Política

El presidente Rodrigo Paz anunció este martes que sostendrá una reunión a finales de noviembre con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, con el fin de potenciar el comercio bilateral, robustecer la cooperación mutua y afianzar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El mandatario comunicó el encuentro durante su intervención por el 478 aniversario de la fundación de La Paz, acto oficial que se llevó a cabo en la localidad de Laja. Durante su discurso, el mandatario señaló que “a finales de noviembre nos estamos encontrando con la presidenta del Perú (Keiko Fujimori), porque también hacemos negocios con el Perú”, como parte de una agenda orientada a facilitar el tránsito de mercancías e impulsar oportunidades comerciales, según un boletín de prensa de la Oficina del Presidente. La convocatoria incluirá la participación de autoridades subnacionales de regiones estratégicas vinculadas a la integración limítrofe. Al respecto, Paz confirmó que “ya he invitado hoy al gobernador (de La Paz, Luis Revilla) y voy a invitar a la gobernadora de Pando (Gabriela de Paiva)”. El diálogo programado para el penúltimo mes del año marcará la segunda cita bilateral entre ambos dignatarios. El primer acercamiento se produjo el pasado 28 de julio de 2026 en el Palacio de Torre Tagle, en Lima, durante los actos protocolares de la investidura presidencial de Fujimori. El viernes anterior, Paz recibió al presidente de Chile, José Antonio Kast, ocasión en la que se suscribieron cuatro memorandos de entendimiento bilateral tras 71 años sin visitas de Estado de un gobernante chileno en el país. (CORREO DEL SUR)

Las distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados se aprestan a definir en los próximos días la continuidad o cambios en su directiva para encarar el nuevo año legislativo que comienza el 8 de noviembre. Desde el oficialismo existen denuncias de compra de votos a través de dádivas y regalos, pero además expresiones de malestar respecto a la actitud de la presidencia camaral a cargo de Roberto Castro del PDC. «A nosotros nos han dicho que la Asamblea no contaba con financiamiento (…) Pero ahora de pronto, se ve desde el presidente de la Cámara de Diputados, se pagan pasajes, se pagan viáticos. Ahora resulta que hay plata para Asistentes de Gestión Pública, para diputados que casi todo el año han estado sin asesor. De pronto, ahora se activan oficinas. Y todo deviene a una sola cosa: compra de votos para la reelección del actual presidente», contó la diputada Sandra Rivero también del PDC. Parte de la molestia se explica por presunto favorecimiento de Roberto Castro a sus familiares, con supuestos privilegios que habrían tenido en las instalaciones de la Asamblea. El diputado también PDC, Ricardo Rada, que sería un potencial candidato a la Presidencia de Diputados, expresó su molestia e ironizó con el hecho de que ese cargo ahora pertenecería a la familia Castro, que proporcionó la sigla del Partido Demócrata Cristiano para la postulación electoral de 2025. «Entiendo que la presidencia no está en discusión o en debate, porque la presidencia le pertenece a la familia, bueno al presidente Roberto Castro, a los Castro no, que son quienes nos dieron la sigla para poder llegar al Gobierno. Esa es una forma de retribución que el PDC y el presidente hacen», manifestó Rada. Rada reprochó que «la renovación queda en discurso. Algunos nacen como hijo de vecino y algunos nacen con papá presidente de un partido, o un padrino». «Nosotros vamos mintiéndoles a los niños, diciendo que las son iguales, pero la verdda es que las condiciones no son iguales. Algunos nacen con una estrella, unos nacen estrellados», dijo. Dádivas, regalos. La diputada Rivero cuestionó el discurso gubernamental de austeridad y ajuste de pantalones, sin embargo, señaló que desde la presidencia de Diputados les habrían repartido botellas de cerveza, compendios normativos con el nombre del diputado Castro y la polémica medalla bañada en oro. «Es una cerveza y acá arriba dice, Roberto Castro Asamblea Plurinacional-Cámara de Diputados. Este (otro) es un compendio dice Roberto Castro. Y claro la medalla muy criticada», observó Rivero. A esto el diputado Ricardo Rada añadió: «entiendo que la cerveza, no la pagó la Cámara porque es prohibidísimo por Ley. Esas cervezas las entregaron en Sucre, como una muestra de recordatorio de cerveza sucrense Sureña y Sucre de donde es el Presidente de la Cámara de Diputados”. En otra sesión de honor reciente en Santa Cruz por el 24 de septiembre, se conoció la invitación de tarde recreativa en el parque exclusivo de socios Kalomai Park. La invitación decía: «la Presidencia de la Camara de Diputados tiene el agrado de invitar a cada diputada y diputado a ser parte de una Jornada de Confraternización e Integración, un espacio para fortalecer los lazos de diálogo y convivencia parlamentaria en Santa Cruz». El diputado Ricardo Rada aclaró que no tuvo la oportunidad de asistir porque sería un parque que ya conoce y lejano. «Entiendo que quizás él (Roberto Castro) tiene algunas amistades que le habilitaron esta visita a este parque. Y él esta haciéndolo como parte de su campaña de reelección. Quiere volver a ser presidente». Desde Libre, el jefe de bancada Rafael López informó que ese encuentro en Santa Cruz era una especie de fiesta semiprivada y justificó que algunos bloques que están en todo su derecho y no habría porqué criticar eso. «Tengo entendido que esa fiesta privada fue financiada por algunos empresarios, bajo la gestión de algunos diputados del PDC. Como seguramente han habido otras fiestas privadas de otros sectores no. En Chuquisaca cuando fuimos a su aniversario, vieron varias fiestas privadas, entonces creo eso es normal», reveló López. Ambos parlamentarios Rada como López indicaron que debería evaluarse la gestión al margen de esas observaciones. La primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera, desligó a la directiva camaral de este caso y enfocó la responsabilidad a Castro. «Dentro de la Directiva como tal, de la Cámara de Diputados, no se ha autorizado ningún tipo de actividades sociales o compras de productos que vayan a erogarse gastos. De manera personal lo ha hecho el presidente Castro», puntualizó Cabrera. El jefe de bancada de APB Súmate, Diego Brañez, aseguró que en lo personal nunca recibió nada, en el entendido de que en Sucre se habría entregado algún tipo se suvenires. «Nosotros no hemos recibido. (…) Esperemos también, el informe que vaya a realizar (el presidente de Diputados), estipule también cuál han sido los gastos y el beneficio que le ha traído a la Asamblea, en base a esas supuestas dádivas que se ha dado por parte de la máxima cabeza que tenemos», dijo Brañez. Desde la bancada de la Alianza Popular, la diputada, Claudia Herbas, indicó que hubo cosas que se entregaron en el marco de la gestión de la Cámara de Diputados, pero consideró que es problema de quien hizo la dádiva según los intereses que tendrá. Herbas aclaró que de momento no apoyan absolutamente a nadie y que su intenció es trabajar transparentemente, representar a la gente. Anteriormente, la diputada Sandra Rivero adelantó que no apoyará la reelección de Roberto Castro porque más allá de la inexperiencia observaron distintas irregularidades en lo administrativo y político. «Yo no respaldaría una re-elección de Roberto Castro, porque más allá de la inexperiencia, hemos podido verificar algunas anomalías. Por ejemplo, el tema de nepotismo, que hemos visto en la familia Castro», señaló. La diputada explicó que vio circulando al papá y hermano del presidente de Diputados con gafetes que solo tienen las autoridades o empleados de la Asamblea, para ingresar a los ascensores, que solo deben usar

Bolivia se convirtió en los últimos años en un «hub» o centro de operaciones para los carteles de droga, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo abordaje representa una oportunidad para «mejorar» la lucha antinarcóticos, afirmó en una entrevista con EFE la representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza.  Mendoza mencionó que en Bolivia se ha identificado «una dimensión de expansión de carteles» como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las organizaciones delictivas brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), al igual que grupos criminales peruanos y colombianos. Esto se evidencia en la cantidad de detenidos de esas nacionalidades en cárceles bolivianas «y que están relacionados con el cuadro de operaciones de mando» de las mencionadas organizaciones, añadió. Según Mendoza, a esto se suma un incremento «significativo» de los casos de «sicariato» o ajusticiamientos, que muestran que estos grupos «están confrontados» y «están peleando por territorios». Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, lo que obligó al Gobierno boliviano a movilizar al Ejército y a grupos de élite para reforzar la seguridad. «Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (…) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales», indicó. Para Mendoza, Bolivia ya no puede verse solo como productor de materia prima o territorio de tránsito, porque el problema “es mucho más complejo”: se da una “confluencia” de delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, al modo de un “holding” o consorcio empresarial del crimen.  Además, se suma el incremento de los cultivos de hoja de coca que, según el último informe de la Unodc presentado en septiembre, subieron un 7 %, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.  Bolivia, donde la hoja de coca tiene un uso tradicional y ancestral, es el tercer productor mundial del arbusto, por detrás de Colombia, que en 2024 registró 261.000 hectáreas de cultivo, y Perú, que en 2025 reportó 84.546 hectáreas, según los informes de la Unodc. Infiltración institucional  Durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las entonces autoridades negaron la presencia de carteles o ‘peces gordos’ del narcotráfico en Bolivia y aseguraron que las operaciones ilícitas se restringían a supuestos «emisarios» o clanes locales. La Administración de Paz, que está próxima a cumplir un año de Gobierno, reconoció que en Bolivia opera el crimen organizado transnacional, y defiende sus acciones para combatirlo y que permitieron las capturas de «capos» del narcotráfico, como el uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado y enviado a EE.UU. Mendoza sostuvo que el narcotráfico en Bolivia «no» se maneja a «un nivel bajo», algo que se evidencia en casos como el de Marset. Para la representante, la captura del uruguayo también supuso el fin de la «narcopaz», una especie de tregua en la que las organizaciones criminales conviven en calma porque tienen distribuidas rutas, funciones y territorios, lo que, según dijo, da la impresión ante la población de que el problema no existiría. Además, en Suramérica «existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado» que ha «penetrado algunas instituciones» de la Justicia, lo que se «transforma en una red de corrupción» para evitar la persecución del delito, agregó. La representante respondió así al ser consultada sobre la destitución y el encarcelamiento del exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, quien fue acusado por el Ejecutivo boliviano de supuestamente proteger al «narcoterrorismo». Mendoza explicó que «negar» que existe esa infiltración en las instituciones sería muy «complejo», porque daría cabida a que el narcotráfico «se instale» en ellas y sea «muy difícil» recuperarlas. A su juicio, «es imposible» combatir el narcotráfico a gran escala de una manera «unilateral o solamente bilateral», por lo que «uno de los retos más importantes que tiene Bolivia» es tener una respuesta «integral» al problema. Mendoza consideró necesario perseguir el crimen y sus finanzas y luchar contra sus capacidades operativas para detener el avance de las grandes organizaciones criminales en Bolivia.  También hizo hincapié en que Bolivia avance en la aprobación de normas «antilavado» de dinero o de extinción de dominio, además de que la Justicia dicte sentencias en casos de narcotráfico, que hasta ahora han sido «muy pocas».  El Gobierno de Paz dio un giro a la política antinarcóticos de Bolivia al permitir nuevamente la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), que fue expulsada del país en 2008 por Evo Morales, además de firmar un acuerdo con el Gobierno estadounidense y sumarse al Escudo de las Américas para la lucha contra el narcotráfico.  (EFE/CORREO DEL SUR)

La visita histórica del presidente de Chile, José Antonio Kast, acompañado de tres gobernadores del norte chileno, abrió una agenda de acercamiento bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y los gobernadores de La Paz, Oruro y Potosí. El gobernador paceño, Luis Revilla, destacó que este encuentro busca impulsar proyectos conjuntos en desarrollo productivo, logística, turismo y seguridad, además de resaltar el reconocimiento otorgado a Kast como Huésped Ilustre en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Después de siete décadas sin la llegada de un mandatario chileno a territorio boliviano, la visita representa una oportunidad para fortalecer el diálogo y construir nuevas vías de cooperación entre ambos países. Revilla señaló que las reuniones entre autoridades nacionales y subnacionales permitirán abordar iniciativas de interés común, con énfasis en las necesidades y potencialidades de las regiones fronterizas. El gobernador de La Paz expresó su expectativa de que los acuerdos se traduzcan en beneficios concretos para los municipios fronterizos, mediante mayores oportunidades económicas, intercambio comercial y promoción turística. La agenda de integración busca convertir el acercamiento diplomático en acciones que favorezcan a las comunidades de ambos países, fortaleciendo los vínculos de cooperación y desarrollo compartido. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Tras 71 años, un presidente chileno realiza una visita oficial a La Paz; José Antonio Kast se reúne con el presidente de Bolivia Rodrigo Paz para impulsar acuerdos comerciales, de seguridad y cooperación bilateral. El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó a Bolivia este viernes 16 de octubre, pasadas las 08:00, y fue recibido con honores militares en el Aeropuerto Internacional de El Alto por el canciller Héctor Huanca y el gobernador de La Paz, Luis Revilla; la visita oficial, considerada histórica, marca una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, con una agenda centrada en el diálogo y la cooperación bilateral. Tras un breve descanso en la zona Sur de La Paz, Kast se trasladó a la plaza Murillo, donde recibió honores militares antes de iniciar los encuentros con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en el Palacio Quemado. La agenda contempla reuniones privadas y ampliadas con los equipos políticos y económicos de ambos gobiernos, además de la firma de instrumentos bilaterales, la lectura de una declaración conjunta. La jornada también incluye un almuerzo oficial y una reunión de ambos mandatarios con gobernadores de las regiones fronterizas de Bolivia y Chile, con miras a avanzar en temas de interés común, como el comercio y la seguridad. La visita genera, además, expectativa por la controversia relacionada con la incautación de mil toneladas de madera boliviana en Chile, un caso sobre el que Bolivia ha solicitado transparencia a las autoridades chilenas. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Federación Única de Centrales Unidas del Trópico de Cochabamba inició el miércoles la edificación de estructuras de madera para establecer “garitas de vigilancia” permanente, destinadas a “proteger la vida” del expresidente Evo Morales y resguardar las instalaciones de Radio Kawsachun Coca. Esta medida se ejecutó como respuesta a las denuncias de las organizaciones sindicales sobre constantes amenazas y el supuesto ingreso de agentes estatales e internacionales a esa región. Las estructuras servirán para albergar a los encargados de las tareas de vigilancia. “Este Gobierno está queriendo vender nuestros recursos naturales y hacer persecución política a nuestros hermanos, especialmente a nuestro hermano Evo. Por eso estamos reforzando la seguridad ante las constantes amenazas contra su vida”, declaró a Radio Kawsachun Coca, el ejecutivo de la federación, Isidro Auca. La determinación de levantar estos puestos de control se concretó después de que, el martes, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba denunciaran la presunta infiltración de efectivos policiales, militares de inteligencia del grupo F10 y agentes de la DEA en la zona. Según los dirigentes, estas personas ingresaron a la zona camufladas de civiles en flotas y minibuses con el objetivo de apresar a quienes rechazan los decretos gubernamentales. Ante esta situación, el sector se declaró en emergencia, ordenó reforzar las vigilias en las carreteras e instruyó realizar controles en estricta coordinación con los alcaldes de la región. La diputada Lissa Claros, de la Alianza Libre, cuestionó que el Gobierno siga sin intervenir el Chapare. En declaraciones al portal Brújula Digital, la legisladora exigió la intervención del Estado. “Un año que venimos pidiendo a este gobierno que intervenga al Chapare. El Chapare no es una república independiente; es parte del Estado boliviano”, reclamó. Asimismo, Claros afirmó que en esa región existen ciudadanos que se encuentran “coartados, amenazados y sometidos”, por lo que instó a las autoridades nacionales a solicitar ayuda internacional si no tienen la capacidad de intervenir en el lugar. (CORREO DEL SUR)

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eligió como su nuevo presidente al chuquisaqueño Carlos Ortega, nacido en Camargo. El nuevo decano es el magistrado por Oruro, Primo Martínez Fuentes. Ortega y Martínez asumirán el cargo desde el 4 de enero con el inicio del año judicial. Las nuevas autoridades fueron elegidas en una sesión de Sala Plena que se celebró después de mediodía. En enero de 2025, el magistrado por Santa Cruz, Rómer Saucedo fue elegido presidente del TSJ y su colega de Tarija, Rosmery Ruiz, como decana. Diez meses después, en noviembre de ese año, Saucedo fue reelegido para una segunda gestión que se cumple este año.  Saucedo explicó que la elección anticipada se debió a la necesidad de coordinar una transición adecuada y ante la proximidad de las vacaciones judiciales en diciembre. Sin embargo, la Sala Plena conformada por siete magistrados -hay acefalia de dos magistrados por los departamentos de Beni y Pando- decidió adelantar esta elección para este jueves.  (EL DEBER)

La parlamentaria Sandra Rivero (PDC) acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, de presunto nepotismo, uso indebido de bienes institucionales y favorecimiento a personas allegadas, a quienes denominó “pinky amigos”.  “Personalmente no respaldaría una reelección de Roberto Castro”, afirmó Rivero a ERBOL, a tiempo de evaluar la gestión del presidente de la Cámara. Entre sus principales observaciones, señaló que familiares de Castro, entre ellos su hermano Alejandro Castro, su padre e, inicialmente, su hermana, habrían utilizado credenciales de acceso, ascensores reservados para autoridades y oficinas de la Asamblea Legislativa. Según la diputada, estas dependencias eran necesarias para legisladores que no contaban con espacios propios para desarrollar sus labores. Rivero sostuvo que la presunta injerencia de familiares del presidente no se limitaría al uso de instalaciones. Aseguró que Alejandro Castro habría recibido currículums y participado en gestiones para incorporar personal tanto en la Asamblea como en otras instituciones. La legisladora afirmó que estas actuaciones constituirían una forma de nepotismo, aunque reconoció que los familiares a los que se refirió no necesariamente tendrían cargos formalmente registrados en la institución. La diputada también denunció la presunta creación de una unidad que, según su versión, no figuraba en la estructura institucional y que habría funcionado en el piso 16 de la Asamblea para beneficiar a personas allegadas.  «Se ha instalado una unidad que no existía en la estructura de la de la Asamblea para beneficiar, digamos, para beneficiar a los pinky amigos, digámoslo así. Y este personal justamente en su momento hizo uso de los vehículos en desmedro de diputados que de pronto necesitaban celeridad y no son autoridades electas», reclamó. Rivero añadió que habría recibido información sobre cobros irregulares a trabajadores, supuestamente destinados a las arcas del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Según su relato, conversó sobre el asunto con el padre de Roberto Castro, quien le habría manifestado su intención de regularizar los cobros o devolver el dinero. Sin embargo, la diputada afirmó que no conoció resultados posteriores. La diputada cuestionó también que Castro hubiera utilizado espacios de la Asamblea para un pronunciamiento partidario con banderas del PDC, una conducta que consideró inapropiada por tratarse de instalaciones estatales. Asimismo, aludió a un proceso interno del partido relacionado con la autoproclamación de Castro como delegado titular nacional. Otro episodio criticado por la legisladora fue una fotografía en la que una mujer aparecía atándole los cordones de los zapatos al presidente de la Cámara. Rivero consideró que la imagen generó indignación entre autoridades y sostuvo que quienes encabezan instituciones públicas deben mantener cautela y diplomacia en sus actuaciones. En el plano legislativo, cuestionó la falta de una agenda de trabajo sólida y afirmó que la directiva no habría impulsado suficientemente la elaboración de proyectos de ley por parte de las comisiones ni brindado apoyo logístico y asesoramiento a los diputados. Rivero atribuyó, además, a la conducción de Castro una falta de integración dentro de la bancada del PDC y una gestión que, según su evaluación, habría favorecido a una facción en lugar de promover la coordinación interna. Ante el próximo periodo legislativo, la diputada consideró necesario contar con una directiva con mayor experiencia y capacidad de gestión. Sostuvo que la Asamblea deberá asumir un papel más activo en la elaboración de leyes, la fiscalización y la resolución de conflictos durante 2027. ERBOL

La situación económica y política del país exige la urgente designación de representantes diplomáticos para fortalecer las relaciones internacionales de Bolivia. Atraer inversiones, gestionar créditos internacionales y abrir nuevos mercados son tareas fundamentales que deben asumir los embajadores para impulsar el desarrollo nacional. Según el especialista en comunicación política, Manuel Mercado, la designación de Héctor Gutiérrez Huanca como canciller no ha sido suficiente para resolver las necesidades diplomáticas del país. ÁNGEL LOZANO-RTP

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que el ciclo de Evo Morales terminó y que la población boliviana está agotada de la “vieja política”. Las afirmaciones de la autoridad gubernamental surgieron este lunes, luego de que los sectores afines al exmandatario decidieran postergar la marcha que debía partir este martes desde Patacamaya hacia la sede de Gobierno en contra de la administración del presidente Rodrigo Paz. Zamora evaluó la postergación de la movilización y apuntó contra el liderazgo del expresidente. El titular de Obras Públicas indicó que “más que a fracasado, yo pienso que Bolivia está cansada de la vieja política”, y añadió que hoy “hay un líder ahí que ya ha cumplido su ciclo, 20 años de mucho daño a los bolivianos, y creo que ya los bolivianos ya no vamos a aceptar eso”. Frente a la movilización evista, el ministro abrió las puertas del Ejecutivo para atender los reclamos sociales. En ese sentido, Zamora subrayó que “más que fracaso de la marcha, yo les digo a estos sectores que pueden acudir al Gobierno, sentarnos. Si tienen demandas, las vamos a escuchar y trabajar de la mano a esta nueva Bolivia”. La protesta suspendida buscaba rechazar las recientes políticas económicas del presidente Paz, principalmente el fin de la subvención al diésel, y exigía tanto la abrogación de varios decretos como la renuncia del jefe de Estado. Los sectores organizadores anunciaron que la nueva fecha de la movilización se definirá durante un ampliado previsto para los próximos días. (CORREO DEL SUR)