La administración de la pauta publicitaria estatal en Bolivia vuelve a instalarse en el centro del debate político y social como un presunto mecanismo de presión y condicionamiento hacia los medios de comunicación.
En este contexto, el diputado Carlos Alarcón, de la Alianza Unidad, fundamentó la necesidad de un proyecto de ley que regule de manera equitativa la distribución de estos fondos públicos con base en los preceptos de la Constitución Política del Estado.
Alarcón cuestionó que la actual gestión gubernamental reproduzca prácticas atribuidas al «masismo» al centralizar la asignación presupuestaria en favor de empresas periodísticas afines y en perjuicio de los espacios críticos, dinámica que fomenta escenarios de autocensura.
Ante esta situación, la propuesta plantea que los propios medios ejerzan un derecho de autorregulación para proponer criterios de reparto equilibrado entre medios pequeños, medianos y grandes, garantizando así el acceso ciudadano a diversas fuentes de información.
Desde la Comisión de Planificación Económica, el diputado José Luis Porcel (Alianza Libre), responsable del comité a cargo del tratamiento normativo, expresó su desacuerdo con la concentración del presupuesto publicitario en manos del Poder Ejecutivo.
Porcel criticó las recurrentes demoras del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Economía en la emisión de los informes técnicos requeridos, catalogando esta conducta como un patrón de conducta del Ejecutivo que vulnera las atribuciones del primer poder del Estado.
A pesar de los criterios desfavorables o la falta de respuesta rápida por parte de las carteras ministeriales, el parlamentario aclaró que el trámite no queda anulado y que la iniciativa será llevada al pleno de la Cámara de Diputados en busca de consensos que permitan aprobar una regulación objetiva y sin sesgos políticos.
Por su parte, la diputada Claudia Herbas, representante de Alianza Popular, remarcó que la pauta publicitaria oficial no debe utilizarse como una herramienta para condicionar la línea editorial ni para ejercer control sobre los medios de comunicación.
Herbas enfatizó el principio de independencia de poderes e instó a la Asamblea Legislativa a cumplir sus funciones de fiscalización y legislación con transparencia y sin subordinarse a las directrices del Ejecutivo.
La dimensión económica de la controversia queda reflejada en los monitoreos sobre contrataciones estatales correspondientes al año 2026, los cuales establecen un techo de asignación cercano a los Bs 30 millones entre diversos pliegos sectoriales, con contratos en medios privados regionales y nacionales con una clara asimetría.
El impacto institucional del manejo discrecional de la publicidad estatal también fue evaluado por el expresidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Raúl Peñaranda.
El periodista sostuvo que las distintas administraciones de gobierno han recurrido a la pauta oficial como un sistema de premios y castigos debido a la ausencia de parámetros claros de distribución.
Peñaranda planteó la necesidad de establecer criterios objetivos como el nivel de audiencia, el tiraje, el rating o la influencia de cada medio para evitar la asignación arbitraria.
Asimismo, recordó que los recursos empleados son fondos públicos pertenecientes a toda la sociedad, por lo que su uso inadecuado compromete la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa, distorsiona el mercado de los medios y debilita el ejercicio democrático.
En esa misma línea, el actual presidente de la ANPB, Roberto Méndez, denunció que la pauta estatal se ha instrumentalizado históricamente como un mecanismo de chantaje que agrava la severa crisis económica del sector periodístico, la cual derivó en el cierre de medios impresos de trayectoria como el diario Página Siete.
Méndez detalló que, frente al rechazo técnico manifestado por los ministerios para mantener la pauta bajo la potestad exclusiva del Ejecutivo, la organización gremial impulsa acciones paralelas a través de un gabinete jurídico especializado.
Estas iniciativas incluyen el seguimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, la conformación de Tribunales de Imprenta en las nueve capitales departamentales, la exigencia del cumplimiento del Seguro de Vida y la modificación del Código Penal para sancionar con mayor severidad la obstrucción a la labor periodística, además de buscar canales de diálogo con el Gobierno central.
Los recursos para la pauta publicitaria estatal son públicos, es decir de todas y todos los bolivianos, que deben usarse para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces, alejados de las ideologías y dando seguridad para el ejercicio de la labor periodística.
RAMIRO CHARCAS-RTP