La Cámara Nacional de Industrias, en coordinación con las Cámaras Departamentales de todo el país y los empresarios privados, presentó la propuesta de ley para modificar el Código Penal y sancionar, con privación de libertad de hasta 10 años y multas económicas, a cualquier persona o grupo que amenace y concrete cierres de vías en el país, tras realizar un análisis de las millonarias pérdidas económicas que se lamentaron, según los empresarios, por el bloqueo del sector evista en el conflicto por las elecciones judiciales. El asesor económico de la Cámara Nacional de Industrias, Hugo Siles, participó este lunes de la presentación de la propuesta en donde también se comunicaron datos específicos de las pérdidas millonarias además de las causas que generan efectos negativos en los negocios internacionales, el Producto Interno Bruto (PIB) y otros. “Estamos realizando esta propuesta para que los bloqueos dejen de afectar al aparato productivo”, indicó Siles tras desglosar sus sugerencias. “Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero su derecho termina cuando nuestra circulación y nuestro derecho al trabajo está siendo comprometido… Estamos esperanzados en que suceda (sea aprobado) en la ALP por consenso, nuestra economía ya fue dañada y tenemos que luchar todos para recuperarla”, indicó por su parte Amilcar Rocha, presidente de la Cámara de Industrias Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM). El documento será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, según indicaron. PROPUESTA Desde la Cámara Nacional de Industria, se propone un proyecto de ley denominado: “Modificación del código penal: penalización de bloqueos”, en el que se busca modificar los artículos 293 del Código Penal además de la inclusión de enunciados en otros tres artículos. Según el documento planteado por los industriales se busca penar con privación de libertad y multas las amenazas emitidas por sectores sociales que generen zozobra o perjudiquen a la población y sus instituciones públicas y privadas. “ARTÍCULO 293. AMENAZAS. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, en privación de libertad de tres (3) a seis (6) años y multa de sesenta (60) salarios mínimos nacionales de carácter mensual”, indica la propuesta. Por otra parte, se plantea sancionar con privación de libertad y multas a cualquier persona que ilegalmente realice un bloqueo total o parcial de caminos. “ARTÍCULO 213 BIS. OBSTRUCCIÓN.- El que ilegalmente proceda al bloqueo total o parcial de caminos e impidiere u obstruyere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas del país, sean redes camineras de vinculación nacional o de carácter internacional así como las vías secundarias, rurales o urbanas, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años, así como multa de sesenta (60) salarios mínimos nacionales de carácter mensual e inhabilidad de derechos y funciones públicas y sindicales por el mismo término de la pena de prisión”, indica el documento. EMPRESARIOS PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA PENALIZAR BLOQUEOS; LAMENTAN PÉRDIDAS MILLONARIAS En adición se pide tomar en cuenta las siguientes dos propuestas: ARTÍCULO 213 TER. OBSTRUCCIÓN A VÍAS PÚBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios materiales o intelectuales para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos nacionales de carácter mensual e inhabilidad de derechos y funciones públicas y sindicales por el mismo término de la pena de prisión. ARTÍCULO 358 BIS. VANDALISMO. – El que, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública, dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados, será sancionado con prisión privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cuarenta y ocho (48) a setenta y cinco (75) salarios mínimos nacionales de carácter mensual e inhabilidad de derechos y funciones públicas y sindicales por el mismo término de la pena de prisión. La pena señalada será de ocho (8) a diez (10) años de prisión privación de libertad y multa de ciento veinte (120) salarios mínimos nacionales de carácter mensual, en los siguientes casos: Obrar en coparticipación criminal. Cuando oculte su rostro total o parcialmente, de la manera que no permita su identificación o la dificulte. Fabrique, transporte, almacene, distribuya, ofrezca, venda, suministre, adquiera, tenga en su poder, lleve consigue, porte armas o explosivos de fabricación casera o artesanal o sustancias corrosivas o similares. PÉRDIDAS Y ANTECEDENTES Entre finales de enero e inicios de febreros, el país experimentó 15 días de bloqueos en menos de dos meses del 2024, luego de que el sector evista del Movimiento Al Socialismo decidiera iniciar dicha medida de presión tras el conflicto por las elecciones judiciales. Según los datos de la Cámara Nacional de Industria, las pérdidas de empresas ascendieron a más de 1.000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto se vio afectado en más del 2%, las exportaciones industriales perdieron más de 171 millones de dólares, las importaciones industriales se vieron afectadas por más de 122 millones de dólares y otros sectores como el turismo, actividades culturales, festividades y otras producciones lamentaron más de 84 millones de dólares en pérdidas. Según el informe, la medida de presión evista afectó en la inversión extranjera. Entre otros datos, los industriales detallaron que, en 14 años, Bolivia sufrió 2.000 bloqueos desde 2010 hasta 2023 siendo los últimos tres años los más conflictivos contabilizando 466 bloqueos, casi 500 entres 2021 y el año pasado. De la misma forma, el informe alerta que el riesgo país en Bolivia ha crecido de forma exponencial en los últimos años, argumentando los conflictos sociales, entre ellos los bloqueos de camino, como un factor fundamental que repercute
