Bolivia

La Sala Constitucional Primera de La Paz determinó dejar sin efecto la baja definitiva que había recibido Franklin “Matador” Mamani, al considerar que se le vulneró el debido proceso el derecho a la defensa legítima. La información fue proporcionada por la defensa de Mamani, la cual explicó que con la resolución se ordena la restitución inmediata de sus funciones en un plazo de tres días hábiles. La Sala Constitucional se pronunció en el marco de una Acción de Amparo, que presentó Mamani contra los integrantes del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, que en 2023 emitieron una resolución sancionándolo con baja definitiva. En su fallo, la Sala Constitucional otorgó la tutela al accionante, dejando sin efecto la resolución de 2023, para que emita una nueva “de forma motivada, fundamentada y congruente”, según los agravios planteados por Mamani y los términos desarrollados por el tribunal. La defensa de Mamani aseveró que el también boxeador había sido dado de baja como represalia por declaraciones que realizó contra el entonces ministro Eduardo Del Castillo. “Hoy, el teniente espera recuperar su investidura policial tras lo que considera un acto de persecución por haber cuestionado a los altos mandos del Gobierno y su manejo de la institución policial”, indica una nota de prensa de la defensa. Mamani actualmente tiene una sentencia penal por los hechos de 2019 a 11 años de cárcel, debido a su actuación como policía en los enfrentamientos de El Pedregal, donde fallecieron tres personas. Sin embargo, el caso se encuentra en apelación. ERBOL

“Me voy a defender, sí”. La declaración corresponde a la exdiputada Lidia Patty en un breve contacto con EL DEBER. La hizo tras conocer la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía por un presunto daño económico al Estado relacionado con ocho proyectos del Fondo Indígena. “Me voy a defender como es y no escapé del país. Soy víctima del Fondo Indígena”, añadió Patty, quien pidió ampliar el contacto luego. Se la escuchó ajetreada. La exdiputada saltó a la escena pública como una de las principales impulsoras del caso conocido como Golpe I. Con este caso denunció a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por la crisis política de 2019. El fiscal Miguel Cardozo confirmó que se libró el mandamiento de aprehensión 226 contra la exparlamentaria. “Se ha establecido que existen suficientes elementos de convicción para determinar que habría adecuado su conducta a los tipos penales denunciados”, explicó. A Patty se le atribuyen los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El paso inmediato será la ejecución del mandamiento por parte de la Policía, para que comparezca ante el Ministerio Público y se defina su imputación formal. Según Cardozo, la investigación gira en torno a ocho proyectos que presentaban apenas un 50% de avance, pese a que ya habían recibido el 80% de los desembolsos del Fondo Indígena. Parte de esos recursos —indicó— habría beneficiado directamente a Patty, extremo que asegura tener respaldado con documentación secuestrada en el allanamiento a las oficinas del Fondo en La Paz. El abogado Héctor Castellón declaró en RTP que más de 1.100 personas están involucradas en el desfalco del Fondo Indígena, entre ellas Lidia Patty, Nemesia Achacollo, Juanita Ancieta y Ever Choquehuanca. Señaló que se malversaron 200 millones de dólares y lamentó que Marco Aramayo, principal denunciante del caso, haya fallecido en la cárcel tras ser “torturado” y enfrentar más de 200 procesos. Castellón también criticó a Rafael Quispe por pedir investigación cuando, siendo director del Fondo Indígena durante el Gobierno de transición, no hizo nada. “Me parece insultante que ahora quieran investigar”, expresó. EL DEBER Y RTP

El comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, anunció este martes una reorientación nacional en las labores policiales destinada a fortalecer la presencia operativa en las calles y cercanía con la población, al mismo tiempo de reducir la cantidad de efectivos en tareas administrativas para que vayan a las calles. «Vamos a evaluar y vamos a reducir lo más que se pueda esta función administrativa para que la gente vaya a las calles donde tienen que estar, que vayan a cumplir la misión constitucional de proteger a nuestra sociedad», sostuvo. Sokol instruyó al Director Nacional de Personal y al Subcomandante General realizar un análisis estructural para reducir al mínimo el número de efectivos destinados a funciones administrativas en todas las unidades del país. El objetivo es que el mayor número posible de policías sea reasignado a labores operativas. En ese sentido, el Comandante explicó que, históricamente, varias unidades dedicadas a control interno se limitaban a recibir informes en oficina. La nueva directriz exige que estos equipos salgan a trabajar en campo, realicen inspecciones y sean proactivos en la identificación de irregularidades. Cercanía con la población En paralelo, Sokol anunció medidas para reforzar la presencia policial directa en los barrios. A partir de la fecha, todos los patrulleros, en vehículos o motocicletas, deberán interrumpir su recorrido cada 30 minutos para descender y tomar contacto directo con la población, ya sea en mercados, escuelas, hospitales o espacios nocturnos. La instrucción busca generar un vínculo activo con los ciudadanos, recoger alertas sobre riesgos o irregularidades y crear condiciones más favorables para la prevención del delito.  Los patrulleros deberán además elaborar informes diarios con la información obtenida, los cuales serán procesados para definir políticas institucionales. “Tenemos que acercarnos más a nuestro pueblo con acciones reales. Cuando el patrullero se baja del vehículo, la gente nos hace conocer lo que está ocurriendo, desde situaciones de riesgo hasta hechos de corrupción”, sostuvo. Sokol también presentó nuevas líneas telefónicas para denuncias y pidió a la población hacer un uso responsable de estos canales, recordando que Radio Patrulla 110, PAC 120 y otras líneas continúan disponibles. El comandante concluyó destacando que la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana requieren la participación de todos: “Ahora les toca a ustedes ser los ojos y los oídos de la Policía”, afirmó. ERBOL

El vicepresidente Edmand Lara anunció que activará procesos penales y de juicio de responsabilidades en contra del exmandatario Luis Arce por presuntos hechos de corrupción e irregularidades cometidas durante su gestión. Los casos serán promovidos desde la Unidad Jurídica de la Vicepresidencia para que pueda responder por “todo el daño que le ha hecho al país”, afirmó en una publicación en su cuenta de TikTok. “Luis Arce no se va a salvar, así como no se van a salvar todos los corruptos que le han hecho daño a este país, que han encarcelado gente inocente, que se han robado la plata de los bolivianos y que nos han dejado económicamente mal”, afirmó. Otros procesos que activará Lara también serán en contra del excandidato a la presidencia, Eduardo Del Castillo, el excomandante de la Policía, general Augusto Russo, el exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. “Nadie, pero absolutamente nadie, va a quedar impune, se acaba la impunidad porque nosotros tenemos una clara y firme convicción y compromiso con la patria”, aseguró. Lara recordó que los procesos activados serán para que respondan ante la justicia y no por afanes de venganza ERBOL