Política

Durante el aniversario de la Escuela Naval Militar, el presidente Rodrigo Paz demandó a las Fuerzas Armadas que sean parte de las tareas para «salvar a la patria del crimen organizado» y convertir los ríos en corredores de integración y desarrollo, y no del narcotráfico. «Si queremos producir o desarrollarnos, nuestras Fuerzas Armadas también tienen que ser parte de la construcción de la seguridad para salvar a la patria del crimen organizado; ese crimen organizado que quiere romper nuestra democracia», afirmó. En sus últimos discursos, Paz ha puesto especial atención en los problemas de inseguridad que golpean principalmente al departamento de Santa Cruz, donde la Policía descubrió vinculaciones entre el narcotráfico y las organizaciones delictivas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV). Su intervención en el aniversario de la institución militar —cuya presencia se extiende por la red fluvial del país— no fue la excepción. Advirtió sobre el riesgo de que estas organizaciones criminales «puedan generar, con el crimen organizado internacional, un espacio de desarrollo de ese delito en Bolivia». Precisamente, el renovado Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) elaboró un paquete de cuatro anteproyectos de ley para fortalecer la seguridad y enfrentar al crimen organizado y al narcoterrorismo. Una de estas normas regula la participación militar en la lucha contra la delincuencia. El mandatario también recordó los golpes asestados por las fuerzas de seguridad al narcotráfico, como la captura del narcotraficante Sebastián Marset para su posterior extradición a Estados Unidos, así como la expulsión y entrega a Brasil de otros «capos» del PCC y del CV. Para Paz, las organizaciones delictivas buscan «romper nuestra Constitución y pervertir nuestras instituciones» con la finalidad de consolidar y extender sus actividades ilícitas, por lo que insistió en la importancia de articular una alianza contra la criminalidad. Considerando que la Armada Boliviana tiene sus zonas de operaciones en los diferentes ríos del país, se plantean desafíos para fortalecer la vigilancia de sus unidades de élite, de modo que los cauces fluviales se mantengan como «rutas de integración y desarrollo, no como corredores del narcotráfico». «Las mismas vías navegables que sirven al comercio y a las comunidades también pueden ser utilizadas para transportar drogas, armas y mercancías ilícitas. La Armada ya tiene experiencia en esta lucha; los Diablos Azules han participado activamente en operaciones contra el narcotráfico», recordó. La captura del exfiscal general Roger Mariaca puso de manifiesto las denuncias sobre la presunta infiltración de la delincuencia en una institución encargada de combatir el delito. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes que la estructura de Mariaca abarcaba desde la recepción de denuncias hasta casos de muertes no esclarecidas. Paz consideró que se deben consolidar las condiciones para generar desarrollo y hacer de Bolivia un país seguro y un nexo para el comercio regional. «Soberanía y producción van de la mano para construir la patria, y este Gobierno se ha empeñado en tomar decisiones que generen orden. No es fácil, pero estos son los momentos que Dios nos dio», afirmó en el acto desarrollado en instalaciones militares de Cochabamba. (VISIÓN 360)

El abogado Alfredo Saucedo , quien representa a víctimas del caso Hotel Las Américas, advirtió que “nace con vicio de nulidad” el proceso de juicio de responsabilidades contra las exautoridades Evo Morales y Álvaro García debido a las falencias estructurales de la Ley 044, que regula el juzgamiento de altas autoridades del Estado. Según Saucedo, en los últimos 30 años, no existe en Bolivia ninguna sentencia válida en juicios de responsabilidades. Dijo que el principal problema es que la actual norma no contempla la segunda instancia, un derecho fundamental reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Constitución Política del Estado. Para el abogado, esta situación resulta favorable a Morales y García Linera como “una de las mejores noticias” ya que pueden dejar avanzar el proceso y luego solicitar su anulación lo que derivaría en impunidad. Recordó que desde 2019 existen al menos cuatro o cinco proyectos de ley de modificación «dormidos» en la Asamblea Legislativa. Calificó de “esperanzador”, pero insuficiente el hecho de que la Fiscalía General del Estado haya admitido la proposición acusatoria presentada por la bancada de Libre, aunque expresó que esa sigla política no los convocó para informarles sobre ese proceso. Saucedo hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que priorice el debate y aprobación de la reforma a la Ley 044. “Primero modificar la norma para que esto sea viable y no termine en una simple buena intención o alguna otra intención que puedan tener los políticos”. MRCM-RTP

La administración de la pauta publicitaria estatal en Bolivia vuelve a instalarse en el centro del debate político y social como un presunto mecanismo de presión y condicionamiento hacia los medios de comunicación. En este contexto, el diputado Carlos Alarcón, de la Alianza Unidad, fundamentó la necesidad de un proyecto de ley que regule de manera equitativa la distribución de estos fondos públicos con base en los preceptos de la Constitución Política del Estado. Alarcón cuestionó que la actual gestión gubernamental reproduzca prácticas atribuidas al «masismo» al centralizar la asignación presupuestaria en favor de empresas periodísticas afines y en perjuicio de los espacios críticos, dinámica que fomenta escenarios de autocensura. Ante esta situación, la propuesta plantea que los propios medios ejerzan un derecho de autorregulación para proponer criterios de reparto equilibrado entre medios pequeños, medianos y grandes, garantizando así el acceso ciudadano a diversas fuentes de información. Desde la Comisión de Planificación Económica, el diputado José Luis Porcel (Alianza Libre), responsable del comité a cargo del tratamiento normativo, expresó su desacuerdo con la concentración del presupuesto publicitario en manos del Poder Ejecutivo. Porcel criticó las recurrentes demoras del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Economía en la emisión de los informes técnicos requeridos, catalogando esta conducta como un patrón de conducta del Ejecutivo que vulnera las atribuciones del primer poder del Estado. A pesar de los criterios desfavorables o la falta de respuesta rápida por parte de las carteras ministeriales, el parlamentario aclaró que el trámite no queda anulado y que la iniciativa será llevada al pleno de la Cámara de Diputados en busca de consensos que permitan aprobar una regulación objetiva y sin sesgos políticos. Por su parte, la diputada Claudia Herbas, representante de Alianza Popular, remarcó que la pauta publicitaria oficial no debe utilizarse como una herramienta para condicionar la línea editorial ni para ejercer control sobre los medios de comunicación. Herbas enfatizó el principio de independencia de poderes e instó a la Asamblea Legislativa a cumplir sus funciones de fiscalización y legislación con transparencia y sin subordinarse a las directrices del Ejecutivo. La dimensión económica de la controversia queda reflejada en los monitoreos sobre contrataciones estatales correspondientes al año 2026, los cuales establecen un techo de asignación cercano a los Bs 30 millones entre diversos pliegos sectoriales, con contratos en medios privados regionales y nacionales con una clara asimetría. El impacto institucional del manejo discrecional de la publicidad estatal también fue evaluado por el expresidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Raúl Peñaranda. El periodista sostuvo que las distintas administraciones de gobierno han recurrido a la pauta oficial como un sistema de premios y castigos debido a la ausencia de parámetros claros de distribución. Peñaranda planteó la necesidad de establecer criterios objetivos como el nivel de audiencia, el tiraje, el rating o la influencia de cada medio para evitar la asignación arbitraria. Asimismo, recordó que los recursos empleados son fondos públicos pertenecientes a toda la sociedad, por lo que su uso inadecuado compromete la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa, distorsiona el mercado de los medios y debilita el ejercicio democrático. En esa misma línea, el actual presidente de la ANPB, Roberto Méndez, denunció que la pauta estatal se ha instrumentalizado históricamente como un mecanismo de chantaje que agrava la severa crisis económica del sector periodístico, la cual derivó en el cierre de medios impresos de trayectoria como el diario Página Siete. Méndez detalló que, frente al rechazo técnico manifestado por los ministerios para mantener la pauta bajo la potestad exclusiva del Ejecutivo, la organización gremial impulsa acciones paralelas a través de un gabinete jurídico especializado. Estas iniciativas incluyen el seguimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, la conformación de Tribunales de Imprenta en las nueve capitales departamentales, la exigencia del cumplimiento del Seguro de Vida y la modificación del Código Penal para sancionar con mayor severidad la obstrucción a la labor periodística, además de buscar canales de diálogo con el Gobierno central. Los recursos para la pauta publicitaria estatal son públicos, es decir de todas y todos los bolivianos, que deben usarse para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces, alejados de las ideologías y dando seguridad para el ejercicio de la labor periodística. RAMIRO CHARCAS-RTP

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llamó este lunes a generar un “núcleo de fuerza” contra la criminalidad internacional entre los diferentes niveles de las instituciones del Estado, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, ante el crimen organizado que opera en el país. “Por eso, no es un tema de más recursos económicos o humanos, es el factor de unidad: las instituciones del Estado, entiéndase alcaldías, gobernaciones y Gobierno central, pero especialmente nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, tenemos que generar un núcleo de fuerza contra la criminalidad internacional”, afirmó el mandatario durante su discurso por el 103.º aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana. Sus declaraciones se producen luego del atraco a mano armada registrado la noche del domingo en la joyería Imperio, que tenía una tienda en el centro comercial Patio Design, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Paz lamentó que en Bolivia “nos hemos acostumbrado a que no haya instituciones de la ley que protejan a su pueblo, que no haya instituciones como el Ministerio Público y algunos miembros de la justicia”. Recordó que tenía una amenaza de muerte cuando fue a Pando para participar en la conmemoración de la Batalla de Bahía. Además, destacó el trabajo que el Gobierno nacional viene realizando con la expulsión de más de 29 miembros de diferentes organizaciones criminales internacionales, entre ellos Sebastián Marset. “La inseguridad no solo pasa por joyerías, no solo pasa por aquellos que estamos atrapando y devolviendo a sus naciones altos criminales, sino que también pasa por la inseguridad en las calles, en las comunidades y en aquellos lugares donde el crimen organizado ha logrado instalarse y es dueño y propietario de nuestro territorio”, reconoció el jefe de Estado. Ante esta realidad, llamó a defender la patria. “Este es un momento de inflexión para la patria: o nos quedamos en ese paso controlado por el crimen organizado internacional o la patria se defiende, genera un cambio y hace orgullo de su tricolor para salir adelante”, instó. (ABI)

La comisión especial del Senado alista una Resolución Cameral para que el presidente Rodrigo Paz eleve una protesta oficial ante el mandatario chileno José Antonio Kast por el caso de las maderas retenidas y quemadas en puertos de ese país. El diputado por Beni Sealtiel Casanova, integrante de la comisión, explicó que el documento busca que Paz transmita “la preocupación, la molestia, la indignación del pueblo boliviano” durante la visita prevista para el 16 de octubre. “El Estado boliviano, a través de nuestro presidente deberá recibir esta Resolución Camaral que va a plantear la comisión correspondiente con el objetivo de defender al empresariado boliviano. No se ha encontrado ni un gramo de droga”, expresó el legislador en RTP Informa. Cuestionó la validez de los análisis realizados en Chile sin laboratorios especializados a diferencia de Brasil donde se descartó la presencia de sustancias controladas. Casanova subrayó que los empresarios tienen derecho a reclamar el resarcimiento de daños. “El Estado boliviano debe apoyar a su empresariado, porque está siendo calumniado, injuriado, y por último, está humillando su dignidad de trabajo de empresarios con muchísimos años”. Dijo que el sector forestal estima pérdidas de hasta 15 millones de dólares por la retención, la incineración parcial de contenedores y la paralización de operaciones. Finalmente, recordó que el Tratado de 1904 regula aspectos comerciales entre ambos países y criticó que Chile aplique su Ley para justificar la quema de cargas “sin haber procedido a la extracción de un solo gramo de droga”. Tanto el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, como el viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, dejaron el caso en manos de la justicia chilena y que el proceso es entre la Fiscalía y el sector forestal. MRCM-RTP

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que la institución recibió un informe del Ministerio de la Presidencia sobre las acciones realizadas por el Gobierno nacional para atender las demandas planteadas desde la región cruceña. El documento será evaluado el próximo martes, 13 de octubre, durante una reunión de directorio, en la que se definirán los siguientes pasos. La evaluación se realizará luego de que concluyera el plazo otorgado por la Asamblea de la Cruceñidad, el pasado 9 de septiembre, para que el Gobierno nacional atendiera las demandas del departamento. “No lo hemos podido evaluar, pero lo vamos a hacer el día martes en una reunión de directorio y de ahí se determinará”, señaló Cochamanidis, quien explicó que las actividades previamente programadas en las provincias durante el fin de semana y el lunes impiden adelantar el análisis. El dirigente cívico indicó que, además de revisar el informe gubernamental, se coordinará con autoridades departamentales, municipales y universitarias, así como con representantes de los gobiernos municipales, para conocer sus evaluaciones sobre los avances y las demandas pendientes. Cochamanidis sostuvo que uno de los principales objetivos es recuperar los recursos y las competencias que, según afirmó, corresponden constitucionalmente a las regiones, pero que fueron limitados mediante leyes y decretos desde el Gobierno del dirigente cocalero Evo Morales. Combustibles, salud y educación entre las demandas El presidente del Comité pro Santa Cruz también recordó que recientemente sostuvo una reunión con el gobernador Juan Pablo Velasco, quien informó sobre los avances registrados, principalmente en el área de salud. Sin embargo, indicó que persisten otros temas pendientes, entre ellos el abastecimiento de combustibles. Explicó que, durante las anteriores reuniones, una de las principales preocupaciones era la escasez de diésel, mientras que actualmente la dificultad se concentra en la gasolina. En ese contexto, Cochamanidis reiteró el pedido de que se establezcan sanciones contra los responsables de los problemas generados en el sector de hidrocarburos, particularmente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Otro de los puntos centrales de la agenda cívica es la educación. El dirigente planteó que los departamentos deben asumir mayores competencias en esta área, como parte de una transformación estructural del país. “Si queremos cambiar este país, tiene que ser desde los cimientos y obviamente la parte educativa no es ajena a esto”, concluyó el líder cívico. EL DEBER

Por primera vez en Bolivia, dos mujeres fueron elegidas para dirigir gobiernos departamentales. María René Soruco asumió la Gobernación de Tarija y Gabriela de Paiva, la de Pando. A esto se suma que Paola Aguirre se convirtió en la primera vicegobernadora de Santa Cruz, mientras que María René Álvarez preside la Asamblea Departamental y Luisa Nayar, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Las últimas elecciones subnacionales marcaron avances importantes en la representación política de las mujeres en Bolivia, pero aún persisten brechas en los espacios del poder ejecutivo y en la toma de decisiones. Así coinciden autoridades y organizaciones que destacan la participación femenina en el ámbito político, en el marco del Día de la Mujer Boliviana, que se conmemora cada 11 de octubre. Los datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer identifican como uno de los principales hitos la figura de dos mujeres en las gobernaciones. El informe destaca que 184 de los 335 municipios del país, equivalentes al 55%, tienen concejos municipales con una composición paritaria o con mayoría de mujeres. En términos generales, ellas ocupan el 49% de los cargos titulares, frente al 51% de los hombres. Son 955 concejalas y 989 concejales, una pequeña diferencia que demuestra el efecto de las normas de paridad y alternancia en la representación política. No obstante, estos avances contrastan con la baja presencia de mujeres en los cargos ejecutivos municipales. De las 335 alcaldías del país, solo 31 están encabezadas por mujeres, lo que representa el 9,3%, frente a 304 alcaldes, equivalentes al 90,7%. La diferencia evidencia que las principales brechas para el acceso de las mujeres al poder político persisten en los espacios ejecutivos. Sin embargo, el informe hace notar que la cifra refleja un leve avance respecto a procesos electorales anteriores, toda vez que el 2021 la participación política en el Ejecutivo alcanzaba al 6,5% y en 2015 al 8,6%. Con respecto a las asambleas legislativas departamentales, las mujeres ocupan el 37% de los espacios, frente al 63% en el caso de los hombres. La cifra representa una disminución respecto a las elecciones de 2021, cuando las asambleístas mujeres electas representaban el 47%. Desde la arena política La gobernadora de Tarija destaca la participación de la mujer en distintos ámbitos y pondera que ha irrumpido en espacios que antes eran exclusivos para los hombres. “Esto implica romper también con ciertos estereotipos de lo que se entiende por ser una mujer en la política. Es necesario, en mi caso, trascender a partir de la empatía, de la escucha y una gestión de mucho diálogo. Creo que también es necesario comprender que estas transformaciones, más que individuales, tienen una repercusión en lo institucional”, resalta María René Soruco. Por su lado, la vicegobernadora cruceña considera que hay avances importantes, pero parciales, tomando en cuenta que existe mayor participación femenina en los órganos legislativos, esto también como reflejo del requisito de paridad en las listas de candidaturas. Sin embargo, todavía persisten “lastres mentales”, especialmente dentro de las estructuras de las organizaciones políticas que limitan el ejercicio efectivo del liderazgo femenino, porque se resisten a entender que las mujeres también pueden liderar proyectos políticos y asumir responsabilidades de conducción, afirmó. Aguirre considera alentador el cambio en la mentalidad colectiva, reflejado en el voto ciudadano que ha confiado a mujeres el manejo de instituciones públicas de relevancia, como una gobernación. También califica como un avance que, poco a poco, se tome en cuenta a mujeres para cargos en el órgano ejecutivo por su perfil y capacidad, como sucedió con ella en la Gobernación. Sin embargo, insiste en que todavía quedan por derribar estructuras que impiden que las mujeres muestren su liderazgo real. “Cuando alcancemos igualdad de oportunidades en el ejercicio del liderazgo, ni siquiera va a ser necesaria la cuota obligatoria de género. Ya va a existir un convencimiento claro de que las mujeres podemos liderar por nuestra capacidad”, sostuvo. La vicegobernadora cree que es necesario frenar el acoso político contra las mujeres, que califica de “feroz”. En ese sentido, señala que el Órgano Electoral tiene el desafío de impulsar políticas públicas efectivas y acciones que contribuyan a prevenir y combatir este tipo de violencia. “Hay cientos de denuncias, pero solo hay tres sentencias por acoso político en todo el país hasta fecha, a más de 13 años de haberse promulgado la ley”, indica. Por su lado, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental destaca entre los hitos históricos la figura de Lidia Gueiler Tejada, que fue la primera mujer en asumir la Presidencia de Bolivia, quien demostró que el liderazgo femenino puede llegar a la más alta responsabilidad del Estado. Hace notar que el rol femenino ha estado presente en las grandes transformaciones del país y en los esfuerzos cotidianos que contribuyen a cambiar una sociedad. “La presencia femenina en la vida política no es una concesión, es una necesidad para fortalecer nuestra democracia. Las encontramos en la política, participando en las decisiones públicas y defendiendo sus convicciones”, sostiene. Considera que Bolivia necesita más voces, miradas y liderazgos de mujeres capaces de entender que gobernar significa escuchar, servir y construir futuro. “Como presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, conozco la responsabilidad que significa ocupar un espacio de decisión. También sé que cada lugar conquistado debe convertirse en una puerta abierta para las nuevas generaciones”, afirma. En esa línea, la presidenta del Concejo pondera la presencia de las mujeres en la política, pero cree que “todavía tenemos una deuda: que esa presencia se traduzca en poder real para decidir y transformar”. “No queremos espacios concedidos ni cuotas que se cumplan solamente en el papel, sino participar en igualdad de condiciones, con voz, autoridad y capacidad de liderazgo”, insiste. Para Nayar, la fuerza femenina ha demostrado que puede asumir responsabilidades públicas y ejercerlas con firmeza. “El desafío ahora es romper las barreras culturales y políticas que todavía limitan nuestra participación y abrir paso a una nueva generación de mujeres que no tenga que pedir

El presidente Rodrigo Paz reivindicó el valor de la democracia durante un discurso en San Borja, Beni y cuestionó a quienes, según afirmó, buscan recuperar la lógica de los enfrentamientos y los bloqueos en el país. “Porque cuando doña Lidia Gueiler era presidente, en el golpe de estado de García Meza entraron a balas. En este país entraban a tiros a Palacio y se salía a tiros. Y hoy día, algunos que quieren recuperar la vieja lógica de agarrarnos a tiros, a pedradas y bloqueos, quieren recuperar esa distancia que a la falta de democracia se había generado como institución en Bolivia”, manifestó tras la Sesión de Honor por los 333 años de fundación de San Borja y en el Día de la Democracia. Paz sostuvo que la democracia permite acercar a los distintos sectores y resolver sus diferencias mediante el diálogo. “La democracia nos permite acercarnos”, afirmó, y planteó la importancia de los encuentros y consensos frente a los enfrentamientos. Durante su discurso, relató que las ventanas de la residencia presidencial conservan marcas de bala del golpe de Estado de 1980, cuando Luis García Meza tomó el poder y se produjo un ataque. El mandatario también recordó a personas que lucharon por la recuperación de la democracia, entre ellas Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal y Domitila Chungara. “No será perfecta, pero es nuestra democracia y hay que defenderla”, afirmó ERBOL

La alianza Libre ha formalizado este viernes una proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales, con miras a instalar un juicio de responsabilidades por las vulneraciones a derechos humanos cometidas en el caso Hotel Las Américas. En este caso, se acusa a Morales por el operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), la cual estableció que hubo vulneraciones de derechos, como ejecución extrajudicial.   La proposición acusatoria se presentó ante la Fiscalía General en Sucre. Según el procedimiento, en caso de hallarse materia justiciable, el caso debe ser remitido a la Asamblea para aprobar el enjuiciamiento por dos tercios. “El caso Hotel las Américas ya tiene un pronunciamiento de la CIDH, que considera que lo ocurrido aquella noche pasa a ser delitos de lesa humanidad. Han existido esa noche ejecuciones sumarias. Han asesinado a tres personas, como el otro asunto que han sufrido vejámenes al haber sido encarcelados de manera injusta”, señaló el diputado Antonio Pino, encargado de hacer la presentación. El 16 de abril de 2009, fuerzas policiales irrumpieron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde mataron al boliviano-húngaro Eduardo Rozsa, además de los europeos Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. La familia de éste último y los sobrevivientes del operativo acudieron a la CIDH, que les dio la razón en el sentido de que el Estado vulneró sus derechos. Evo Morales señalado en este caso particularmente porque reconoció haber ordenado el operativo. El diputado Pino anunció que la intención es realizar más juicios contra Evo Morales, como por las muertes en el caso La Calancha ocurridas durante el conflicto por capitalía en Sucre. “Ahora vamos a ver en la Asamblea Legislativa que tiene que aprobar este juicio por dos tercios. Vamos a ver realmente quiénes están de acuerdo con lo que ha ocurrido estos 20 años pasados y quiénes realmente con este tipo de acciones concretas”, finalizó. (OPINIÓN)

El presidente del Senado, Diego Ávila, reveló que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, le sugirió nombres para ocupar el cargo de fiscal general, una declaración que abre interrogantes sobre la participación del Ejecutivo en una decisión que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Consultado por la prensa sobre la identidad del empresario que, según el fiscal general interino, José Armando Urioste, le pidió su currículum, Ávila aseguró que desconoce esa información. Sin embargo, durante su respuesta, dio a conocer que recibió sugerencias del mandatario sobre posibles nombres para el cargo. “A mí me sugirió el Presidente (Rodrigo Paz) y yo fui el que bajé y hablé con las bancadas”, manifestó. (CORREO DEL SUR)