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Estados Unidos confisca el avión presidencial de Maduro

Estados Unidos confiscó este lunes en República Dominicana el avión oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. “Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó una aeronave que alegamos comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y contrabandeada fuera de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches”, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. Según explicaron dos funcionarios estadounidenses a la televisión estadounidense, el avión fue trasladado a Florida hoy. “Incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”, declaró uno de ellos a la cadena de televisión CNN, primera en dar la noticia. Estados Unidos reimpuso sanciones a Venezuela por el bloqueo a opositores, tras cierto acercamiento previo que se fue al traste por la falta de elecciones libres. Hace unos meses se incautó también de un avión comercial venezolano-iraní tras una larga polémica. Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó “una oportunidad” para confiscar la aeronave en una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales, que trabajaron “en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación”. Los funcionarios describieron el avión como el equivalente venezolano al Air Force One y aseguraron que con este decomiso se pretende enviar “un mensaje a los más altos mandos” del Gobierno venezolano. El avión ha sido fotografiado en varias visitas de Estado de Maduro alrededor del mundo. (DW)

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Grover García lamentó que Morales insista en realizar congreso en Villa Tunari

Las pasadas horas el expresidente, Evo Morales, aseguró que este 3 de septiembre se realizará en Villa Tunari el congreso nacional del Movimiento Al Socialismo pese a la no presencia como veedor del TSE. El presidente nacional del MAS, Grover García, lamentó que Morales insista en esta reunión donde se tomarían decisiones como los bloqueos y las movilizaciones contra el Tribunal Supremo Electoral que debe decidir la entrega de la personería jurídica de la dirección que fue elegida en mayo en la ciudad de El Alto. El dirigente Milán Berna, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, señaló que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad están a la espera de la entrega de la personería jurídica del MAS dirección que fue elegida en la urbe alteña hace 3 meses. Entre tanto el diputado Freddy López del MAS radical señaló que este congreso puede convertirse en un ampliado donde las bases decidan qué tipo de acciones se tomaran para defender no sólo la sigla del MAS si no también la candidatura del expresidente Evo Morales. “Las bases de las organizaciones sociales decidirán, no será exlíder de este proceso de cambio para que la población y el gobierno no le echen la culpa al exmandatario que tiene la posibilidad de cambiar la situación económica del país en estos momentos”. ROSSIO VÍA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Sacabaya se convierte en municipio de contrabando de mercadería

Según el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luís Velásquez, en el municipio de Sacabaya, en el departamento de Oruro, se incautó mercadería nueva y usada encontrada en 30 camiones que fueron posteriormente depositados en viviendas de esta región cercana a la frontera con Chile. La autoridad complementó que con ayuda de las comunidades originarias ingresaron a la comunidad para verificar la existencia de mercadería de línea blanca, línea negra, calzados nuevos, usados, ropa nueva y usada, telas y otros estaban en estas viviendas recién construidas porque los ciudadanos del lugar tienen sus viviendas de adobes, además, la mercadería se encontraba en garajes camuflados. Velásquez explicó que el operativo militar, a cargo del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando, comenzó el jueves con el seguimiento de los vehículos que ingresaban y salían de Sacabaya. Este operativo conjunto dio un duro golpe al contrabando al incautarse mercadería por un valor de $us 50 millones. Las fuerzas conjuntas empezaron su trabajo en este sector el pasado jueves y continuarán en el lugar donde se sigue encontrando mercadería de contrabando. Añadió que el viernes recorrieron las rutas de ingreso a esa población y encontraron sembrados con dispositivos conocidos como “miguelitos” para pinchar llantas de los vehículos donde se trasladaban en operativo. Lamentablemente señaló que “no se tiene personas detenidas, y tampoco dueños de las viviendas, haciendo sospechar a la autoridad que también esas viviendas son de los contrabandistas”, afirmó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando. Este municipio donde se incautó la mercadería proviene de Chile que ingresa por los sectores de Julo y Macaya. ROSSIO VÍA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Silva: Algunos alimentos subieron hasta el 100%

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aseguró que algunos productos subieron hasta el 100% y que realizarán controles a los productores como a los intermediarios, la autoridad manifestó que los lácteos de PIL, arroz, fideos, galletas y medicamentos son los productos que habrían subido irresponsablemente entre 60 a 100 % afectando el bolsillo de los ciudadanos. Silva señaló que se harán operativos pese al reclamo o el enojo de los productores y empresarios como la empresa PIL que tiene insumos bolivianos, los medicamentos además de los productos nacionales que son comercializados en los principales mercados y supermercados no solo de ciudades capitales si no también en el área rural. Con el propósito de luchar contra el agio y la especulación el viceministerio de defensa del consumidor y EMAPA se trasladan mediante un cronograma a las zonas y barrios donde más suben los productos para dotar a la ciudadanía de alimentos de la canasta familiar a bajos costos. “No podemos señalar los lugares donde iremos con los productos de EMAPA toda vez que los revendedores hacen filas y especulan con los precios queremos llegar a las amas de casa principalmente” sostuvo Franklin Flores Gerente de la empresa EMAPA. ROSSIO VÍA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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En Viacha, la gente abandona comunidades por la contaminación de ríos con cianuro

Pobladores de Viacha abandonaron varias de sus comunidades debido a la cadena de consecuencias económicas que genera la contaminación de los ríos con cianuro vertido por varias empresas mineras que se han instalado en el sector en los últimos años.»En mi comunidad ahora somos pocos, hay casas abandonadas, otras donde viven dos o tres personas. Ya no se puede vivir con esta contaminación, ya no se puede más y tienen que migrar por la contaminación», contó a EFE Édgar Gutiérrez, un poblador de la comunidad Mamani. Migración forzada debido a la contaminación Su casa está a unos cinco minutos del sector donde están las empresas que reciclan mineral, en todo el camino se observa el campo con alfalfa y cebada completamente secas, un olor a basura también es parte del recorrido. Gutiérrez lamentó que haya migración de familiares o amigos, pero reconoce que quedarse en Viacha sería para enfermarse o «morirse envenenados». Efectos en la salud y la agricultura El dirigente de la comunidad Pallina, Juan Pablo Yujra, también tiene familiares que dejaron su comunidad para poder generar dinero. «Mi hermano se ha tenido que ir, él vendía leche pero como ya no hay mucho no le iba bien en el negocio, así que se fue trabajar a otra ciudad», explicó a EFE. Las personas que salieron de Viacha se fueron a El Alto, a La Paz y a Santa Cruz para buscar trabajo de albañil u otros oficios. Son 10 las comunidades de Viacha que están afectadas por la contaminación de los ríos. «En las personas este problema trae infecciones urinarias, estomacales porque nosotros tomamos agua de este sector», afirmó Yujra. «Las verduras, las hortalizas también están contaminadas y parece que el cáncer entra por nuestras bocas. Esa es nuestra preocupación», agregó. Contaminación del ganado y su impacto económico Respecto a los animales, el ganado vacuno es el más afectado, pues su alimentación con el agua contaminada deriva en afecciones como cojera, desnutrición, problemas estomacales e incluso la muerte. Gutiérrez, coincidió con Yujra y afirmó que «cuando éramos niños nos íbamos a bañar al río, pero ahora en gran manera nos afecta». «Nuestros ganados son flacos, la leche ya no da. Antes la leche que daba era mucha, ahora tampoco se puede mantener en buenas condiciones a nuestras vacas», lamentó Gutiérrez. Ultimátum a mineras El viernes, en un cabildo, comunarios exigieron la expulsión inmediata de las empresas mineras y la realización de una auditoría que permita identificar a los responsables de la contaminación. “Le dieron al alcalde una semana para que se haga la auditoría y que se expulse a todos los mineros. Eso es lo que determinaron: todas las mineras deben clausurarse o expulsarse”, declaró Yujra. El Decreto Supremo 24782, que regula el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, establece que las alcaldías deben tomar medidas de control sobre las mineras que operan dentro de su jurisdicción. (Brújula Digital)

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Pobladores abandonan sus comunidades en La Paz por la contaminación de ríos con cianuro

Pobladores de Viacha abandonaron varias de sus comunidades debido a la cadena de consecuencias económicas que genera la contaminación de los ríos con cianuro, un químico venenoso, vertido por varias empresas mineras que se han instalado en el sector en los últimos años. «En mi comunidad ahora somos pocos, hay casas abandonadas, otras donde viven dos o tres personas. Ya no se puede vivir con esta contaminación, ya no se puede más y tienen que migrar por la contaminación», contó a EFE Édgar Gutiérrez, un poblador de la comunidad Mamani. Su casa está a unos 5 minutos del sector donde están las empresas que reciclan mineral, en todo el camino se observa el campo con alfalfa y cebada completamente secas, un olor a basura también es parte del recorrido. Viacha es un municipio del departamento de La Paz y se ubica contiguo a la ciudad de El Alto. Queda en la zona altiplánica del departamento y desde la urbe alteña recibe el caudal de dos ríos. Gutiérrez lamentó que haya migración de familiares o amigos, pero reconoce que quedarse en Viacha sería para enfermarse o «morirse envenenados». El dirigente de la comunidad Pallina, Juan Pablo Yujra, también tiene familiares que dejaron su comunidad para poder generar dinero. «Mi hermano se ha tenido que ir, él vendía leche pero como ya no hay mucho no le iba bien en el negocio, así que se fue trabajar a otra ciudad», explicó a EFE. Las personas que salieron de Viacha se fueron a El Alto, a La Paz y a Santa Cruz para buscar trabajo de albañil u otros oficios. 10 COMUNIDADES DE VIACHA ESTÁN AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN DE RÍOS «En las personas este problema trae infecciones urinarias, estomacales porque nosotros tomamos agua de este sector», afirmó Yujra. «Las verduras, las hortalizas también están contaminadas y parece que el cáncer entra por nuestras bocas. Esa es nuestra preocupación», agregó. Respecto a los animales, el ganado vacuno es el más afectado, pues su alimentación con el agua contaminada deriva en afecciones como cojera, desnutrición, problemas estomacales e incluso la muerte. Gutiérrez, coincidió con Yujra y afirmó que «cuando éramos niños nos íbamos a bañar al río, pero ahora en gran manera nos afecta». «Nuestros ganados son flacos, la leche ya no da. Antes la leche que daba era mucha, ahora tampoco se puede mantener en buenas condiciones a nuestras vacas», lamentó Gutiérrez. Afuera de su casa, el poblador tiene un pozo de donde saca agua a diario, cuando baja la manivela y la sube repetidas veces el agua comienza a salir cristalina, pero después de unos minutos se enturbia. La madre del dirigente a vive a unos 6 minutos de la casa de Gutiérrez, es una persona adulta mayor que vive sola y se encarga de alimentar a sus vacas con lo poco que tiene. «Mis vaquitas están flacas, ya no se puede hacer nada», confiesa la mujer a EFE. Su vivienda está a unos 15 pasos del río donde antes sus hijos se bañan y donde también había peces y patos. La alcaldía de Viacha también ha denunciado al Gobierno la contaminación de sus cuerpos de agua por el cianuro de val menos 23 empresas mineras que usan el químico en sus operaciones. LA CONTAMINACIÓN AMENAZA AL LAGO TITICACA Según las investigaciones de Yujra y otras autoridades indígenas, los dos ríos que atraviesan Viacha (Pallina y Katari alto) confluyen en el río Katari Bajo y éste desemboca en el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y que  Bolivia comparte con Perú. No hay estudios que muestren que hay contaminación en las aguas del Titicaca, pero Yujra sostiene que con el tiempo las comunidades de esa región de La Paz también estén en emergencia por el cianuro. Finalmente, Yujra se detiene en el lugar que, según él es el más contaminado porque se reúnen dos riachuelos, uno que llega de El Alto y el otro de las denominadas «colas de las minas». En el río que sigue su curso tiene tonalidades azules, en las orillas ese tono se impregna en las piedras y en la poca hierba que hay, el agua se estanca y fluye lentamente. En el medio del agua, debajo de un puente peatonal hecho de madera, yace un cerdo muerto. «El mal olor que sentimos es constante, todo el día respiramos eso», concluyó el dirigente indígena. (Correo Del Sur)

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Incendios en Bolivia arrasan más de 4 millones de hectáreas

Los incendios en Bolivia ya han arrasado más de 4 millones de hectáreas (ha), informó la Fundación TIERRA a través de una nota de prensa. A diferencia de años pasado se observó que los focos de calor se multiplicaron mucho más antes en el año, lo cual resulta alarmante. El investigador de TIERRA, Efraín Tinta, reportó que los departamentos más afectados son Santa Cruz, con 2,6 millones de hectáreas quemadas; Beni con 1,3 millones ha; y La Paz con 18.99 ha. Son 69 los municipios más afectados: 36 en Santa Cruz, 17 en Beni, 11 en Pando, tres en Cochabamba, uno en La Paz, y uno en Cochabamba. San Matías, en Santa Cruz, es uno de los municipios más afectados. El fuego devoró el 47% de su territorio, igual a 1,2 millones de ha. En el municipio de San Rafael, Santa Cruz, «los niños tienen conjuntivitis y los adultos afecciones bronquiales severas. Hay comunidades donde se suspendieron las clases y no llega ayuda», dijo el cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV). Se prevé que en Santa Cruz los incendios aumenten en las próximas semanas y no desciendan sino hasta finales de noviembre. Las áreas protegidas nacionales más afectadas por el fuego son: Área de Manejo Natural Integrado San Matías, donde el fuego arrasó con 904.015 ha, casi un 45% de su territorio. La segunda área protegida es Otukis, con 96.944 ha afectadas por incendios. Y finalmente está El Choré con 21.558 ha. (La Nube)

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Encuentran molde de lingote de oro en poder de empresa aurífera ilegal 

En la intervención participó la Fiscalía de Tarija. La empresa se denomina “Bombori SRL”, operaba en Paicho Candelaria, en el área denominada Oroya III, informó el secretario de la gobernación, Efraín Rivera. Encontraron un molde para lingote de oro entre los objetos decomisados a la empresa aurífera ilegal intervenida por varias autoridades en el río Camblaya, en la zona de Paicho Candelaria, Tarija. La información fue confirmada por el secretario de desarrollo productivo de la gobernación, Efraín Rivera Gutiérrez, al mostrar fotografías de la zona, objetos decomisados y el molde para el lingote de oro, se desconoce si fue o no utilizado. La autoridad informó que junto a representantes de otras instituciones efectuaron una inspección ocular e incautación por el delito de exploración ilegal de minerales, (oro aluvional). La Fiscalía también informó de esta acción. La empresa intervenida se llama “Bombori SRL” dedicada a la explotación aurífera artesanal en una zona del departamento de Tarija, en el municipio El Puente, en la comunidad Paicho Candelaria, en el río Camblaya. El río Camblaya desemboca en el Pilaya y posteriormente en el Pilcomayo. Se confirmó que la empresa no tiene licencia ambiental, no obstante, tiene certificado de trámite del contrato administrativo minero. Este documento fue emitido por la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM). La gobernación de Tarija se apersonó al proceso como víctima, participó en la audiencia de inspección ocular y registro del lugar del hecho. En esta inspección e incautación además estuvo la Fiscalía, el Comando de la Policía, con seis vehículos y 55 efectivos policiales, la Procuraduría General del Estado, el gobierno municipal de El Puente y miembros de la AJAM. Se intervino a la empresa en el área denominada Oroya III y se procedió al desmontaje total del campamento a Requerimiento del Fiscal, secuestro y posterior incautación de herramientas, objetos y maquinaria pesada. Varios de estos objetos utilizados para la explotación y refinación de oro, como una volqueta de 12 cubos, dos retroexcavadoras y una pala cargadora que quedaron bajo custodia del sereno, 17 turriles de combustible (3.200 litros de diésel). LOS DATOS Un generador de soldadura industrial, una motobomba, se destruyó de lavador de material, se evidenció materiales como bórax y crisoles utilizados para la refinación de oro, lo que hace presumir el uso de mercurio, contaminante y nocivo para la salud. La Fiscalía departamental de Tarija paralizo la actividad minera en el área denominada Oroya III en la comunidad citada, las comunidades posiblemente afectadas en el departamento de Tarija, está todavía por determinarse. (El Periódico – Tarija)

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Hacinamiento carcelario sube a 188% en Bolivia

El hacinamiento en los centros penitenciarios del país continúa en ascenso, actualmente se tiene un incremento del 188 por ciento, es decir que, en dos años y ocho meses la población penitenciaria subió de 14 mil a 32 mil personas privadas de libertad. El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, expresó su preocupación por la situación que se vive en las diferentes cárceles. “Es importante tener opciones y herramientas para evitar que las cárceles se sigan llenando, es importante que todas las instituciones trabajemos juntos y apostemos por la reinserción social”, manifestó. En los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, se encuentra la mayor cantidad de personas privadas de libertad, los datos proporcionados por Régimen Penitenciario, muestran que en la cárcel de Palmasola hay más de 11 mil reos, en cambio en la cárcel de San Pedro, de La Paz, existen 4.500 personas que afrontan procesos penales. La vocal de la Sala Penal Segunda, Margot Pérez, informó que el segundo plan de descongestionamiento carcelario se extenderá por un mes en la cárcel de San Pedro para beneficiar a la mayor cantidad de encarcelados preventivos, y así descongestionar ese recinto. LA DEFENSORÍA Entretanto, el Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 14 de marzo de 2024 señaló que en el país existe una situación casi de crisis humanitaria en las cárceles de Bolivia, por lo que se busca trabajar en políticas criminales con enfoque en los derechos humanos. “A nivel nacional el 70 por ciento de las y los privados de libertad están en calidad de detenidos preventivos, esto es volver a una situación que se vivía hace 30 años; no podemos permitir más hacinamiento en los centros penitenciarios que supera más del 150 por ciento”, refirió Calisaya. En abril de 2023, se contabilizó a 25.940 privados de libertad, la cifra en el mismo mes de este año (2024), se incrementó a 30.659, de los que el 62,5% (19.163) cuenta con detención preventiva y el 37,5% (11.848) con sentencia condenatoria. “Realmente la situación en las cárceles ha empeorado, y a consecuencia de ello es que la CIDH realizó observaciones y recomendaciones, que más allá de todos los que somos parte del sistema penitenciario, debemos realizar un trabajo contundente en busca de opciones conjuntas como extender las jornadas de descongestionamiento”, manifestó Limpias. COCHABAMBA Según el presidente del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba, Winder Velasco, actualmente hay 4.330 personas privadas de libertad distribuidas en los penales de San Sebastián varones, San Sebastián mujeres, San Antonio, El Abra, San Pablo de Quillacollo, San Pedro de Sacaba y Arani. (La Prensa)

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Bolivia se abre a los mercados de carbono ante la resistencia de grupos ambientalistas

La reciente apertura de Bolivia a los mercados de carbono ha generado discusiones sobre la conveniencia de su utilización, mientras que algunos expertos sostienen que es una oportunidad para que las poblaciones indígenas consigan beneficios, los grupos ambientalistas aseguran que no son una garantía para preservar el medioambiente. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la semana pasada un fragmento de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, sobre la “no mercantilización de las funciones ambientales” que prohibía las formas de financiación internacional como los mercados de carbono. La Vicepresidencia de Bolivia, impulsora de la ley, objetó la decisión del Constitucional porque no se valoraron sus argumentos, mientras que la Defensoría del Pueblo exhortó al TCP a hacer una aclaración sobre su resolución. Por su parte, organizaciones ambientalistas consideraron que la sentencia viola la Constitución y pidieron que la población se movilice contra esta y otras medidas que consideran van contra el medioambiente. Cada tonelada de dióxido de carbono se mide en bonos de carbono o certificados de emisiones reducidas (CER) con un valor que depende del mercado y las empresas que quieran ofertarlos deben contar con proyectos validados y verificados por entidades acreditadas. Existen dos tipos de mercados, uno de ellos obligatorio y utilizado por los países que deben compensar sus emisiones tras haber aceptado los límites establecidos en los compromisos internacionales y otro voluntario en el que no existen esas obligaciones. El exembajador de Bolivia en la ONU y director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, Pablo Solón, dijo a EFE que es necesario desprenderse de la “visión romántica” de que los bonos de carbono implican una protección de la naturaleza. Los mercados de carbono buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alentando a las empresas a que reduzcan sus emisiones, lo que les permitirá ahorrar o vender algunos de sus derechos de emisión, con multas para las excedan sus límites. Aunque también las poblaciones indígenas, municipios y gobernaciones pueden certificar zonas de bosque con biodiversidad para captar cuotas de bonos de carbono a cambio de su conservación e impedir asentamientos ilegales o actividades extractivas. Solón mencionó que se trata de un “mecanismo especulativo”, que tiene una “cadena de intermediarios muy grande” y que genera una dinámica de “falsa compensación” por parte de las grandes empresas que no reducen sus emisiones de carbono, pero que adquieren los bonos en sitios alejados de sus operaciones. “El grueso de los fondos acaban en manos de los intermediarios, llega poco a las organizaciones indígenas” y que la emisión de bonos verdes son fuente de confrontaciones en los países, dijo. Mientras que el abogado ambientalista André Tejerina, indicó a EFE que “la certificación de bonos de carbono que significaría tener un control mayor sobre estas áreas, impedir que hayan asentamientos ilegales o extractivismo como la minería ilegal”. Tejerina asegura que la apertura a los bonos de carbono en Bolivia da posibilidades a los sectores indígenas de captar ingresos, justamente porque muchos de los territorios nativos están dentro de áreas protegidas y que podrían captar ingresos. El abogado defendió que el mayor objetivo de los mercados de carbono es “mantener la naturaleza en su mejor estado” y que en este proceso intervienen “actores internacionales” que hacen esa verificación. Quienes promueven las certificaciones deben elaborar “planes exhaustivos” con mediciones de disminución de carbono que pasan a un “verificador externo”, que genera reportes que luego son sometidos a “auditorías externas” para finalmente hacer la emisión de los bonos y colocarlos a la venta, dijo. “La comunidad es dueña del certificado de emisiones, entonces lo vende y es una empresa la que paga a la comunidad mediante un acuerdo en el que se fijan plazo y objetivos”, añadió Tejerina. La apertura de Bolivia a los mercados de carbono se suma a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Luis Arce, que son cuestionadas por los sectores medioambientalistas, como los incentivos a la producción de biocombustibles o el debate sobre la posibilidad de que en el país se utilice biotecnología para potenciar la agroindustria. (EFE)

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