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La oleada de jubilaciones y renuncias que atraviesa la Agencia Central de Inteligencia y otras instancias de la comunidad de espionaje de Estados Unidos no solo genera retrasos de meses en el cobro de pensiones, sino que pone en evidencia una verdad elemental: el principal activo de cualquier servicio de inteligencia es la calidad y la experiencia de su personal.  En un momento de tensiones internacionales crecientes, la pérdida acelerada de cuadros veteranos, impulsada por políticas de reducción del aparato federal, amenaza con erosionar capacidades forjadas durante décadas y con crear vulnerabilidades de contrainteligencia que ningún algoritmo podrá suplir. A principios de 2025, la CIA contaba con unos 22.000 empleados. Desde entonces, según estimaciones de exfuncionarios citadas por The Washington Post, varios centenares —posiblemente más de mil— han abandonado la organización. Se trata de la mayor contracción desde los recortes de comienzos de los años noventa, tras el colapso de la Unión Soviética. El propio Gobierno había comunicado al Congreso en mayo de 2025 su intención de reducir la plantilla en torno a 1.200 puestos a lo largo de varios años, principalmente mediante jubilaciones y una menor contratación. El programa de renuncia diferida, los recortes en la Oficina de Administración de Personal y el efímero impulso del Departamento de Eficiencia Gubernamental aceleraron el éxodo. La consecuencia inmediata ha sido el colapso del sistema de pensiones: agentes que hasta el día anterior reclutaban informantes, elaboraban informes clasificados o desarrollaban herramientas de espionaje deben ahora esperar hasta nueve meses para recibir el primer pago completo. Algunos han retirado sus solicitudes de jubilación al no poder afrontar un periodo prolongado sin ingresos; otros han recurrido a ahorros o a segundas hipotecas. La CIA reconoció la saturación en un mensaje dirigido a sus exintegrantes: la División de Jubilaciones procesa un número sin precedentes de casos y pide paciencia. Mientras tanto, la Oficina de Administración de Personal, cuya plantilla pasó de más de 3.000 empleados en el año fiscal 2024 a unos 1.980 en 2026, ve cómo el tiempo medio de tramitación se alarga de 79 a 109 días. La crisis no es exclusiva de Langley. Más de 330.000 empleados federales dejaron el Gobierno el año pasado, en su mayoría de forma voluntaria. En la Oficina del Director de Inteligencia Nacional la plantilla se ha reducido a poco más de la mitad de los aproximadamente 2.000 efectivos con los que contaba al inicio del actual mandato, con cientos de salidas y reasignaciones. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura ha perdido cerca de un tercio de su fuerza laboral. El impacto, sin embargo, adquiere una dimensión particular en los servicios de inteligencia. La inteligencia artificial puede procesar volúmenes ingentes de datos, reducir tiempos de análisis e incrementar el número de fuentes consultadas con una eficacia que los analistas humanos no alcanzan. Puede identificar patrones, traducir idiomas en tiempo real y cruzar información de manera masiva. Pero no puede reemplazar al oficial experimentado que ha pasado años cultivando fuentes en entornos hostiles, que interpreta matices culturales, que detecta mentiras en una conversación o que comprende las dinámicas de poder que no aparecen en ningún informe abierto. La estabilidad de esos expertos constituye un activo esencial. Un servicio de inteligencia no se remodela con cada cambio de gobierno. Sus cuadros suelen ser profesionales altamente calificados y, en su mayoría, apolíticos; su lealtad se debe a la institución y a la seguridad del Estado, no a una administración concreta. Los recortes indiscriminados, especialmente cuando responden a prejuicios ideológicos o políticos, atentan contra esa eficacia. Convertir la comunidad de inteligencia en un campo de batalla partidista debilita la capacidad de anticipar amenazas y de ofrecer análisis independientes a quien ostente el poder. Más grave aún resulta el riesgo de contrainteligencia. Volcar a la sociedad a cientos o miles de exagentes que conocen secretos de Estado y que, en muchos casos, se sienten resentidos por demoras en sus pensiones o por la percepción de haber sido descartados, constituye un peligro innecesario. Un exfuncionario que dejó la agencia el año pasado lo resumió con crudeza: “Estamos creando un riesgo enorme de contrainteligencia”. Los oficiales retirados están sujetos a restricciones sobre los empleos que pueden desempeñar, pero la frustración financiera y profesional puede convertirlos en objetivos atractivos para servicios adversarios. Informes recientes indican que medios y aparatos de inteligencia chinos siguen con atención el éxodo y las dificultades económicas de los jubilados, en busca de oportunidades de reclutamiento. La discreción tradicional de los agentes de inteligencia no debe servir de escudo para ocultar fallos institucionales. Como señaló un alto exfuncionario, si al personal militar retirado se le dijera que debe esperar un año o más por sus pensiones, Washington se sumiría en el caos. La misma lógica debe aplicarse a quienes operan en la sombra. La dirección de la CIA defiende la gestión actual y afirma que la agencia se concentra en recuperar su misión central de reclutar espías. Recientemente ha incorporado la mayor camada de oficiales de operaciones en dos décadas. Ese esfuerzo de renovación es necesario, pero no puede compensar de inmediato la pérdida de memoria institucional y de redes humanas construidas a lo largo de décadas. El senador demócrata Mark Warner, miembro destacado del Comité de Inteligencia del Senado, ha cuestionado las demoras y ha recordado que lo mínimo que puede hacer el Gobierno es garantizar a quienes se retiran los beneficios que merecen. La lección es antigua y, sin embargo, se olvida con facilidad. Los servicios de inteligencia no son empresas privadas que puedan reestructurarse según los vaivenes del mercado o las prioridades ideológicas del momento. Su capital más valioso reside en personas que han dedicado su vida a un trabajo invisible, peligroso y poco reconocido. Cuando se las trata como números prescindibles, se debilita no solo la capacidad operativa del momento presente, sino la resiliencia del Estado ante las crisis futuras. La inteligencia artificial será una herramienta poderosa, pero nunca sustituirá el juicio, la intuición y la lealtad forjada en años de servicio. Preservar esa estabilidad

El enorme superávit comercial de China ha vuelto a ser objeto de críticas. Algunos sostienen que la potente maquinaria exportadora del país está inundando los mercados mundiales y ejerciendo presión sobre los fabricantes de otras economías. Es cierto que la magnitud de las exportaciones chinas puede generar preocupación. Sin embargo, centrarse únicamente en las exportaciones —o incluso en la balanza comercial de bienes— ofrece una visión incompleta del papel que desempeña China en la economía mundial. China no es solo la fábrica del mundo. También es uno de los mayores mercados del planeta. En 2025, China importó bienes por valor de 18,5 billones de yuanes (2,6 billones de dólares), lo que la situó como el segundo mayor mercado importador del mundo por decimoséptimo año consecutivo, según datos oficiales chinos. El país es, además, uno de los principales destinos de exportación para cerca de 80 economías. Durante los primeros siete meses de este año, las importaciones chinas crecieron un 22 % interanual, a un ritmo superior al de las exportaciones. Esta tendencia no responde únicamente a la evolución natural del desarrollo económico de China, sino también, cada vez más, a una política deliberada para reequilibrar su modelo de crecimiento. Un enorme superávit comercial no es necesariamente señal de una economía óptimamente equilibrada. Y China es consciente de ello. El superávit del comercio de mercancías chino refleja una competitividad real. Los fabricantes del país son capaces de producir desde vehículos eléctricos y baterías hasta maquinaria y productos electrónicos a precios atractivos para consumidores de todo el mundo. La fortaleza manufacturera se ha convertido en una de las principales ventajas económicas de China. Sin embargo, un superávit comercial también tiene costes y, por sí solo, no constituye una medida de la salud de una economía. Los datos oficiales muestran que, en 2025, los empleados de las empresas en China trabajaron una media de 48,6 horas semanales. Aun teniendo en cuenta las diferencias en las metodologías estadísticas, la cifra apunta a una intensidad laboral considerablemente mayor que la registrada en muchas economías desarrolladas. Según datos de la OCDE, las horas efectivamente trabajadas al año se sitúan aproximadamente entre 1.300 y 1.800 en países como Alemania, Japón y Estados Unidos. Pese a ello, la producción por hora trabajada en China sigue siendo significativamente inferior a la de las economías avanzadas. El contraste resulta revelador: China ha construido una extraordinaria capacidad manufacturera, pero aún dispone de un amplio margen para elevar la productividad del conjunto de la economía, los ingresos de los trabajadores y el valor generado por cada hora de trabajo. Y esto es fundamental para el reequilibrio económico del país. Si la capacidad productiva crece mucho más rápido que la demanda interna, las empresas se ven cada vez más obligadas a buscar mercados en el exterior para absorber su producción. Para China, el resultado ideal no pasa necesariamente por exportar menos, sino por contar con una demanda interna más fuerte al tiempo que mantiene la fortaleza de sus exportaciones. Existe, además, otra distinción importante que suele perderse en el debate sobre el superávit comercial: la diferencia entre bienes y servicios. China puede registrar un enorme superávit en el comercio de mercancías, pero continúa manteniendo un considerable déficit en el comercio de servicios. En 2025, el comercio de servicios del país alcanzó los 8,08 billones de yuanes. Las importaciones, por valor de 4,46 billones de yuanes, superaron a las exportaciones, que ascendieron a 3,63 billones, dejando un déficit de aproximadamente 829.000 millones de yuanes. A medida que aumenten los ingresos de los hogares chinos, es probable que los consumidores demanden una mayor cantidad de servicios de alta calidad, desde turismo y entretenimiento hasta educación, atención sanitaria, servicios financieros y profesionales. Una economía interna más sólida podría, por tanto, traducirse también en un aumento de las importaciones tanto de servicios como de bienes. En otras palabras, una economía china más equilibrada podría significar que China compre más al resto del mundo, y no menos. Esto es importante porque el comercio internacional no es un juego de suma cero. Las importaciones de China generan mercados y oportunidades para empresas y trabajadores de otros países, del mismo modo que las exportaciones chinas permiten a los consumidores de otras economías acceder a productos competitivos. El reto de China ahora consiste en pasar de ser una economía excepcionalmente eficiente a la hora de producir y vender a convertirse en una economía igualmente capaz de generar ingresos, consumir e invertir dentro del país. La buena noticia es que esta transición está cobrando impulso. China está situando el fortalecimiento de la demanda interna entre las principales prioridades de su nueva hoja de ruta económica. En el marco del XV Plan Quinquenal, el país aspira a elevar las ventas minoristas totales de bienes de consumo hasta los 60 billones de yuanes en 2030, frente a unos 50 billones de yuanes en 2025. Una parte fundamental de esta estrategia consiste en reforzar la capacidad de consumo de los hogares mediante el aumento de los ingresos procedentes tanto del empleo como de los activos, la estabilización del mercado inmobiliario y el fortalecimiento de la seguridad social. Estas medidas se inscriben en un enfoque político más amplio que pone el acento en “invertir en las personas” como vía para impulsar la demanda interna. Beijing busca cada vez más aprovechar el enorme potencial de su mercado de consumo, formado por 1.400 millones de personas, no solo en beneficio de los productores y proveedores de servicios nacionales, sino también de las empresas extranjeras y de aquellas economías dispuestas a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado chino. China ha dedicado décadas a convertirse en el gran vendedor del mundo. Su próximo desafío es convertirse también en un gran comprador. Y, a largo plazo, ese cambio podría resultar más saludable no solo para China, sino también para el sistema comercial mundial. Nota del editor: Cheng He es editor jefe de CGTN Global Business. El artículo refleja las opiniones del autor y no representa necesariamente los puntos de vista