Nombre del autor:Rodrigo Villegas

ADALBERTO AGOZINO La imagen de los aproximadamente 80.000 militares estadounidenses desplegados en Europa ha adquirido un valor que trasciende ampliamente la dimensión numérica. Desde Alemania hasta Italia, Polonia, Reino Unido y España, esas fuerzas representan mucho más que soldados, aviones, buques o instalaciones. Son la expresión física de la garantía estadounidense sobre la seguridad europea. Por eso la revisión que está realizando el Pentágono ha provocado inquietud en las capitales europeas, incluso antes de que exista una decisión definitiva. El proceso, iniciado en junio y acelerado en las últimas semanas, contempla entregar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al menos cuatro alternativas antes del 6 de noviembre, aunque la revisión completa debería concluir en diciembre. El documento interno que establece los llamados Terms of Reference demuestra que Washington no está realizando simplemente un ejercicio contable sobre el número de soldados que deben permanecer en Europa. Está reconsiderando la arquitectura misma de su presencia militar. El expediente examina la cantidad y localización de las tropas, los costes, la rapidez con que podrían desplazarse, las bases disponibles y, especialmente, las condiciones de acceso, estacionamiento y sobrevuelo que los aliados ofrecen a las fuerzas estadounidenses. También incorpora las infraestructuras espaciales, cibernéticas y de inteligencia que permiten proyectar el poder militar norteamericano. El cuestionario enviado a los aliados pregunta, además, por el gasto en defensa, las adquisiciones militares, la cooperación industrial transatlántica y el grado de alineamiento con las prioridades de política exterior de Washington. No se trata, por tanto, de decidir únicamente dónde habrá menos soldados. La cuestión es mucho más profunda: qué tipo de compromiso quiere mantener Estados Unidos con Europa y qué capacidades está dispuesto a conservar para garantizarlo. La sombra de China sobre el Atlántico La explicación más importante de la revisión se encuentra probablemente fuera de Europa. Durante las últimas dos décadas, Washington ha desplazado progresivamente el centro de gravedad de su planificación militar hacia el Indo-Pacífico. El cambio no responde a una percepción de que Europa haya dejado de ser importante, sino a que China representa, desde la perspectiva estadounidense, un desafío de una naturaleza diferente y potencialmente mucho más determinante para el equilibrio mundial. La Estrategia de Defensa Nacional estadounidense de 2026 establece expresamente la disuasión de China en el Indo-Pacífico como una de las líneas principales de actuación. El documento afirma que Washington pretende construir una defensa de denegación a lo largo de la primera cadena de islas, desde Japón y Filipinas hasta Taiwán, y reclama una mayor participación de los aliados regionales. Al mismo tiempo, señala que en Europa serán los aliados quienes deberán asumir el liderazgo frente a amenazas consideradas menos graves para los intereses estadounidenses, mientras Washington proporciona un apoyo más limitado pero crítico. La formulación es particularmente reveladora. No dice que Europa haya dejado de ser estratégica. Dice que su importancia relativa ha cambiado. El secretario Hegseth ya había expresado públicamente esa lógica al afirmar que, si los aliados europeos asumen una mayor parte de la carga, Estados Unidos puede concentrar más recursos en el Indo-Pacífico, al que calificó como su “teatro prioritario”. La razón es sencilla. China dispone de una creciente capacidad para desafiar la libertad de acción militar estadounidense en el Pacífico occidental. Su modernización naval, sus misiles de largo alcance, sus capacidades espaciales y cibernéticas y su desarrollo de sistemas destinados a impedir o dificultar la aproximación de fuerzas estadounidenses  a la primera cadena de islas obligan a Washington a distribuir de otro modo sus recursos. Taiwán constituye el punto de máxima tensión. Durante 2026, las autoridades taiwanesas han advertido de que se está reduciendo el tiempo de alerta ante un eventual ataque chino, mientras Pekín mantiene una actividad militar prácticamente constante alrededor de la isla. Eso no significa que Estados Unidos haya decidido prepararse para una guerra con China. Significa que el Pentágono debe disponer de fuerzas suficientes para disuadirla. Y la disuasión exige presencia, municiones, aviones, buques, inteligencia, defensa aérea, logística, sistemas espaciales y capacidad para desplegar rápidamente fuerzas desde Estados Unidos y desde las bases aliadas. En esa ecuación, cada recurso comprometido permanentemente en Europa es un recurso que no puede utilizarse simultáneamente en Asia. La propia documentación del Pentágono es explícita: Europa debe asumir el liderazgo frente a las amenazas que son más graves para los europeos, mientras Estados Unidos concentra su atención en las amenazas consideradas más importantes para sus intereses nacionales. Rusia sigue siendo una amenaza, pero Washington la pondera de otra manera Sería, sin embargo, un error interpretar la revisión como consecuencia de una supuesta desaparición de la amenaza rusa. La guerra de Ucrania ha demostrado precisamente lo contrario. La OTAN continúa considerando a Rusia una amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados describieron explícitamente a Rusia como una amenaza de largo plazo y acordaron elevar drásticamente sus inversiones militares. La cuestión es otra: ¿cuánto de esa amenaza debe ser enfrentado directamente por Estados Unidos? Washington parece considerar que la respuesta europea debe ser mucho mayor que en el pasado. La paradoja es evidente. Rusia sigue siendo suficientemente peligrosa como para justificar un reforzamiento de la defensa europea, pero no necesariamente hasta el punto de justificar que Estados Unidos mantenga en el continente el mismo volumen de recursos que durante las décadas en las que Europa dependía casi exclusivamente de la protección norteamericana. La diferencia es fundamental. La OTAN dispone de más de tres millones de militares no estadounidenses, pero el problema europeo nunca ha sido simplemente la cantidad de soldados. Estados Unidos aporta capacidades que Europa no puede sustituir rápidamente: inteligencia, reconocimiento y adquisición de objetivos, mando y control, transporte estratégico, reabastecimiento, guerra electrónica, defensa aérea, logística y determinadas capacidades espaciales. La relevancia de la participación estadounidense reside tanto en la calidad de esas capacidades como en el número de efectivos. Una retirada demasiado rápida podría, por tanto, generar un vacío mucho mayor que el que sugeriría la simple reducción de tropas. Trump y la política del coste La segunda explicación es política

Crispín cuestiona la gestión y exige fiscalización, mientras Rojas defiende la institucionalidad y pide priorizar reformas; ambos discrepan sobre cómo enfrentar la crisis sin desestabilizar al Gobierno. ANNETT SOLIZ RIVERO La entrevista de Fuego Cruzado dejó expuesta una diferencia significativa dentro del PDC sobre la evaluación de los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz. La senadora Ana María Crispín asumió una posición severamente crítica: cuestionó la falta de gobernabilidad, la ausencia de respuestas frente al incremento de la canasta familiar, las filas por combustible y la falta de capacidad de algunos ministros. Desde su perspectiva, el estado de excepción no puede convertirse en una solución permanente para contener una conflictividad que, en realidad, tendría raíces en decisiones gubernamentales deficientes. Crispín sostuvo que los meses transcurridos debieron servir para diseñar políticas públicas y planes de contingencia, pero que la población continúa soportando el costo de las dificultades económicas. Su crítica, sin embargo, no equivale —según explicó— a buscar la caída del Ejecutivo: afirmó que ha realizado fiscalización y presentado denuncias, y que su intención es que el Gobierno corrija el rumbo y responda a las necesidades sociales. Manolo Rojas planteó una lectura distinta, aunque también reconoció la existencia de problemas que requieren atención. Para el diputado, la ampliación del estado de excepción debe analizarse considerando varios factores, entre ellos las convocatorias posteriores al periodo de excepción, las emergencias climáticas y la posibilidad de preservar la estabilidad alcanzada durante los conflictos anteriores. Su argumento central, sin embargo, se trasladó al terreno institucional: rechazó la idea de reemplazar al Gobierno mediante comparaciones personales y defendió el cumplimiento del mandato constitucional. Rojas sostuvo que las diferencias políticas deben procesarse mediante los mecanismos establecidos por las leyes y no mediante la sustitución abrupta del Ejecutivo. En contraste con Crispín, quien considera que la magnitud de los errores puede justificar una crítica mucho más severa, Rojas advierte que algunos cuestionamientos responden a una baja tolerancia hacia una administración que lleva pocos meses. Su defensa no fue una aprobación incondicional, sino un llamado a fortalecer las instituciones y evitar que la confrontación política erosione la democracia. El desacuerdo se volvió todavía más evidente cuando ambos legisladores abordaron la corrupción y la actuación del Gobierno. Rojas cuestionó a Crispín por formular acusaciones generales sin, según él, acompañarlas de denuncias concretas ante el Ministerio Público, y defendió los resultados que atribuye a la actual administración en la lucha contra el narcotráfico. Crispín respondió enumerando casos que, desde su perspectiva, justifican la fiscalización y sostuvo que sí realiza seguimiento a denuncias relacionadas con corrupción, además de anunciar acciones administrativas, civiles y penales. Aquí aparece una diferencia de fondo: mientras Rojas prioriza la necesidad de pruebas objetivas y procesos institucionales antes de atribuir responsabilidades políticas, Crispín pone el acento en la obligación del Legislativo de controlar al Ejecutivo y advertir públicamente cuando considera que existen señales de mala gestión. Ninguno se presentó como defensor absoluto de la corrupción; el contraste radica en cómo entienden la responsabilidad política: para Rojas, debe ejercerse sin desestabilizar las instituciones; para Crispín, implica cuestionar con firmeza a las autoridades cuando considera que están fallando. En el fondo, el intercambio entre Crispín y Rojas refleja una tensión más amplia dentro del oficialismo: ¿fiscalizar significa confrontar al Gobierno o construir soluciones desde el Parlamento? Crispín reivindicó la crítica como una obligación democrática y reclamó que el Ejecutivo escuche las advertencias antes de que el deterioro social sea mayor. Rojas, en cambio, pidió dejar atrás la lógica de esperar el fracaso gubernamental y concentrarse en reformas estructurales, especialmente en justicia, legislación y fortalecimiento institucional. Ambos coinciden en que Bolivia necesita transformaciones y que la corrupción no debe normalizarse, pero difieren en el camino para alcanzarlas. La discusión resulta relevante porque muestra que la estabilidad de un Gobierno no depende únicamente de controlar la conflictividad en las calles, sino también de construir acuerdos dentro de su propia bancada. El PDC enfrenta así el desafío de compatibilizar la fiscalización con la gobernabilidad: criticar cuando corresponde, pero también transformar esas críticas en propuestas, leyes y mecanismos institucionales capaces de responder a una población que demanda resultados concretos. Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/d94YBTGSW_0?si=IGE0Lml0Fa_P74Oz