Seguridad

Después de la captura del narcotraficante Sebastián Marset, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trabaja en los allanamientos, para identificar: la infraestructura aérea, los elementos logísticos; las redes internacionales; la seguridad armada y; las rutas y logística internacional, con el objetivo de desarticular a esta banda internacional, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. El pasado viernes, la Policía Boliviana realizó un operativo en la zona Las Palmas, de Santa Cruz, en la madrugada y logró capturar a Marset, cuando se encontraba descansando, además se logró aprehender a cuatro personas de nacionalidad extranjera, que formaban parte de su seguridad. Durante la jornada de ayer, por la tarde y en la noche, se realizaron allanamientos en el barrio Urubó, y en Warnes, donde se encontraron precursores, armas y droga, según reportaron medios de comunicación. Justiniano precisó que el operativo ejecutado, tenía el objetivo de desarticular una banda transnacional, a partir de ello, sostuvo que se realizan varias investigaciones paralelas, para que esas estructuras no sean: para “un segundo Marset” o un “tercer Marset”, en Red Uno. También reconoció que, se tiene que trabajar de forma rápida, para evitar que se produzca una rearticulación del grupo delictivo, liderado por Marset. “Tenemos que trabajar lo más rápido posible para que no haya una rearticulación de estos grupos delincuenciales”, advirtió. Lo que está haciendo, la Felcn es un trabajo arduo, para avanzar lo más rápido posible en allanamientos, en cinco componentes principales, manifestó. Justiniano, consideró que, el primer componente, es la infraestructura aérea que permitía el traslado de la droga de forma rápida. “En estos operativos, se han encontrado avionetas, hangares, combustibles para aviación, aeronaves en mantenimiento; muchas de estas aeronaves sin los asientos de atrás; seguramente para hacer recorridos con droga, (porque) esto permite trasladar cargamentos rápidamente”, afirmó. El segundo aspecto a ser investigado, dijo, es el referido a los elementos de logística, que aparecen en lugares diferentes, como en Santa Cruz, Warnes y Riberalta. “Este es un patrón típico en el narcotráfico: una infraestructura distribuida a nivel de diferentes territorios, para resguardar aeronaves, para almacenamiento de combustible, mantenimiento y el tema de apoyo logístico”, dijo. Según la autoridad, un tercer aspecto del que se puede hablar, son las redes transnacionales, que están integradas, en este caso, por personas de nacionalidad extranjeras, que podrían formar parte de la red de Marset, eso se determinará en la investigación. “Se ha logrado detener a personas extranjeras, que tienen solicitudes de detención; pueden tener relación con Marset, como que no también, eso se verá en su momento; pero se ha logrado detener brasileños, chilenos y otras personas de diferente nacionalidad”, informó. Esto nos da cuenta de que hay grupos, en estas redes internacionales, de pilotos, de seguridad, transporte, financiamiento, cosas que se van a investigar a diferentes personas, precisó. El cuarto aspecto que se investiga, es todo lo que tiene que ver con la seguridad armada: “hemos realizado diferentes allanamientos; hay gran cantidad de dinero; gran cantidad de armamento; AKA 47. El tema de seguridad internacional donde el líder tiene estos equipos especializados”, puntualizó. El quinto punto es el relacionado con las rutas y logística internacional, porque hay rutas para el traslado de precursores; rutas para el tráfico de drogas, a nivel internacional; rutas para el tema de las plantaciones, todo lo que vendría a ser plantación y producción, según el viceministro. Justiniano destacó la cooperación internacional, en todas estas tareas, que permitió al país, salir del aislamiento en el que se encontraba, y limitaba las tareas de interdicción que, ahora logró tener, “un impacto grande” con la detención de Marset. “Nos está permitiendo avanzar en romper las infraestructuras, la afectación económica, para que esto no quede para un segundo o un tercer Marset, en esto se ha estado trabajando con la cooperación internacional, para que logremos impactar a estas redes internacionales”, afirmó. VISIÓN 360

La Sala Penal Tercera de Santa Cruz determinó este viernes otorgar medidas sustitutivas al alcalde de esa ciudad, Jhonny Fernández, quien permanecía con detención preventiva en el marco de las investigaciones por el denominado caso pavimento, relacionado con una presunta obra inconclusa en la capital cruceña. Durante una audiencia de apelación, el tribunal resolvió que la autoridad municipal deje la detención en un centro penitenciario y cumpla arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial. El vocero municipal, Bernardo Montenegro, informó que entre las medidas sustitutivas establecidas por la Justicia se encuentra el pago de una fianza de 500.000 bolivianos. Además, se le concedió permiso para continuar realizando sus actividades laborales. Por su parte, la fiscal asignada al caso indicó que el alcalde cuenta con un plazo de 10 días para cumplir con todas las medidas impuestas por la autoridad judicial. Fernández había sido enviado con detención preventiva el pasado 26 de febrero, por lo que este viernes cumplió 15 días recluido en un recinto penitenciario. Tras la nueva resolución, la defensa de la autoridad municipal deberá gestionar el pago de la fianza y realizar los trámites correspondientes para que el investigado abandone el penal. (CORREO DEL SUR)

La exdirectora del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) Elvira Parra fue enviada con detención preventiva por cinco meses al penal de mujeres de Obrajes, por presuntas irregularidades en un proyecto de miel ejecutado en el trópico de Cochabamba. La fiscalía la imputó por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Parra, que estuvo ocho años en la cárcel entre 2015 y 2023, enfrenta más de 180 procesos. En los últimos tres años permaneció con detención domiciliaria. En su momento, la Defensoría del Pueblo observó la detención de Parra al considerar que la persecución penal contra la exfuncionaria había sido sobredimensionada. Por ejemplo, algunas causas se mantienen abiertas durante 10 años o más, algo que la ley prohíbe.  Mientras que su abogado Vladimir Gonzales, en entrevistas anteriores, indicó que no solo se está “vulnerando los derechos procesales de la señora Elvira Parra, sino también sus derechos humanos, lo que requiere una atención urgente”. En ese sentido, su esposo Joaquín Chuquimia dijo a la red Erbol que este caso es similar al que enfrentó Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena y que enfrentó 256 procesos y murió en la cárcel.  (BRÚJULA DIGITAL)

Al menos dos personas fallecieron y otras resultaron heridas luego de que varias piedras cayeran sobre un bus, en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, por el tramo de Petacas y Bermejo, en la zona de La Angostura.  Por el deslizamiento, una piedra de gran tamaño impactó contra el techo del bus y aplastó a las víctimas. Además, otras personas resultaron heridas. El vehículo se dirigía hacia Vallegrande con destino final a Sucre cuando ocurrió el hecho. Las autoridades de emergencia advirtieron que, debido a las lluvias, el tramo entre Petacas y Bermejo representa un riesgo para los vehículos que circulan por la zona.  Un hombre y una mujer fueron víctimas agravadas por este suceso: quedaron gravemente lesionados y fueron auxiliados por otros pasajeros que intentaron socorrerlos tras el impacto de la piedra. Pasajeros señalaron que en la zona no había cobertura en los dispositivos móviles para realizar llamadas, lo que impidió contactar de inmediato a los servicios de emergencia. Ante esta situación, el chofer decidió continuar conduciendo el bus, pese a los daños ocasionados por la roca, con el fin de llegar a un punto donde pudieran recibir ayuda. El viaje no pudo culminar en Sucre. El conductor tuvo que retornar hasta El Torno para que los heridos reciban atención médica de emergencia.  Dos fallecidos tras el accidente  Tanto el hombre como la mujer heridos no lograron sobrevivir.  Además, otras dos personas resultaron heridas  y fueron llevadas a una clínica privada para recibir atención médica. El hecho es investigado por la Policía de Tránsito, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial de la  Pampa de la Isla, en Santa Cruz de la Sierra. Por su parte, el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señala que la ruta Bermejo–Angostura (retén) no es transitable debido a la caída de piedras en el sector de Petacas. A las 06:19 de este jueves, la institución informó que no existe una ruta alternativa de circulación y recomendó evitar el tránsito por esta zona. EL DEBER

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, criticó la situación judicial de la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, al considerar que la cantidad de procesos en su contra y la prolongación de las investigaciones constituyen una “persecución inhumana”. La autoridad visitó a Parra en celdas policiales luego de que fue nuevamente aprehendida y detalló que, de los 161 procesos abiertos en el marco del caso Fondo Indígena, al menos 55 están dirigidos contra la exfuncionaria. “De estos 55, hay 23 casos que todavía se encuentran en procesamiento después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y otros que son cinco, que están con más de cinco años de investigación”, señaló Callisaya. El defensor aclaró que no se trata de promover la impunidad, pero sostuvo que el sistema judicial debe evitar prolongar indefinidamente los procesos penales. “Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas. Y el Estado está tomándose tanto tiempo para hacer una investigación”, afirmó. Según Callisaya, incluso la Fiscalía General del Estado reconoció retrasos en las investigaciones relacionadas con este caso. Pese a ello, observó que recientemente se abrió un nuevo proceso por hechos ocurridos hace varios años y que el fiscal solicitó nuevamente la detención preventiva de Parra por seis meses. La exdirectora del Fondo Indígena permaneció con detención preventiva entre 2015 y 2023, periodo en el que se denunció que estuvo privada de libertad por un tiempo que incluso superaba la pena máxima prevista para el delito que se le imputaba. “Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó el defensor. Callisaya también señaló que los procesos están distribuidos en distintos departamentos, como Santa Cruz y Oruro, lo que obliga a Parra a desplazarse constantemente junto a su defensa, testigos y peritos para asistir a audiencias que, en muchos casos, terminan suspendiéndose. A su juicio, esta situación vulnera el derecho al debido proceso y a una justicia pronta, además de perjudicar al propio Estado, ya que mientras los casos no concluyan tampoco se pueden recuperar posibles daños económicos. El defensor pidió a la autoridad judicial que conocerá el nuevo caso considerar todos estos antecedentes durante la audiencia prevista en las próximas horas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el proceso y realizando gestiones institucionales, sin descartar acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una posible vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos. (CORREO DEL SUR)

El personal del Órgano Judicial percibe salarios más bajos en comparación con el Ejecutivo y el Legislativo, lo que refleja una desatención histórica por parte del Estado, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y ante esta situación planteó la asignación del 5% del Presupuesto General del Estado (PGE) como parte de las condiciones para una reforma que implique crear nuevos juzgados, contratar mayor personal y ejecutar reformas estructurales. “Nosotros, como Órgano Judicial, tenemos una escala salarial muy distante de la planilla maestra; nuestros sueldos son los más bajos de todas las instituciones del Estado. ¿Cómo podemos hablar de transformación de la justicia si ni siquiera nuestra planilla de haberes mensuales se equipara a lo que manejan el Ejecutivo y el Legislativo?”, cuestionó la autoridad judicial. Para el magistrado, esta situación evidencia que “la justicia ha sido desatendida por el Estado”. Por ello, busca revertir este escenario con un presupuesto adecuado que permita atender las necesidades de la población, incluyendo la construcción de nueva infraestructura judicial en regiones con alto crecimiento demográfico. El Órgano Judicial ha diseñado un paquete de cuatro proyectos de ley que serán entregados al Legislativo este jueves para su consideración y aprobación. Uno de los pilares de este paquete normativo es, precisamente, la asignación de un presupuesto equivalente al 5% del PGE. “No podremos crear más juzgados, incrementar el personal de apoyo ni descongestionar el sistema contratando auxiliares si no contamos con un presupuesto adecuado. Tampoco podremos construir las casas judiciales en las localidades que han crecido poblacionalmente. Por todo ello, vamos a insistir en la asignación de este porcentaje (5%)”, insistió Saucedo en declaraciones a la red Cadena A. El contenido y la justificación de estas iniciativas serán explicados a los legisladores este jueves. El presidente del TSJ espera que exista la voluntad política necesaria en la Asamblea Legislativa para dar curso a estas reformas. “Presentamos cuatro proyectos que constituyen la fase inicial de todo este proceso de transformación. Creemos que son iniciativas viables, pero su éxito depende de la practicidad y, obviamente, de que prime la voluntad política”, afirmó. Actualmente, la justicia boliviana atraviesa un momento crítico marcado por denuncias recurrentes de retardación de justicia, corrupción y cuestionamientos sobre su falta de independencia. VISIÓN 360

Joaquín Chuquimia, esposo de la exdirectora del Fondo Indígena Elvira Parra, expresó su preocupación tras la nueva aprehensión de su esposa y afirmó que teme que enfrente “el mismo final que Marco Antonio Aramayo”, en referencia al fallecido exdirector que enfrentó múltiples procesos judiciales y pasó por distintas cárceles del país. “Tal vez están esperando el mismo desenlace final de mi esposa como el de Marco Antonio Aramayo”, dijo en el noticiero Bolivia en Contacto por ERBOL. Chuquimia sostuvo que Parra enfrenta más de 180 procesos relacionados con su gestión y cuestionó que, tras más de una década, la justicia no haya demostrado su culpabilidad. Afirmó que su esposa ha sido sometida a múltiples causas por los mismos delitos. También denunció que la exdirectora ya pasó ocho años en detención preventiva y que los procesos continúan abiertos en distintos departamentos, lo que —según dijo— ha generado un fuerte desgaste económico y personal para su familia. En paralelo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una “excesiva” dilación judicial en los procesos seguidos contra Parra y advirtió vulneraciones al derecho al debido proceso y al plazo razonable. La investigación defensorial estableció que al menos 25 de los 55 procesos penales iniciados contra la exdirectora presentan irregularidades, con causas que permanecen abiertas por más de diez años y otras por más de cinco. Ante este escenario, la Defensoría pidió al Ministerio Público revisar los antecedentes del caso y garantizar que se respeten las garantías procesales de Parra, quien además es una mujer indígena adulta mayor y enfrenta el riesgo de nuevas vulneraciones a sus derechos. ERBOL

Dos personas están desaparecidas luego que una camioneta fue arrastrada por una avalancha de lodo, piedra  y palizada a la altura de la comunidad Las Lomas, del camino entre Tarija y Entre Ríos. El jefe provincial de la Policía de Entre Ríos, Freddy Enríquez, informó que hay personas desaparecidas por el derrumbe de magnitud que cayó desde el cerro aledaño. “Tenemos conocimiento que son dos personas que estaban a bordo de la camioneta que se constituía ayer hasta la ciudad de Tarija fue alcanzada por una cantidad de mazamorra de barro, piedras y troncos“, afirmó. Blanca Tórrez confirmó que ella fue testigo de la avalancha de barro que arrastró a la camioneta con dos personas hacia el río Santa Ana. Tórrez dijo que auxiliaron a un joven del lugar que sangraba por una herida en la cabeza y que se desconoce el paradero de las otras personas que empujaban la movilidad que se había plantado en ese lugar. El percance se produjo a unos metros del puente Santa Ana en la ruta que conecta a la localidad de Entre Ríos con la ciudad de Tarija. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dispuso el desplazamiento de dos maquinarias para realizar la limpieza del derrumbe para restablecer el tránsito de vehículos. EL DEBER

Las autoridades búscan a una mujer de 32 años acusada de presunto infanticidio en grado de tentativa contra sus tres hijos de 11, 5 y 4 años. El hecho ocurrió el sábado 7 de marzo y actualmente los menores permanecen internados en el Hospital del Norte, donde reciben atención médica mientras se evalúa su estado de salud. De acuerdo con el informe de Cristhian Chipana, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, el padre de los niños se encuentra a la espera de la recuperación de los infantes. Las autoridades activaron los mecanismos correspondientes para dar con el paradero de la progenitora, mientras continúa la investigación del caso. YENNY TICONA-RTP

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este viernes el despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde las plantas de almacenaje de Senkata, en El Alto, y Palmasola, en Santa Cruz, con resguardo de efectivos militares. Según la estatal, el volumen está destinado al abastecimiento de estaciones de servicio en los departamentos de La Paz y Santa Cruz. El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, detalló que del total programado, 3 millones de litros serán enviados a Santa Cruz y 2 millones a La Paz. “Tenemos producto y con este volumen aseguramos el suministro de este combustible que incorpora un paquete de aditivos que contribuirán a reforzar la calidad de la gasolina en todas las etapas de la cadena de distribución”, manifestó. Mendoza agregó que desde la planta DISCAR SRL también se reforzó la distribución desde la 1 de la madrugada de este viernes. “Cuatro cisternas salen por hora con un volumen aproximado de 500.000 litros por hora”, indicó. La empresa estatal señaló que el aditivaje del combustible comenzó en varias plantas del país, entre ellas Senkata, Valle Hermoso, El Portillo, Oruro y Puerto Villarroel, con el objetivo de reforzar la calidad de la gasolina durante el almacenamiento y transporte. De acuerdo con YPFB, los antioxidantes incluidos en el combustible ayudan a evitar su degradación con el tiempo, mientras que los detergentes contribuyen a optimizar el sistema de combustión de los vehículos. Las plantas estratégicas de la petrolera estatal se encuentran bajo resguardo de efectivos de las Fuerzas Armadas, que acompañan la salida de los convoyes de cisternas para garantizar la seguridad en la cadena de distribución del combustible.  (ERBOL)