Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El Gobierno de Colombia anunció este jueves su retirada como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza creada para coordinar medidas frente a Israel por la guerra en Gaza y la situación en Palestina, en un nuevo paso del acercamiento diplomático con el Estado israelí. «Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Omar Bula, citado en un comunicado. El Grupo de La Haya fue establecido el 31 de enero de 2025 por Belice, Bolivia, Chile, Cuba, Colombia, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. La salida de Colombia se suma a las de Bolivia y Honduras, que también habían abandonado el bloque, según la información difundida por el Gobierno colombiano. La normalización de relaciones entre Colombia e Israel Esta decisión se produce semanas después de que Colombia retirara su declaración de intervención en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), relacionado con presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio durante la ofensiva militar israelí en Gaza. Pese a esta decisión, Colombia reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, así como su disposición a seguir contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales. El anuncio se produce en plena normalización de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, restablecidas en agosto por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, después de que la Administración de Gustavo Petro (2022-2026) rompiera los vínculos en 2024 por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que calificó en varias ocasiones de genocidio. El miércoles, Bula inauguró la embajada colombiana en Jerusalén junto a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, en un acto que ambos Gobiernos presentaron como un paso para consolidar la nueva etapa de cooperación bilateral. (EFE)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves sanciones contra el estatal Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA), al que acusa de prestar servicios al banco iraní Karafarin. Rubio acusó en un comunicado a Cuba de «operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas —incluida la República Islámica de Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo— con el fin de atacar a Estados Unidos». «El presidente Trump fue absolutamente claro», dijo Rubio sobre lo que denominó «fuerzas extrahemisféricas» que pretenden esparcir influencias «antiamericanas» en la región. Además, explicó que esta medida llega para actuar en concierto con otras de las acciones que el Departamento del Tesoro mantiene contra actores financieros iraníes. El aumento de la presión de EE.UU. sobre Cuba Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba abarcan desde hace años medidas económicas, comerciales, financieras y migratorias que se ha endurecido desde enero en un contexto de creciente presión de Washington sobre el Gobierno cubano para propiciar un cambio político. Washington amplió la presión en los últimos meses con sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la familia de Fidel Castro, la petrolera estatal CUPET, ministerios y entidades estatales. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles a Rubio, de estar «presionando y chantajeando» a varios países para que modifiquen su voto contra el embargo de Washington, durante las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas previstas para el día 28. «El Secretario de Estado de EE.UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU», aseveró el ministro de Exteriores cubano en la red social X. (EFE)

Miles de colombianos salieron a manifestarse en las principales ciudades del país en el primer paro nacional convocado por centrales sindicales y partidos opositores contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La convocatoria reúne reivindicaciones concretas de tipo laboral, educativo, económico, social y territorial, pero también persigue expresar el rechazo general de distintas organizaciones civiles al Gobierno ultraderechista que tomó posesión hace dos meses y a sus primeras propuestas. En Bogotá cuatro marchas iniciaron su camino a las 10:00 hora local (15:00 GMT) con el objetivo de confluir en la Plaza de Bolívar, por el momento sin incidentes y sin acompañamiento policial (más allá de la gestión del tráfico). Primer paro en Colombia en el Gobierno de Abelardo de la Espriella Los manifestantes portaban pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales, además de gritar consignas laborales, reivindicar derechos y lanzar críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington. «Es el momento oportuno para protestar», dijo a EFE el senador del izquierdista Pacto Histórico Wilson Arias, quien justificó la movilización por los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia para la reincorporación de excombatientes (ARN) y la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, especialmente en el Caribe. En una línea muy similar se expresó un estudiante de Derecho en la Universidad Pedagógica Nacional que prefirió no dar su nombre. «Desde ya es el momento de ponerse en contra y en la defensa de los derechos humanos, la educación gratuita y el valor por la vida», aseguró tras acusar de «fascismo» al Gobierno de De la Espriella. Nuevo decreto para restringir la protesta La manifestación, la primera de dos meses de movilizaciones sociales, tiene lugar apenas un día después de que De la Espriella firmara el decreto que pretende restringir la protesta social, especialmente la violenta. El texto ha sido objeto de controversia en las últimas semanas. El decreto 1525 de 2026 señala que las autoridades deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero esto no es «un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia». El presidente afirmó el lunes que la protesta pacífica es una «garantía constitucional», pero que este derecho «no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia». «Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano de Bogotá) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal», puntualizó el mandatario. Líder opositor colombiano acusa al Gobierno de querer «intimidar» a los manifestantes El senador Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición colombiana, acusó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de intentar «intimidar» a las personas que salieron a protestar este miércoles, con el decreto que regula las manifestaciones que fue publicado en la víspera. «Lo que quiere el Gobierno es intimidar a la gente. En segundo lugar, quiere acabar con el diálogo que habíamos logrado convertir en una manera de hacer que la protesta social fuera totalmente pacífica y sin problemas», expresó Cepeda, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones de este año con De la Espriella, al sumarse a la manifestación en Bogotá. Cepeda, por su parte, resaltó que durante el Gobierno anterior, el del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), «no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por la policía», algo que había sucedido con el Ejecutivo de Iván Duque (2018-2022). «De la Espriella nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la que la fuerza pública actúa de forma arbitraria», añadió Cepeda. Por otra parte, el líder opositor denunció que el Gobierno es «autoritario, dictatorial, está pisoteando los derechos de la gente y quiere acabar con la reforma agraria, la democracia, lo que avanzamos en cuatro años de Gobierno» de Petro, razones por las cuales están manifestándose. (EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este miércoles que su país está en camino de convertirse en el «más seguro del mundo» por la reducción de los índices de criminalidad, un logro marcado desde marzo de 2022 por la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas. «Aunque las tasas de criminalidad ya están en niveles extremadamente bajos, aún las estamos reduciendo más. En camino de convertirnos en el país más seguro del mundo», publicó Bukele en X. Este mensaje en inglés fue en respuesta a una publicación de un usuario de la red social, que compartió un cuadro en el que dice que la tasa de homicidios de El Salvador hasta octubre es de 0,97 por cada 100.000 habitantes, con 48 muertes. Bukele no desmintió ni ratificó la cifra directamente. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el país centroamericano ha registrado 49 homicidios hasta agosto pasado, mientras que en 2025 fueron 82 en todo el año. Sin embargo, las autoridades no registran como homicidios las muertes de supuestos delincuentes en tiroteos con las autoridades o cuando son abatidos por ciudadanos, tampoco las osamentas localizadas en fosas clandestinas ni las muertes en custodia estatal. Las cifras de la violencia en El Salvador Recientemente, la canciller Alexandra Hill destacó ante la ONU que el país logró sostener la reducción de las cifras de violencia, que en 2015 alcanzaron los 103 homicidios por cada 100.000 habitantes y llegaron a 1,3 en 2025. Cuando Bukele asumió el poder a mediados de 2019, el país había reducido los asesinatos hasta unos 50 por cada 100.000 habitantes. «Por eso, ahora mi país es un caso de referencia para otros que sufren del mismo problema», señaló en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El país centroamericano se encuentra bajo un régimen de excepción aprobado por el oficialismo en la Asamblea Legislativa a petición de Bukele, que ha dejado más de 93.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre unas 570 muertes de detenidos. La medida que defiende Bukele Según el Gobierno, el régimen de excepción ha impulsado la reducción de los homicidios y de la violencia de las pandillas. El mandatario salvadoreño ha comparado esta medida con una quimioterapia con la que el «cáncer» de la violencia de las pandillas, a su juicio, está en «remisión». «Está en remisión, el cáncer no está afectando al cuerpo, pero a la vez todavía existen células cancerígenas» y «si nosotros retiramos la quimioterapia (régimen de excepción) el cáncer va a regresar», dijo en una conferencia el lunes. (EFE)