Tras las rejas de las cárceles bolivianas se ve principalmente a personas de bajos recursos, educación incompleta y con pocas posibilidades de obtener un trabajo adecuado, según se expone en el libro “Carcelaria”, una aproximación a la situación penitenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia, publicado este mes por Luisa Antonia Chipana Ubaras.
El documento registra los muchos problemas que se presentan y que, lejos de ser solucionados, crecen en los centros penitenciarios del país, junto a otros que tienen que ver con hacinamiento, vulneración de derechos, alimentación inadecuada, falta de atención médica especializada, carencia de programas de reinserción e infraestructura insuficiente, especialmente en los centros de reclusión de mujeres.
La investigadora habló de este estudio con Visión 360, explica esta aproximación a la situación penitenciaria y sugiere la implementación de políticas y acciones para mejorar.
Usted ha realizado una amplia investigación ¿cuáles han sido sus principales hallazgos?
Hay algunos aspectos que se consolidan, como la alta detención preventiva (70%), lo cual devela que el tema penintenciario es consecuencia del sistema judicial, de la retardación de justicia, la falta de enfoque de género a la hora de decidir la detención preventiva, la falta de defensores públicos… Es un círculo vicioso.
También realicé una investigación basada en género. Cuáles son las razones por las que delinquen los varones y las mujeres. En los hombres son importantes los delitos contra la libertad sexual, violación niña, niño, adolescentes y el estupro. Debemos pensar como sociedad qué está pasando, cómo podemos prevenir. En el caso de las mujeres, 32% (de las encarceladas) están por sustancias controladas. Pero hay que ver quiénes son estas mujeres y, si se hace un análisis más profundo, no son grandes empresarias del narcotráfico, sino mulas que pueden ser reemplazadas fácilmente, se llenan las cárceles, pero no se afecta a los cárteles y no se soluciona el problema de la lucha contra el narcotráfico.
¿Entre los varones que están en las cárceles, prevalecen los delitos sexuales?
Sí. En algunos años, los delitos cometidos por varones eran más los de robo agravado, pero 2023 se cerró con más detenidos por delitos sexuales.
Habría que hacer más estudios y ver como sociedad qué está pasando, si analizamos algunos casos, el victimador no está afuera sino en casa.
Hay que hacer un análisis, falta fortalecer la política criminal y ver qué pasa por regiones, en Oruro es alto el porcentaje de casos por sustancias controladas, hay que hacer un análisis más pormenorizado y no centrarnos en leyes más punitivas, sino en la prevención y atención, hay que analizar qué tipo de programas de reinserción social están recibiendo las personas que han cometido estos delitos en las cárceles.
¿Cuál es el perfil del detenido en Bolivia, si hablamos en términos socio-económicos?
Hay un mapa socio-jurídico realizado por la Fundación Construir y hacen perfil de cómo es la mujer privada de libertad y en capítulo tres hago una aproximación histórica. Es interesante ver cómo se castiga el delito desde inicio de humanidad, primero sanciones muy crudas, ley de talión, cortaban una parte cuerpo, pero con la civilización hemos ido cambiando, pero la anterior semana en Ivirgarzama hubo un linchamiento.
Sin embargo, hay algunos factores comunes no sólo en Bolivia, sino a nivel regional y es que las personas privadas de libertad pertenecen, en su mayoría, a poblaciones relegadas, como son mujeres, se habla también mucho de criminalización, pobreza y personas con algún grado de discapacidad mental.
Qué pasa si una persona es acusada de cometer un delito y tiene dinero, puede contratar un equipo de abogados especialistas en la materia, puede pagar una fianza, garantizar con un bien inmueble su no ingreso a cárcel.
Pero qué pasa con una persona que no tiene recursos económicos, debe esperar que le asignen un defensor de defensa pública que atiende muchos casos, un juez que no va dar medidas sustitutivas. Qué pasa si vive en alquiler, no tiene contrato o trabajo fijo, se lo va a privar de libertad.
No se puede generalizar, pero la gran mayoría (población carcelaria) es de bajos recursos, bajo nivel educativo, falta de acceso a oportunidades de trabajo. Con esto no quiero hacer apología de delito, vengo de familia humilde, hay mucha gente que estudia y trabaja y no llega a delinquir.
Hay muchas mujeres que están en la cárcel por co-autoría o son engañadas por sus parejas. Las mujeres han incursionado en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, como metalmecánica, albañilería, pero el único espacio donde no reclamamos el 50% es este, casi 92% de las personas en la cárcel son varones. En las mujeres, si se ve por tipo de delitos, son más (las apresadas) por sustancias controladas.
La situación ¿es reflejo de la crisis de sistema judicial?
También de la sociedad, si se hace hincapié en los derechos universales, que son universales y progresivos, un deber que tiene el Estado en esta materia es la prevención, investigación, sanción y reparación. En prevención se debe ver cómo prevenir el delito, que es un fenómeno social desde comienzos de la humanidad y siempre va a existir, y como sociedad hay que ver qué hacer, cómo castigar y prevenir.
Cito una investigación del proyecto Mundo de Italia que hizo un libro “Labrando la piedra”. Ahí, en esta investigación de 2018 en el centro de orientación de Calahuma en Viacha, donde el 33% de los jóvenes y señoritas tuvieron, de niños y adolescentes, como principales cuidadores a sus padres, privados de libertad. ¿Qué pasó? Cuando eran niños y adolescentes no tuvieron contención emocional ni de conducta, y resulta que años después están también privados de libertad. Eso es reflejo de la sociedad y para la prevención tenemos a la familia como núcleo, las juntas vecinales, Iglesia, comunidad y colegios, todos tienen que involucrarse en el desarrollo de la niñez y la adolescencia.
Luego está la investigación donde se encuentra el sistema judicial, el IDIF, la Policía, la FELCC (Fuera Especial de Lucha Contra del Crimen), FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) y Ministerio Público. Si se fortalecieran estos estamentos, ya sabemos cómo están. Desde la cumbre de 2016 donde hubo lineamientos para una reforma judicial, no se ha avanzó mucho, seguimos con lo mismo, pocos jueces, retardación de justicia, se va perdiendo la seguridad en la justicia y en sus operadores.
Si el Estado fortaleciera el sistema judicial, la prevención e investigación, llegaríamos a la sanción y a un régimen penitenciario en mejores condiciones. Como Estado se debería determinar de una vez a quiénes vamos a privar de libertad y para qué.
Según instrumentos internacionales y la Constitución, nuestra normativa indica que la privación de libertad tiene la función de seguridad ciudadana y reinserción social. Pero sabemos que hay una crisis, hacinamiento, los programas de reinserción son insuficientes, para que la gente que entra a las cárceles no salga otra vez a delinquir. Finalmente, falta la reparación para las víctimas que sufrieron algún daño.
Tampoco se piensa que entre los privados de libertad también hay personas que ingresan por temas menores o están con detención preventiva y caen en depresión, problemas mentales, drogadicción, adicciones y quién repara eso.
También hay casos de personas que han cumplido una sentencia, y luego salieron nuevas investigaciones y resulta que son inocentes, quién les devuelve esos años. Hubo casos de gente con trastorno mental que habían sobrepasado los años de prisión que la sentencia les daba y seguían ahí olvidados.
¿Cómo vive la gente en las cárceles?
En hacinamiento y ese es un factor que no permite brindar garantías de derechos humanos, imagine vivir cerca de personas que han cometido todo tipo de delitos. Estándares internacionales señalan que un privado de libertad debe tener cama, celda, ropa necesaria, acceso a luz, servicios básicos y salud, alimentación y cuando se tiene que compartir celda se toma en cuenta la seguridad de la persona.
Un parámetro es dividir a la población por edad, por tipos de delito para implementar programas de reinserción social. En Bolivia no hay eso, la situación es precaria y la mala alimentación repercute en la salud, muchos tienen diabetes, presión arterial alta, enfermedades que requieren alimentación especial, pero si la persona no tiene dinero, no puede cubrir eso.
La alimentación en las cárceles es básica, pocas verduras, más carbohidratos. La situación de precariedad es cada vez peor, pocos funcionarios para la cantidad de gente que hay, los programas de reinserción son escasos, algunas universidades han ingresado, se trabaja con lo que se puede, pero falta más.
¿Mencionó que se debe reforzar el enfoque de género en el sistema penitenciario, cómo?
Desde la infraestructura, que en las cárceles de mujeres es insuficiente. Por naturaleza, las mujeres menstruamos una vez al mes, somos propensas a infecciones urinarias, por lo cual necesitamos un mejor acceso a baños, duchas, atención en ginecología, por otro lado hay mujeres embarazadas, con niños en edad de lactar y se necesita espacios adecuados.
Según la normativa, los niños y niñas pueden estará hasta los seis años con los padres, pero debe existir la logística necesaria para su desarrollo. Los programas de reinserción social y capacitación, y las universidades que hay en los recintos de varones, deben alcanzar a los de mujeres.
Mencionó también la necesidad de que exista una atención diferenciada de la población en las cárceles, ¿hay gente con problemas mentales que necesita atención especializada?
Sé que se atiende con algunos convenios, especialmente en Sucre, pero no hay seguimiento. El título de mi libro se llama Carcelaria. Le comento que en 2019 estaba coordinando un proyecto en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes con mujeres y cuando íbamos a comenzar una actividad, faltaba una de las líderes de grupo, la fue a buscar otra interna, volvió y dijo que no vendría porque estaba con su carcelaria.
Pregunté qué era eso y la interna me explicó que es una depresión profunda donde la persona no quiere comer, lavarse, ni levantarse. Cuando una persona está así y no recibe atención especializada puede devenir enfermedades mentales y si persiste la situación, la salud puede agravarse más.
Considero que la contención y atención de la salud mental en los recintos penitenciarios debería ser uno de los ejes prioritarios para fortalecer los procesos de reinserción social.
¿Alguna reflexión final?
En la presentación de mi libro puse una cita de Raúl Zafaroni: “La cárcel es una institución que no fabrica santos, sino que puede ofrecerles a algunas personas la posibilidad de ser como somos los que andamos sueltos, con todos nuestros defectos y vicios y con todas nuestras virtudes (a veces muy pocas), pero no tan vulnerables a un poder punitivo que siempre es selectivo”.
Perfil
Luis Antonia Chipana Ubaras es abogada de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz realizada en la Universidad Católica Boliviana (UCB) San Pablo. Es diplomada en Gestión Política, Pública y del Conflicto de la Universidad NUR. Diplomada en Gerencia del Conflicto IV de la UMSA. Tiene experiencia laboral principalmente en la Defensoría del Pueblo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en diversas ONG´s nacionales e internacionales. Al inicio de su carrera fue Directora Departamental de Régimen Penitenciario en Pando.
(Visión 360)
