Política

El politólogo José Orlando Peralta cuestionó a los legisladores por mostrar sorpresa sobre la forma en la que fue designado el fiscal general interino José Armando Urioste. Sostuvo que el episodio devela la falta de transparencia en los procedimientos de la Asamblea Legislativa. “Estamos en un país donde las instituciones, los procedimientos, las formas, los mecanismos no están muy apegados a la transparencia y a las reglas de juego claras”, afirmó en RTP Informa. Recordó que el jurista ya fue elegido por la Asamblea y que el debate gira ahora sobre el impacto generado y sobre los mecanismos que permitieron esa elección. El politólogo cuestionó los criterios aplicados para el interinato de 90 días. Dijo que se debió acudir a un Colegio de Abogados para que desde la entidad se proponga a una profesional a la altura del cargo. Calificó de «chambonada» y «metida de pata» las declaraciones del Fiscal a un medio internacional. José Armando Urioste Viera fue designado como Fiscal General del Estado interino de Bolivia tras la destitución y posterior aprehensión de Roger Mariaca. Su nombramiento ocurrió tras cinco votaciones fallidas en las que su nombre ni siquiera figuraba. Apareció en la sexta ronda como candidato de consenso y logró más de dos tercios de apoyo con 113 votos. Al asumir el cargo, Urioste declaró ante medios que su postulación había sido completamente transparente e independiente. «No he pagado un solo peso por estar acá ni he tenido ninguna influencia política». Pocos días después, en una entrevista en CNN en Español con el periodista Fernando del Rincón, el fiscal admitió que un «amigo empresario», a quien antes patrocinó como cliente particular, lo llamó para pedirle su currículum y postularlo al cargo. Urioste reconoció que envió su hoja de vida pero que desconoce bajo qué mecanismos internos o a través de qué legisladores este empresario logró introducir su nombre en la Asamblea. Pese a la insistencia del periodista, el fiscal se negó a revelar la identidad del empresario o el nombre de su empresa. Admitió que su esposa sí tiene un parentesco directo con uno de los asesores principales del ex Gobernador Luis Fernando Camacho. Calificó este nexo familiar como algo circunstancial. «Mi esposa sí es pariente de uno de los asesores de Camacho, pero ninguna relación, ni influencia». MRCM-RTP

Luego de que el fiscal general interino, José Armando Urioste, revelarea que un “amigo empresario” solicitó su currículum para postularlo al cargo, se desató la polémica en el país. A raíz de este hecho, distintos actores políticos cuestionaron el procedimiento y le exigieron revelar públicamente la identidad de dicha persona ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La controversia surgió a raíz de las declaraciones que brindó la autoridad interina a la cadena internacional CNN, en las cuales admitió que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo al cargo, al que llegó el pasado sábado tras una compleja sesión legislativa que no consiguió consensos en sus primeras votaciones. Consultado, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, señaló que la autoridad interina debe actuar en el marco de la transparencia. Urioste “manifestaba que un empresario de Santa Cruz le había pedido su curriculum (…) Yo le pediría que diga cuál es el nombre de este empresario”, exigió el segundo mandatario. Desde el Legislativo, la diputada opositora Claudia Andrea Herbas (AS) cuestionó que Urioste se niegue a revelar la identidad del empresario en cuestión. “Mientras más hablan, más se queman, más confunden a la población (…) El nuevo fiscal dice que (…) su  nombramiento ha sido gracias a la presentación de un currículo que le había pedido un empresario privado. ¿Quién es ese empresario, fiscal? Fiscal Urioste, ¿quién ese ese empresario? Y queremos saber quién ha recibido, de ese empresario, ese currículum, aquí. ¿Quién era el político (…) Tiene que decirlo, fiscal”, exigió. Por su parte, la diputada oficialista Claudia Bilbao (PDC) anunció que presentará una petición de informe. “Voy a pedir un informe al fiscal. No puede hacer ese tipo de declaraciones. Nosotros, aquí, como primer poder del Estado, estamos cambiando la forma de hacer política (…) Le pido que cuide lo que hoy nos ha costado tener, que es la independencia de poderes. Esperemos que ese fiscal dé una explicación de lo que ha dicho (…) Dudo que haya un diputado que haya entregado el curricular de este fiscal. Seguramente, ha habido sugerencia de alguna de las bancadas. Eso sí es cierto, porque si no de dónde sale el nombre”, manifestó. Desde Cochabamba, el gobernador evista Leonardo Loza manifestó que las instancias correspondientes deben investigar el caso e instó a transparentar la elección con el nombre y apellido de la persona que propuso a Urioste. “Deberían investigar quién es ese empresario (…) Si son transparentes, ¿quién es ese empresario que le postuló para que sea Fiscal General del Estado? Que nos diga con nombre y a apellido. Para mí esto está manchado”, manifestó. Consultado, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, consideró que la situación “no es positiva” y que representaría un “primer error” de la autoridad interina si se dio a entender que un privado incidió en su designación, aunque aclaró que analizará la entrevista completa para conocer el contexto de sus palabras. “Me acabo de anoticiar de aquello (…) Hay que ver el contexto (…) Pero no es bueno, no es positivo. Primer error del Fiscal General interino (…) Tendrán que aclarar aquellos que son los entes reguladores ante el Ministerio Público (…) Voy a ver la entrevista para entender el contexto (…) Pero, a priori, sería un error, si es que lo ha dicho señalando como que es un empresario el dueño de su puesto”, comentó. Durante la entrevista televisiva, Urioste explicó que no existieron compromisos políticos ni compensaciones de dinero en su nombramiento. Relató que “días antes me pidió un amigo que si me interesaba postularme y que le mande el currículum”. Agregó que “seguramente él pasó (el documento) a algún diputado o senador. Desconozco el vínculo”, además de recalcar que su allegado no posee vínculos partidarios y que envió su documentación a la suerte, sin ninguna expectativa previa. (CORREO DEL SUR)

La postulación de Armando Urioste para asumir interinamente la Fiscalía General del Estado tuvo su origen en un empresario, cuyo nombre no se conoce. Fue el propio Urioste quien reveló que el empresario es uno de sus clientes y que le pidió su hoja de vida para su postulación. En una entrevista con la cadena CNN, hizo la llamativa revelación, sobre todo cuando su nombre apareció en la sesión de la madrugada del sábado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de cinco votaciones fallidas. En la sexta votación fue el único candidato. “Días antes (de la selección) me pidió un amigo que, si me interesaba postularme, le mande el currículum. Envié mi currículum; es una persona que ni siquiera tiene ninguna relación política con nadie. Sin ninguna motivación (lo envié) más que ponerlo a la suerte, a la divina providencia, y ha generado una designación”, relató en la entrevista. Efectivamente, fue elegido la madrugada del sábado de forma sorpresiva y con el voto mayoritario de los legisladores. Se trata de un profesional beniano que antes había postulado a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), elecciones que fueron anuladas en 2024. Reemplazó en el cargo a Roger Mariaca, quien se encuentra actualmente en la cárcel, acusado de liderar una estructura delictiva de protección al narcotráfico. No quiso revelar el nombre del empresario que viabilizó su postulación y posterior elección, pero dijo que sí es su cliente. “Yo he sido abogado en algunos casos de este empresario, entonces él conocía mi currículum, conocía mi interés de postular al Tribunal Supremo”, indicó. Si bien había dicho que el empresario no tenía relación política, poco después cambió la versión y consideró que seguramente “le pasó (el currículum) a algún diputado o senador —desconozco el vínculo— y ahí salió seguramente como opción; desconozco el trámite ya interno de la Asamblea”. Consultado sobre algún conflicto de intereses, el fiscal general interino no ve ningún problema y afirmó, por el contrario, que su cliente lo postuló porque conoce justamente su trayectoria. “No veo que haya interés ni que el empresario haya pagado para lograr aquello. No creo que haya habido un solo peso en esa tramitación de la causa. No soy abogado en temas penales ni de gran interés, solo en temas meramente empresariales (…) El vínculo político que él podía tener con los amigos, seguramente alguien le dijo: ‘vos conoces algún abogado’, envié el currículum y salió de esa manera”, explicó. Urioste fue posesionado la tarde del lunes por el vicepresidente Edmand Lara, aunque antes, en un acto inusual, el presidente Rodrigo Paz lo reconoció en un acto institucional. (VISIÓN 360)

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, que establece penas para quienes bloqueen rutas y responsabilidades para autoridades que no atiendan conflictos dentro de sus competencias. La norma pasa ahora al pleno para su tratamiento. “Se ha creado el tipo penal de obstrucción grave a las rutas públicas, donde se ha creado un tipo penal que prohíbe de toda manera el bloqueo”, informó el presidente de la comisión, diputado Manolo Rojas. Según Rojas, los bloqueadores podrían recibir penas de entre tres y 10 años de cárcel, de acuerdo con la gravedad del caso. En el caso de las autoridades, explicó que el delito de incumplimiento de deberes tendrá una agravante de dos tercios, con una sanción que podría llegar hasta seis años y dos meses. El diputado Omar Muriel explicó que las autoridades notificadas sobre un conflicto tendrán 15 días hábiles para atenderlo o derivarlo a la instancia competente; de no hacerlo, podrían asumir responsabilidad. Añadió que la protesta pacífica está permitida mientras no afecte derechos de terceros. El proyecto fue elaborado a partir de la unificación de 10 propuestas y, según Rojas, durante su análisis se revisaron 72 notas a favor y en contra. Los procedimientos operativos para la aplicación de la norma serán precisados mediante decreto supremo. ERBOL

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó su susceptibilidad ante una posible arremetida política-judicial en su contra, puesto que le alertaron la posibilidad de que le “siembren” delitos. “¿Qué me expresaron?: Loza, tú también estás en la mira, cuídate, ve bien con quienes viajas, cuidado que te siembren droga, plata o mujeres, cuídate, solo te pedimos eso”, reveló el gobernador. En ese sentido, incluso expresó su sospecha sobre el nuevo fiscal general José Urioste. “Al fiscal han debido pasarle nombres a quienes tienen que perseguir, a quienes tienen que meterlo a la cárcel, creo que es totalmente injusto”, manifestó. Loza rechazó la aprehensión del dirigente evista Nelson Virreira, implicado en el caso de los 53 días de bloqueo. “Toda mi solidaridad con el hermano Nelson, dirigente departamental, no por protestar, por reclamar o por tener una convicción orgánica o política vamos a entrar en la cárcel. Esperemos que la justicia actúe con total imparcialidad”, comentó. ERBOL

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Celedonia Cruz Ayma rechazó la suspensión temporal de sus funciones dispuesta por mayoría de la Sala Plena y sostuvo que la denuncia que originó el proceso carece de legitimidad, «Soy la piedra en el zapato, mi voto es disidente y no me prestaré a irregularidades». expresó la autoridad en RTP Informa. Dijo que es la única vocal indígena del órgano y observa discriminación. Cruz sostiene que la denuncia debió rechazarse. Según explicó, el artículo 19 del reglamento disciplinario exige que toda denuncia, presentada por escrito ante la Secretaría de Cámara, contenga datos personales del denunciante y que en este caso existe una fotocopia de una mujer y no de la persona que presentó el documento. Asevero que no hay prueba de las inasistencias injustificadas que se le imputan y aclaró que cuando fue designada no pudo llegar por larga distancia y falta de pasajes aéreos. Cuestionó que la mayoría de la Sala Plena haya dado por cumplidos esos requisitos, cuando en procesos electorales se rechazan apelaciones por la sola omisión de la cédula de identidad. Añadió que el 21 de diciembre de 2025 asistió a las convocatorias de la mañana y de la tarde, pero sus colegas le impidieron participar en la elección de la directiva porque no portaba el acta física de posesión, por esa razón su nombre no figura en las actas. La Sala Plena abrió el proceso disciplinario mediante el Auto TSE-RSP N° 068/2026, del 28 de septiembre de 2026, a partir de una denuncia presentada por Peter Beckhauser. El cargo es la presunta inasistencia injustificada a las sesiones de los días 21, 22, 26 y 29 de diciembre de 2025 El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, precisó que esta suspensión no implica responsabilidad anticipada y que para no vulnerar derechos tendrá goce de haberes y en tanto la vocal como el denunciante podrán aportar pruebas. MRCM-RTP

Los nueve gobernadores del país acordaron volver a reunirse el 12 de octubre en Cobija, Pando, para avanzar en la propuesta del 50/50 y definir las demandas de las regiones ante el Gobierno nacional. El encuentro tendrá como antecedente una primera jornada de mesas técnicas prevista para el 5 de octubre en La Paz, donde las autoridades departamentales trabajarán con representantes del Ejecutivo sobre la redistribución de recursos y las competencias de las gobernaciones. La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, informó que la reunión del 12 de octubre permitirá abordar las necesidades particulares de cada departamento y avanzar en una agenda común. “Es una invitación mía a los nueve gobernadores, con los ministros correspondientes, para poder seguir avanzando en un cronograma de trabajo el día 12 de octubre en la ciudad de Cobija”, dijo la autoridad departamental al concluir el encuentro. Entre las principales propuestas de las gobernaciones está la transferencia del 15% de la coparticipación tributaria a los gobiernos departamentales. De Paiva también planteó cambios a la Ley 154 y una norma que permita a las gobernaciones gestionar recursos de cooperación internacional de forma directa. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, señaló que el pedido de las regiones debe tener carácter permanente y no depender de créditos o recursos extraordinarios. “Las gobernaciones tenemos que ser parte de la coparticipación tributaria”, afirmó Velasco, quien agregó que “15% es lo mínimo que nosotros podemos requerir”. La reunión en Pando será la primera que congregue a los nueve gobernadores en Cobija y tendrá como uno de sus objetivos avanzar en una propuesta que pueda incorporarse al Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 LA RAZÓN

Diputados comprometieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional elegirá al Fiscal General del Estado titular dentro de los 90 días de interinato de José Urioste. El diputado Manolo Rojas del PDC afirmó que el periodo de interinato será “improrrogable” y señaló que existe un acuerdo entre los jefes de bancada para concretar la elección de la nueva autoridad en un plazo máximo de tres meses. “Hay convicción, el acuerdo de jefes de bancada ha señalado claramente que esto es improrrogable”, sostuvo en ERBOL. Rojas explicó que la Asamblea prevé lanzar la convocatoria y conformar una comisión mixta entre diputados y senadores para llevar adelante el proceso de selección y elección del nuevo Fiscal General. El legislador aseguró que se buscará que el proceso tenga un carácter meritocrático y transparente, incluso con la posibilidad de convocar a organismos internacionales para que verifiquen la elección. Añadió que el proceso de postulación, evaluación, entrevistas y elección debería ser transmitido públicamente para que la población pueda conocer los mecanismos utilizados para seleccionar a la nueva autoridad del Ministerio Público. Por su parte, el jefe de bancada de Libre, Rafael López, confirmó que el plazo máximo previsto para el interinato es de 90 días y explicó que durante ese periodo las comisiones legislativas deberán desarrollar el proceso de preselección. Señaló que el periodo de 90 días es incluso “por demás” del tiempo que se requeriría para elegir a la nueva autoridad. López indicó que las comisiones mixtas correspondientes, con participación de diputados y senadores, deberán encargarse de recibir los documentos de los postulantes, verificar los requisitos y realizar las entrevistas que formen parte del proceso. Sin embargo, planteó modificar el enfoque tradicional de evaluación de candidatos y priorizar la probidad y la conducta ética por encima de la cantidad de títulos o años de experiencia. “Yo creo que debemos empezar a analizar la forma de hacer la evaluación, no porque tenga mayores títulos, mayor experiencia, sino que sean personas con probidad”, sostuvo. López consideró que el criterio ético debe tener un peso central en la elección del nuevo Fiscal General. “Buscar personas que tengan probidad, no personas que tengan el supercurrículum, pero en tema moral, ético, dejan mucho que desear”, concluyó. El diputado Rojas también anticipó que entre los requisitos de la convocatoria se plantearía restringir la postulación de personas que hayan ejercido determinados cargos políticos o hayan tenido participación partidaria. Según Rojas, la intención es evitar que la elección de la máxima autoridad del Ministerio Público vuelva a estar condicionada por intereses políticos. El último fiscal general titular elegido por la Asamblea fue Roger Mariaca en 2024. El mismo recientemente fue detenido por presunto narcotráfico. ERBOL

El vicepresidente Edmand Lara denunció este viernes que habría recibido advertencias sobre un supuesto plan para involucrarlo en un proceso penal y proceder a su aprehensión. La autoridad, que se encuentra en Madrid, España, afirmó que teme por su integridad física y su vida y responsabilizó al Gobierno por cualquier afectación que pudieran sufrir él o su familia. En un comunicado difundido por la Vicepresidencia, Lara aseguró que las advertencias provienen de personas del entorno del Órgano Ejecutivo y de policías que, según dijo, decidieron alertarlo sobre un supuesto operativo en su contra. “Temo por mi integridad física y por mi vida”, señala el documento, en el que el Vicepresidente sostiene que las amenazas estarían relacionadas con sus posiciones públicas en defensa de la Constitución y la democracia. Lara apuntó directamente al coronel Marcelo Ferrufino. Según la información que, afirmó, le hicieron llegar “varios camaradas de la Policía Boliviana”, el jefe policial estaría presuntamente preparando “un caso falso” con el objetivo de lograr su aprehensión. El Vicepresidente también denunció que se estaría planificando la “siembra de pruebas falsas” para involucrarlo en hechos ilícitos que, aseguró, nunca cometió. Calificó el supuesto operativo como un “montaje con fines políticos” destinado a silenciar sus cuestionamientos. “Dejo constancia que no he cometido delito alguno y que todo caso que aparezca en mi contra a partir de este momento será parte de este plan de persecución”, afirmó Lara. La autoridad responsabilizó al Gobierno y a quienes eventualmente ejecuten esas acciones por su integridad, la de su familia y cualquier afectación a su libertad. Pide vigilancia a la Asamblea y organismos de derechos humanos Ante esta situación, Lara solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio Público, a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional que permanezcan “en vigilia” para evitar, según su denuncia, la vulneración del Estado de Derecho. “Bolivia necesita justicia, no montajes. Necesita diálogo, no persecución política”, concluye el comunicado, fechado en Madrid el 2 de octubre de 2026. La denuncia se produce en un momento de tensión entre Lara y el presidente Rodrigo Paz. Las diferencias entre ambos se han expresado públicamente en los últimos meses y han alcanzado asuntos vinculados con la actuación del Ejecutivo, la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. En septiembre, Lara incluso manifestó su disposición a participar en un eventual proceso revocatorio y dijo estar arrepentido de haber pedido el voto por Paz. En las últimas semanas, el Vicepresidente también protagonizó cuestionamientos al manejo de casos de alto impacto. El 1 de octubre, tras la aprehensión del entonces fiscal general Roger Mariaca, Lara pidió que cualquier investigación se desarrolle con respeto a la Constitución, las leyes y el debido proceso. VISIÓN 360

Los 15 gobiernos del Escudo de las Américas respaldaron las acciones del Gobierno de Rodrigo Paz contra el narcotráfico y la corrupción tras la aprehensón del fiscal General, Roger Mariaca, Albertos Zeballos, Martín Irusta entre otras personas. “Las recientes acciones policiales de alto perfil contra altos funcionarios actuales y antiguos implicados en narcotráfico envían un mensaje contundente: el gobierno democráticamente elegido de Bolivia y otros países del Escudo ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio, sin importar cuán alto llegue”, señala el comunicado conjunto. El respaldo llega después de que Mariaca fuera detenido, junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, días después de que Washington le revocara la visa y lo señalara por corrupción vinculada a la protección del narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz le imputa organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas y lo vincula al narcotraficante Sebastián Marset. El analista Luis Alberto Ruiz advirtió que mientras no haya destitución formal el sindicado sigue como máxima autoridad del Ministerio Púbñico y que rige la Ley 026 que fija la prelación. EMBAJADA DE EEUU Y RTP