Nombre del autor:Rodrigo Villegas

Un operativo de fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de la Dirección Departamental La Paz y con apoyo de la Policía Boliviana, intervino puntos de las cuencas Orkojahuira e Irpavi, donde se identificó maquinaria pesada, sistemas de lavado, estructuras subterráneas y movimiento de material vinculados a actividades mineras. La intervención se realizó a raíz de denuncias difundidas en redes sociales que alertaron sobre posibles operaciones en estos sectores. En la cuenca Orkojahuira, en inmediaciones de la planta de tratamiento de agua potable de EPSAS, sector del río Chuquiaguillo, la comisión identificó un chute artesanal, una motobomba conectada a mangueras de gran diámetro y una poza con agua turbia, elementos relacionados con el lavado de material mineralizado. La inspección también llegó a la cuenca Irpavi, donde, en el sector de las Represas de Hampaturi, se verificó la bocamina denominada “Mina Solución”, además de estructuras subterráneas y campamentos, aunque en este punto no se evidenció actividad minera activa durante la inspección. Posteriormente, en otro sector del río Hampaturi, se constató movimiento de material aluvial y la presencia de retroexcavadoras, volquetas, chutes, motobombas y tolvas de lavado, aparentemente destinadas a la recuperación de oro. La comisión también identificó un cuadro minero oculto equipado con un guinche, aparentemente destinado a labores extractivas subterráneas. El informe de la comisión de fiscalización señala que la intervención permitió verificar en territorio “la existencia de diferentes equipos, estructuras y elementos vinculados a actividades mineras en los puntos inspeccionados”, como parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. Como resultado de la fiscalización, la AJAM verificó que los puntos donde se desarrollaban las actividades observadas no cuentan con derecho minero que habilite su operación, por lo que procedió con las notificaciones de cese de actividad minera ilegal correspondientes. Ante la continuidad de las actividades, la autoridad minera procederá a la emisión de la Resolución de Suspensión de Actividades Mineras y asumirá las acciones legales que correspondan. Durante este operativo se registraron momentos de resistencia y agresiones contra el personal de fiscalización en el sector del río Hampaturi, situación que requirió el apoyo policial para garantizar el desarrollo de la intervención. La AJAM continuará con el seguimiento de los puntos intervenidos y con las acciones de control para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas. (URGENTE.BO)

La Procuraduría General del Estado (PGE) impugnó la resolución de rechazo dentro de la investigación contra el exprocurador Wilfredo Chávez y busca ampliar la imputación formal, tras identificar observaciones en diez contratos de su gestión que representarían un posible daño económico de Bs 5,3 millones. Entre los casos figura un contrato para actividades que, según la entidad, podían ser realizadas por la propia Procuraduría y que además incluía asesoramiento político ajeno a sus competencias. El procurador, Hugo César León La Faye, informó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y que se pidió concluir las investigaciones pendientes. También instruyó una revisión de contratos y procesos de anteriores gestiones. Actualmente, la PGE cuenta con 144 funcionarios, frente a los 175 que tenía durante la administración de Chávez. La institución espera que los elementos sean valorados nuevamente para determinar si corresponde ampliar la imputación y establecer responsabilidades. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Diez cabezas de ganado vacuno, valuadas en aproximadamente Bs 87 mil, fueron secuestradas en el municipio de Santa Rosa de Taraco en La Paz. El operativo fue ejecutado en el marco de la lucha contra el contrabando y permitió evitar el traslado ilegal de los animales. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando presume que el ganado en pie pretendía ser trasladado hacia Perú, evadiendo los controles y procedimientos establecidos. El capitán Boris Calle, de esta instancia, brindó los detalles del operativo al hallar una embarcación abandonada en la península del Lago Titicaca. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Justicia determinó tres años de privación de libertad para uno de los cuatro soldados acusados por la sustracción de explosivos de un camión en el Recinto Militar 4 Ingavi de El Alto. El conscripto fue procesado por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y violación de precintos tributarios. El fiscal Daniel Chávez, de la División Especializada de Delitos Tributarios Aduaneros, informó que los otros tres soldados fueron beneficiados con detención domiciliaria, mientras continúa el proceso por la sustracción del material explosivo y se cuantifica el daño. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP