Seguridad

Santa Cruz registra 26 asesinatos y Gobernador pide militarización

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exigió al Gobierno nacional militarizar esa zona para frenar la inseguridad en el municipio. Este domingo 13 de septiembre se reportó que dos hombres fueron acribillados y según El Deber en lo que va del año se reportan 26 asesinatos. Ante esta situación, la autoridad pidió triplicar la presencia policial y reforzar la seguridad en la zona fronteriza con Brasil. «Ante los últimos hechos ocurridos en San Ignacio de Velasco, acabo de comunicarme con el Ministro de Gobierno, el Comandante Departamental de la Policía y el Comandante General de la Policía Boliviana. Me informaron sobre las acciones inmediatas que están ejecutando, el despliegue de equipos en la zona y el reforzamiento del Plan Fronteras Seguras. Sin embargo, los hechos demuestran que las medidas actuales no están dando los resultados que necesitamos», escribió el gobernador en sus redes.  Velasco lamentó que la Chiquitania está «en vilo» y que la ola de violencia exige decisiones extraordinarias por parte de las autoridades.  «Ambos comandantes llevan pocos días posesionados y confío en que puedan revertir esta situación con acciones firmes, Inteligencia y mayor presencia territorial. Pero también debemos ser claros: no podemos permitir que el sicariato y el crimen organizado se conviertan en parte de la vida cotidiana de Santa Cruz. San Ignacio de Velasco, la Chiquitania y todo nuestro departamento están en vilo. Estamos llegando a un límite que exige decisiones extraordinarias», siguió.  Autoridades piden militarizar la zona Ante este escenario, el gobernador junto con la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, y la asambleísta de la provincia Velasco, Natasha Castedo, exigió a las autoridades nacionales incrementar los operativos de seguridad en las zonas consideradas de mayor riesgo. «Exijimos a las autoridades nacionales competentes medidas inmediatas y concretas: triplicar la presencia policial en las zonas más afectadas, fortalecer las unidades de Inteligencia e investigación y reforzar de manera permanente el control de nuestras fronteras. Exijimos y necesitamos que el Ministerio de Defensa militarice esta zona roja del departamento, dentro del marco constitucional y de las competencias de las Fuerzas Armadas», señaló.  Además, Velasco aseguró que se necesita presencia efectiva del Estado para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales que están amenazando la seguridad de nuestra gente. «Necesitamos que el Ministerio de Defensa concentre recursos, personal y capacidad operativa donde hoy existe una amenaza real e inmediata para las familias bolivianas. Esto no se resuelve únicamente reaccionando después de cada hecho violento. Necesitamos prevención, Inteligencia, control fronterizo, investigación criminal y presencia permanente del Estado», indicó.  La autoridad departamental sostuvo que es necesario adoptar medidas concretas y reforzar las acciones contra el crimen organizado, especialmente en las zonas fronterizas, ante la ola de violencia registrada en San Ignacio de Velasco, municipio colindante con Brasil. Medidas solicitadas por el gobernador Juan Pablo Velasco exigió medidas inmediatas y concretas a las autoridades nacionales competentes, tales como: Contexto de los hechos violentos Estas solicitudes se producen tras el asesinato de dos hombres la madrugada del domingo en San Ignacio de Velasco. Una de las víctimas fue identificada como Rodrigo O. Z., hermano del presidente de la Asociación de Ganaderos de ese municipio. Se reportó que fue atacado por dos sujetos armados dentro de su vivienda, en el barrio Pueblo Nuevo. Por otro lado, Gabriel P. F., de 22 años, fue asesinado por un grupo de seis sujetos encapuchados que ingresaron a su domicilio en el barrio Guapasal. Según la denuncia inicial, los agresores preguntaron por una persona identificada como “Camacho” y una supuesta carga de droga antes de disparar contra el joven. LEER: 43 víctimas de ataques armados en Bolivia En menos de 24 horas, tres asesinatos en Santa Cruz y Beni volvieron a exponer la escalada de violencia armada en el país. Dos ocurrieron en San Ignacio de Velasco y el tercero en Trinidad. Con estos hechos, el recuento elaborado por EL DEBER alcanza al menos 43 fallecidos en ataques armados en lo este 2026. Santa Cruz concentra 26 víctimas, equivalente al 65% del total, seguida por Cochabamba con cinco, Beni con cuatro, Tarija con tres y Pando con dos. Agosto fue más letal del año y para este mes la ola violenta vinculada con el narcotráfico parece no disiparse. EL DEBER Y LA PATRIA

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Cuatro fallecidos y 12 heridos tras caída de minibús en Palca

Cuatro personas murieron y 12 quedaron heridas debido al embarrancamiento del minibús de transporte público en el que se trasladaban desde Palca hacia una comunidad cercana, informó la Unidad de Bomberos. El accidente ocurrió este domingo en la tarde. El minibús se embarrancó unos 200 metros, informó ABI. Se presume que el vehículo sufrió fallas mecánicas. En el minibús se trasladaban 16 personas: 15 adultos y una menor de edad, informó Bomberos a Red Uno. Un jefe policial informó a Unitel que la mayoría de pasajeros era profesor. “En el lugar ya se pudo evidenciar que cuatro personas se encontraban sin signos vitales, tres personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. Entre los fallecidos tenemos al conductor Porfirio Valero Cusi”, informó un bomberos a Red Uno, citado por ABI. En redes sociales se viralizaron imágenes de lo sucedido que muestra a pasajeros en el piso, mientras piden auxilio. Los heridos fueron internados en el hospital Metodista de La Paz. BRÚJULA DIGITAL

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«No fue una tragedia, fue un homicidio», dice abogada sobre las 6 muertes en Brasil

La abogada Patricia Vega aseguró que existió negligencia y una sucesión de fallas de la constructora y la Alcaldía de São Paulo tras la tragedia en el desplome de un edificio que sepultó a una familia de costureros bolivianos y dejó al menos seis fallecidos, entre ellas una mujer embarazada y menores de edad. “Esto para mí no fue un accidente, para mí sí fue un homicidio. Había un orden de demolición del predio, después había un permiso para que se construyan. Creo que ha habido una sucesión de errore” , expresó la jurista en RTP Informa. Aseguró que se tiene que ver la responsabilidad del ingeniero, del dueño de la constructora, del fiscal de la Alcaldía. Destacó el trabajo de la Policía Civil, Policía Militar, Bomberos, Prefectura y Subprefectura de Penha. “Pocas veces aquí en Brasil he visto una fuerza tarea tan grande” para localizar a los responsables». LEER: Edificio de 20 pisos cae sobre vivienda de Bolivianos Confirmó que el Consulado de Bolivia en São Paulo ayuda con documentos perdidos y con la repatriación de los cuerpos a Bolivia. Aclaró que fueron 10 las personas que fueron sepultadas, y dos se salvaron porque durmieron en un depósito de telas. Acotó que queda pendiente el destino de una víctima paraguaya que era pareja de un afectado que está internado. El agente consular de Bolivia en Brasil, Esteban Araos Ortiz, informó que el edificio que se derrumbó en una casa de bolivianos en São Paulo y dejó seis personas fallecidas era una construcción de aproximadamente 20 pisos y en situación irregular. “Era un edificio abandonado de unos 20 pisos. Era una construcción no autorizada y, bueno, hoy día hubo una lluvia muy fuerte que al final, entre la no inspección y el viento, se ha generado que el derrumbe vaya directamente a una casa donde estaban muchos bolivianos”, expresó el diplomático a El Deber. El colapso de un edificio en construcción ocurrió la madrugada del sábado 12 de septiembre en el barrio de Penha, en la zona este de São Paulo. El siniestro dejó seis fallecidos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del suceso. La empresa encargada del proyecto, New Home Construtora, emitió un comunicado en el que anuncia una investigación interna y colaborará con las autoridades locales. Se aclaró que los bolivianos no eran dueños de la casa, sino que alquilaban el lugar para trabajar. Según los datos llevaban residiendo en Brasil más de cinco añose incluso uno de los sobrevivientes vive más de dos décadas en ese país. Las autoridades no reportaron irregularidades respecto a su estatus migratorio. Herbert Chino Choque, uno de los sobrevivientes, expresó con profundo desconsuelo ante los medios: “Perdí a la familia que más valoraba, mi hija y mi esposa. Trabajé durante nueve años para construir mi patrimonio… ¿Quién me va a responder por esto? MRCM-RTP

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Encuentran más restos humanos en cuartel de Viacha

Equipos especializados de Bomberos, la Policía Boliviana y personal municipal confirmaron el hallazgo de nuevos restos humanos en predios del Regimiento Bolívar de Viacha (La Paz). Las evidencias fueron encontradas debajo de la estructura de un muro inestable que era demolido de manera controlada debido al riesgo que representaba para los rescatistas. El perímetro de la unidad militar permanece bajo estricto resguardo mientras continúan las labores operativas. La búsqueda en ese sector había sido suspendida temporalmente por el peligro de desplome del muro sobre material explosivo ubicado en el área. Una vez concluido el retiro y la neutralización del material detonante, los brigadistas pudieron reactivar las tareas de rastreo, que permitieron localizar las evidencias biológicas, según informó Red Uno. Las autoridades competentes iniciaron los procedimientos correspondientes para analizar los restos y determinar su filiación. Lee también: Viacha: Lara indica que un sargento y 10 soldados ingresaron a limpiar antes de las explosiones El hallazgo se suma a las labores de rescate desplegadas tras las dos explosiones registradas días atrás en el recinto militar, que dejaron nueve personas fallecidas y cinco desaparecidas. El hecho también afectó a más de 700 personas de 299 familias, provocó daños en 297 viviendas y obligó a la evacuación de distintos sectores. Las operaciones de búsqueda continúan bajo medidas de seguridad para los equipos especializados. VISIÓN 360

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Tragedia: edificio en construcción se derrumba sobre casa de decenas de bolivianos

Al menos dos mujeres murieron este sábado tras el colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivían una decena de personas de origen boliviano, en la ciudad brasileña de São Paulo, informaron fuentes oficiales. Los equipos de rescate hallaron con vida a un hombre y a un niño, y aún buscan a posibles supervivientes entre los escombros, que están retirando de forma manual con cubos, según presenció EFE. El siniestro se produjo durante la madrugada en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, la ciudad más populosa de Brasil. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas. En él no vivía nadie, pero dos obreros solían dormir en su interior, según las autoridades. El derrumbamiento coincidió con una noche de fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada. Según el organismo, aunque estaba lloviendo en el momento del derrumbe, aún no es posible afirmar que el temporal haya sido la única causa del suceso EL DEBER

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Tragedia en Viacha: 3 claves de la querella del Ejército contra Novillo

El comandante del Ejército, Héctor Alarcón, informó que la institución presentó una querella contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo Aguilar por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, dentro de la investigación por las explosiones ocurridas el 4 de septiembre en Viacha. “Esta exautoridad por la omisión o el evitar haber realizado ciertas acciones produjo lamentablemente (…) la muerte de nuestros camaradas”, afirmó Alarcón, al explicar los fundamentos de la acción presentada ante el Ministerio Público. Según el comandante, la querella se sustenta en documentación administrativa y, principalmente, en un informe recibido el 25 de septiembre de 2025 que advertía sobre el deterioro físico y químico del material pirotécnico almacenado y lo calificaba como una “amenaza real e inminente”. El documento recomendaba la desactivación inmediata y posterior incineración del material, bajo supervisión especializada, o su repliegue. Alarcón sostuvo que la entonces autoridad no habría dado una respuesta o solución a esa advertencia. Leer: Elvis pide no olvidar a los heridos de las explosiones de Viacha El comandante aclaró que será el Ministerio Público el que determine la relación entre las actuaciones u omisiones denunciadas y las explosiones, así como la existencia de otros posibles responsables. También informó que continuará la búsqueda de los cinco miembros del Ejército aún no localizados y negó haber recibido un parte oficial sobre la supuesta aprehensión de algún militar. La institución militar anunció que continuará proporcionando al Ministerio Público la documentación disponible y colaborando con las actuaciones investigativas, porque el objetivo que tienen es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en Viacha. La doble explosión dejó 9 personas fallecidas, 5 desaparecidas y cerca de 80 heridos. El Ejército, la Alcaldía de Viacha y la Policía continúan con las labores de búsqueda, mientras que el Instituto de Investigaciones Forenses resguarda los restos humanos para identificar a los oficiales del Regimiento de Artillería Bolívar. ERBOL Y EL DEBER

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Corrupción en YPFB: Procesarán a funcionarios y surtidores por desvío de combustibles

El Viceministerio de Transparencia, Yamil Garcia, anunció procesos penales contra estaciones de servicio y funcionarios públicos plenamente identificados por el desvío de combustibles en el país. «Existen causas. Nosotros ya hemos identificado en coordinación con los ministerios que estaciones de servicio han sido favorecidas de manera discrecional, que funcionarios habrían posibilitado el desvío de combustibles. Ya están plenamente identificados y también las acciones penales están en curso«, afirmó. García, informó sobre una serie de irregularidades detectadas en la cadena de comercialización y distribución de combustibles de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a nivel nacional, entre ellas despachos realizados antes de la emisión de las facturas y asignaciones de cupos por encima de los límites establecidos. García señaló que de acuerdo con el procedimiento regular, primero debe realizarse el pago y la facturación, luego emitirse la orden de despacho y finalmente efectuarse la asignación. Sin embargo, las investigaciones identificaron más de 30 casos en los que el combustible fue despachado antes de que se emitiera la factura. Otro de los hallazgos está relacionado con los cupos. Según García, se identificaron clientes directos que recibieron cantidades superiores al 199% del límite permitido. «Una segunda modalidad de cometer hechos de corrupción dentro de la comercialización de combustibles tiene que ver con la asignación de cupos que han superado casi el 200% del límite permitido«, sostuvo. Además, se detectó más de 40 situaciones en las que los retiros de combustible programados para «varios días» fueron concentrados en una sola jornada. «Se puede observar más de 40 situaciones en donde los retiros que estaban programados para varios días se los efectuó en un solo día», añadió la autoridad.  Cuestionan controles mediante Excel García cuestionó además que las conciliaciones de los despachos se realizaran mediante tablas de Excel, debido a que algunos usuarios podían modificar posteriormente la información. «Hemos podido observar que las conciliaciones de estos despachos se efectuaron en tablas de Excel, es decir, todo el sistema a través del cual se debía efectuar el control del despacho de los combustibles estaba en un sistema a través del cual, inclusive, muchos usuarios podían generar modificaciones posteriores de forma retroactiva», explicó. Según el viceministro, YPFB destinó más de Bs 400 millones en infraestructura tecnológica durante los últimos cinco años, pero no cuenta con un sistema digital que permita hacer trazable toda la cadena de distribución. «Es decir, podemos hacer un detalle de estos Bs 400 millones, pero el resultado es que no se ha generado un sistema digital trazable que pueda acabar con la corrupción en este caso», cuestionó. Buscan digitalizar el control Como medida para evitar nuevas irregularidades, Transparencia planteó digitalizar toda la cadena de distribución y crear un portal público que permita conocer en tiempo real los volúmenes de combustible que ingresan, los despachos realizados y los destinatarios. Para ello, se solicitó la participación de la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), de las unidades tecnológicas de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos. «Hasta la fecha, los controles se hacen a través de un cintillo, como el cintillo que se pone en las maletas cuando uno va a viajar. Ese es el sistema de seguridad, entre comillas, que en el pasado posibilitaba que ocurran estos hechos», señaló García. EL DEBER

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Sin sanciones: Ley cruceña antibloqueos se enfocará en la prevención

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, promulgó la Ley Departamental Antibloqueo o de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías para garantizar la libre circulación y el desarrollo regional. La norma no busca criminalizar la protesta y establece un plazo de 180 días para su reglamentación, Prioriza la anticipación al conflicto mediante el diálogo. la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre afirmó que la ley busca «poner freno a los perjuicios que generan los bloqueos y defender el derecho a la libre circulación«. “La cultura del bloqueo deteriora el prestigio nacional que ahora mismo se hace necesario para captar inversión privada, para reactivar la economía, para darle dinamismo a nuestro desarrollo. Erradicar la cultura del bloqueo también tiene que ver con desarrollo y ese es el desafío”, recalcó. Por su parte, María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental,  recalcó que la normativa es la respuesta coyuntural frente a los bloqueos. Dijo que no vulnera el derecho constitucional a la protesta, a los cabildos, paros cívicos y ni siquiera a la manifestación pública, siempre y cuando sea pacífica. La norma fue aprobada el pasado 3 de septiembre por la Asamblea Departamental y establece la coordinación y respuesta entre la Secretaría de Seguridad, la Policía, Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea, para activar alertas y diálogo antes de que se instalen bloqueos en el departamento. EL DEBER

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Explosión de una garrafa de gas en Villa Tunari deja heridas a una madre y su hija

Una madre y su hija resultaron heridas este viernes luego de la explosión de una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la localidad de Chipiriri, ubicada en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba. La explosión del cilindro dejó a la mujer con quemaduras en el 60% de su cuerpo, mientras que su hija presenta quemaduras en el 30%, según informó el presidente del Comité Cívico del pueblo de Chipiriri, Jhonny Zapata. La onda expansiva de la explosión también provocó daños en la cocina donde se encontraban la mujer, de 34 años, y la adolescente, de 18 años. Ambas fueron trasladadas a un centro de salud de Cochabamba para recibir atención de emergencia. “De la nada ha reventado (la garrafa), esto no ha sido conectado a la cocina, no ha sido utilizado. Las personas estaban sentadas tranquilamente en su domicilio y de la nada ha explotado”, señaló Zapata. El dirigente consideró que en la explosión existe responsabilidad de las personas encargadas de controlar el estado en el que se encuentran los cilindros al momento de ser distribuidos en los camiones que los comercializan. (ABI)

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Gobernación de Santa Cruz promulga su nueva «Ley Antibloqueos»

La Gobernación de Santa Cruz promulgó este viernes la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías, en un acto realizado en la Casa de Gobierno. La norma fija como ejes la prevención, la articulación entre instituciones y la respuesta a contingencias, con la finalidad de disminuir los efectos de los bloqueos sobre la población, la salud, la producción, el abastecimiento y la circulación libre. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, remarcó que la iniciativa nació en el órgano legislativo y la calificó como una expresión de la autonomía cruceña frente a los perjuicios que ocasionan estas medidas. “Esta ley no vulnera ningún tipo de derecho constitucional, como es el de la legítima protesta”, afirmó, al subrayar que no se dirige contra las manifestaciones pacíficas, sino contra situaciones violentas que afectan vías y derechos de terceros. Según explicó, la normativa fue trabajada por más de tres meses mediante análisis técnico y mesas de concertación con participación de la Policía, instancias jurídicas de la Gobernación, la Asamblea y representantes de sectores productivos y de la sociedad civil. El enfoque —dijo— responde a la lógica de “prevenir, coordinar y atender”. Entre las acciones previstas se contemplan mecanismos de alerta temprana, planificación, coordinación institucional y medidas para proteger la vida, habilitar corredores humanitarios y reducir el impacto en la producción y las cadenas de abastecimiento. Durante la promulgación, la vicegobernadora Paola Aguirre sostuvo que la ley respondía a una demanda regional y planteó como desafío “erradicar la cultura del bloqueo”. Describió los efectos de estas medidas sobre pacientes, familias, transportistas y productores, así como sobre el traslado de medicamentos, alimentos y ganado. Aguirre vinculó la libre circulación con otros derechos fundamentales y con la dinámica económica del país, al advertir que los bloqueos afectan el abastecimiento, el empleo y la continuidad productiva, además de perjudicar la imagen de Bolivia ante potenciales inversiones. Reiteró que la norma no busca sancionar la protesta, sino anticipar conflictos y establecer respuestas. “Hay que erradicar la cultura del bloqueo”, insistió, al señalar que la Gobernación comenzará a actuar frente a estas situaciones y promoverá el diálogo y el consenso entre sectores. En el acto también se mencionó la posibilidad de impulsar una ley de alcance nacional. Según Aguirre, la Asamblea Departamental recomendó el mandato de llevar esta discusión al ámbito legislativo nacional con apoyo de parlamentarios cruceños. La ley establece además un plazo de 180 días para su implementación, que estará a cargo del Ejecutivo departamental a través de la Dirección de Desarrollo Autonómico. Con la firma del gobernador Juan Pablo Velasco, la norma entra en vigencia y abre una etapa enfocada en convertir sus disposiciones en acciones concretas frente a los bloqueos en el departamento. (CORREO DEL SUR)

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