El anticresista Gabriel M. R. y el albañil Wilfredo Luis S. S. admitieron haber asesinado a María Lindaura Vega Jaldín y a su hija Miranda Lucía Tejada el pasado 4 de febrero en La Paz y trasladaron los cadáveres a la ciudad de Viacha.
El Ministro de Gobierno presentó este jueves a los responsables y autores confesos del crimen de María Lindaura Vega Jaldín y Miranda Lucía Tejada Vega
El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este jueves a los responsables y autores confesos del crimen de María Lindaura Vega Jaldín, de 64 años de edad, y su hija, Miranda Lucía Tejada Vega, de 22 años, que estaban desparecidas desde el domingo. Se trata de un anticresista de nombre Wilfredo Luis S. y un albañil, serían los autores confesos del asesinato, después, ambos, con ayuda del hermano del albañil, habrían trasladado los cuerpos de sus víctimas hasta el municipio de Viacha, donde las enterraron.María Lindaura fue descrita por el ministro Del Castillo como una mujer inversionista, una mujer que se dedicaba a ser prestamista y que estaba en el negocio inmobiliario. Según la autoridad, el anticresista planificó desde octubre de 2023 el asesinato de María Lindaura, propietaria de la casa que habitaba el victimario en calidad de anticrético, por $us 51.000, desde 2014. PERIODISTA: ROLY FLORES
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En un operativo realizado la noche de este miércoles en un inmueble ubicado en la calle final Yanacocha de la ciudad de la paz , la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) intervino una casa de juegos que funcionaba de manera clandestina. El Director Regional de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Edwin Soria, informo que los funcionarios de la AJ evidenciaron la actividad ilícita y luego procedieron a decomisar nueve máquinas de juego; sin embargo, una de las dos administradoras del lugar se dio a la fuga. Soria, recomendó a la población a no asistir a estos lugares por ser centros de estafa y por no brindar condiciones de transparencia ni seguridad al tratarse de juegos en línea no regulados por normativa. PERIODISTA: ROLY FLORES
La desaparición de dos mujeres, María Lindaura Vega Jaldin, de 64 años, y Miranda Lucía Tejada Vega, de 22 años, desde el pasado 4 de febrero, ha generado la movilización de la policía y la fiscalía para dar con el paradero de madre e hija, cuyas circunstancias aún son inciertas. Las sospechas de un posible secuestro han surgido debido a los retiros de dinero realizados por Lindaura Vega en los días previos a su desaparición. Este hecho ha llevado a las autoridades a considerar esta hipótesis, entre otras como la de trata y tráfico de personas. Además, el Ministerio Público ha sido informado sobre presuntos mensajes de acoso que habría recibido Lindaura antes de su desaparición, lo que añade un componente para investigar la desaparición. No obstante, la historia de Lindaura y su hija, tiene otros elementos relevantes. En enero pasado, ella perdió su celular, y se ofreció una recompensa para recuperar el equipo. Ahora, la fiscalía está buscando a la persona que devolvió el teléfono para obtener más detalles que puedan arrojar luz sobre la desaparición de ambas mujeres. PERIODISTA: RAMIRO CHARCAS
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“Bolivia se ha convertido, en los últimos años, en el más importante procesador de pasta básica procedente del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y de otras cuencas adyacentes a la frontera con el país altiplánico. Las mafias bolivianas también han cobrado relevancia como transportistas de cocaína a gran escala que luego es enviada a Europa”
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tras varias sesiones de diálogo, las bancadas políticas llegaron a un acuerdo este para convocar a elecciones judiciales
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, exigió este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) acatar la Declaración Constitucional 0049/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que estableció la ampliación de mandato de las autoridades judiciales y declaró inconstitucionales varios artículos del proyecto de ley de elecciones judiciales.
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La Comisión de Admisión del TCP aceptó un recurso de queja por incumplimiento de la Declaración Constitucional 049/2023, y dispuso como medida cautelar la suspensión del tratamiento del proyecto de ley 144 de Elecciones Judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
