El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que la institución recibió un informe del Ministerio de la Presidencia sobre las acciones realizadas por el Gobierno nacional para atender las demandas planteadas desde la región cruceña. El documento será evaluado el próximo martes, 13 de octubre, durante una reunión de directorio, en la que se definirán los siguientes pasos.
La evaluación se realizará luego de que concluyera el plazo otorgado por la Asamblea de la Cruceñidad, el pasado 9 de septiembre, para que el Gobierno nacional atendiera las demandas del departamento.
“No lo hemos podido evaluar, pero lo vamos a hacer el día martes en una reunión de directorio y de ahí se determinará”, señaló Cochamanidis, quien explicó que las actividades previamente programadas en las provincias durante el fin de semana y el lunes impiden adelantar el análisis.
El dirigente cívico indicó que, además de revisar el informe gubernamental, se coordinará con autoridades departamentales, municipales y universitarias, así como con representantes de los gobiernos municipales, para conocer sus evaluaciones sobre los avances y las demandas pendientes.
Cochamanidis sostuvo que uno de los principales objetivos es recuperar los recursos y las competencias que, según afirmó, corresponden constitucionalmente a las regiones, pero que fueron limitados mediante leyes y decretos desde el Gobierno del dirigente cocalero Evo Morales.
Combustibles, salud y educación entre las demandas
El presidente del Comité pro Santa Cruz también recordó que recientemente sostuvo una reunión con el gobernador Juan Pablo Velasco, quien informó sobre los avances registrados, principalmente en el área de salud. Sin embargo, indicó que persisten otros temas pendientes, entre ellos el abastecimiento de combustibles.
Explicó que, durante las anteriores reuniones, una de las principales preocupaciones era la escasez de diésel, mientras que actualmente la dificultad se concentra en la gasolina.
En ese contexto, Cochamanidis reiteró el pedido de que se establezcan sanciones contra los responsables de los problemas generados en el sector de hidrocarburos, particularmente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Otro de los puntos centrales de la agenda cívica es la educación. El dirigente planteó que los departamentos deben asumir mayores competencias en esta área, como parte de una transformación estructural del país.
“Si queremos cambiar este país, tiene que ser desde los cimientos y obviamente la parte educativa no es ajena a esto”, concluyó el líder cívico.
EL DEBER