La oleada de jubilaciones y renuncias que atraviesa la Agencia Central de Inteligencia y otras instancias de la comunidad de espionaje de Estados Unidos no solo genera retrasos de meses en el cobro de pensiones, sino que pone en evidencia una verdad elemental: el principal activo de cualquier servicio de inteligencia es la calidad y la experiencia de su personal.
En un momento de tensiones internacionales crecientes, la pérdida acelerada de cuadros veteranos, impulsada por políticas de reducción del aparato federal, amenaza con erosionar capacidades forjadas durante décadas y con crear vulnerabilidades de contrainteligencia que ningún algoritmo podrá suplir.
A principios de 2025, la CIA contaba con unos 22.000 empleados. Desde entonces, según estimaciones de exfuncionarios citadas por The Washington Post, varios centenares —posiblemente más de mil— han abandonado la organización. Se trata de la mayor contracción desde los recortes de comienzos de los años noventa, tras el colapso de la Unión Soviética.
El propio Gobierno había comunicado al Congreso en mayo de 2025 su intención de reducir la plantilla en torno a 1.200 puestos a lo largo de varios años, principalmente mediante jubilaciones y una menor contratación. El programa de renuncia diferida, los recortes en la Oficina de Administración de Personal y el efímero impulso del Departamento de Eficiencia Gubernamental aceleraron el éxodo.
La consecuencia inmediata ha sido el colapso del sistema de pensiones: agentes que hasta el día anterior reclutaban informantes, elaboraban informes clasificados o desarrollaban herramientas de espionaje deben ahora esperar hasta nueve meses para recibir el primer pago completo. Algunos han retirado sus solicitudes de jubilación al no poder afrontar un periodo prolongado sin ingresos; otros han recurrido a ahorros o a segundas hipotecas.
La CIA reconoció la saturación en un mensaje dirigido a sus exintegrantes: la División de Jubilaciones procesa un número sin precedentes de casos y pide paciencia. Mientras tanto, la Oficina de Administración de Personal, cuya plantilla pasó de más de 3.000 empleados en el año fiscal 2024 a unos 1.980 en 2026, ve cómo el tiempo medio de tramitación se alarga de 79 a 109 días.
La crisis no es exclusiva de Langley. Más de 330.000 empleados federales dejaron el Gobierno el año pasado, en su mayoría de forma voluntaria. En la Oficina del Director de Inteligencia Nacional la plantilla se ha reducido a poco más de la mitad de los aproximadamente 2.000 efectivos con los que contaba al inicio del actual mandato, con cientos de salidas y reasignaciones. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura ha perdido cerca de un tercio de su fuerza laboral. El impacto, sin embargo, adquiere una dimensión particular en los servicios de inteligencia.
La inteligencia artificial puede procesar volúmenes ingentes de datos, reducir tiempos de análisis e incrementar el número de fuentes consultadas con una eficacia que los analistas humanos no alcanzan. Puede identificar patrones, traducir idiomas en tiempo real y cruzar información de manera masiva. Pero no puede reemplazar al oficial experimentado que ha pasado años cultivando fuentes en entornos hostiles, que interpreta matices culturales, que detecta mentiras en una conversación o que comprende las dinámicas de poder que no aparecen en ningún informe abierto.
La estabilidad de esos expertos constituye un activo esencial. Un servicio de inteligencia no se remodela con cada cambio de gobierno. Sus cuadros suelen ser profesionales altamente calificados y, en su mayoría, apolíticos; su lealtad se debe a la institución y a la seguridad del Estado, no a una administración concreta. Los recortes indiscriminados, especialmente cuando responden a prejuicios ideológicos o políticos, atentan contra esa eficacia. Convertir la comunidad de inteligencia en un campo de batalla partidista debilita la capacidad de anticipar amenazas y de ofrecer análisis independientes a quien ostente el poder.
Más grave aún resulta el riesgo de contrainteligencia. Volcar a la sociedad a cientos o miles de exagentes que conocen secretos de Estado y que, en muchos casos, se sienten resentidos por demoras en sus pensiones o por la percepción de haber sido descartados, constituye un peligro innecesario. Un exfuncionario que dejó la agencia el año pasado lo resumió con crudeza: “Estamos creando un riesgo enorme de contrainteligencia”. Los oficiales retirados están sujetos a restricciones sobre los empleos que pueden desempeñar, pero la frustración financiera y profesional puede convertirlos en objetivos atractivos para servicios adversarios.
Informes recientes indican que medios y aparatos de inteligencia chinos siguen con atención el éxodo y las dificultades económicas de los jubilados, en busca de oportunidades de reclutamiento. La discreción tradicional de los agentes de inteligencia no debe servir de escudo para ocultar fallos institucionales. Como señaló un alto exfuncionario, si al personal militar retirado se le dijera que debe esperar un año o más por sus pensiones, Washington se sumiría en el caos. La misma lógica debe aplicarse a quienes operan en la sombra.
La dirección de la CIA defiende la gestión actual y afirma que la agencia se concentra en recuperar su misión central de reclutar espías. Recientemente ha incorporado la mayor camada de oficiales de operaciones en dos décadas. Ese esfuerzo de renovación es necesario, pero no puede compensar de inmediato la pérdida de memoria institucional y de redes humanas construidas a lo largo de décadas. El senador demócrata Mark Warner, miembro destacado del Comité de Inteligencia del Senado, ha cuestionado las demoras y ha recordado que lo mínimo que puede hacer el Gobierno es garantizar a quienes se retiran los beneficios que merecen.
La lección es antigua y, sin embargo, se olvida con facilidad. Los servicios de inteligencia no son empresas privadas que puedan reestructurarse según los vaivenes del mercado o las prioridades ideológicas del momento. Su capital más valioso reside en personas que han dedicado su vida a un trabajo invisible, peligroso y poco reconocido.
Cuando se las trata como números prescindibles, se debilita no solo la capacidad operativa del momento presente, sino la resiliencia del Estado ante las crisis futuras. La inteligencia artificial será una herramienta poderosa, pero nunca sustituirá el juicio, la intuición y la lealtad forjada en años de servicio. Preservar esa estabilidad no es un privilegio corporativo: es una exigencia de seguridad nacional.
Adalberto Agozino es experto en temas internacionales