Seguridad

Aprueban proyecto de ley para designar Fiscal General

El Senado ha aprobado recientemente el proyecto de ley destinado a la selección y designación del próximo Fiscal General del Estado. Se espera que la Cámara de Diputados siga su ejemplo, lo que permitiría agilizar el proceso y garantizar que el país cuente con un nuevo Fiscal para el 23 de octubre. El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Roberto Padilla, comunicó que la aprobación en el Senado representa un paso significativo hacia la renovación del liderazgo en el sistema judicial del país. La selección del Fiscal General del Estado es un proceso de suma importancia para el fortalecimiento del sistema judicial y la consolidación del Estado de derecho en el país. La ciudadanía y las organizaciones civiles están atentas al desarrollo de este proceso, confiando en que las autoridades legislativas actúen con responsabilidad y celeridad. ROLY FLORES

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Perfil del reo boliviano: persona de bajos recursos, con educación incompleta y sin acceso a trabajo

Tras las rejas de las cárceles bolivianas se ve principalmente a personas de bajos recursos, educación incompleta y con pocas posibilidades de obtener un trabajo adecuado, según se expone en el libro “Carcelaria”, una aproximación a la situación penitenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia, publicado este mes por Luisa Antonia Chipana Ubaras. El documento registra los muchos problemas que se presentan y que, lejos de ser solucionados, crecen en los centros penitenciarios del país, junto a otros que tienen que ver con hacinamiento, vulneración de derechos, alimentación inadecuada, falta de atención médica especializada, carencia de programas de reinserción e infraestructura insuficiente, especialmente en los centros de reclusión de mujeres. La investigadora habló de este estudio con Visión 360, explica esta aproximación a la situación penitenciaria y sugiere la implementación de políticas y acciones para mejorar. Usted ha realizado una amplia investigación ¿cuáles han sido sus principales hallazgos? Hay algunos aspectos que se consolidan, como la alta detención preventiva (70%), lo cual devela que el tema penintenciario es consecuencia del sistema judicial, de la retardación de justicia, la falta de enfoque de género a la hora de decidir la detención preventiva, la falta de defensores públicos… Es un círculo vicioso. También realicé una investigación basada en género. Cuáles son las razones por las que delinquen los varones y las mujeres. En los hombres son importantes los delitos contra la libertad sexual, violación niña, niño, adolescentes y el estupro. Debemos pensar como sociedad qué está pasando, cómo podemos prevenir. En el caso de las mujeres, 32% (de las encarceladas) están por sustancias controladas. Pero hay que ver quiénes son estas mujeres y, si se hace un análisis más profundo, no son grandes empresarias del narcotráfico, sino mulas que pueden ser reemplazadas fácilmente, se llenan las cárceles, pero no se afecta a los cárteles y no se soluciona el problema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Entre los varones que están en las cárceles, prevalecen los delitos sexuales? Sí. En algunos años, los delitos cometidos por varones eran más los de robo agravado, pero 2023 se cerró con más detenidos por delitos sexuales. Habría que hacer más estudios y ver como sociedad qué está pasando, si analizamos algunos casos, el victimador no está afuera sino en casa. Hay que hacer un análisis, falta fortalecer la política criminal y ver qué pasa por regiones, en Oruro es alto el porcentaje de casos por sustancias controladas, hay que hacer un análisis más pormenorizado y no centrarnos en leyes más punitivas, sino en la prevención y atención, hay que analizar qué tipo de programas de reinserción social están recibiendo las personas que han cometido estos delitos en las cárceles. ¿Cuál es el perfil del detenido en Bolivia, si hablamos en términos socio-económicos? Hay un mapa socio-jurídico realizado por la Fundación Construir y hacen perfil de cómo es la mujer privada de libertad y en capítulo tres hago una aproximación histórica. Es interesante ver cómo se castiga el delito desde inicio de humanidad, primero sanciones muy crudas, ley de talión, cortaban una parte cuerpo, pero con la civilización hemos ido cambiando, pero la anterior semana en Ivirgarzama hubo un  linchamiento. Sin embargo, hay algunos factores comunes no sólo en Bolivia, sino a nivel regional y es que las personas privadas de libertad pertenecen, en su mayoría, a poblaciones relegadas, como son mujeres, se habla también mucho de criminalización, pobreza y personas con algún grado de discapacidad mental. Qué pasa si una persona es acusada de cometer un delito y tiene dinero, puede contratar un equipo de abogados especialistas en la materia, puede pagar una fianza, garantizar con un bien inmueble su no ingreso a cárcel. Pero qué pasa con una persona que no tiene recursos económicos, debe esperar que le asignen un defensor de defensa pública que atiende muchos casos, un juez que no va dar medidas sustitutivas. Qué pasa si vive en alquiler, no tiene contrato o trabajo fijo, se lo va a privar de libertad. No se puede generalizar, pero la gran mayoría (población carcelaria) es de bajos recursos, bajo nivel educativo, falta de acceso a oportunidades de trabajo. Con esto no quiero hacer apología de delito, vengo de familia humilde, hay mucha gente que estudia y trabaja y no llega a delinquir. Hay muchas mujeres que están en la cárcel por co-autoría o son engañadas por sus parejas. Las mujeres han incursionado en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, como metalmecánica, albañilería, pero el único espacio donde no reclamamos el 50% es este, casi 92% de las personas en la cárcel son varones. En las mujeres, si se ve por tipo de delitos, son más (las apresadas) por sustancias controladas. La situación ¿es reflejo de la crisis de sistema judicial? También de la sociedad, si se hace hincapié en los derechos universales, que son universales y progresivos, un deber que tiene el Estado en esta materia es la prevención, investigación, sanción y reparación. En prevención se debe ver cómo prevenir el delito, que es un fenómeno social desde comienzos de la humanidad y siempre va a existir, y como sociedad hay que ver qué hacer, cómo castigar y prevenir. Cito una investigación del proyecto Mundo de Italia que hizo un libro “Labrando la piedra”. Ahí, en esta investigación de 2018 en el centro de orientación de Calahuma en Viacha, donde el 33% de los jóvenes y señoritas tuvieron, de niños y adolescentes, como principales cuidadores a sus padres, privados de libertad. ¿Qué pasó? Cuando eran niños y adolescentes no tuvieron contención emocional ni de conducta, y resulta que años después están también privados de libertad. Eso es reflejo de la sociedad y para la prevención tenemos a la familia como núcleo, las juntas vecinales, Iglesia, comunidad y colegios, todos tienen que involucrarse en el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Luego está la investigación donde se encuentra el sistema judicial, el IDIF, la Policía, la FELCC (Fuera Especial de Lucha Contra del Crimen), FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) y

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El problema de la caza ilegal de vicuña se debe a la calidad de su fibra: el kilo se vende hasta en $us 400

Con el lema “Nutriendo la vida, preservando el futuro”, el Gobierno de Bolivia lanzó oficialmente el Año Internacional de los Camélidos, proyecto que tiene como objetivo diversificar la producción sostenible de estas especies, donde la vicuña juega un rol principal. La importancia de los camélidos es fundamental para el desarrollo de las comunidades indígenas. En ese sentido, una de las especies más apreciadas son las vicuñas, porque tienen un gran potencial para su explotación sostenible. El kilo de la fibra de este animal tiene un costo que supera los 400 dólares y el valor se multiplica con la confección de tejidos. Lamentablemente las altas cotizaciones de la fibra de vicuña en los mercados internacionales incentivan la matanza y la caza furtiva de estos camélidos, que amenazan con reducir la población de esta especie. Bolivia, como país organizador del Año Internacional de los Camélidos, trabaja en el censo de población de estas especies y organiza un encuentro internacional con los países que dedican a la explotación sostenible de estos animales. (RTP)

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Santa Cruz: Intervienen actividad minera ilegal en Samaipata, hay 12 personas aprehendidas

FOTO: AJAM Después de que se registraran varias denuncias sobre explotación ilegal de minerales en Samaipata, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), logró desbaratar las operaciones extractivas en este municipio ubicado en la zona de los valles en el departamento de Santa Cruz. “Tras un trabajo de inteligencia, en coordinación y con apoyo efectivo de la Policía Boliviana,se realizó este viernes una acción operativa para desbaratar actividades mineras ilegales en el municipio de Samaipata, provincia Florida del departamento de Santa Cruz”, señala un reporte institucional de la AJAM. En mayo, Alfonzo Banegas Rodríguez, miembro del Comité de Defensa y Protección de los Recursos Naturales y Turísticos de Samaipata, denunció que desde el año 2000, diversas empresas mineras han estado operando al margen de la ley, causando un impacto negativo significativo en la zona. La falta de licencias ambientales y el incumplimiento de las normativas vigentes han sido documentados por la Dirección del Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, la cual confirmó  que varias empresas operan sin las autorizaciones necesarias. Operativo Como resultado de este operativo se encontró en flagrancia a 12 personas realizando explotación ilegal de minerales en un área minera libre. Mediante el uso de la fuerza pública se procedió a su aprehensión  para que se realicen las investigaciones y definan su situación jurídica. Asimismo, se evidenció la existencia de 11 volquetas, una excavadora y otra maquinaria que se empleaba para la explotación de arcilla, equipos que fueron secuestrados por el personal policial. El movimiento de material, al margen de ser una explotación no autorizada, estaba generando contaminación medioambiental.   En su comunicado la AJAM sostiene que, en el marco de sus atribuciones, realiza inspecciones para verificar actividad minera ilegal, en resguardo de los recursos naturales.  «Razón por la cual se exhorta a estas personas a no incurrir en este delito que está tipificado en el art. 232 del Código Penal Boliviano y la sanción es de cuatro a ocho años de privación de libertad«, señala el documento.  Además de los daños ecológicos, la actividad minera en Samaipata ha deteriorado infraestructuras clave como carreteras y caminos vecinales, y ha afectado recursos hídricos esenciales para la agricultura local. (EL DEBER)

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En las cárceles del país, hubo 224 muertes en 2022

Datos publicados por la Dirección General de Régimen Penitenciario muestran que, en el primer semestre de 2022, hubo 224 muertes de privados de libertad en los reclusorios del país, de los que 179 decesos se produjeron por falta de atención médica. El segundo factor de muertes en cárceles son las peleas por pugnas de poder. Chonchocoro, El Abra y Palmasola son consideradas cárceles de alta peligrosidad donde se encuentran recluidas personas calificadas de alta peligrosas y reos sometidos a procesos penales por haber cometido delitos dentro de los mismos reclusorios. Los conflictos entre reos en las tres cárceles “peligrosas” se debe a la asignación de lugares de estadía y por ejercer control sobre la población penitenciaria. En abril, un reo del Centro de Readaptación Productiva de Montero, perdió la vida después de ser golpeado por otros internos. Después de dos meses del hecho, los dos acusados fueron sometidos a audiencia cautelar y trasladados al penal de El Abra, de Cochabamba. El fiscal del caso, Alberto La Fuente, explicó que se solicitó la extrema medida para precautelar la seguridad de los internos que ayudaron a esclarecer el hecho. Según las investigaciones, los acusados eran parte de una organización criminal formada en el interior de la cárcel. “Los acusados en este caso eran los jefes del área de aislamiento y exigían el pago de 500 bolivianos por el ‘seguro de vida’. Ambos cumplían detención preventiva por el delito de secuestro”, informó el jurista. Un reciente hecho de violencia que tuvo lugar en la cárcel de Chonchocoro, el pasado 9 de junio, fue protagonizado por Misael Nallar, procesado por asesinato y otros cuatro reclusos, puso nuevamente en evidencia la falta de seguridad interna penitenciaria. Nallar continúa recluido en el penal de máxima seguridad de La Paz, en tanto que sus cómplices fueron trasladados a otros centros penitenciarios donde cumplen detención preventiva de 180 días por lesiones causadas a tres policías y destrozos al penal. FALTA DE POLÍTICAS DE CRIMINALIDAD El defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, consideró que urgentemente deben construirse políticas criminales basadas en el respeto al ser humano y buscar nuevos mecanismos de sanción a quienes incurren en delitos. “El 70 por ciento de reos tienen detención preventiva, esto genera hacinamiento en los centros penitenciarios del país y las condiciones en las que viven los privados de libertad son infrahumanas”, señaló. En 2012, en las principales cárceles del país se reportó 70 muertes por pugnas de poder, hecho que no sólo evidenció el hacinamiento carcelario sino también la falta de seguridad y corrupción. “El hacinamiento provoca una serie de situaciones que van desde limitaciones para vivir y falta de espacios físicos para los privados de libertad, lo que conlleva a la falta de seguridad que se produce a partir de la sobrepoblación penal”, señaló. (La Prensa)

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Fiscalía rechaza denuncia contra “torturadores” del exdirector del Fondo Indígena

La Fiscalía rechazó la denuncia que se presentó contra los responsables de los 194 actos de tortura y vejaciones perpetradas contra el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien falleció en abril de 2022, luego de permanecer siete años preso por 126 procesos penales abiertos por el Gobierno de Evo Morales. “En su momento presentamos una denuncia para que se investigue quiénes fueron los responsables por la tortura contra mi padre, Marco Antonio Aramayo, pero hace un año, aproximadamente, la Fiscalía rechazó la denuncia”, informó a Visión 360, Marco Aramayo, hijo. En su denuncia, la familia de Aramayo señaló con especial interés, la participación de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y la exinterventora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, “porque ella es quien ha perpetrado esta macabra y maquiavélica estrategia de desatención de la investigación. Ella era la encargada de la intervención y la liquidación del Fondo Indígena, cuyos recursos debieron ser saneados, pero la continuidad de esa maniobra distractora dio lugar a la tortura judicial que vivió Marco Aramayo”, sostuvo el abogado de la familia, Héctor Castellón. La familia analiza continuar con las denuncias contra los torturadores de Marco Antonio Aramayo, que podrían pasar a instancias internacionales. La demanda por la muerte del exdirector del Fondo Indígena, institución que cambió su denominación a Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), se respaldó en el libro publicado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI). En dicho documento se registraron 194 actos de tortura y vejaciones cometidos contra el procesado. También se individualiza, como autores materiales de esos hechos, a policías, fiscales y jueces de siete departamentos, antes de fallecer por una insuficiencia cardíaca, provocada por una serie de enfermedades que, según su familiar, fueron adquiridas en los siete años que permaneció preso. En el texto se recopiló una serie de documentos que muestran los abusos cometidos contra Aramayo. Su hijo aseguró que la familia conoce quiénes fueron los responsables de las vejaciones, torturas y muerte de su padre, entre ellos, principalmente los administradores de justicia, que permitieron que, por intereses políticos, se vulneren los derechos del exdirector. Castellón, quien además de su abogado era amigo del exdirector del Fondo Indígena, informó en agosto de 2023, que la familia esperaba que la “justicia cumpla su labor” y se sancione a los funcionarios del gobierno de Evo Morales. “Se debe establecer quiénes permitieron la manipulación de la cual fue víctima, como si se tratase de un objeto, cuando fue llevado de una cárcel a otra y todas las vejaciones que provocaron su muerte”, aseveró el jurista. (Visión 360)

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Del Castillo informa que de 70 investigados, hay 23 aprehendidos por el caso «Golpe de Estado fallido»

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que 70 personas son investigadas por los sucesos del pasado 26 de junio en la Plaza Murillo, donde se presenció «el intento de un golpe de Estado». Hasta el momento, el Ministerio Público aprehendió a 23, mientras que otros presuntos implicados prestan declaraciones. Del Castillo dijo que se identificaron a los cabecillas de esta movilización y, de acuerdo a las declaraciones de los aprehendidos, se estableció el nivel de participación que tuvieron en la insurrección militar. Aseguró que detrás de todo este movimiento «existieron intereses políticos de por medio, que buscaron favorecer al general Zúñiga y crear condiciones para la desestabilización del país». «El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ya tenía incluso un discurso para pronunciarlo luego de la toma del poder, donde él se posicionaría como presidente. Además, habría tenido la intención de convocar a elecciones meses más tarde», detalló el Ministro de Gobierno. (RTP)

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Ante la denuncia de presencia de antisociales en el lugar, Alcaldía de La Paz tapiará el mercado «La Bolita»

Debido a la inseguridad que representa el mercado abandonado de La Bolita, ubicado frente al Teatro al aire libre de La Paz, la Alcaldía coordina con la Policía para realizar un operativo para desalojar a las personas que frecuentan el lugar, incluyendo a alcohólicos e indigentes que lo utilizan como refugio. Las comerciantes habían solicitado hace tiempo la intervención de las autoridades en el lugar debido a la inseguridad que estaba generando el lugar. Las autoridades ediles se comprometieron a prevenir incidentes trágicos como el ocurrido el pasado domingo, donde un joven perdió la vida en el interior del mercado abandonado. (RTP)

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Defensoría informa que en casi diez años se registraron unos 5.000 matrimonios de mujeres adolescentes en el país

Un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado en base a datos del Servicio de Registro Cívico (SERECI), revela que entre 2014 y 2023 en Bolivia se registraron 4804 matrimonios de mujeres adolescentes de 16 y 17 años, constatando también la existencia de 487 casamientos de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años, posterior a la Ley 603, que establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años. El hecho de que una niña o adolecente, por diferentes factores, sea obligada a casarse se constituye un delito que en lugar de ser sancionado por la justicia, es normalizado por la sociedad. Este accionar genera un profundo daño en estas niñas y adolescentes. Para la psicóloga y especialista en sexualidad, Marynés Salazar, existen tres factores que inciden de manera negativa en la acentuación de esta problemática que enfrentan las niñas y adolescentes de Bolivia. Estos datos plantean la implementación de una serie de políticas enfocadas a concientizar a la sociedad sobre esta problemática y reestructurar desde el colegio la formación de las niñas y niños la educación sexual y que sea considerada como una materia en todos los niveles. (RTP)

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Denuncian matanza y caza furtiva de 30 vicuñas en los municipios de Belén de Andamarca y Orinoca, en el departamento de Oruro

En los últimos días, pobladores del municipio de Belén de Andamarca y Orinoca denunciaron la matanza y caza ilegal de vicuñas, situacion que está poniendo en riesgo la población de estos camélidos que habitan en esas regiones. Según los pobladores, se encontraron por lo menos 30 vicuñas asesinadas con arma de fuego. El precio de la fibra de estos camélidos incentiva el accionar de grupos de antisociales organizados con armas de fuego, equipos de comunicación y vehículos todos terreno, que realizan la caza furtiva de estas especies en horas de la madrugada. Las imágenes son evidentes los cuerpos de estos camélidos son abandonados en el campo luego de ser desollados y sacarles toda su fibra. Este hecho cobra relevancia si tomamos en cuenta que se declaró este 2024 como año internacional de los camélidos. Desde la Comunidad de la Vida hacemos el llamado a las autoridades para iniciar las investigaciones y sancionar a los responsables. (RTP)

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