de las calles», ha dicho la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, en declaraciones a los medios desde el Paseo del Prado.
Los convocantes han contado con el apoyo de Podemos, a través de su secretaria general, Ione Belarra, y de la eurodiputada y ‘número dos’ de la formación morada, Irene Montero, que ha apelado a «acabar con el negocio de la vivienda», para lo que cree que hay que forzar un cambio en el sistema, «paralizando el país con una huelga general».
Una fórmula, que promueve el movimiento por la vivienda, que ya respaldó Belarra en la víspera, durante su turno de palabra en el debate parlamentario.
Sobre esto también se ha pronunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien ha avanzado que ayer ya mantuvieron una reunión «con los sindicatos combativos» y que harán lo propio con los mayoritarios, «que están muy de acuerdo con esta propuesta y tienen claro que es el camino por el que continuar la lucha».
Propietarios e inquilinos
La marcha ha unido a propietarios e inquilinos con un mismo objetivo.
«Es un problema a nivel nacional, fuera de clases y transversal», cuenta a EFE Iván, un joven que, aunque dice haber tenido «suerte» al quedarse con la casa de sus padres, insiste en que hay que adoptar soluciones «ya», como «limitar la compra de propiedades para alquiler turístico».
En esta línea, Joana explica que ha acudido a la manifestación porque «España se merece unas reglas del juego diferentes». «Soy una pequeña rentista y me parecería maravilloso que hubiera más regulación», continúa.
Celia, por su parte, se remonta a su larga trayectoria como inquilina, en la que ha tenido «muchos problemas», mientras que Manuel, padre de una hija y que actualmente comparte casa con una tercera persona, pide que «vivir no sea tan difícil».
A lo lejos, las voces se unen bajo un mismo cántico: «Hace falta ya una huelga, una huelga. Hace falta ya una huelga general».
Sobre esta hipótesis, el sentir es dispar, y es que aunque muchos, como Iván, lo ven necesario, otros como Fernando muestran su escepticismo, pues «tienes que estar muy seguro de que vas a triunfar porque sino puede ser un tiro en el pie».
Las consecuencias políticas
La vivienda es actualmente una de las principales preocupaciones de los españoles tras las subidas registradas en los últimos años tanto de los precios de compraventa como de los alquileres y en un escenario en que la demanda crece a un mayor ritmo que la oferta.
Los decretos sometidos a votación este viernes y que recibieron el ‘no’ del Congreso fueron aprobados el pasado martes por el Gobierno tras las protestas por el desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda donde residía en Madrid desde hace más de 70 años.
El rechazo de ambos textos – con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, el primero; y de los mismos partidos más PNV y CC, el segundo- ha tenido, además, una importante carga política que se ha materializado en el período de reflexión y análisis ante un hipotético adelanto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
(EFE)