La Gobernación de Santa Cruz promulgó este viernes la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías, en un acto realizado en la Casa de Gobierno. La norma fija como ejes la prevención, la articulación entre instituciones y la respuesta a contingencias, con la finalidad de disminuir los efectos de los bloqueos sobre la población, la salud, la producción, el abastecimiento y la circulación libre.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, remarcó que la iniciativa nació en el órgano legislativo y la calificó como una expresión de la autonomía cruceña frente a los perjuicios que ocasionan estas medidas. “Esta ley no vulnera ningún tipo de derecho constitucional, como es el de la legítima protesta”, afirmó, al subrayar que no se dirige contra las manifestaciones pacíficas, sino contra situaciones violentas que afectan vías y derechos de terceros.
Según explicó, la normativa fue trabajada por más de tres meses mediante análisis técnico y mesas de concertación con participación de la Policía, instancias jurídicas de la Gobernación, la Asamblea y representantes de sectores productivos y de la sociedad civil. El enfoque —dijo— responde a la lógica de “prevenir, coordinar y atender”.
Entre las acciones previstas se contemplan mecanismos de alerta temprana, planificación, coordinación institucional y medidas para proteger la vida, habilitar corredores humanitarios y reducir el impacto en la producción y las cadenas de abastecimiento.
Durante la promulgación, la vicegobernadora Paola Aguirre sostuvo que la ley respondía a una demanda regional y planteó como desafío “erradicar la cultura del bloqueo”. Describió los efectos de estas medidas sobre pacientes, familias, transportistas y productores, así como sobre el traslado de medicamentos, alimentos y ganado.
Aguirre vinculó la libre circulación con otros derechos fundamentales y con la dinámica económica del país, al advertir que los bloqueos afectan el abastecimiento, el empleo y la continuidad productiva, además de perjudicar la imagen de Bolivia ante potenciales inversiones. Reiteró que la norma no busca sancionar la protesta, sino anticipar conflictos y establecer respuestas.
“Hay que erradicar la cultura del bloqueo”, insistió, al señalar que la Gobernación comenzará a actuar frente a estas situaciones y promoverá el diálogo y el consenso entre sectores.
En el acto también se mencionó la posibilidad de impulsar una ley de alcance nacional. Según Aguirre, la Asamblea Departamental recomendó el mandato de llevar esta discusión al ámbito legislativo nacional con apoyo de parlamentarios cruceños.
La ley establece además un plazo de 180 días para su implementación, que estará a cargo del Ejecutivo departamental a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico. Con la firma del gobernador Juan Pablo Velasco, la norma entra en vigencia y abre una etapa enfocada en convertir sus disposiciones en acciones concretas frente a los bloqueos en el departamento.
(CORREO DEL SUR)