La reciente apertura de Bolivia a los mercados de carbono ha generado discusiones sobre la conveniencia de su utilización, mientras que algunos expertos sostienen que es una oportunidad para que las poblaciones indígenas consigan beneficios, los grupos ambientalistas aseguran que no son una garantía para preservar el medioambiente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la semana pasada un fragmento de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, sobre la “no mercantilización de las funciones ambientales” que prohibía las formas de financiación internacional como los mercados de carbono.
La Vicepresidencia de Bolivia, impulsora de la ley, objetó la decisión del Constitucional porque no se valoraron sus argumentos, mientras que la Defensoría del Pueblo exhortó al TCP a hacer una aclaración sobre su resolución.
Por su parte, organizaciones ambientalistas consideraron que la sentencia viola la Constitución y pidieron que la población se movilice contra esta y otras medidas que consideran van contra el medioambiente.
Cada tonelada de dióxido de carbono se mide en bonos de carbono o certificados de emisiones reducidas (CER) con un valor que depende del mercado y las empresas que quieran ofertarlos deben contar con proyectos validados y verificados por entidades acreditadas.
Existen dos tipos de mercados, uno de ellos obligatorio y utilizado por los países que deben compensar sus emisiones tras haber aceptado los límites establecidos en los compromisos internacionales y otro voluntario en el que no existen esas obligaciones.
El exembajador de Bolivia en la ONU y director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, Pablo Solón, dijo a EFE que es necesario desprenderse de la “visión romántica” de que los bonos de carbono implican una protección de la naturaleza.
Los mercados de carbono buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alentando a las empresas a que reduzcan sus emisiones, lo que les permitirá ahorrar o vender algunos de sus derechos de emisión, con multas para las excedan sus límites.
Aunque también las poblaciones indígenas, municipios y gobernaciones pueden certificar zonas de bosque con biodiversidad para captar cuotas de bonos de carbono a cambio de su conservación e impedir asentamientos ilegales o actividades extractivas.
Solón mencionó que se trata de un “mecanismo especulativo”, que tiene una “cadena de intermediarios muy grande” y que genera una dinámica de “falsa compensación” por parte de las grandes empresas que no reducen sus emisiones de carbono, pero que adquieren los bonos en sitios alejados de sus operaciones.
“El grueso de los fondos acaban en manos de los intermediarios, llega poco a las organizaciones indígenas” y que la emisión de bonos verdes son fuente de confrontaciones en los países, dijo.
Mientras que el abogado ambientalista André Tejerina, indicó a EFE que “la certificación de bonos de carbono que significaría tener un control mayor sobre estas áreas, impedir que hayan asentamientos ilegales o extractivismo como la minería ilegal”.
Tejerina asegura que la apertura a los bonos de carbono en Bolivia da posibilidades a los sectores indígenas de captar ingresos, justamente porque muchos de los territorios nativos están dentro de áreas protegidas y que podrían captar ingresos.
El abogado defendió que el mayor objetivo de los mercados de carbono es “mantener la naturaleza en su mejor estado” y que en este proceso intervienen “actores internacionales” que hacen esa verificación.
Quienes promueven las certificaciones deben elaborar “planes exhaustivos” con mediciones de disminución de carbono que pasan a un “verificador externo”, que genera reportes que luego son sometidos a “auditorías externas” para finalmente hacer la emisión de los bonos y colocarlos a la venta, dijo.
“La comunidad es dueña del certificado de emisiones, entonces lo vende y es una empresa la que paga a la comunidad mediante un acuerdo en el que se fijan plazo y objetivos”, añadió Tejerina.
La apertura de Bolivia a los mercados de carbono se suma a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Luis Arce, que son cuestionadas por los sectores medioambientalistas, como los incentivos a la producción de biocombustibles o el debate sobre la posibilidad de que en el país se utilice biotecnología para potenciar la agroindustria.
(EFE)
