Bolivia

Audios y conversaciones de chat entre funcionarios de bajo y altos cargo de la Aduana Nacional revelaron que todos conocían sobre el arribo de las 32 maletas procedentes desde Los Ángeles (EEUU) al aeropuerto Viru Viru.  Una serie de mensajes, audios y notas internas revelan que toda la jerarquía de la Aduana Nacional fue informada sobre el caso de las 32 maletas entregadas en el aeropuerto Viru Viru, así como del uso de un pasaporte diplomático atribuido a la exdiputada Laura Rojas, sin que los altos mandos hayan denunciado el hecho ante las autoridades. Según las conversaciones, el maletero Fernando Beltrán pidió autorización al encargado de Aduana Viru Viru, David Alanoca, para entregar las maletas. Alanoca consultó a la directora regional a.i. y jefa jurídica, Mónica Castro, quien pese a advertir que se trataba de “hartas maletas” no asumió una decisión directa y delegó la consulta al supervisor de aeropuerto Olberth Maydana. Posteriormente, se informó también a Susana Ríos (Gerente Nacional), Wilma Cardozo (Gerente Nacional de Operaciones) y finalmente al presidente de la Aduana Nacional, Soto de la Vía, quien incluso escribió y llamó a Alanoca para recibir un informe de lo sucedido. Sin embargo, pese a que los técnicos consultaron y elevaron la información a toda la cadena de mando, ninguna autoridad superior habría denunciado el hecho, ni se habría constituido como víctima en los procesos penales vinculados al caso. En cambio, se inició una denuncia por incumplimiento de deberes contra los técnicos (maleteros), lo que es interpretado como un intento de deslindar responsabilidades. El documento también menciona que existía la obligación de denunciar conforme al artículo 286 del CPP y el artículo 52 del Reglamento Aduanero de Pasajeros y Divisas, además de activar acciones para investigar el posible uso indebido del pasaporte diplomático. Solicitan detención para tres exfuncionarios  El Ministerio Público solicitará detención preventiva en el penal de Palmasola para tres exfuncionarios de la Aduana Nacional aprehendidos dentro del denominado caso ‘maletas’, tras ampliarse los delitos investigados por la presunta omisión en la revisión de más de 30 equipaje que ingresó al país en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos. La Fiscalía presentó imputación formal contra Fernando B., Olberth M. y David B. A. por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por lo que se aguarda que la autoridad judicial fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. Otros dos exfuncionarios, Camila Vaca y Álvaro Alejandro Barbery, enfrentarán el proceso en libertad. Los investigados prestaban funciones en el aeropuerto internacional Viru Viru y son acusados de no haber realizado el control de 31 maletas que fueron retiradas del recinto aeroportuario el 30 de noviembre de 2025 por la exdiputada Laura Rojas, actualmente detenida preventivamente en la cárcel de Palmasola, junto al juez Hebert Zeballos Domínguez. EL DEBER

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se limitará al intercambio de información, apoyo logístico y recursos económicos, descartando la presencia de personal extranjero o la instalación de bases en territorio boliviano. “La gente teme que vayan a estar los americanos en territorio, eso no va a suceder. Es un tema más de cooperación de logística, de inteligencia y de recursos económicos”, informó la autoridad en el programa La Mañana en Directo por ERBOL. RESPALDO Justiniano explicó que el soporte contempla la provisión de materiales y asistencia técnica, y la probable aplicación de estudios de confiabilidad al personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).  La autoridad señaló que estas acciones buscan fortalecer la labor operativa y facilitar un intercambio de información fluida con países vecinos y con la cooperación internacional, sin reparos. El viceministro añadió que Bolivia también comparte información con la cooperación internacional sobre los operativos antidroga ejecutados por la FELCN.  INFORME En ese marco, Justiniano informó que en los primeros 90 días de gestión se incautaron 5.3 toneladas de sustancias controladas, lo que representa un 10% más que en la gestión anterior. Además, se registraron 609 personas aprehendidas, 203 vehículos secuestrados y 96 inmuebles incautados. OPINIÓN

El fiscal general del Estado Roger Mariaca advirtió que se emitirá una orden de aprehensión contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, si no se presenta a declarar el 19 de febrero dentro de una nueva investigación en su contra por presunta legitimación de ganancias ilícitas. “Al no comparecer ante el Ministerio Público y la Policía Boliviana, el artículo 224 es claro, cuando no justifica se librará la correspondiente orden de aprehensión y conjuntamente con la Policía Boliviana e Interpol activaremos los mecanismos correspondientes para poder aprehender a esta persona y ponerla ante la autoridad fiscal y, posteriormente, si corresponde, a un juez cautelar”, dijo Mariaca este lunes. El fiscal general explicó que la investigación comenzó tras un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras, que detectó movimientos económicos considerados sospechosos en las cuentas de Arce Mosqueira. El 22 de enero, el hijo del expresidente fue declarado en rebeldía por otro proceso referido a presunto enriquecimiento ilícito. Se asumió esta decisión debido a que no se presentó a declara. Según el Viceministerio de Transparencia, Arce Mosqueira es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en al menos tres casos. Primer caso: compra del predio Adán y Eva, de 2.187 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, por un valor de 3,3 millones de dólares. Cuando Rafael tenía 25 años y su hermana Camila, 20, accedieron a un crédito de 9,1 millones de dólares para la compra del terreno. Segundo caso: adquisición de un departamento tipo penthouse y dos vehículos de lujo en la ciudad de La Paz, por un monto aproximado de 750 mil dólares. Tercer caso: movimientos económicos por cerca de siete millones de bolivianos registrados en los últimos meses. BRÚJULA DIGITAL