Bolivia

Investigan trata y explotación infantil en el eje troncal

Una red de trata, tráfico de personas y explotación infantil que está operando en el eje troncal desde Santa Cruz, Cochabamba y La Paz fue descubierta exponiendo a niños en condiciones de mendicidad para sacar dinero a costa de la compasión de la gente. Esta vez se reveló que menores dependientes de la comunidad ayorea fueron trasladados de Santa Cruz a La Paz, en poder de personas adultas, quienes tienen expuestos a los niños en las calles de la sede de Gobierno pidiendo limosna a los ciudadanos y tras conmoverlos por el grado de necesidad terminan dando su aporte. El descubrimiento se registra después que el fin de semana, en Cochabamba, cayera presa una pareja en poder de 4 niños que también habían sido llevados desde la capital cruceña para ser usados en las calles para pedir limosna. Las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía detectaron que la pareja también estaba en poder de una bebé de seis meses que era expuesta en las calles para pedir limosna y que falleció debido a complicaciones de su salud al sufrir un alto grado de fiebre y desnutrición. La directora de Género y Gestión Social del Gobierno Municipal de Santa Cruz, Lola Terrazas, expresó su preocupación tras conocer la presencia de niños en La Paz, que son llevados de Santa Cruz para exponerlos en las calles a una alta vulnerabilidad de sus derechos. Lola Terrazas manifestó que surge un tema grande el hallazgo de niños cruceños dependientes de comunidad ayorea en La Paz, que son manipulados por una red de trata, tráfico de personas y explotación infantil para recaudar dinero generado por la compasión de la gente. La autoridad municipal aseguró que se están realizando acciones coordinadas con el Viceministerio de Igualdad y Oportunidades, así como defensorías y la Felcc para velar por la dignidad y derechos de los niños y se identifiquen a los culpables que forman parte de una organización. “Es preocupante que este hecho se esté expandiendo a escala nacional con menores obligados a la mendicidad”; dijo Terrazas. UNA PAREJA A LA CÁRCEL EN COCHABAMBA Una pareja fue aprehendida en Cochabamba en poder de cuatro niños rescatados sanos y salvos y una bebé de seis meses que falleció. La mujer fue enviada por la Justicia a la cárcel de Cochabamba luego de las investigaciones desarrolladas por la Felcc y la Fiscalía por delitos de infanticidio, trata, tráfico de personas y explotación infantil. La responsable de Género y Gestión Social de la Alcaldía de Santa Cruz, Lola Terrazas, afirmó que los aprehendidos, Marisabel (29) y Edgar (18), purgarán en Cochabamba durante cuatro meses, según lo dispuesto por la Justicia y responden a procesos por infanticidio, trata de pernas y explotación infantil. Los niños rescatados están en hogares de acogimiento transitorio en Cochabamba, bajo la tutela de Defensoría de la Niñez. Lola Terrazas aseguró que se realizan las gestiones para el traslado de los menores a Santa Cruz. Así mismo manifestó que, ya se están realizando gestiones para trasladar a nuestra capital los restos de la bebé fallecida para darle cristiana sepultura. Terrazas afirmó que en comunicación con representes de la comunidad ayorea de Santa Cruz, la bebé de seis meses sería sobrina del hombre detenido en Cochabamba, quien declaró que se la llevó porque su mamá está perdida en el consumo de bebidas alcohólicas. Hasta el momento no se logró identificar a los padres de los cuatro niños rescatados en Cochabamba, pero hay información que pertenecen al núcleo de la comunidad ayorea. Lola Terrazas aseguró que el traslado de niños a Cochabamba y La Paz desnuda fallas en los controles de algunas autoridades. Para ello advirtió a los ciudadanos que sean descubiertos en las terminales terrestres y áreas tratando de viajar a otros distritos sin cumplir con los requisitos y que no sean los padres. Terrazas aseguró que los niños tendrán que viajar con sus padres y llenar un formulario. “Las personas que sean detectadas con menores tratando de viajar, pero que no sean los padres no podrán hacerlo porque se debe evitar los riesgos de vulnerabilidad, la trata de personas y explotación infantil, especialmente en la red troncal por parte de redes criminales” dijo Terrazas.     EL DEBER

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6.800 nuevos ítems proyecta el nuevo Presupuesto del Estado

El Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 contempla la creación de más de 6.800 nuevos ítems en salud, educación y seguridad, como parte de una reorientación del gasto público que reduce el gasto corriente no esencial del Gobierno central y refuerza los servicios esenciales del Estado, destacó este sábado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. Durante la defensa técnica del proyecto de ley ante el pleno de la Cámara de Diputados, Espinoza explicó que la reducción del déficit fiscal se está realizando sin afectar el gasto social, priorizando los sectores estratégicos para el desarrollo del país. “Mientras el Gobierno Central reduce sus gastos corrientes, el dinero se va a alcaldías, gobernaciones y también se va a salud, educación y defensa”, afirmó la autoridad al explicar la redistribución de los recursos públicos. Como parte de esta política, el PGE Reformulado contempla la incorporación de 3.000 nuevos ítems en educación, equivalentes a más de 84.000 horas de carga horaria, lo que permitirá reducir el déficit de horas de enseñanza, especialmente en unidades educativas del área rural. En salud se crearán 2.355 ítems, mientras que para las Fuerzas Armadas y la Policía se habilitarán 1.512, lo que fortalecerá la capacidad de atención y protección del Estado. A estas medidas se suma la incorporación de más de Bs 1.000 millones para garantizar el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS), recursos que no habían sido contemplados en el presupuesto originalmente aprobado y que permitirán asegurar la continuidad de la provisión de medicamentos y prestaciones médicas en beneficio de la población. El ministro destacó que el esfuerzo de racionalización del gasto no recayó sobre los sectores que prestan servicios a la ciudadanía. Por el contrario, explicó que cerca del 80% del presupuesto salarial del Gobierno corresponde precisamente a educación, salud, Policía y Fuerzas Armadas, razón por la cual la reducción del gasto se concentró en áreas administrativas y gastos no esenciales. Recordó que el Ejecutivo está implementando una reducción histórica del déficit fiscal superior a seis puntos del producto interno bruto, sin recurrir a nuevos impuestos, sin afectar los bonos sociales y sin disminuir la inversión en los servicios esenciales que demanda la población. “El ajuste fiscal que estamos planteando es el más grande de la historia reciente de Bolivia, pero al mismo tiempo generamos más ítems en salud, más ítems en educación y más ítems en defensa”, enfatizó Espinoza. ABI

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Microchips bolivianos buscan devolver la vista

Tras más de cuatro décadas dedicadas a la investigación y orientados al tratamiento de distintas enfermedades, sobre todo las relacionadas con la visión, el oftalmólogo Edwin Olmos Tapia informó que registró 26 patentes para microchips ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). El experto, nacido en Oruro y que trabaja hace varios años en el municipio de Yapacaní, informó que estos microcomponentes se encuentran diseñados para aplicaciones biomédicas, entre ellas la recuperación de la visión, la restauración de la audición, el tratamiento de enfermedades neurológicas y el monitoreo de diversas funciones del organismo. “Primero, queremos devolverle la vista al no vidente, a través de una conexión interneuronal con cuatro chips en el cerebro y cuatro en el ojo”, adelantó Olmos. Agregó que una de las ideas para el primer microchip data de 1984, pero en esa oportunidad no se la pudo patentar debido a la inexistencia de una oficina de propiedad intelectual en Bolivia y a los elevados costos de registro en el extranjero, aseguró. Pero ahora, que se tiene la disponibilidad del Senapi, ha podido realizar el registro de estas patentes. Los chips tienen dimensiones de dos milímetros de largo por 0,5 milímetros de ancho, “es mucho más pequeña que la mitad de un arroz”, detalló. El profesional médico sostuvo que los prototipos emplean componentes de oro y que su objetivo a futuro es instalar una planta de producción de microchips biomédicos en Bolivia. Finalmente, Olmos manifestó que, tras realizar el registro en el Senapi cumpliendo con los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la entidad, apuntará al registro internacional de las patentes. EL DEBER

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Anaí Bozo jubila el liderazgo trotskista del magisterio en La Paz

El frente URMA, de tendencia trotskista y liderado por José Luis Álvarez, perdió las elecciones en la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. La victoria fue para el frente Magisterio Combativo, cuya principal candidata Anaí Bozo será la nueva ejecutiva del magisterio paceño. Las elecciones realizadas el sábado arrojaron un margen estrecho de 35% para Magisterio Combativo y 34% para URMA, poniendo fin a décadas de dominio trotskista en el magisterio paceño. Álvarez reconoció el resultado y dijo que las bases han elegido otro frente. Señaló que el tiempo dirá sobre el impacto de la elección. El dirigente saliente atribuyó el resultado a la “derechización” y “despolitización” del magisterio, como “consecuencia” del masismo en los sindicatos. La ganadora Anaí Bozo consideró que la victoria se debe al pedido de renovación del magisterio. Anunció que se dedicará a “ordenar la casa”, como no se ha podido hacer en los anteriores 30 a 40 años. El Alto se mantiene con URMA En las elecciones del magisterio regional de El Alto, el ganador por un estrecho margen fue URMA, con su candidata Mariela Espejo, quien asumirá como ejecutiva de la región. Espejo destacó que en El Alto se ha optado por una “dirección revolucionaria”, por la experiencia de la lucha frente a los diferentes gobiernos. ERBOL

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Bolivia carece de cultura sísmica

Durante los primeros cinco meses de 2026, el Observatorio San Calixto localizó 1.178 sismos en Bolivia. La actividad sísmica mostró una tendencia al alza, al pasar de 212 eventos en enero a 256 en mayo. Los datos muestran que la mayor parte de la actividad sísmica del país se concentró en Potosí durante ese periodo, mientras que el número de eventos registrados aumentó de manera gradual entre enero y mayo. Es decir, Potosí registró 844 sismos, lo que representa aproximadamente el 71,6% de los 1.178 sismos localizados en Bolivia. En enero, Potosí registró 148 eventos; en febrero, 158; en marzo, 176; en abril, 182; y en mayo, 180. En contraste, los departamentos con menor actividad fueron Chuquisaca, con un sismo en enero y tres en abril; Santa Cruz, con un evento en febrero y dos en mayo; mientras que Oruro registró 10 sismos en marzo. De acuerdo con los registros, en 2025 Bolivia reportó 2.080 sismos. La mayor actividad sísmica también se concentró en Potosí, que acumuló 1.526 eventos, equivalente a más del 73% del total nacional. Le siguen Cochabamba con 289 sismos, La Paz con 91, Oruro con 74, Santa Cruz con 56, Chuquisaca con 40, Tarija con tres y Beni con uno. El ingeniero geólogo Teddy Griffith, del Observatorio San Calixto, señaló que la actividad sísmica a escala nacional se mantiene dentro de los parámetros habituales, lo que, según dijo, “no significa que se tenga que bajar la guardia frente a este tipo de eventos”. Por ello, el Observatorio San Calixto realiza un monitoreo permanente, cuyos registros mensuales y anuales publica en su página web desde 2016. Con base en esa información, Griffith reiteró que Potosí es el departamento con mayor actividad sísmica, seguido por Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Beni. Pando es el único departamento que no registra actividad sísmica. El geólogo añadió que esta situación se debe a que Potosí está influenciado por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, fenómeno que genera un mayor número de temblores. Los movimientos se producen, además, en regiones escasamente pobladas entre el territorio boliviano y la frontera con Chile. Al tratarse de un país costero, Chile registra movimientos recurrentes que alcanzan territorio boliviano con profundidades de entre 100 y 350 kilómetros, lo que atenúa la intensidad de los temblores y hace que la mayoría sean de profundidad intermedia. Movimientos “Todos los días hay movimientos, principalmente en el sudoeste del departamento de Potosí. Hablamos de las provincias Sud Lípez, Nor Lípez, Daniel Campos y Antonio Quijarro, entre otras, pero al producirse a gran profundidad no son muy perceptibles”, explicó. Tomando en cuenta la profundidad, según dijo, los sismos se clasifican en profundos, intermedios y superficiales. Estos últimos son los que generan mayores daños, como ocurrió recientemente en Venezuela. “Cuanto más superficial es el movimiento, mayor es su fuerza. En Venezuela, por ejemplo, el primer sismo tuvo 10 kilómetros de profundidad y el segundo 25. Los sismos de menor profundidad tienen mucha mayor intensidad y generan más destrucción. En Bolivia, Cochabamba registra más movimientos de este tipo, seguida por La Paz y Oruro”, explicó Griffith. Griffith aseguró que la prevención es fundamental y que la población debe conocer cómo actuar frente a un sismo o terremoto. “Como Observatorio tenemos una aplicación que puede descargarse desde nuestra página web, donde también se puede acceder a material didáctico que explica cómo actuar correctamente frente a este tipo de eventos”, indicó. Señaló que, “lamentablemente”, en Bolivia no existe una cultura sísmica consolidada y que muchas personas desconocen cómo reaccionar durante este evento, cómo evacuar un edificio o cuáles son los lugares seguros para resguardarse. El Observatorio San Calixto, al ser una institución privada, centra gran parte de su trabajo en la capacitación de jóvenes mediante actividades con unidades educativas y otras instituciones que solicitan apoyo. Añadió que el interés de la población aumenta cada vez que ocurre un terremoto de gran magnitud en otro país, como el registrado en Venezuela, pero luego disminuye. Por ello, consideró que las campañas de capacitación deberían desarrollarse de manera permanente, especialmente en las regiones con actividad sísmica recurrente. Con ese objetivo, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y el Observatorio San Calixto consolidaron una alianza para impulsar el cumplimiento obligatorio de la Norma Boliviana de Diseño Sísmico (NBDS) y promover nuevas guías técnicas de diseño estructural, con el fin de reducir la vulnerabilidad de las edificaciones frente a eventos sísmicos. El presidente de la SIB, Pascual Velásquez, informó que el país ya cuenta con la Norma Boliviana de Diseño Sísmico y remarcó la importancia de que las construcciones cumplan los estándares técnicos para prevenir tragedias. Protección “De acuerdo con datos proporcionados por especialistas durante la campaña de socialización de la norma, solo el 5% de los edificios del país está construido para soportar un movimiento sísmico», reveló Velásquez. Atribuyó esta situación a la falta de cultura sísmica. Explicó que, al no haber experimentado terremotos de gran magnitud, existe escasa conciencia sobre la importancia de la prevención. “Además del incumplimiento de las normas por parte de algunas autoridades, algunos constructores optan por no aplicar criterios de edificaciones sismorresistentes porque este tipo de construcciones incrementa entre un 10% y un 15% los costos de la obra”, explicó. Asimismo, remarcó que los sismos por sí mismos no suelen causar la mayor cantidad de víctimas, sino el colapso de edificaciones que no cumplen con los estándares de construcción, como ocurrió en Venezuela. Por su parte, el director general del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Ángel Morante, afirmó que es fundamental reforzar el cumplimiento de la normativa sismorresistente, especialmente en hospitales, unidades educativas, oficinas públicas y otras edificaciones estratégicas. “Se debe tomar en cuenta que el país registra una actividad sísmica constante”, aseguró Morante. LA RAZÓN

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Diputado pide ir por Evo, Argollo y Condori tras aprehensión de Salazar

La aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, fue calificada por el diputado Alejandro Reyes, de Alianza Unidad, como el inicio de la búsqueda de justicia por las afectaciones ocasionadas a la población durante más de 50 días de bloqueos. El legislador exhortó a las autoridades a ampliar las investigaciones y pidió que también se procese al expresidente Evo Morales, al ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y al senador Nilton Condori. Salazar fue aprehendido en un operativo policial en El Alto y es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. El caso forma parte de las investigaciones por bloqueos en distintas regiones del país, mientras las autoridades aseguran que el proceso se desarrollará respetando el debido proceso. YENNY TICONA-RTP

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Gobierno reduce contratación de funcionarios y elimina “ingresos ficticios”

El Gobierno de Rodrigo Paz ajustó el proyecto de Ley 425 de “Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026”, bajo seis lineamientos, entre ellos, la reducción de contratación de más funcionarios y eliminó los “ingresos ficticios” como los de la venta de bonos de carbono. De acuerdo al documento presentado por el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, la reformulación del PGE 2026 responde a correcciones necesarias al presupuesto vigente, aprobado en la gestión del expresidente Luis Arce, el cual respondía a lineamientos ideológicos y no a la realidad económica del país, como lo expuso ante la Asamblea Legislativa. En ese contexto, el proyecto de ley, que busca la aprobación de un presupuesto Bs 391.815 millones, plantea seis lineamientos: “La racionalización de la masa salarial del aparato estatal: se prohíben nuevas incorporaciones de personal, con la única excepción del crecimiento vegetativo en sectores críticos: salud, magisterio, Fuerzas Armadas y Policía boliviana. Las entidades y empresas públicas tienen el mandato de ejecutar programas de racionalización de personal y optimización de cargos, con una reducción de la masa salarial”, señala el primer punto. El segundo lineamiento se refiere a la “obligación de reducir los gastos corrientes al mínimo indispensable manteniendo la continuidad operativa” de las instituciones públicas.  Sinceramiento económico En relación al tercer lineamiento este se enfoca en eliminar del PGE 2026, los “ingresos ficticios” que inflaban el presupuesto en Bs 14.800 millones. Estos supuestos ingresos, explicó en un informe oral el ministro Espinoza, eran atribuidos a la venta de bonos de carbono, por ejemplo. El ministro explicó que, si bien esta forma de captar ingresos es viable en Bolivia, la logística, el procedimiento y las certificaciones necesarias para el mismo pueden demorar en concretarse hasta tres años. “El año pasado, para maquillar el déficit general que nos estaban dejando, el Gobierno anterior puso un ingreso de 2.000 millones de dólares por la emisión de bonos de carbono, que evidentemente era imposible de realizar”, sostuvo Espinoza. El cuarto lineamiento está referido al sector hidrocarburífero: “Se estabilizaron los precios de combustibles y se adoptaron medidas para garantizar el abastecimiento, con la finalidad de contribuir al saneamiento de las finanzas públicas”, menciona el proyecto de ley. El quinto punto se refiere a la protección de sectores sociales, con base en el ingreso efectivo. En ese contexto el Gobierno ya aplicó el pago del Bono Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un monto adicional a la Renta Dignidad para beneficiarios sin aportes contributivos y la elevación del Salario Mínimo Nacional. Sobre este punto, Espinoza alertó que el Gobierno de Arce, de manera deliberada y sin justificación, eliminó el presupuesto para el pago de la Renta Dignidad, con la intención de “cuadrar” los gastos y simular que se dejaba en mejor situación económica al país. Por último, se planteó promover “una inversión pública más eficiente: Priorizando sectores y proyectos estratégicos viables y con posibilidades reales de ejecución”, señala el documento. La madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 425 y lo remitió a la de Senadores, donde debe ser tratado, con el fin de lograr la promulgación la siguiente semana, ante la urgencia de los plazos financieros vencidos para este tema. EL DEBER

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Aprehenden a representante de la empresa proveedora de billetes en caso Hércules

La Fiscalía Departamental de La Paz emitió y ejecutó una orden de aprehensión contra el representante legal de la empresa europea Crane Currency Malta Limited, la que debía entregar una carga de billetes al Banco Central de Bolivia (BCB), los que se perdieron en el accidente del avión FAB 81, que se estrelló en la ciudad de El Alto, el pasado 27 de febrero. “Se ha expedido la orden de aprehensión contra un testigo, quien es el representante legal, en Bolivia, de Crane Currency Malta Limited ubicada en Europa, que es la que provee de papel monetario (al BCB) de la nueva familia de los billetes de 10, 50 y 200 bolivianos, así como de las monedas conmemorativas”, explicó el fiscal Weymar Molina. Se conoce que Harold G. A. S. no se presentó a una primera citación en calidad de testigo, por lo que se procedió a emitir la orden de aprehensión y posterior captura. Hoy el mismo debe prestar su declaración informativa y la Fiscalía emitirá la resolución que corresponda, informó Molina. El fiscal explicó que además de accidente que provocó la muerte de 23 personas, la investigación también analiza el hecho de que la empresa no hizo la cuarta entrega del segundo lote del “papel monetario” al BCB, que debía cumplirse el 7 de marzo. Por este caso ya fueron imputados el piloto y copiloto del avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que se estrelló en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de El Alto. Uno de ellos ya cuenta con detención preventiva en el penal de San Pedro.  La investigación también incluye a los responsables de la torre de control, que dependen Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). La Fiscalía explicó que, hasta el momento, los representantes legales del BCB no se presentaron como víctimas o denunciantes dentro de este caso. EL DEBER

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Decomisan 100 litros de sangre de vaca para teñir carne en mal estado

Un operativo municipal en el mercado Los Pozos de Santa Cruz permitió el decomiso de 100 litros de sangre de vaca, que según las autoridades era utilizada para teñir carne en mal estado. Durante la intervención también se confiscaron 40 kilos de carne no apta para el consumo, hallados en un puesto de venta inspeccionado por la Dirección de Defensa al Consumidor, con la participación de la concejala Melissa Ramírez. La sangre estaba almacenada en botellas y bidones de plástico dentro de un congelador. La comerciante responsable del puesto alegó que los recipientes no eran de su propiedad, sino de otros vendedores que le pidieron guardarlos. Sin embargo, la concejala interpeló: “Pero está en su puesto”, mostrando su mano enguantada manchada con sangre. Además, se encontró cebo de vaca teñido con sangre, que la vendedora intentó justificar como “carne de cachetito”. Ramírez declaró: “Hemos realizado una inspección sorpresa. Hemos evidenciado carne en mal estado, carne de cebo y más de 100 litros de sangre de vaca que ya estaba a la venta”. BRÙJULA DIGITAL

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Salazar espera audiencia tras aprehensión y Gobierno formaliza querella

El Gobierno boliviano formalizó una querella criminal contra los presuntos cabecillas de los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días en Bolivia, afectando el abastecimiento, el transporte y la economía nacional. La acción fue presentada de manera conjunta por los ministerios de Gobierno y Defensa ante el Ministerio Público, como parte de las investigaciones por los hechos registrados en mayo y junio. “Ya hemos presentado y es parte de las 44 denuncias que se hicieron llegar a la Fiscalía”, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en declaraciones a EL DEBER durante su visita a Tarija. La autoridad convocó a la sociedad civil afectada por los bloqueos a presentar querellas criminales contra los instigadores, entre ellos Evo Morales, con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó que el Ejecutivo dará seguimiento al proceso judicial para evitar que los involucrados queden en la impunidad. “Hay todo un proceso que se les va a seguir por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Además, esperamos que se sumen denuncias penales de la sociedad organizada”, afirmó tras participar en actos protocolares por el aniversario de Tarija. Entre los nombres incluidos en la querella figuran Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, además de otros presuntos responsables. En este contexto, la Policía ejecutó este sábado la orden de aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, quien fue uno de los líderes de los bloqueos en el departamento de La Paz. El Ministerio de Gobierno informó que Salazar fue encontrado en una camioneta Hilux en la ciudad de El Alto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberá esperar la imputación de la Fiscalía antes de ser puesto ante un juez. Salazar impulsó las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y firmó un pacto de unidad con la Central Obrera Boliviana (COB) para coordinar las movilizaciones. Tras las protestas, el senador Nilton Condori lo acusó de recibir dinero mensual del Gobierno, extremo que el dirigente rechazó. Salazar ya había sido capturado el 10 de junio durante una manifestación en el centro de La Paz, pero fue liberado horas después bajo el argumento de aprehensión indebida. ERBOL Y EL DEBER

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