El Gobierno boliviano formalizó una querella criminal contra los presuntos cabecillas de los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días en Bolivia, afectando el abastecimiento, el transporte y la economía nacional. La acción fue presentada de manera conjunta por los ministerios de Gobierno y Defensa ante el Ministerio Público, como parte de las investigaciones por los hechos registrados en mayo y junio.
“Ya hemos presentado y es parte de las 44 denuncias que se hicieron llegar a la Fiscalía”, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en declaraciones a EL DEBER durante su visita a Tarija. La autoridad convocó a la sociedad civil afectada por los bloqueos a presentar querellas criminales contra los instigadores, entre ellos Evo Morales, con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó que el Ejecutivo dará seguimiento al proceso judicial para evitar que los involucrados queden en la impunidad. “Hay todo un proceso que se les va a seguir por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Además, esperamos que se sumen denuncias penales de la sociedad organizada”, afirmó tras participar en actos protocolares por el aniversario de Tarija.
Entre los nombres incluidos en la querella figuran Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, además de otros presuntos responsables.
En este contexto, la Policía ejecutó este sábado la orden de aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, quien fue uno de los líderes de los bloqueos en el departamento de La Paz. El Ministerio de Gobierno informó que Salazar fue encontrado en una camioneta Hilux en la ciudad de El Alto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberá esperar la imputación de la Fiscalía antes de ser puesto ante un juez.
Salazar impulsó las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y firmó un pacto de unidad con la Central Obrera Boliviana (COB) para coordinar las movilizaciones. Tras las protestas, el senador Nilton Condori lo acusó de recibir dinero mensual del Gobierno, extremo que el dirigente rechazó. Salazar ya había sido capturado el 10 de junio durante una manifestación en el centro de La Paz, pero fue liberado horas después bajo el argumento de aprehensión indebida.
ERBOL Y EL DEBER
