Seguridad

Esta investigación, realizada hace dos años, cobra plena relevancia en 2026 tras los recientes fallecimientos de conscriptos en distintos cuarteles del país. Los nuevos casos confirman un patrón de abusos, encubrimiento y forenses que atribuyen muertes a causas naturales pese a evidencias de violencia. Javier Charcas, de 18 años, murió en Pando; el informe médico señaló ahogamiento, pero la familia denunció que el soldado llegó “sin ojos ni riñones”. Mario Villaca, quien viajó con su esposa desde Potosí a La Paz, denunció la muerte de su hijo mayor en diciembre de 2025, a un mes y dos semanas de su licenciamiento. “Entró caminando y me lo llevé en un ataúd. A mi hijo le hicieron trapear el piso con su espalda, fue jaripeado. Un padre no está preparado para perder a un hijo”, declaró a Erbol al exhortar que se aprueben leyes para que el servicio militar deje de ser obligatorio. En redes sociales circula un video de agresiones de un sargento a un soldado en el Regimiento de Infantería R-10 Warnes, Santa Cruz. Según los datos, el hecho ocurrió en febrero de 2026. En las imágenes se observa al militar identificado como Marco C. C. golpear a un joven como si fuera una bolsa de boxeo. Este marzo de 2026 se reportó la muerte del cadete de la Anapol, Pablo Rebozo. El fiscal Juan Pablo Mazzone señaló que llama la atención que el cuerpo presente “moretones”, y que se investiga el caso como homicidio. La madre denunció que fue golpeado, con lesiones en pulmón y riñones. La Defensoría del Pueblo informó que el cadete presentaba lesiones en riñones, pulmones y cráneo. El informe forense estableció la causa como neumonía, pero el documento fue puesto en duda por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien lo calificó de “amañado”. — Aquí el trabajo de Opinión y Connectas Por Mariela Cossío, Brenda Molina, Santiago Espinoza, Nicole Vargas, Melissa Revollo El soldado Edwin Veizaga Peredo, de 23 años, estaba a dos semanas de recibir su libreta de servicio militar y regresar a su hogar en Vueltadero, una comunidad en Ivirgarzama ubicada en la región del Trópico de Cochabamba (centro de Bolivia). Sus padres lo esperaban orgullosos y confiando en la promesa de que regresaría a trabajar en el chaco y estudiar Mecánica Automotriz. Pero los planes de esta familia, de origen modesto y vocación campesina, se hicieron añicos cuando el instructor de Edwin, el sargento Milton García, lo castigó poniéndole un trapo húmedo en la boca, le echó agua fría encima y lo asfixió hasta matarlo. El soldado Edwin Peredo, fallecido por asfixia. Los padres de Edwin, Inés Peredo y Eliseo Veizaga, aún lloran la violenta muerte del joven, al igual que sus cuatro hermanos. Tres de ellos viven en otros sitios con sus familias y el menor, de 20 años, lo hace en el cuartel en Río Blanco, Puerto Villarroel, la población capital más próxima a su chaco, adonde fue trasladado tras la muerte de Edwin. Hasta entonces recibía instrucción militar en el mismo regimiento que su hermano, a 957 kilómetros y más de 17 horas de viaje por tierra. “Ya no quería perder a mi otro hijo, por eso hemos hecho el traslado”, explica la mamá. Desde la muerte de Edwin, ocurrida el 26 de diciembre de 2023 en el Regimiento de Infantería 14 de Florida de San Matías, en Santa Cruz (al extremo este del país, en la frontera con Brasil), el hermano menor aguarda para concluir el cuartel, los progenitores enfrentan dificultades económicas para mantener su terreno agrícola y la familia toda aún se aferra a la búsqueda de justicia. Pese a que el sargento de Ejército Milton García ya había sido sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio de Edwin, un juez dejó “sin efecto el mandamiento de condena” y concedió al acusado prisión preventiva, lo que para la familia supone un estado de impunidad por el crimen. El pedido de justicia reúne a los allegados de Edwin en su chaco amazónico, bajo la sombra de los árboles de plátano que cultivan, sosteniendo un retrato enmarcado y la libreta militar póstuma del hijo. “Cómo me lo han hecho, me lo han castigado hasta matar”, solloza la madre. “Lo necesito harto, ni un poco lo puedo olvidar”, interviene el padre. Sobre esta muerte, el Ministerio de Defensa boliviano reconoce que se trató de un homicidio, por lo que el caso se derivó a la justicia ordinaria. Familiares del soldado fallecido Edwin Veizaga relatan las circunstancias de muerte de la víctima Bolivia es uno de los cuatro países de Sudamérica donde el servicio militar es aún obligatorio. Este, que podría ser un dato anecdótico, no lo es para los bolivianos. El entrenamiento en cuarteles es un “trámite” de elevado riesgo, que cuesta vidas humanas, como la de Edwin Veizaga. Solo entre 2011 y 2023 murieron 62 conscriptos mientras hacían el servicio militar en circunstancias aparentemente abusivas o violentas, según la investigación documental realizada para este reportaje. La ausencia de datos judiciales no permitió establecer las causas de todas las muertes ni a sus responsables. El número de decesos determinado por esta investigación es mayor a los 53 que reconoce un reciente informe de la Defensoría del Pueblo. La cifra que revela este trabajo de OPINIÓN y CONNECTAS se desprende de una revisión de publicaciones (periodísticas e institucionales) en sitios web bolivianos entre 2010 y 2023. Las denuncias de muertes de soldados, reportadas durante el año que dura el servicio militar o premilitar para los conscriptos, aparecen en informes de medios y de organizaciones de derechos humanos. Las muertes identificadas por este trabajo van desde fallecimientos por asfixia y golpes de calor a causa de entrenamientos excesivos, hasta disparos de armas de fuego y violaciones sexuales. Si bien todas se dieron por diferentes razones, muchas aún sin dilucidar, la mayoría de casos demuestra tres problemas estructurales con la estructura militar boliviana. En primer lugar, una cultura violenta en donde se confunde la rigurosidad castrense con la ejecución

El director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Max Humberto Cerruto, informó este martes que el cadete Pablo Reboso, quien murió el 22 de marzo en esa institución, presentó problemas de salud días antes de su fallecimiento y aseguró que no hubo maltratos en contra de él. La familia de Reboso denunció que el cadete murió a causa de golpizas que habría recibido en la Anapol. “Le han destrozado todos sus órganos sin dejar una huella, han sido cómplices, son de cuarto año, quiero nombres”, dijo María Luisa Valencia, la madre del joven de 18 años. Estado de salud del cadete En conferencia de prensa, Cerruto indicó que el 15 de marzo Reboso presentó dolencias en el pecho, por lo que fue llevado al Policlínico Policial y luego trasladado a la clínica Virgen de Copacabana, en Sopocachi. Sin embargo, el personal médico indicó que requería mayor atención, por lo que fue derivado al Hospital Corazón de Jesús. “Durante todo este lamentable proceso la Academia Nacional de Policías realizó el seguimiento permanente a su estado de salud del aspirante, brindándole el apoyo moral y económico necesario, siendo esta situación plasmada a la familia”, aseguró.  También informó que el lunes se realizó el examen médico forense, que duró aproximadamente seis horas, con la participación de cuatro profesionales, entre ellos un especialista en representación de la familia y otro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Director rechaza versiones de maltrato El director aseguró que en la Anapol no se permite ningún tipo de maltrato y afirmó que el joven tenía problemas de salud, por lo que se hizo seguimiento a su condición. “En esta Academia Nacional de Policías no se permite de ningún modo el maltrato. (…) Señalar también que nosotros estamos prestos a cualquier tipo de investigación, en cualquier instancia para poder dilucidar aquellos malos comentarios, aquellos TikToks que están se avisando en contra de la Academia Nacional de Policías”, afirmó Cerruto. Anapol cita al fiscal El director de la Anapol presentó un video con las declaraciones del fiscal a cargo del caso, quien explicó que el joven no presentaba lesiones internas ni externas. “Se ha determinado que la causa de la muerte es un shock séptico a causa de una falla multiorgánica provocada por una neumonía. Se ha descartado de que haya lesiones internas y lesiones externas. Se han tomado muestras para corroborar este dictamen”, señala el fiscal. (BRÚJULA DIGITAL)

En un hecho registrado en la plaza Villarroel de La Paz, tres efectivos de la Policía fueron víctimas del robo de sus armas de fuego. La información fue proporcionada por el fiscal Omar Condori, quien indicó que el robo habría ocurrido mientras los policías se encontraban en prácticas para el acto del Día del Mar. Según la relación de hechos, los policías fueron a la plaza Villarroel en el minibús perteneciente a uno de los efectivos. Dejaron sus pertenencias en el interior del vehículo. Cuando regresaron al minibús, éste se encontraba abierto. Constataron que se habían sustraído mochilas y maletas. Tres de los efectivos sufrieron el robo de sus armas, mientras que el resto perdió otros objetos como documentos. El fiscal indicó que está solicitando imágenes de cámaras de seguridad el lugar para identificar a los responsables del delito. ERBOL

Dos agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron encontrados enmanillados en el interior de una vivienda, ubicada en la zona del Urubó, según los reportes preliminares recibidos.  Ambos uniformados custodiaban la casa que está vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos tras ser detenido en la capital cruceña la madrugada del 13 de marzo.  De acuerdo con los reportes extraoficiales, los agentes fueron sorprendidos por el entorno del uruguayo que llegaron a bordo de una camioneta blanca en horas de la mañana de este lunes, 23 de marzo, y tras sorprender a los policías antinarcóticos, los redujeron y los enmanillaron para ingresar al domicilio.  Tras conocerse este hecho, Unidades de Inteligencia de la Felcn activaron un operativo en la zona de Villa Bonita, en el Urubó, en busca de dar con el paradero de este grupo de personas. Se aguarda un informe oficial policial.  Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento cuando la camioneta de color blanco salía del lugar, después que los policías fueron enmanillados. De manera extraoficial se conoce que los integrantes serían de nacionalidad brasileña.  Precisamente en esta jornada, autoridades del Ministerio Público junto a la Policía procedieron a abrir las cajas fuertes que eran de propiedad de Marset, sin embargo, al abrirlas no hallaron nada más que bolsas de tornillos. (EL DEBER)

El expresidente Evo Morales manifestó este domingo su apertura a ser investigado por el caso Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que fue detenido en Bolivia y era uno de los más buscados de la DEA. Morales respondió así al pedido del expresidente Luis Arce, quien desde la cárcel solicitó que, así como se indague a su gobierno por el caso Marset, también se investigue al de Evo, según informó su abogado Fernando Rivadeneira. “Lucho Arce desde la cárcel dice: que se investigue a Evo. Que nos investiguen, tema Marset”, dijo Morales en su programa dominical. Según Morales, desde 2021 ya había advertido a Arce las denuncias que existían sobre su hijo Marcelo y presuntas irregularidades en la fuerza antidroga, con conexiones a autoridades, sin embargo, el entonces mandatario no hizo nada al respecto. Enfatizó que el gobierno de Arce no quiso investigar esos temas relacionados al narcotráfico, por lo cual en su momento él mismo tuvo que revelar públicamente audios. “Descaradamente desde la cárcel dice que investiguen a Evo, que investiguen”, reiteró Morales, en reproche a Arce. Morales aseveró que Marset llegó a Bolivia entre 2023 y 2024, cuando Luis Arce estaba en el gobierno. Sin embargo, el abogado de Arce mencionó que en la gestión de Evo ya se había emitido carnets de identidad con identidad falsa para el uruguayo. ERBOL

Autoridades originarias de la Provincia Camacho llegaron a la urbe alteña para expresar su preocupación por la demora en la construcción de la carretera Escoma–Pacobamba, obra que apenas alcanza un 20% de avance físico pese a contar con un 35% de ejecución presupuestaria. Los dirigentes señalaron que existe molestia en las comunidades y exigieron que se investigue la gestión del expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina. El ejecutivo provincial, Luis Mamani, informó que el próximo 29 de marzo se realizará un ampliado provincial donde se definirán medidas de presión ante la falta de avances en la obra. Las autoridades advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, asumirán acciones para exigir el cumplimiento del proyecto vial. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó que al menos ocho personas fueron identificadas por participar en la distribución de combustible de mala calidad en el país. “Dentro de la gerencia de importaciones hay dos personas identificadas y seis de la gerencia comercial que también están en un proceso de investigación. Además, dentro de las subsidiarias también estamos realizando investigaciones”, dijo el representante de YPFB en una entrevista con el programa ‘ON – Otra Noche Con Sissi Añez’ que emite EL DEBER. La autoridad estatal añadió que con toda esa información se está conformando el análisis de las situaciones que no se dieron a conocer sobre posibles problemas que se podían presentar. Finalmente, Akly indicó que este viernes se inició el pago de compensación a 400 personas, entre propietarios de vehículos particulares y servicio público, que tuvieron problemas con el combustible. “Son cerca de 400 personas las que cumplieron presentando toda la información solicitada y dentro de ello se inició este programa de compensación hacia toda la gente afectada”, concluyó. (EL DEBER)

El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, informó que la Policía aprehendió a cuatro integrantes de una familia, quienes habrían participado en el hurto de un inmueble vinculado al narcotraficante Sebastián Marset. La Policía busca a otras personas que estarían prófugas. Tras la detención del narco uruguayo, se allanaron diferentes inmuebles, entre los cuales se encontraba la vivienda ubicada en la avenida Mapaizo, doble vía La Guardia #1050, la cual habría sido vaciada. A partir de ello se iniciaron las investigaciones por robo. Según las pesquisas, el sábado 14 de marzo, un día después de la detención de Marset, se realizó el precintado del inmueble por un caso de portación de armas. La Policía indicó que un investigador reportó que la vivienda también estaba vinculada a Marset. Cerca de las 14:30 del sábado se habría producido el robo, protagonizado por Luis P.M., Alison P.C., Manuel P.C. y Luis F. P.C., quienes fueron presentados como los presuntos implicados. Durante la presentación a medios, negaron con la cabeza ser parte del hecho. Las investigaciones señalan que se identificó un camión con placa 3122 LPI utilizado para trasladar los objetos sustraídos. A las 14:30, dos camiones habrían ingresado al inmueble y retiraron varios enseres, que posteriormente fueron trasladados a otra propiedad el 18 de marzo. Durante un operativo en inmediaciones del barrio 23 de Diciembre, se encontró un camión Foton blanco con la misma placa, el cual habría sido contratado por la familia para trasladar los objetos a un inmueble ubicado en la avenida Piraí, entre 4º y 5º anillo. En ese inmueble se recuperaron diferentes bienes, incluyendo prendas de vestir, electrodomésticos y otros objetos, así como un televisor, dos garrafas y una podadora tipo carrito encontrados en la casa de empeño Sagitario, ubicada en la calle Charcas. La Policía señaló que cuenta con cámaras de seguridad y declaraciones que servirán como indicios para determinar la responsabilidad de los involucrados. En medio de la pesquisa, surgió una controversia entre la Policía y la Fiscalía sobre el precintado del inmueble. Además el comandante general Mirko Sokol negó que policías estuvieran implicados en el robo, como señaló un medio de comunicación. (CORREO DEL SUR)

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, ha sido sentenciado a 25 años de prisión por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y la protección armada para este delito, informó el Departamento de Justicia. Dávila fue jefe antidroga durante el Gobierno de Evo Morales. Según las autoridades de Estados Unidos, utilizó su cargo para proteger a narcotraficantes, facilitando el tráfico de cocaína y permitiendo directamente el ingreso de drogas al país norteamericano. El excoronel de la Policía Boliviana fue extraditado a EEUU en 2024 y al año siguiente se conoció su veredicto de culpable. Ahora ya tiene una condena que cumplir. “Maximiliano Dávila Pérez, como máximo responsable antinarcóticos de Bolivia, ostentaba un poder extraordinario y optó por abusar de él para apoyar a los mismos narcotraficantes que juró investigar, todo para enviar enormes cantidades de cocaína a Nueva York”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Maximiliano Dávila Pérez convirtió su cargo en una organización criminal, protegiendo a narcotraficantes, facilitando el tráfico de cocaína y permitiendo directamente el ingreso de drogas a Estados Unidos. Sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción”, afirmó el administrador de la DEA, Terrance Cole. Según la investigación, entre febrero y noviembre de 2019 aproximadamente, Dávila abusó de su cargo y sus poderosas conexiones políticas y policiales para facilitar el tráfico masivo de cocaína a escala internacional. Los métodos de Dávila incluían desviar a las fuerzas del orden de las investigaciones de narcotraficantes y proporcionar personal fuertemente armado de la FELCN, como seguridad para los cargamentos de cocaína que salían de los aeropuertos bolivianos. Dávila conspiró con otros para fabricar, transportar y brindar protección armada a más de una tonelada métrica de cocaína con destino a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, según la justicia de EEUU. Dávila Pérez llevó a cabo estas acciones durante reuniones y llamadas con sus cómplices, las cuales fueron grabadas por fuentes confidenciales de la DEA que también participaron entre aproximadamente 2019 y 2020.  Dichas reuniones y llamadas resultaron en la entrega de una muestra de 10 kilogramos de cocaína, autorizada por el entonces coronel en Lima, Perú, en diciembre de 2019. A lo largo de la conspiración, Dávila enfatizó repetidamente su disposición a participar y brindar protección a un cargamento de más de una tonelada de cocaína que saldría de Bolivia y transitaría por la República Dominicana antes de llegar finalmente a Nueva York. Específicamente, Dávila dijo que el día del envío de cocaína, llevaría a cabo una operación en otro lugar y “eliminaría a todos”, es decir, se aseguraría de que ningún miembro del FELCN, ya fuera investigador u operativo, estuviera disponible para interferir con el plan de narcotráfico. También se comprometió a enviar a ciertos agentes del FELCN para custodiar el avión con sus armas reglamentarias —ametralladoras de alta potencia— mientras se cargaba con cocaína. Dávila también dejó claro que pretendía obtener ganancias de este negocio de cocaína, diciéndole a uno de los agentes especiales en una grabación: “Tú también vas a obtener ganancias, yo también voy a ganar”. Además de la pena de prisión, Dávila fue condenado a cinco años de libertad condicional supervisada. ERBOL

En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz ha determinado este jueves ratificar la extinción del caso denominado “Golpe de Estado I”, donde Luis Fernando Camacho estaba acusado penalmente por derrocar a Evo Morales en 2019. La defensa de Luis Fernando Camacho había solicitado la extinción del caso, al haberse sobrepasado el tiempo permitido por norma para un proceso. En febrero, el tribunal de sentencia falló en favor del gobernador, pero la decisión fue apelada por la Fiscalía y Lidia Patty como denunciante, pero este jueves la Sala Penal ratificó la extinción. El abogado del gobernador, Martín Camacho, aseveró que la extinción es definitiva y el caso queda cerrado al no existir una instancia ulterior. “No existe un recurso de apelación ulterior o de casación, por lo tanto, esta sería la resolución definitiva que da fin al proceso y no hubiera ninguna otra forma de reaperturar el mismo por alguna vía legal”, manifestó en contacto con ERBOL. Mediante redes sociales, el gobernador destacó la determinación. “La verdad siempre llega. Y hoy llegó. Ahora nos toca a nosotros: seguir trabajando por Santa Cruz, seguir luchando por Bolivia, seguir construyendo el futuro que nos merecemos. Esto no termina acá”, publicó. Por este caso, Luis Fernando Camacho estuvo detenido en la cárcel de Chonchocoro entre 2022 y 2025, cuando gobernaba el MAS. Fue acusado de conspirar con militares y policías para derrocar a Evo Morales en 2019, cuando lideró el movimiento cívico que protagonizó protestas en denuncia de fraude electoral.   En el mismo proceso, también el excívico Marco Pumari se encontraba acusado junto con Camacho, sin embargo, su situación jurídica será distinta. “Yo creo que la defensa del señor Marco Pumari, no existiendo una declaratoria en rebeldía, circunstancias similares a la del gobernador, puede tramitar por cuenta propia el mismo tipo de incidente”, explicó el abogado Martín Camacho. (ERBOL)