Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció que un militar habría obstaculizado la movilidad de funcionarios de la institución que realizan labores de monitoreo tras las explosiones registradas en el cuartel Bolívar de Viacha. “Quiero denunciar públicamente la obstaculización que el teniente coronel Montesinos (…) ha realizado a la labor de la Defensoría del Pueblo”, afirmó Callisaya, quien advirtió que no permitirán que se impida el trabajo de la institución. Según el Defensor, el efectivo militar habría impedido el desplazamiento de funcionarios en cercanías del lugar del hecho, incluso en sectores que, de acuerdo con la institución, se encuentran alejados de la zona de riesgo. La Defensoría coordina estas tareas con la población y el alcalde de Viacha. Callisaya señaló que la institución realiza un monitoreo tanto de las personas heridas como de los fallecidos. Anunció además que la Defensoría está realizando una denuncia internacional por la supuesta obstaculización de su labor. Las explosiones ocurridas el 4 de septiembre continúan bajo investigación. Nueve personas fueron declaradas fallecidas y cinco miembros del Ejército permanecen no localizados, mientras persiste un perímetro de seguridad durante el levantamiento de escombros y la identificación de restos. En paralelo, el Ejército presentó una querella contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo por presunto homicidio culposo e incumplimiento de deberes.

El procurador general del Estado Hugo León acudió este lunes a la fiscalía de El Alto para presentar un memorial de objeción contra una resolución que rechazó la denuncia relacionada con 10 contratos firmados con abogados externos y extranjeros durante la gestión de Wilfredo Chávez. Según la autoridad, el monto observado asciende a Bs 5.367.355 y los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público por la anterior administración de la procuraduría. La actual gestión, afirmó León, busca que la investigación llegue a una conclusión. “Lo que corresponde es que el fiscal de distrito revoque esta decisión y pueda ordenar que continúe la investigación”, sostuvo, y recordó que la fiscalía tiene un plazo de 10 días para emitir un pronunciamiento sobre la objeción. Entre los contratos observados figura el suscrito con el exjuez argentino Raúl Zaffaroni, quien habría sido contratado para prestar servicios de asesoramiento. El procurador cuestionó que no exista documentación que detalle el trabajo realizado. “No hay ningún informe al respecto; todos estos temas tienen que ser investigados”, afirmó. León también informó que instruyó a la Unidad de Auditoría Interna realizar una revisión pormenorizada de los procesos y contrataciones existentes en la procuraduría para establecer si hubo otras situaciones irregulares durante gestiones anteriores. Asimismo, anunció que los procesos que la institución atiende dentro del territorio nacional deberán ser asumidos exclusivamente por abogados de la propia procuraduría, descartando la contratación de profesionales externos para esas tareas. Finalmente, indicó que la entidad cuenta actualmente con 144 funcionarios, frente a los 175 que registraba durante la gestión de Chávez. (BRÚJULA DIGITAL)

Una madre y su hija resultaron heridas este viernes luego de la explosión de una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la localidad de Chipiriri, ubicada en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba. La explosión del cilindro dejó a la mujer con quemaduras en el 60% de su cuerpo, mientras que su hija presenta quemaduras en el 30%, según informó el presidente del Comité Cívico del pueblo de Chipiriri, Jhonny Zapata. La onda expansiva de la explosión también provocó daños en la cocina donde se encontraban la mujer, de 34 años, y la adolescente, de 18 años. Ambas fueron trasladadas a un centro de salud de Cochabamba para recibir atención de emergencia. “De la nada ha reventado (la garrafa), esto no ha sido conectado a la cocina, no ha sido utilizado. Las personas estaban sentadas tranquilamente en su domicilio y de la nada ha explotado”, señaló Zapata. El dirigente consideró que en la explosión existe responsabilidad de las personas encargadas de controlar el estado en el que se encuentran los cilindros al momento de ser distribuidos en los camiones que los comercializan. (ABI)

La Gobernación de Santa Cruz promulgó este viernes la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías, en un acto realizado en la Casa de Gobierno. La norma fija como ejes la prevención, la articulación entre instituciones y la respuesta a contingencias, con la finalidad de disminuir los efectos de los bloqueos sobre la población, la salud, la producción, el abastecimiento y la circulación libre. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, remarcó que la iniciativa nació en el órgano legislativo y la calificó como una expresión de la autonomía cruceña frente a los perjuicios que ocasionan estas medidas. “Esta ley no vulnera ningún tipo de derecho constitucional, como es el de la legítima protesta”, afirmó, al subrayar que no se dirige contra las manifestaciones pacíficas, sino contra situaciones violentas que afectan vías y derechos de terceros. Según explicó, la normativa fue trabajada por más de tres meses mediante análisis técnico y mesas de concertación con participación de la Policía, instancias jurídicas de la Gobernación, la Asamblea y representantes de sectores productivos y de la sociedad civil. El enfoque —dijo— responde a la lógica de “prevenir, coordinar y atender”. Entre las acciones previstas se contemplan mecanismos de alerta temprana, planificación, coordinación institucional y medidas para proteger la vida, habilitar corredores humanitarios y reducir el impacto en la producción y las cadenas de abastecimiento. Durante la promulgación, la vicegobernadora Paola Aguirre sostuvo que la ley respondía a una demanda regional y planteó como desafío “erradicar la cultura del bloqueo”. Describió los efectos de estas medidas sobre pacientes, familias, transportistas y productores, así como sobre el traslado de medicamentos, alimentos y ganado. Aguirre vinculó la libre circulación con otros derechos fundamentales y con la dinámica económica del país, al advertir que los bloqueos afectan el abastecimiento, el empleo y la continuidad productiva, además de perjudicar la imagen de Bolivia ante potenciales inversiones. Reiteró que la norma no busca sancionar la protesta, sino anticipar conflictos y establecer respuestas. “Hay que erradicar la cultura del bloqueo”, insistió, al señalar que la Gobernación comenzará a actuar frente a estas situaciones y promoverá el diálogo y el consenso entre sectores. En el acto también se mencionó la posibilidad de impulsar una ley de alcance nacional. Según Aguirre, la Asamblea Departamental recomendó el mandato de llevar esta discusión al ámbito legislativo nacional con apoyo de parlamentarios cruceños. La ley establece además un plazo de 180 días para su implementación, que estará a cargo del Ejecutivo departamental a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico. Con la firma del gobernador Juan Pablo Velasco, la norma entra en vigencia y abre una etapa enfocada en convertir sus disposiciones en acciones concretas frente a los bloqueos en el departamento. (CORREO DEL SUR)