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Por bloqueos del evismo, el país perdió $us 1.000 millones en enero pasado; ante constantes paros, suman voces que exigen ley antibloqueos

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Desde el 22 de enero hasta el lunes 5 de febrero, a causa de 15 días de bloqueos de caminos en el país provocados por Evo Morales, el Gobierno calculó una pérdida para la economía de cerca de $us 1.000 millones. Esta es una de las últimas cifras oficiales del Gobierno sobre las pérdidas económicas que provocan los bloqueos.

En la fecha mencionada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lamentó que la medida de presión ejercida por sectores afines a Evo ocasiona un daño irreversible a la economía de la población. “Esto es resultado de la intransigencia y no se puede entender que salgan a festejar un triunfo del pueblo a costa del bolsillo del pueblo; eso es inconcebible”, protestó Montenegro a radio Panamericana.

Hoy, luego de 7 días de bloqueos en Caracollo, los transportistas afirman que perdieron más de Bs 5 millones. El Gobierno de Luis Arce todavía no lanzó cifras oficiales de las pérdidas económicas que provocó este paro, sin embargo, solo Vías Bolivia reporta una afectación de Bs 1.7 millones.

Ante este panorama empresarios, transportistas, la población en general y diversos sectores de la sociedad claman por una ley antibloqueos que sancione a las personas que impidan el libre flujo del transporte por las carreteras del país.

Sin embargo, la población olvida que, en enero pasado, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), presentó un proyecto de ley para sancionar a los bloqueadores.

La norma establece multas que irían desde el 10% al 100% de un salario mínimo, además de retiro de personerías jurídicas y decomiso de recursos y bienes.

Los empresarios privados de Cochabamba presentaron este lunes un proyecto de ley “antibloqueos” que prevé sanciones para los manifestantes que afecten los derechos de las demás personas.

Luis Laredo, representante de la Federación de Empresario Privados de Cochabamba (FEPC), entregó el proyecto de ley Regulación de la Protesta Social a la Brigada Parlamentaria cochabambina.

El texto define la protesta social como toda manifestación colectiva, pacífica y temporal de personas que expresan su opinión; reivindicación o demanda sobre asuntos de interés público; mediante la realización de marchas, concentraciones, plantones; bloqueos, huelgas, paros, piquetes u otras formas similares de movilización.

Según el documento, las sanciones serían leves graves y muy graves y van desde multas con el 10% hasta el 100% de un salario mínimo nacional; además de suspensión de personerías jurídicas y decomiso de recursos y bienes de las instituciones promotoras de las medidas.

“Como sector privado y como sociedad civil estamos presentando este proyecto de ley porque ni hemos pasado el mes de enero y ya tenemos 16 días de bloqueo; 16 días de perjuicio a toda la ciudadanía y la economía cochabambina”, dijo Laredo en enero pasado. (J. Rezendes, La Razón y Agencias)

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