Diversos juristas coincidieron en señalar que no existe viabilidad jurídica para liberar a los dirigentes detenidos por los hechos de violencia registrados durante los conflictos sociales, tal como fue planteado por algunos sectores movilizados.
Los especialistas sostienen que cualquier modificación de las medidas cautelares debe realizarse dentro del marco legal y mediante resolución judicial.
El abogado Eduardo Roger Valverde afirmó que la aprehensión y posterior detención preventiva de los investigados fueron determinadas luego de que el Ministerio Público, la Policía y la autoridad judicial evaluaran los elementos de convicción presentados durante la investigación. En ese sentido, sostuvo que ningún fiscal o juez puede disponer la liberación sin que exista un cambio en la situación jurídica o desaparezcan los riesgos procesales que motivaron la medida cautelar.
Asimismo, advirtió que una eventual intervención del Órgano Ejecutivo para gestionar la liberación constituiría una vulneración al principio de independencia de poderes y una intromisión en las competencias del Órgano Judicial.
Por su parte, el abogado Curmi Rocha señaló que el dirigente de la Fejuve de El Alto, Justino Apaza, anunció la presentación de una acción de libertad; sin embargo, aclaró que dicho recurso no implica el cierre de la investigación.
Entretanto, el abogado Jorge Nina, defensa de dos investigados por la presunta agresión a un efectivo policial en la Línea Celeste de Mi Teleférico, informó que presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva, aunque remarcó que los procedimientos judiciales deben seguir su curso conforme a la ley.
MARISOL MURILLO-RTP
