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Bolivia

Justicia envía a Lidia Patty a prisión por cuatro meses

La justicia de La Paz determinó la noche de este sábado la detención preventiva por cuatro meses de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Reorientación Femenina de Obrajes, mientras se desarrollan las investigaciones por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros. La información fue confirmada por su abogado defensor, Jorge Nina, a tiempo de anunciar que este domingo presentará una tercera acción de libertad, luego de que las dos anteriores fueran rechazadas, dejando expedita la realización de la audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público reactivó un antiguo proceso vinculado al presunto desfalco al exFondo Indígena (Fondioc), en el cual Patty habría recibido aproximadamente 700.000 bolivianos en sus cuentas personales para la ejecución de un proyecto productivo relacionado con la producción de tomate y papa. El traslado de la exdiputada en un vehículo policial generó polémica, luego de que al momento de descender del motorizado cayera al suelo, aparentemente debido a la altura del vehículo. Los efectivos policiales la auxiliaron y la ayudaron a reincorporarse, antes de que ingresara caminando al edificio del Tribunal Departamental de Justicia, donde fue trasladada por diferentes juzgados mientras se definía su situación jurídica. La aprehensión de Patty fue duramente criticada por sectores del MAS y del denominado “evismo”, que acusaron al gobierno de Rodrigo Paz de una presunta venganza política, recordando que la exdiputada fue una de las principales denunciantes en los procesos que derivaron en el encarcelamiento de Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho por los hechos de noviembre de 2019. Lidia Patty, investigada por haberse beneficiado supuestamente con 700.000 bolivianos por un proyecto de producción de tomates, monto que estaba destinado para ocho comunidades. En su declaración, a la que tuvo acceso RTP, la exdiputada dijo que cumplió con ese proyecto en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra de La Paz. En su declaración informativa, Patty sostuvo que el proyecto se desarrolló en las comunidades “Niñocorin, Atichulaya, Curva, Upinuaya, Inca Roca, Chajaya, Chari y Chullina”, con el objetivo de empoderar a las mujeres campesinas y ellas puedan manejar la economía familiar. “En la provincia Bautista Saavedra no hay tomate. Se realizó (proyecto) para vender a otras comunidades cuando suba el precio. Más que todo para que exista movimiento económico”, se lee en la declaración de Lidia Patty. ERBOL Y RTP

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OMS mantiene veto a la hoja de coca

La hoja de coca va a continuar en el listado de sustancias altamente peligrosas en el que ha permanecido por más de 60 años. La grieta que se había abierto para que saliera de allí acaba de cerrarse: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantenerla en la lista I, la más restrictiva, de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. La solicitud de Bolivia para desclasificar la milenaria hoja de coca, a la que se había sumado Colombia con ímpetu, se ha encontrado con un muro. La campaña de los dos países para desestigmatizar la coca, diferenciarla de la cocaína y promover sus usos alternativos y tradicionales, ha recibido un fuerte revés. La decisión de la entidad del sistema de la ONU es ahora cuestionada por un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que esperaban lo contrario por parte de una institución enfocada en asuntos sanitarios. La petición para que la hoja de la mata andina dejara de acompañar a la heroína, la cocaína o el fentanilo en esa lista la hizo formalmente el Gobierno de Bolivia en junio de 2023. “La hoja de coca es como un sello seco que protege la identidad de los pueblos ancestrales andino-amazónicos”, defendía entonces el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca. “No existe ni una pizca de evidencia científica para incluir a la hoja de coca en ese listado”, argumentaba a su vez Laura Gil, entonces embajadora de Colombia en Viena, sede de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. La OMS no les ha dado la razón, argumentando la “facilidad” con la que esa hoja se puede convertir en pasta base de coca, y después en clorhidrato de cocaína. “Se estima que una hectárea de cultivo de coca produce aproximadamente 4,2 toneladas de hojas frescas de coca al año; una tonelada de hojas frescas produce aproximadamente 1,5 kg de pasta de coca o 1,4 kg de base de cocaína; y un kg de base de cocaína produce aproximadamente 0,9 kg de clorhidrato de cocaína, que suele contener alrededor de un 85 % de cocaína pura”, calcula ese organismo. “Por consiguiente, dado que la hoja de coca se utiliza para fabricar cocaína, una sustancia controlada (cocaína) se elabora a partir de otra (hoja de coca), cumpliendo así el criterio de convertibilidad de la Convención”, se lee en el documento en el que la OMS recomienda mantener la mata en la lista I. Esa recomendación se envía ahora a la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, que finalmente toma la decisión, pero sin el apoyo de la OMS, no hay ninguna opción de cambiar la categoría. El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), con sede en Londres y que recoge a casi 200 organizaciones que son expertas en el tema de todo el mundo, ha rechazado con vehemencia la determinación. “La decisión ignora evidencia clara de que, en su forma natural, la hoja de coca representa riesgos mínimos para la salud, dejando de lado milenios de conocimientos indígenas al afirmar que no existe una “base sólida” para su uso terapéutico”, se lee en el pronunciamiento emitido el pasado martes. De hecho, la decisión de la OMS cita el reporte del comité de expertos en farmacodependencia convocado para esa revisión, y este establece que “no se encontraron estudios que proporcionaran evidencia sólida para determinar la prevalencia de la dependencia de la hoja de coca”. El informe también encontró que la hoja de coca posee propiedades antihipertensivas, antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, así como actividad estimulante, antidiabética y actividad anorexígena, que reduce el apetito. Para Luis Felipe Cruz, experto en política de drogas y consultor de la organización Elementa DDHH, la recomendación de la OMS implica que la investigación científica alrededor de la hoja de coca continuará enfrentando fuertes obstáculos. “Dificulta que se investigue sobre la planta, que se den permisos y licencias para usos medicinales o alternativos, hace que todo sea mucho más restrictivo”, sostiene Cruz, quien participó en la elaboración de insumos que Colombia envió a la OMS para la revisión. “Se está privando a la humanidad de poder estudiar los beneficios potenciales de la hoja de coca y sus derivados”, sentencia. En eso coincide Isabel Pereira, coordinadora de la línea de drogas en Dejusticia, quien agrega que la decisión “envía un mensaje desesperanzador sobre el sistema internacional de drogas, pues demuestra que los escépticos tienen la razón: es impermeable a la evidencia científica”. La criminalización de la hoja de coca ha condenado la investigación científica de la planta casi a lo anecdótico. En Colombia, sólo tres entidades cuentan con el permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes para hacer esa investigación aplicada: la Policía Nacional, la Universidad de Los Andes y el SENA regional Cauca. Con este último trabaja Dora Troyano, ecóloga y doctora en Etnobiología y estudios bioculturales. Ella lidera en el norte del Cauca un proyecto de investigación que tiene monitoreados unos 150 productos hechos con esa planta en Sudamérica, en sectores alimenticios, textiles, de tinturas, farmacéuticos y nutracéuticos. En la región en la que ella trabaja se han concentrado en la harina de coca, los filtrantes o té de coca y la hoja de coca seca. “Imagínate tener la posibilidad de desarrollar productos o mercados, que en cualquier supermercado del país, en la góndola de plantas medicinales, encontráramos la hoja de coca. No solamente sería una gran oportunidad para las comunidades productoras, sino también para los usuarios de las plantas medicinales”, defiende la académica. Un origen cuestionado Bolivia impulsó la revisión crítica de la hoja de coca no tanto por el potencial comercial sino por su valor tradicional y ancestral. Su tesis es que la decisión original de incluir la planta en 1961 obedeció a lecturas sesgadas y racistas que hoy en día son insostenibles. Ese rastro aparece en el dossier que el país andino envió a la OMS. En 1948, la ONU aprobó el envío de una comisión de investigación a Perú para estudiar los efectos de la masticación de la hoja, que después se extendió

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Lara pide llamada de atención a ministros por abuso a discapacitados

Edmand Lara, vicepresidente del país, pidió al presidente Rodrigo Paz que llame la atención a los ministerios de la Presidencia y Gobierno por los hechos sucedidos la jornada de este viernes por el trato que recibieron las personas con discapacidad por parte de los policías. “Quiero lamentar el vergonzoso y abusivo accionar para reprimir a efectivos de la UTOP hacia las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad lo único que quieren es un diálogo con el ministro de Gobierno (Marco Antonio Oviedo) y con el ministro de Presidencia (José Luis Lupo)”, dijo Lara en un video en sus redes sociales. Lara indicó que lo único que pedían las personas con discapacidad era una “explicación” de por qué fue trasladada una dirección que les atendía y dependía del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Salud. “Ellos reclaman y quieren una explicación del porqué han trasladado una dirección que antes dependía del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Salud, repitiéndose a las personas con discapacidad, manteniéndolos gasificados, no se solucionan las cosas”, mencionó. El vicepresidente invitó a los dos ministros a llamarlos al diálogo y pidió que Paz les llame la atención. “Invito a ambos ministros a convocarlos al diálogo, a explicarles a las personas con discapacidad. Le pido al señor Presidente que llame la atención a estos dos ministros. No se pueden solucionar las cosas sacando a la policía a reprimir a la gente, sobre todo a las personas con discapacidad. Invito al diálogo y concertación, y que las cosas se solucionen conversándoles y explicándoles”. URGENTE.BO

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Espinoza acusa a Arce de convertir el oro, el pan y los dólares en “patrimonios familiares”

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, acusó al expresidente Luis Arce de impulsar un modelo económico que convirtió “el pan, el oro, los dólares y el combustible del pueblo en patrimonios familiares”.  La autoridad escribió este mensaje en su cuenta de X en respuesta a las palabras de Arce que, en una entrevista con F10, dijo que en casi un mes de gobierno de Rodrigo Paz, no se ven “medidas que vayan a atacar el tema central de la economía nacional”, pese a que, según aseguró, hoy hay “ventajas” que antes no se tenía, como una Asamblea Legislativa Plurinacional con una correlación de fuerzas favorables y créditos de financiamiento externo aprobados en los últimos días de la anterior gestion legislativa. “Nosotros si hubiéramos recibido esa plata, ya hubiéramos resuelto el problema”, afirmó y criticó que sigan las filas para la compra de combustible y el incremento del precio de la carne de pollo, res y el pan. El exmandatario también observó que el gobierno haya eliminado el impuesto a “los ricos” y quitado la subvención a la harina para el pan de batalla, “que beneficiaba a los más pobres”. Ante estas declaraciones, Espinoza cuestionó que Arce pretenda criticar al actual gobierno cuando, durante su gestión, el país vivió “el mayor desabastecimiento de combustible”, con “indicios de corrupción” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que superarían los $us 1.000 millones, según revelaciones logradas en apenas 20 días de auditorías. “Hablamos del mismo exmandatario que recibió 42 toneladas de oro en el Banco Central y dejó solo 22, con 6 toneladas ya comprometidas, pulverizando el patrimonio estratégico del país”, agregó, y le recordó que su gestión acumuló más de $us 30.000 millones de déficit fiscal, dejó la inflación más alta desde la UDP y tuvo un gobierno marcado por denuncias de redes familiares de influencia, designaciones irregulares, uso indebido de bienes del Estado y responsabilidades personales pendientes de aclaración. “Ese exmandatario no tiene autoridad, ni moral, ni ética profesional para criticar a un gobierno”, remarcó Espinoza, y resaltó el trabajo del actual gobierno que “en menos de un mes” logró restablecer la provisión de combustible, estabilizar el tipo de cambio, regularizar pagos a  gobernaciones, alcaldías y entidades públicas; además de reducir el riesgo país y encaminar la apertura hacia el mundo. “Antes de lanzar cuestionamientos, el expresidente Arce debería explicar (no a la prensa, sino al país entero) qué pasó con los combustibles, qué pasó con las reservas, qué pasó con el oro, qué pasó con las finanzas públicas, qué pasó con las empresas estatales, y por qué Bolivia llegó al punto más crítico en 40 años”, agregó, aseverando que quienes llevaron el país al borde del colapso, deberían guardar silencio.  BRÚJULA DIGITAL

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Defensoría alerta alza sostenida en seis alimentos básicos

La Defensoría del Pueblo alerta que, entre octubre y noviembre de este año, seis alimentos de la canasta familiar boliviana incrementaron de forma sostenida su precio entre un 22 % y 38 %, según el departamento. Por ese motivo, la institución solicitó coordinar con el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) para solucionar esta situación. Los productos afectados por la subida son el aceite comestible, el azúcar blanca, el arroz, la harina, la carne de res y la de pollo, todos ellos entre los más importantes en la dieta de las familias bolivianas. Según un comunicado de la Defensoría, esta situación pone en riesgo el derecho de la población al acceso a una alimentación suficiente y de calidad. Según el informe, las verificaciones en los mercados de abasto de las nueve ciudades capitales y la ciudad de El Alto demostraron que el encarecimiento se da en todo el país. Si bien los seis alimentos mencionados son los que más se repiten, no son los únicos. En Santa Cruz de la Sierra se elevaron los precios de 11 productos; en Oruro, Potosí y Cochabamba, de nueve; en Sucre, de ocho; en La Paz y Trinidad, de siete; y en Tarija y Cobija, de seis productos. Asimismo, la investigación reveló que, entre enero y noviembre de 2025, la canasta básica de 13 alimentos para el consumo semanal de una familia de cuatro miembros mostró un incremento acumulado entre el 22 % y el 38 %, dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, entre las más altas, Cochabamba registró un 38,8 %, mientras que Santa Cruz alcanzó 30,4 %, Tarija 28,9 % y Potosí 26,8 %. La Defensoría del Pueblo gestionó reuniones con el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) con el objetivo de abordar la problemática vinculada a la subvención del pan y otros factores que afectan la seguridad alimentaria de la población. Además, se exhortó al Ministerio de Desarrollo Productivo, al Ministerio de Defensa, al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y a las Intendencias Municipales a desarrollar acciones para garantizar el abastecimiento de alimentos a precio justo, realizar controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación, y publicar los puntos de reclamo y de atención al usuario y consumidor. La Defensoría del Pueblo adelantó que continuará monitoreando el comportamiento de los precios de los alimentos a nivel nacional. Al respecto, el Gobierno y el Ministerio Público llevan adelante investigaciones en EMAPA por acciones irregulares. En el proceso se detectó un supuesto clan familiar que comerciaba harina subsidiada, dirigido por el dirigente panificador Rubén Ríos, quien cumple detención preventiva en San Pedro, mientras que el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, es prófugo de la justicia. VISIÓN 360

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Justicia agroambiental protege al río Tuichi y prohíbe minería en sus aguas

La Sala Plena del Tribunal Agroambiental determinó este viernes que el río Tuichi y su ecosistema son sujetos de derechos, además de ordenar medidas cautelares ambientales. De esta forma, las operaciones mineras que se realizan en sus aguas y alrededores deberán ser suspendidas. Se trata de la segunda resolución que emite esta instancia jurídica para proteger ríos amazónicos. La primera fue un fallo que ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades mineras que operan fuera de las cuadrículas autorizadas por la AJAM en el río Madre de Dios. Las medidas cautelares para el Tuichi fueron presentadas en mayo de este año, debido a las amenazas existentes contra el ecosistema por la explotación de oro. El tribunal llegó a la decisión tras realizar estudios sobre la situación del cauce. Entre los daños identificados, según la resolución, se encuentran la alteración del cauce por el uso de maquinaria, la destrucción de áreas de bosque en las orillas e inmediaciones y la contaminación de las aguas. Por ello, se ha ordenado la realización de un “informe pericial por parte del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GITOR) en un plazo de 30 días calendario”. De esta manera, se espera obtener una evaluación de los daños ya ocurridos y establecer medidas para prevenir nuevos impactos. El río Tuichi es de suma importancia ambiental, ya que atraviesa la reserva natural del Parque Madidi, en el norte del departamento de La Paz. El daño a su ecosistema también afecta a las comunidades originarias que viven en sus orillas o cerca de sus aguas. VISIÓN 360

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Lidia Patty afirma que se cumplió proyecto de tomates en Bautista Saavedra

La exdiputada y exvicecónsul Lidia Patty declaró ante la Fiscalía por el caso Fondo Indígena. Aseguró que sí se concretó el proyecto de producción de tomates en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra en La Paz, Dijo que fueron entregados todos los descargos. En su declaración informativa, Patty sostuvo que el proyecto se desarrolló en las comunidades “Niñocorin, Atichulaya, Curva, Upinuaya, Inca Roca, Chajaya, Chari y Chullina”, con el objetivo de empoderar a las mujeres campesinas y ellas puedan manejar la economía familiar. “En la provincia Bautista Saavedra no hay tomate. Se realizó (proyecto) para vender a otras comunidades cuando suba el precio. Más que todo para que exista movimiento económico”, se lee en la declaración de Lidia Patty. Patty recordó que impulsó la iniciativa cuando era secretaria de organización de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa (2009-2011), y que técnicos contratados se encargaron de la ejecución. Señaló que el financiamiento provino “de los hidrocarburos” y que los descargos fueron presentados a Felipa Huanca, quien era ejecutiva departamental de Bartolina Sisa en ese periodo. “Yo realizaba los pagos. El monto de dinero daba al administrador y él pagaba. Igual existen facturas que están en el cuaderno de investigaciones”, dijo Patty Aunque no precisó fechas ni empresas adjudicadas, Patty insistió en que el proyecto se cumplió. También aclaró que no fue objeto de presión física ni psicológica durante su declaración. Añadió que vive en la casa de su hijo y que se dedica a los textiles originarios. El abogado defensor Víctor Nina afirmó que Patty tiene las pruebas de descargo para respaldar su inocencia. Dijo que su aprehensión fue ilegal. Reafirmó que el dinero recibido fue destinado a los responsables del proyecto. En tanto, la Fiscalía solicitó cuatro meses de detención preventiva para Patty. Según la acusación, la exautoridad habría recibido un millón de bolivianos y solo habría devuelto el 50%. “Estamos solicitando cuatro meses de detención preventiva en el penal de Obrajes. Se ha demostrado que existen riesgos de obstaculización del proceso. Ella presentó documentación que afirmaría que realizó la devolución de esos dineros. Sin embargo, el Ministerio Público continúa con la investigación, y existen otros fondos que no han sido explicados por la señora Lidia Patty”, explicó el fiscal a cargo, Miguel Cardozo. La investigación penal contra Patty comenzó el pasado 20 de noviembre. Según el requerimiento fiscal del 17 de noviembre, se la investiga por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. La denuncia fue presentada por el propio Fondo Indígena. “Se le ha hecho a Patty un cheque por 700 mil bolivianos. Hay descargos, pero no completan el monto; llegaría a unos 200 mil bolivianos”, indicó el fiscal. Agregó que la acusada solo explicó el destino de 500 mil bolivianos. Con datos de RTP Y VISIÓN 360

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Ministro ratifica recorte fiscal, bonos optimizados, límite a viáticos y fin de la UPRE

Ante la Comisión de Planificación de Diputados, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó este jueves el proyecto modificado de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, prometiendo una reducción de magnitud histórica del déficit fiscal, mediante recortes en gastos, sin embargo, preservando la continuidad de los bonos sociales. Afirmó que el proyecto busca reducir al menos un 30% del déficit fiscal proyectado. “Insisto, reducir 30% del déficit fiscal es algo que no se ha visto en la historia de este país. No van a encontrar un caso en el cual un Ministro de Economía, representando un poder ejecutivo, se comprometan a reducir el gasto fiscal en esa magnitud”, señaló Espinoza. Espinoza criticó las proyecciones macroeconómicas del presupuesto dejado por el anterior Gobierno, que sobreestimaban ingresos y subestimaban inflación, afectando la sostenibilidad financiera de gobernaciones, municipios y universidades. En ese marco, indicó que en el proyecto modificatoria se está pidiendo un plazo hasta febrero para ajustar el presupuesto con la finalidad de reformularlo. El Ministro detalló que los ajustes incluirán optimización de recursos duplicados y eliminación de gastos innecesarios. Aclaró que no habrá “masacre blanca”, pero sí apuntan a reducir las funciones duplicadas en entidades públicas. Señaló que también se limitarán viajes, puesto que en algunos ministerios había funcionarios que se pasaban entre 14 y 15 días hábiles al mes viajando y ganaban más de viáticos que de su propio sueldo. Asimismo, anunció la liquidación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), la cual era conocida por llevar a cabo el programa Evo Cumple. Espinoza también señaló que se dará prioridad a la inversión productiva e infraestructura para estabilizar la economía y facilitar la producción de alimentos. Bonos se mantienen El Ministro afirmó que no se hará un “recorte torpe y ciego”, sino se busca “recuperar la economía para todos y sin dejar a nadie atrás”. En esa línea, aseguró que “los bonos se mantienen, pero se van a optimizar” para corregir incoherencia. Mencionó, por ejemplo, que se han encontrado incoherencia en la otorgación de las certificaciones de capacidades diferentes, en particular las que se obtuvieron en los últimos meses muy rápidamente. “Hemos asegurado y vamos a asegurar la otorgación de los bonos sociales. Está absolutamente claro que en una situación económica como la que nos han dejado no puede desaparecer la red de protección social. Así que nosotros trabajaremos primero en optimizar los destinos de estos fondos”, afirmó. La Comisión de Planificación se declaró en cuarto intermedio hasta el viernes para retomar el tema. ERBOL

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Ucrania denuncia envío de niños secuestrados por Rusia a Corea del Norte

El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó este jueves a Rusia de enviar a niños ucranianos “secuestrados” a campamentos en Corea del Norte para ser “rusificados y militarizados”, en el marco de su guerra contra Kiev y del creciente acercamiento militar entre Moscú y Pionyang. “El Centro Regional de Derechos Humanos informó que se han identificado 165 campamentos donde niños ucranianos están siendo rusificados y militarizados. Están ubicados en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, ¡e incluso Corea del Norte!”, escribió el responsable en la red social X. Las palabras de Lubinets llegan después de que Kateryna Rashevska, experta legal del Centro Regional de Derechos Humanos (una ONG ucraniana), dijera el miércoles durante una sesión en el Senado de Estados Unidos que al menos dos menores ucranianos deportados por Rusia han acabado en el “campamento Songdowon en Corea del Norte”. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, podría tratarse del Campamento Infantil Internacional Songdowon, un popular campamento de verano para niños ubicado en la ciudad costera de Wonsan. Resolución de la ONU contra Rusia Los menores, identificados como Misha, de 12 años, y Liza, de 16, “aprendieron a destruir a ‘los militaristas japoneses’ y conocieron a veteranos coreanos que, en 1968, atacaron el buque Pueblo, de la Armada estadounidense”, según el informe presentado por Rashevska a los senadores estadounidenses. Ucrania denuncia que miles de menores han sido deportados desde territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa. Según datos manejados por Kiev, se identificó el traslado de más de 19.000 niños por la fuerza. La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles una resolución que exige a Rusia devolver a los niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados a su territorio, además de cesar esas prácticas y el “cambio de estatus” de los menores. La resolución se presentó en una reunión de urgencia por la ministra adjunta de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, quien denunció que Rusia vea a los niños ucranianos como “trofeos de guerra”. La solicitud se aprobó con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones. Pese a no ser vinculante, la declaración política mostró el amplio respaldo internacional a la medida, superando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes con poder de voto. VISIÓN 360

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Justicia anula la baja del ‘Matador’ Mamani y volverá a la Policía

La Sala Constitucional Primera de La Paz determinó dejar sin efecto la baja definitiva que había recibido Franklin “Matador” Mamani, al considerar que se le vulneró el debido proceso el derecho a la defensa legítima. La información fue proporcionada por la defensa de Mamani, la cual explicó que con la resolución se ordena la restitución inmediata de sus funciones en un plazo de tres días hábiles. La Sala Constitucional se pronunció en el marco de una Acción de Amparo, que presentó Mamani contra los integrantes del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, que en 2023 emitieron una resolución sancionándolo con baja definitiva. En su fallo, la Sala Constitucional otorgó la tutela al accionante, dejando sin efecto la resolución de 2023, para que emita una nueva “de forma motivada, fundamentada y congruente”, según los agravios planteados por Mamani y los términos desarrollados por el tribunal. La defensa de Mamani aseveró que el también boxeador había sido dado de baja como represalia por declaraciones que realizó contra el entonces ministro Eduardo Del Castillo. “Hoy, el teniente espera recuperar su investidura policial tras lo que considera un acto de persecución por haber cuestionado a los altos mandos del Gobierno y su manejo de la institución policial”, indica una nota de prensa de la defensa. Mamani actualmente tiene una sentencia penal por los hechos de 2019 a 11 años de cárcel, debido a su actuación como policía en los enfrentamientos de El Pedregal, donde fallecieron tres personas. Sin embargo, el caso se encuentra en apelación. ERBOL

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