Seguridad

Despliegan más de 800 militares en surtidores del país para controlar venta de combustible

El comandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Víctor Vigabriel, anunció que a partir de este miércoles se han desplegado más de 800 efectivos militares en los surtidores de gasolina y diésel en todo el país. Esta medida tiene como objetivo principal evitar la especulación y asegurar la provisión continua de estos combustibles esenciales. La decisión de desplegar a los militares fue tomada bajo órdenes directas del primer mandatario, Luis Arce, en respuesta a recientes preocupaciones sobre el abastecimiento y la distribución equitativa de gasolina y diésel. Este despliegue es una de las diversas acciones emprendidas por el gobierno para mantener la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando que los recursos críticos estén disponibles para todos. ROLY FLORES

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Fiscalía libera de culpa al policía agresor que ofreció $us 100 para frenar denuncia

La Fiscalía dictó una resolución de sobreseimiento en favor del capitán de Policía Víctor Hugo Santalices Jáuregui denunciado penalmente y reconocido como uno de los principales responsables de agresiones a periodistas de Santa Cruz durante protestas ciudadanas de enero de 2023 luego de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. La fiscal Marioly Torrez Jurado, especializada en Delitos contra la Integridad personal, presentó de manera oficial su requerimiento conclusivo de sobreseimiento en favor del capitán Víctor Hugo Santalices, por considerar que no existen las pruebas suficientes de que el oficial fuera quien participó en los hechos que causaron lesiones graves a los periodistas de la red Unitel. El requerimiento de sobreseimiento fue presentado al juzgado del control jurisdiccional de la jueza cautelar Ana Gloria Rojas. Víctor Hugo Santalices era teniente cuando pertenecía a la UTOP de Cochabamba y se trasladó a Santa Cruz para las acciones desarrolladas contra pobladores que participaron de las protestas. A principios de este enero de 2024, que ascendido al grado de capitán según los informes oficiales. A inicios de mayo pasado, la fiscal Marioly Tórrez, dentro de las investigaciones por delitos de lesiones graves y leves y atentado contra la libertad de prensa, requirió una audiencia de conciliación entre el capitán Santalices y los periodistas considerados como víctimas en busca de un acercamiento y solución. Los periodistas y el oficial acudieron a la audiencia. Durante el acto el capitán Santelices ofreció a los periodistas la suma de $us 100 como resarcimiento por los daños causados y algunos gastos. Esta propuesta fue calificada como “indignante” por gremios periodísticos que defienden la libertad de expresión. Las investigaciones señalan que la madrugada del 1 de enero de 2023 el periodista de Unitel Miguel Ángel Rivero Manaira y su camarógrafo Joel Orellana se encontraban en cobertura en el segundo anillo por el Comando de la Policía. En esos momentos los periodistas vieron la detención de una persona por lo que activaron para realizar su trabajo. Luego fueron agredidos por un oficial vestido de negro que fue identificado como el teniente Santalices. Luego llegaron al menos ocho policías más que también actuaron con violencia. El periodista trató de defender a su camarógrafo, pero ambos fueron golpeados, tirados al piso, los estaban trasladando al comando. En el trayecto encontraron a un coronel que ordenó su libertad y fueron trasladados a un centro médico en una ambulancia. Los periodistas sufrieron lesiones en partes del cuerpo y el rostro, además sus equipos fueron deteriorados y les arrebataron sus teléfonos celulares. Durante las investigaciones la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (Felcc), activó con la participación del Instituto de Investigaciones, Técnicos Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), que realizó el desdoblamiento de equipos de comunicación y adjuntó imágenes grabadas por los periodistas sobre los hechos durante las protestas y principalmente las agresiones que sufrieron. NO HAY PRUEBAS DE AGRESIONES En su resolución la fiscal Marioly Torrez, consideró que en el transcurso de la investigación no ha existido prueba fehaciente que demuestre que el imputado ha sido la persona que agredió físicamente a los periodistas. Tampoco cursa desfile identificativo donde las victima puedan referir de qué forma el teniente denunciado los agrede, ya que las víctimas señalan que fueron varios policías que los agarraron de manera violenta por lo cual existe duda respecto si el imputado habría ocasionado las lesiones en las victimas. Asimismo, no se registra ningún elemento que refiera que el imputado impidió o estorbó la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, siendo que ninguna de las víctimas lo sindican directamente. La denuncia por las agresiones fue presentada por la Asociación de Periodistas, a la cabeza de Roberto Méndez y de la asesora la abogada Raquel Guerrero. El fallo de sobreseimiento en favor del oficial identificado como uno de los principales responsables de las agresiones, tendrá que ser elevado en consulta ante el fiscal departamental Róger Mariaca que tras un análisis puede revocar o confirmar. Los gremios de periodistas cuestionaron de manera permanente las acciones violentas de policías contra los informadores de diferentes medios de comunicación en coberturas de protestas pacíficas de ciudadanos de Santa Cruz.  (El Deber)

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Afectados del caso Loritas suman 140, denuncian a la Alcaldía por incumplimiento de deberes

Son al menos 140 los afectados de la presunta estafa por la empresa constructora Las Loritas. Denuncian a la Alcaldía de La Paz por incumplimiento de deberes por no supervisar las edificaciones. Cada día aparecen más personas que adelantaron fuertes sumas de dinero, que van desde los $us 20.000 y $us 60.000, para adquirir un departamento. Varios debían recibir estos inmuebles hace más de dos años. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que las víctimas conformaron tres grupos, uno que denunció al gerente de la empresa, Harold Lora, por la vía penal y otros dos grupos que esperan solucionar a través de la conciliación. “Dos grupos de afectados acudieron a las oficinas de Defensa del Consumidor. Estamos analizando la situación, ya que un grupo denunció por la vía penal y por eso el señor Lora está en la cárcel. Otros dos grupos se reunirán para analizar si se suman a esa denuncia o van por la vía conciliatoria”, dijo el viceministro. Aclaró que el Gobierno solo tiene la tuición de apoyar a las víctimas con mecanismos extrajudiciales para que recuperen su dinero, ya que varias construcciones no tienen autorización, por lo que difícilmente pueden esperar a que se les entregue los departamentos. El lunes, los copropietarios de proyectos Las Loritas en la ciudad de La Paz protestaron para exigir a la empresa que cumpla con sus contratos. Denunciaron el incumplimiento de deberes por parte de la Alcaldía de La Paz al no supervisar los proyectos habitacionales. AFECTADOS Los afectados llegaron a las oficinas de la empresa Las Loritas para exigir que cumplan con el comunicado emitido el sábado, donde aseguran honrar sus contratos. A pesar de la protesta, os ejecutivos de la empresa no los recibieron en sus oficinas de la zona Sur. “No recibimos ninguna confirmación, eso quiere decir que no existe la voluntad (de solucionar el problema). Pero vamos a insistir y recurrir a todas las instancias pertinentes”, afirmó Sergio Gutiérrez, representante de los copropietarios. Ellos instalaron una protesta en puertas del Edificio Torre de Las Lorita,s en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. Harold Lora, uno de los ejecutivos de la empresa inmobiliaria, se encuentra encarcelado en San Pedro bajo detención preventiva, justamente, por denuncia de copropietarios estafados. Los copropietarios cuestionaron que la Unidad de Planificación de la Alcaldía de La Paz no realizó la fiscalización ni inspección ni supervisión de los proyectos inmobiliarios, que ahora son ilegales por estar fuera de norma. «Extrañamente han entrado en un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos desde la gestión de Luis Revilla y, obviamente, desde la gestión de Iván Arias”, apuntó Gutiérrez. Son 17 proyectos de construcción paralizados. CONTRATOS “Estamos con contratos desde 2020 hasta 2021, hasta ahora no hay respuestas. Se han ido dilatando a través de otros documentos y conciliaciones que no se han concretado, esto sigue afectando a las personas», denunció. Lora también fue denunciado por influenciar en decisiones de autoridades de la Alcaldía de La Paz, para beneficiarse de iniciativas que le permitan la construcción de sus edificios. En la gestión del exalcalde Luis Revilla se emitió un comunicado alertando sobre ocho construcciones de Las Loritas fuera de norma, a la fecha se identificaron otras nueve construcciones que hacen un total de 17, según denunció la concejal Yelka Maric. (La Razón)

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Presumen que Misael Nallar inició trifulca en Chonchocoro

Luego de la trifulca entre reos en Chonchocoro, Derechos Humanos pide mayor control y garantías para efectivos por presuntas amenazas de Misael Nallar. «Para que puedan resguardar la vida de los policías internados en el centro hospitalario policial, hemos podido observar que privados de libertad están aislados», declaró la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, respecto a los controles que deben intensificarse en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Misael Nallar y otros privados de libertad del mismo pabellón están aislados e investigados, las investigaciones preliminares señalan que el incidente, el pasado sábado 8 de junio, inició en el pabellón J y al menos 64 personas comparten ese lugar. Nallar está preso desde 2022 por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) en Porongo, Santa Cruz, pero también enfrenta otros procesos por enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Ante la pelea entre internos que dejó dos policías heridos, la defensa del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no descartó solicitar su traslado a un recinto más seguro. (RTP)

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Presumen que Nallar inició trifulca, defensa pedirá seguridad para Camacho

Luego de la trifulca entre reos en Chonchocoro, Derechos Humanos pide mayor control y garantías para efectivos por presuntas amenazas de Misael Nallar. «Para que puedan resguardar la vida de los policías internados en el centro hospitalario policial, hemos podido observar que privados de libertad están aislados», este el pedido de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, respecto a los controles que deben intensificarse en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Misael Nallar y otros privados de libertad del mismo pabellón están aislados e investigados, las investigaciones preliminares señalan que el incidente el pasado sábado 8 de junio inició en el pabellón J y al menos 64 personas comparten ese lugar. Nallar está preso desde 2022 por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) en Porongo, Santa Cruz, pero también enfrenta otros procesos por enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Ante la pelea entre internos que dejó dos policías heridos, la defensa del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no descartó solicitar su traslado a un recinto más seguro. YENNY TICONA

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Por su bajo costo, población argentina en La Quiaca se abastece de tres productos agrícolas de Bolivia

FOTO: EL DEBER El tomate, la cebolla y la zanahoria son las verduras apetecidas por la población argentina que se abastece, por la vía del contrabando, de las localidades de La Quiaca y Villazón. Los contrabandistas internan estos productos agrícolas por pasos ilegales a lo largo de la frontera que separa a Bolivia de Argentina. También ingresan cajas de manzana al lado argentino, debido a que se venden a mitad de precio, al igual que las verduras. El contrabando de productos agrícolas de origen boliviano se intensificó desde finales de mayo pasado, en medio del poco control que hubo en ese paso fronterizo. Según el presidente del Comité Cívico de Villazón, Ángel Robles, el tomate viene desde Cochabamba, la cebolla y zanahoria provienen de poblados del municipio de Yunchará (Tarija). «Por el contrabando se produjo el alza de precios de estos productos y escasean también en esta ciudad fronteriza», afirmó Robles. César Benítez, periodista en La Quiaca, contó que las verduras bolivianas ingresan para abastecer la demanda existente en esa localidad y poblados aledaños. La población argentina, según Benítez, requiere esos productos agrícolas por estar a bajos precios. «Por ejemplo, el kilo de tomate boliviano se puede comprar a 2.300 pesos argentinos, cuando el tomate argentino está a 3.500 pesos argentinos. Las verduras que ingresan a La Quiaca son para el consumo del mercado interno y no se van a San Salvador de Jujuy, Salta o Tucumán», mencionó. Cada día en la madrugada se internan los productos agrícolas por los pasos ilegales que existen en esa parte de la frontera de Argentina con Bolivia para eludir controles de efectivos de Gendarmería. El dirigente campesino y productor de Tarija, Jesús Miranda, lamentó que, por falta de control, se haya permitido el contrabando de verduras, principalmente de tomate y cebolla, al país vecino. «Es competencia de las instituciones estatales que no están trabajando, como la Aduana, Defensa del Consumidor y otras instancias del Estado que deberían controlar», expresó Miranda. Desde el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando se informó que en los últimos días también se reforzaron controles con más efectivos militares en la ciudad de Villazón. Como muestra se reportaron ayer el decomiso de cajas de manzana, 12 bolsas con zanahorias y arvejas a bordo de dos vehículos. (EL DEBER)

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Methabel fue un “regalo” del Día de la Madre: Así raptaron a la niña

Dorotea F.P., de 64 años, tiene residencia en Tarija, es soltera y, según la denuncia, la madrugada del domingo 26 de mayo arribó a Sucre proveniente de Oruro. Luego, su hijo, de aproximadamente 40 años, concretó el rapto de la niña Methabel, de cinco, con fines, presumiblemente, de guarda o adopción ilegal. No queda claro si finalmente esa mujer estuvo o no en la capital del país. Esto, según la jueza a cargo del caso, queda por dilucidar en el transcurso de la investigación. LO QUE SE SABE El martes 28, es decir, dos días después de la desaparición de Methabel, estando en Tarija, la ahora imputada, al observar la búsqueda intensiva de la Policía y las publicaciones en medios y redes sociales, se contactó mediante sendas llamadas de celular con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para avisar que la niña se encontraba bien y que la llevarían a Potosí para dejarla cerca de la radio Collasuyo. Se negó a dar detalles de su ubicación. Requerimientos fiscales a las empresas telefónicas permitieron rastrear las llamadas. Por una tercera comunicación telefónica a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), en la que la misma persona indicaba que habían dejado a Methabel en el puente San Roque, en una tienda de perfumes y puestos de venta de comida de la ciudad de Potosí, la Policía pudo rescatar a la niña. Fue el raptor varón, hijo de Dorotea F.P., quien la habría liberado en ese lugar. LLAMADAS PREVIAS Según la investigación preliminar, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Sucre recibió previamente una llamada telefónica en la que le indicaban que, el domingo 26, la niña estaba llorando en la calle Oruro, en Sucre, y, al ver que nadie reclamaba, la habían trasladado a una comunidad de Uyuni, departamento de Potosí. Dijeron que posteriormente la devolverían a la capital. Pero después llamaron otra vez indicando que no podían trasladarla a Sucre y que la entrega se concretaría en la Villa Imperial. “TÍOS” Y “ABUELA DE CAMPO” La niña se refería a todos como “tíos” y a la imputada Dorotea como “abuela de campo”. En la entrevista psicológica, reconoció a la imputada como tal. Dorotea F.P. fue aprehendida el mediodía del viernes pasado en la ciudad de Tarija y trasladada a Sucre. A Ronald G.F., su hijo, lo arrestaron el mismo día, a las 20:00, en Oruro, presuntamente por un hecho de estafa. Él vendía aceite comestible mezclado con agua y, según se reveló, por esta causa fue aprehendido varias veces. El sábado, la madre de Methabel dijo que la mujer había sido aprehendida en Culpina. HABÍA PERDIDO UNA HIJA “En la audiencia, la señora dijo que perdió una hija pequeña, que nunca la encontró, y parece que su hijo le llamó indicando que le estaba llevando una sorpresa, y llegando allá (Tarija) le entregó como un regalo por el Día de la Madre para que no esté sola”, reveló la jueza Aurora Lazarte, a cargo del caso, sobre la base de la versión de la defensa. Dijo que no se logró acreditar que Dorotea hubiera participado del delito en Sucre, el día del rapto, e indicó que el hombre tiene varios antecedentes por estafa en distintos departamentos y que, precisamente, fue aprehendido por la comisión de ese delito en Oruro, donde vendía bidones de aceite con contenido de agua. AUDIENCIA La tarde de este domingo se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado 1° de Instrucción en lo Penal de Sucre y de Violencia Familiar, donde la jueza Aurora Lazarte ordenó la detención preventiva del responsable del rapto de la niña, Ronald G.F., por seis meses en la cárcel San Roque. Asimismo, dictó detención domiciliaria para Dorotea F.P. Ambos fueron denunciados por el Ministerio Público por el delito de trata y tráfico de personas. La audiencia se prolongó por más de tres horas. La niña Methabel, de cinco años, se perdió de la vista de su madre a las 8:30 del domingo 26 de mayo en la calle Emilio Hochmann, zona del mercado Campesino, en Sucre. Este domingo se conocieron detalles de su rapto, en el que participaron un hombre y su madre, de 64 años, quien, según se reveló en la justicia, había perdido a una hija y recibió a Methabel como “regalo” por el “Día de la Madre”. “A las 5:00 de la mañana, cuando estaba en la cama (en Tarija), llegó mi hijo con una bebé y me dijo que era un regalo por el Día de la Madre, para que me acompañe y para que no esté sola”, dijo la madre del raptor, en su declaración informativa ante los investigadores. La ahora imputada aseguró que su hijo le aclaró que no se había robado a la menor, sino que la había encontrado en una esquina del mercado Campesino y que Methabel le dijo “tío”, por eso se la trajo. Ese día, el domingo 26 de mayo, la hizo comer en el mercado y dormir en su alojamiento, al parecer, ubicado en la misma zona. El lunes siguiente se la llevó en un auto de los conocidos como “rapiditos” hasta Potosí, donde le compró ropa y la misma vendedora la vistió porque se había ensuciado la que llevaba puesta y estaba mojada. La comerciante dijo que la niña no lloraba y estaba tranquila con la familia de los raptores, que a todos les decía “tíos”. Cuando se la devolvieron a su madre, ella reveló que su hija le había contado que, la mañana del 26 de mayo, alguien la tomó de su mano, le dio dinero y le regaló una muñeca. La madre de la niña sospecha que la hicieron caminar por el campo con la finalidad de evadir el control de la Policía en las trancas, porque tenía dos espinas de t’akos en sus pies, un árbol inexistente en las ciudades de Potosí y Sucre. (Correo Del Sur)

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Nallar provoca violencia en Chonchocoro y 2 policías resultan heridos

Al promediar las 5 de la tarde del sábado 8 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, el detenido Misael Nallar inicio una pelea entre reos del bloque “J” en el se involucraron 60 privados de libertad, aún se investigan las circunstancias del inicio de este hecho, los mismos según el comandante de la policía el general Álvaro Álvarez serán procesados penalmente. Los familiares que este sábado estaban al interior del penal fueron desalojados, tuvieron que realizar una vigilia para saber si sus conyugues o esposos corrían peligro, pero la seguridad de este penal los retiraron de las cercanías de este recinto en el municipio paceño donde realizaron fogatas para entrar en calor por las bajas temperaturas. El abogado del exgobernador Luís Fernando Camacho, Martín Camacho en contacto con RTP señaló que están preocupados por la integridad física no sólo de la exautoridad si no de su esposa y su hijo menor que estaban este sábado de visita en Chonchocoro, según el jurista, Camacho fue trasladado a oficinas del gobernador de este centro penitenciario, pero ya en horas de la noche cuando todo fue controlado volvió a su celda. Desde Creemos el diputado Walthy Egüez lamento que Luís Fernando Camacho deba pasar por estas circunstancias por el hecho de ser un preso político del gobierno del MAS, sostuvo que esto se debe a que el exgobernador es un líder que puede vencer a Luis Arce o Evo Morales ROSSIO VÍA

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Diputado recopilará denuncias contra la Alcaldía de La Paz en una audiencia pública

El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, convocó a todos los vecinos de La Paz a una audiencia pública que se celebrará el 20 de junio, a las 09.30, para recopilar denuncias sobre las irregularidades municipales en cuanto a construcciones ilegales y daños a casas patrimoniales. “Ante las construcciones fuera de norma, los reclamos de los afectados y daños a bienes patrimoniales en el municipio de La Paz, se convoca a AUDIENCIA PÚBLICA que se realizará el jueves 20 de junio, a las 09:30 a.m., en el SALÓN MULTIPROPÓSITO, del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, cita dicha convocatoria. El alcalde Iván Arias es el centro de una polémica que tiene que ver con sus acciones para favorecer a las construcciones ilegales comerciales en La Paz. Recientemente, él y sus funcionarios más cercanos se han visto involucrados en el retiro de un comunicado que se publicó en redes sociales en 2021, durante los últimos días de la gestión de Luis Revilla. En la publicación se daba a conocer a la población que los hasta entonces ocho edificios construidos por la empresa Las Loritas no tenían permisos municipales e incurrían en diversas irregularidades. Durante una conferencia de prensa, Rodney Miranda, secretario municipal de Culturas, y Óscar Navarro, asesor de Arias, intentaron dar explicaciones sobre esta situación después de que se filtrara el audio de la reunión entre Miranda y funcionarios municipales salientes, luego de que el comunicado fuera dado de baja. Allí trataron de librar de culpa al alcalde, afirmaron que él nunca pidió que se bajara el comunicado y dijeron que quien sí lo hizo fue Gabriel Valencia, según el informe municipal filtrado a la prensa. “Lo dicho en vez de aclarar oscurece más aún el panorama. Y si pretendían dar explicaciones, al parecer los llevó a mayores confusiones. En el caso de las personas que no eran funcionarias municipales e irrumpieron observando procesos y procedimientos de una institución, usurpando funciones bajo un paraguas político, preocupa y evidencia el ataque a la institucionalidad. Puesto que se entiende que la intención fue impedir el ejercicio de las funciones de las personas que aún eran servidores públicos municipales. Habría que analizar si las actitudes y acciones fueron una anticipación de funciones”, afirmó la concejala Yelka Maric, quien fue elegida como parte de la plataforma política de Arias, Por el Bien Común, y más adelante se declaró independiente. Según la concejala, el procedimiento correcto debió haber sido verificar informes y fiscalizaciones desarrolladas a todos los edificios de Las Loritas —hasta entonces ocho y actualmente 17—, determinar la falta de permisos y planos aprobados y volver a hacer pública la publicación, esto para evitar gente perjudicada, como ahora, que más de 100 personas han resultado afectadas. La concejala inició además un proceso penal contra Miranda y el alcalde por la destrucción de un bien patrimonial, que se encontraba en la avenida 20 de Octubre, en el barrio paceño de Sopocachi. Luego de revelarse más irregularidades en lo que respecta a este inmueble y después de que el alcalde propusiera normas que benefician a este tipo de emprendimiento masivos, Maric pidió públicamente que Arias y sus colaboradores admitieran sus intenciones. “Lo repito por séptima vez, señor Alcalde, tenga la gentileza de llamar a conferencia de prensa, a su diestra el secretario ejecutivo municipal José Carlos Campero Núñez del Prado y a su siniestra el asesor general Óscar Navarro, para explicar de una vez por todas que tienen por meta regularizar edificaciones comerciales fuera de norma sin importar la cantidad de pisos infractores a cambio de multas irrisorias. Además de tener la hidalguía de dar a conocer las razones y/o presiones para tan fuerte motivación, ya que son varios los intentos, que fueron hechos sin la socialización previa y a espaldas de la ciudad”, aseveró. (AEP)

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Joel, un sospechoso cuestionado y testigo del último viaje de Odalys

Joel S. P. G. detalló, más de una vez, de forma sencilla y cronológica lo que pasó aquel sábado cuando su pareja, Odalys Vaquiata Quispe, desapareció sin dejar rastros, luego de que, supuestamente, bajara de su vehículo en medio del camino, entre las poblaciones de Unduavi y Yolosita, en el ingreso a los Yungas, en el departamento de La Paz. El relato del joven de 25 años, el mismo hecho de la desaparición de Odalys, las contradicciones en su versión, halladas por la Policía, derivaron en la aplicación de medidas cautelares para él, quien, aunque continúa declarándose inocente, vierte dudas sobre su actuación en el destino de la desaparecida. En sus declaraciones, Joel se refirió a Odalys como una persona que se inclina por acudir a fiestas, es celosa y tiene actitudes repentinas, como cuando, según su versión, decidió salir del auto en plena carretera. De acuerdo con su versión, desde el momento en que vio por última vez a su enamorada, en las horas posteriores que duró su búsqueda logró recorrer de ida y vuelta el camino a Yungas, afortunadamente sin contratiempos, pese a admitir haber manejado en estado de ebriedad, y, además, consiguió el consejo particular de un policía para iniciar la búsqueda y hacer la denuncia sobre la persona desaparecida. En la investigación ya cuenta con testigos que avalan su versión. Emprendedor e impulsivo “Mi hijo es un joven tranquilo, estudiante, emprendedor…” aseguró la médica Betty G., madre de Joel, en la única entrevista que dio sobre el caso a la comunicadora Melania Torrico. Mientras describió con cariño el perfil de su hijo, también negó las acusaciones que la familia Vaquiata ha lanzado,  las que señalan a la madre, a su esposo y al teniente de la Policía José María A., como cómplices de la desaparición de Odalys y de desviar el curso de la investigación. Al ser consultada sobre el delito por el que fue imputado su hijo, que es trata y tráfico de personas, Betty G. responde: “Lo conozco, no, no creo que él haya traficado con la señorita, porque la amaba; él la ama, hacía todo por complacerla (…) desde pequeño hasta hoy él es un caballero, cariñoso, hogareño, ayuda con los quehaceres de la casa y cumple como estudiante”. La doctora Betty G. lamentó la situación en la que Mabel Quispe, madre de Odalys, se encuentra por la desaparición de la joven. Aseguró que siente empatía por el dolor de Quispe y dijo que desea que la joven aparezca con vida. El 8 de abril, nueve días después de la desaparición de Odalys, la comunicadora Torrico publicó el audio de la entrevista que hizo a Joel al interior del centro de rehabilitación juvenil Qalauma, en la ciudad de Viacha, donde guardaba detención como sospechoso. El hecho causó sorpresa y varias críticas, no tanto por la extensa versión que dio el investigado, sino, debido a que se conoce que Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno no darían semejantes facilidades a un periodista de un medio independiente, por una serie de impedimentos legales, que, en este caso, se pasaron por alto. En el audio de 59 minutos, Joel dio la versión de un viaje bien planificado con Odalys hacia Tocaña. Contó pormenores de la relación de ocho meses que tenía con la joven, con la que había realizado otros cuatro viajes. Se describió a sí mismo como una persona sentimental e impulsiva y que luego de las discusiones que tenían, él era quien cedía y pedía disculpas para lograr la reconciliación; además, remarcó que era incapaz de agredir a su pareja. Fue durante esa entrevista que reveló detalles que supuestamente lo absolvían de culpa por la desaparición de la mujer, aquel sábado 30 de marzo. Sin embargo, para la familia Vaquiata, esta nueva declaración pública muestra más “imprecisiones” y en especial en relación con lo que prefirió callar en esa entrevista y ante la Policía, sobre por qué asumió de esa forma la búsqueda que se hizo en las primeras 24 horas. Joel afirma que sus recuerdos son claros hasta las 16.30, hora en la que habrían iniciado sus lagunas mentales, hasta las 20.30 de ese sábado, producto, en parte, de las cervezas y del “matanegros”, las jarras de cóctel que Odalys habría comprado en Tocaña, mientras disfrutaban de la saya afroboliviana. Dijo que, sin almorzar, la pareja inició el consumo de diferentes bebidas a las 13.30. El hombre afirmó que Odalys y él se separaron por primera vez en esa población, luego de que Odalys se molestara porque supuestamente él miró a otro grupo de mujeres en la piscina del lugar, en la que ella se negó a nadar porque estaba en el ciclo menstrual. “Ahí me dejó con mi maletín y yo me quedé a dormir en el pasto”, sostuvo Joel. Sus recuerdos Basado en el registro de llamadas, afirma que tuvo tres contactos con Odalys, quien lo llamó para pedirle ayuda: “Mi amor, más abajo (en el camino a Tocaña) me he encunetado, ven a ayudarme”, afirma que fueron las palabras de Odalys. Joel sostiene que al llegar al lugar, caminando, donde el vehículo estaba plantado, su pareja ya recibía ayuda de un “pueblerino”, quien, junto a su mujer y su hija, pasaba por el lugar, aunque no dio detalles de cómo se solucionó el problema. Durante ese lapso dijo que lo atacó otra laguna mental, pues afirmó que, sin saber cómo, él regresó a la piscina de Tocaña, de lo cual hay un testigo, y que ofreció 100 bolivianos para que lo lleven a La Paz. Una nueva laguna y sin saber cómo, solo recuerda que luego apareció junto a Odalys en Yolosita. “Yo pienso, me da en el corazón que sigue viva, todavía (…) el momento que nos peleamos tengo un recuerdo, nos hemos visto a las 18:30 en Yolosita, a las 18:45 ya hemos partido a La Paz. Estábamos los dos juntos (en el auto de Odalys), claro, seguíamos mareados”, aseveró. Según sus recuerdos “borrosos”, una hora

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