Seguridad

«Tenía 260 años de condena»: Capturan a peligrosa criminal en Santa Cruz

Las fuerzas de seguridad internacionales capturan a Angélica Saraiva de Sá, de 34 años y conocida como ‘Angeliquinha’. De acuerdo al portal Nortão MT, la mujer, señalada como una de las principales líderes de la organización criminal Comando Vermelho en el norte de Mato Grosso, permanecía prófuga desde agosto de 2025 y acumula sentencias que suman 260 años de condena. La detención fue el resultado directo de una acción coordinada entre la Policía Boliviana, la Policía Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), la Polinter, la Dracco y la GCCO. Las autoridades lograron cerrar un cerco internacional sobre la prófuga, quien contaba con seis órdenes de aprehensión vigentes en su contra. Antecedentes y sentencia previa La trayectoria delictiva de ‘Angeliquinha’ dio un giro drástico cuando escapó de la Penitenciaría Femenina Ana Maria do Couto May, en Cuiabá, durante la madrugada del 17 de agosto de 2025 junto a otra interna. Meses antes de su evasión, en marzo de 2025, había sido condenada a 99 años y 11 meses de prisión en régimen cerrado por el Tribunal del Jurado. Esa condena inicial se originó por su participación directa en los asesinatos de cuatro trabajadores procedentes de Paraná, ocurridos en el municipio de Nova Monte Verde en 2022. Las investigaciones policiales determinaron que las víctimas fueron ejecutadas sumariamente al ser vinculadas falsamente con una organización criminal rival. Posteriormente, en marzo de 2026, el nombre de la procesada reapareció con fuerza dentro de los expedientes de la Operación Showdown. Dicha investigación desarticuló una compleja estructura de tráfico de drogas, lavado de dinero y juegos de azar ilegales que movilizó más de 20 millones de reales en la región. Trámites para la extradición Durante las redadas de dicha operación, varios familiares y allegados directos de la mujer terminaron bajo prisión preventiva por orden judicial. Tras formalizarse la aprehensión en suelo boliviano, las autoridades de ambos países iniciaron los trámites legales estipulados para gestionar su custodia y posterior extradición a Brasil. EJU TV

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Cinco maestros pierden la vida en un embarrancamiento en Potosí

Una tragedia golpea al municipio de Tacobamba, en el departamento de Potosí, luego de que un minibús se precipitara aproximadamente 50 metros la noche del domingo 20 de septiembre, con un saldo preliminar de seis personas fallecidas y tres heridas. Entre las víctimas se encuentran cinco maestros que se trasladaban hacia su unidad educativa para cumplir con sus labores de enseñanza. De acuerdo con la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Potosí, los educadores se dirigían al Distrito Educativo de Tacobamba, específicamente al Núcleo Cerca Cancha, Unidad Educativa Conde. El sector identificó a los docentes fallecidos como Ivonny Edith Camata Flores, Franco Ezequiel Gareca Lafuente, Norberto Mamani Copa, Fanny Flores Ayaviri y Nemecio Mendoza Mamani. El siniestro dejó además tres personas heridas, quienes fueron auxiliadas tras el accidente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni las circunstancias que provocaron que el vehículo se embarrancara. Las causas del hecho deberán ser determinadas por las autoridades a través de las investigaciones correspondientes. En un pronunciamiento, la Federación expresó sus condolencias a las familias y comunidades educativas afectadas. “Fueron maestros y maestras que, con compromiso y vocación, se dirigían a sus fuentes de trabajo para cumplir con la noble misión de educar”, señala el comunicado. El magisterio potosino se declaró de luto y destacó la trayectoria y compromiso de los docentes fallecidos. La tragedia generó consternación en las comunidades de Tacobamba, donde los profesores prestaban sus servicios. (CORREO DEL SUR)

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Fiscalía imputa a Cerimedo por violencia intrafamiliar

El fiscal general del Estado Roger Mariaca informó que el exasesor presidencial Fernando Cerimedo tiene una nueva imputación, esta vez por el presunto delito de violencia familiar o doméstica. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, donde actualmente se encuentra recluido. “En fecha 15 de septiembre del presente año, se ha presentado la imputación formal luego de haber sido conminado por la autoridad jurisdiccional dentro del proceso de violencia familiar o doméstica”, dijo Mariaca en conferencia de prensa.  El proceso se inició a partir de un informe de la Policía que incluyó las declaraciones de Cerimedo y de la víctima, su expareja Nadia Beller, además de otras diligencias realizadas dentro de la investigación. En julio, circuló la versión en redes sociales que Beller había sufrido una golpiza de parte de Cerimedo, pero que el entonces asesor habría movido sus influencias para evitar investigaciones. El consultor enfrenta otros tres procesos: uno por tentativa de feminicidio contra Beler; otro por presunta legitimación de ganancias ilícitas, ampliado por el delito de usurpación de funciones, en La Paz; y un proceso relacionado con narcotráfico, en Beni. El martes de la semana pasada, Cerimedo fue trasladado desde Santa Cruz al penal de Chonchocoro para cumplir una detención de seis meses por el caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas. Hasta entonces permanecía en la cárcel de Palmasola por una medida similar dentro del proceso por tentativa de feminicidio. Dentro del caso por tentativa de feminicidio, esta jornada debía realizarse una audiencia para autorizar la revisión de la información contenida en el teléfono celular y la computadora de Cerimedo, solicitud presentada por la defensa de Beller. Sin embargo, la audiencia fue suspendida. Mariaca informó que “la misma se ha suspendido por razones no atribuidas al Ministerio Público para el 10 de octubre del presente año”. (BRÚJULA DIGITAL)

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La AJAM detecta actividad minera no autorizada en Orkojahuira e Irpavi

Un operativo de fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de la Dirección Departamental La Paz y con apoyo de la Policía Boliviana, intervino puntos de las cuencas Orkojahuira e Irpavi, donde se identificó maquinaria pesada, sistemas de lavado, estructuras subterráneas y movimiento de material vinculados a actividades mineras. La intervención se realizó a raíz de denuncias difundidas en redes sociales que alertaron sobre posibles operaciones en estos sectores. En la cuenca Orkojahuira, en inmediaciones de la planta de tratamiento de agua potable de EPSAS, sector del río Chuquiaguillo, la comisión identificó un chute artesanal, una motobomba conectada a mangueras de gran diámetro y una poza con agua turbia, elementos relacionados con el lavado de material mineralizado. La inspección también llegó a la cuenca Irpavi, donde, en el sector de las Represas de Hampaturi, se verificó la bocamina denominada “Mina Solución”, además de estructuras subterráneas y campamentos, aunque en este punto no se evidenció actividad minera activa durante la inspección. Posteriormente, en otro sector del río Hampaturi, se constató movimiento de material aluvial y la presencia de retroexcavadoras, volquetas, chutes, motobombas y tolvas de lavado, aparentemente destinadas a la recuperación de oro. La comisión también identificó un cuadro minero oculto equipado con un guinche, aparentemente destinado a labores extractivas subterráneas. El informe de la comisión de fiscalización señala que la intervención permitió verificar en territorio “la existencia de diferentes equipos, estructuras y elementos vinculados a actividades mineras en los puntos inspeccionados”, como parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. Como resultado de la fiscalización, la AJAM verificó que los puntos donde se desarrollaban las actividades observadas no cuentan con derecho minero que habilite su operación, por lo que procedió con las notificaciones de cese de actividad minera ilegal correspondientes. Ante la continuidad de las actividades, la autoridad minera procederá a la emisión de la Resolución de Suspensión de Actividades Mineras y asumirá las acciones legales que correspondan. Durante este operativo se registraron momentos de resistencia y agresiones contra el personal de fiscalización en el sector del río Hampaturi, situación que requirió el apoyo policial para garantizar el desarrollo de la intervención. La AJAM continuará con el seguimiento de los puntos intervenidos y con las acciones de control para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas. (URGENTE.BO)

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Procurador observa diez contratos de la gestión de Wilfredo Chávez y advierte un posible daño económico

La Procuraduría General del Estado (PGE) impugnó la resolución de rechazo dentro de la investigación contra el exprocurador Wilfredo Chávez y busca ampliar la imputación formal, tras identificar observaciones en diez contratos de su gestión que representarían un posible daño económico de Bs 5,3 millones. Entre los casos figura un contrato para actividades que, según la entidad, podían ser realizadas por la propia Procuraduría y que además incluía asesoramiento político ajeno a sus competencias. El procurador, Hugo César León La Faye, informó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y que se pidió concluir las investigaciones pendientes. También instruyó una revisión de contratos y procesos de anteriores gestiones. Actualmente, la PGE cuenta con 144 funcionarios, frente a los 175 que tenía durante la administración de Chávez. La institución espera que los elementos sean valorados nuevamente para determinar si corresponde ampliar la imputación y establecer responsabilidades. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Secuestran ganado vacuno valuado en Bs 87 mil

Diez cabezas de ganado vacuno, valuadas en aproximadamente Bs 87 mil, fueron secuestradas en el municipio de Santa Rosa de Taraco en La Paz. El operativo fue ejecutado en el marco de la lucha contra el contrabando y permitió evitar el traslado ilegal de los animales. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando presume que el ganado en pie pretendía ser trasladado hacia Perú, evadiendo los controles y procedimientos establecidos. El capitán Boris Calle, de esta instancia, brindó los detalles del operativo al hallar una embarcación abandonada en la península del Lago Titicaca. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Justicia sentencia con tres años de prisión a soldado por robo de explosivos

La Justicia determinó tres años de privación de libertad para uno de los cuatro soldados acusados por la sustracción de explosivos de un camión en el Recinto Militar 4 Ingavi de El Alto. El conscripto fue procesado por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y violación de precintos tributarios. El fiscal Daniel Chávez, de la División Especializada de Delitos Tributarios Aduaneros, informó que los otros tres soldados fueron beneficiados con detención domiciliaria, mientras continúa el proceso por la sustracción del material explosivo y se cuantifica el daño. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Explosiones en Viacha: destinan Bs 5 millones a la reparación de viviendas dañadas

El Gobierno ya perfila destinar más de Bs 5 millones a la reparación de las casas dañadas, de las cuales dos serán demolidas y otras cinco serán sometidas a trabajos estructurales. Las dos explosiones y la onda expansiva en el —ahora en escombros— Regimiento Bolívar de Viacha afectaron a más de 700 viviendas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, estuvo la mañana de este martes en la zona del siniestro para hacer un balance de lo realizado hasta el momento e informar sobre las acciones en favor de los afectados por las dos explosiones ocurridas la tarde del viernes 4 de septiembre, que dejaron nueve muertos, cinco desaparecidos y decenas de heridos. Las dos detonaciones y la onda expansiva provocaron daños de diversa magnitud en cientos de viviendas cercanas a las instalaciones militares, algunas de las cuales quedaron prácticamente en ruinas a causa de la potencia del estallido de un material que aún se desconoce. Sin embargo, se reveló que en la unidad militar se tenía —de acuerdo con registros históricos— pirotecnia y 499 cajas de material explosivo entregadas por la empresa Minera Inti Raymi. “El dato que nos han pasado inicialmente es de 5 millones de bolivianos para todo lo que es reparación de las viviendas. Como hemos dicho, hay dos que deben ser demolidas y hay otras cinco que realmente necesitan un trabajo especial”, explicó el ministro. Asimismo, anunció que los trabajos por daños menores comenzarán este martes y las intervenciones de mayor magnitud, el jueves, tras una reunión con los propietarios. El pasado viernes 11 de septiembre, el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, informó que el radio de la explosión fue de un kilómetro aproximadamente y que al menos 720 viviendas resultaron afectadas, con daños de leves a graves. “Una pregunta constante en las calles de Viacha era: ¿el Gobierno va a atender? Bueno, aquí con claridad estamos dando una señal de que hemos cuantificado, no vamos a dejar a nadie sin atender, vamos a darle respuesta a los diferentes grupos”, afirmó Justiniano, según un boletín institucional. Lee también: Fiscal General anuncia que investigación por explosiones en Viacha alcanzará a ex y actuales funcionarios públicos Durante su visita a Viacha, municipio vecino de El Alto, también entregó 8,2 toneladas de ayuda humanitaria a 320 familias damnificadas por las explosiones. La ayuda, canalizada a través del Viceministerio de Defensa Civil y las Fuerzas Armadas, comprende alimentos y otros productos de primera necesidad destinados a atender de manera inmediata a los damnificados. El Ministerio de Defensa coadyuva en la refacción de las viviendas afectadas, mientras que el área jurídica de esa cartera de Estado trabaja en las gestiones relacionadas con las pólizas de seguro y los beneficios que correspondan. VISIÓN 360

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Defensor

Defensor del Pueblo denuncia a militar por presuntamente obstaculizar las investigaciones en Viacha tras las explosiones

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció que un militar habría obstaculizado la movilidad de funcionarios de la institución que realizan labores de monitoreo tras las explosiones registradas en el cuartel Bolívar de Viacha. “Quiero denunciar públicamente la obstaculización que el teniente coronel Montesinos (…) ha realizado a la labor de la Defensoría del Pueblo”, afirmó Callisaya, quien advirtió que no permitirán que se impida el trabajo de la institución. Según el Defensor, el efectivo militar habría impedido el desplazamiento de funcionarios en cercanías del lugar del hecho, incluso en sectores que, de acuerdo con la institución, se encuentran alejados de la zona de riesgo. La Defensoría coordina estas tareas con la población y el alcalde de Viacha. Callisaya señaló que la institución realiza un monitoreo tanto de las personas heridas como de los fallecidos. Anunció además que la Defensoría está realizando una denuncia internacional por la supuesta obstaculización de su labor. Las explosiones ocurridas el 4 de septiembre continúan bajo investigación. Nueve personas fueron declaradas fallecidas y cinco miembros del Ejército permanecen no localizados, mientras persiste un perímetro de seguridad durante el levantamiento de escombros y la identificación de restos. En paralelo, el Ejército presentó una querella contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo por presunto homicidio culposo e incumplimiento de deberes.

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Procurador observa diez contratos de la gestión de Wilfredo Chávez y alerta de un presunto daño económico de Bs 5,3 millones

El procurador general del Estado Hugo León acudió este lunes a la fiscalía de El Alto para presentar un memorial de objeción contra una resolución que rechazó la denuncia relacionada con 10 contratos firmados con abogados externos y extranjeros durante la gestión de Wilfredo Chávez. Según la autoridad, el monto observado asciende a Bs 5.367.355 y los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público por la anterior administración de la procuraduría. La actual gestión, afirmó León, busca que la investigación llegue a una conclusión. “Lo que corresponde es que el fiscal de distrito revoque esta decisión y pueda ordenar que continúe la investigación”, sostuvo, y recordó que la fiscalía tiene un plazo de 10 días para emitir un pronunciamiento sobre la objeción. Entre los contratos observados figura el suscrito con el exjuez argentino Raúl Zaffaroni, quien habría sido contratado para prestar servicios de asesoramiento. El procurador cuestionó que no exista documentación que detalle el trabajo realizado. “No hay ningún informe al respecto; todos estos temas tienen que ser investigados”, afirmó. León también informó que instruyó a la Unidad de Auditoría Interna realizar una revisión pormenorizada de los procesos y contrataciones existentes en la procuraduría para establecer si hubo otras situaciones irregulares durante gestiones anteriores. Asimismo, anunció que los procesos que la institución atiende dentro del territorio nacional deberán ser asumidos exclusivamente por abogados de la propia procuraduría, descartando la contratación de profesionales externos para esas tareas. Finalmente, indicó que la entidad cuenta actualmente con 144 funcionarios, frente a los 175 que registraba durante la gestión de Chávez. (BRÚJULA DIGITAL)

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