Elva Arando tiene 47 años y creció frente a una montaña de 4,3 millones de toneladas de residuos mineros abandonados, también llamado pasivo ambiental. Es el depósito San Miguel de Cantumarca, en Potosí, uno de los 1.188 inventariados por el Estado en Bolivia. Aquí, en medio de la ciudad, el cierre perimetral de estos tóxicos consiste en unos postes de madera de metro y medio de altura, como si se tratase del lindero de una chacra. Pero en realidad el lugar contiene cargas sulfurosas y óxidos con contenidos de cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita y también plata, plomo, estaño y zinc. Todos, nocivos para la salud y el medio ambiente. Mientras esta mujer camina, sus zapatos café pisan un material aceitoso marrón y amarillo que se ha acumulado al costado de la Ruta Nacional 5. Es el contaminante que dejó en 1985 la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por la explotación de estaño durante 45 años, que se escurre por la carretera que une la ciudad imperial con el majestuoso Salar de Uyuni. El dique San Miguel contiene cargas sulfurosas y óxidos con contenidos de cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita y también plata, plomo, estaño y zinc. Elva dice que sus abuelos y la gente de esa época permitieron instalar ese depósito ante la necesidad de dos piletas públicas de agua, sin pensar que con los años este y otros pasivos mineros de la zona se convertirían en los verdugos de sus hijos y nietos. Entre ellos, ella, que ahora tiene plomo en su sangre en niveles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que afecta al ser humano. Alrededor del millar de pasivos ambientales que envenenan la tierra en Bolivia viven 304 comunidades, detectadas mediante análisis de información geográfica para esta investigación de ACCESO y CONNECTAS, en alianza con El Deber, El País y Erbol. Los estudios sobre la afectación a los humanos en estos sitios también es una cuenta pendiente, porque el Estado tampoco invierte en ello. Pero en dos lugares donde sí lograron hacerse pruebas de laboratorio bajo esfuerzo de los vecinos y organizaciones no gubernamentales, el 45% de los estudiados, están afectados por metales pesados en su organismo. San Miguel no es el único problema de Cantumarca. A unos dos kilómetros hacia el oeste, Laguna Pampa I y Laguna Pampa II forman parte de otros 782 pasivos ambientales aún no inventariados, según cálculos del Servicio Geológico Minero (Sergeomin). Ambos son depósitos de residuos mineros en los que el Gobierno prorrogó su cierre y mitigación. Hay caseríos alrededor que no cambian su imagen apocalíptica: es un desierto de tierra plomiza con cúmulos de agua, verdosa o marrón, dispersa por todos lados; tuberías en desuso botadas a un costado; volquetas que entran y salen del lugar; y un viento de abril que levanta partículas de polvo contaminadas y las esparce por el vecindario. Diez minutos son suficientes para salir con los ojos rojos y un escozor en la garganta, como si se hubiese tragado gas pimienta que usa la policía en una represión. Aquí no se requiere contraseña para entrar al inframundo; se nace y se vive en él. En Bolivia, un país minero, se permite a los industriales exprimir la tierra y dejar una herencia tóxica. En los últimos 30 años, entre el Ejecutivo nacional, gobernaciones y alcaldías recibieron más de 5 mil millones de dólares por regalías e impuestos a la minería, mientras que los operadores produjeron minerales valuados en más de 52 mil millones de dólares. Además, esta actividad permaneció entre los tres primeros rubros de exportación con mayor valor económico. A cambio, el Estado mediante la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sólo mitigó un pasivo ambiental con recursos propios y 12 con inversión de la cooperación Danesa. Los trabajos se realizaron entre 2004 y 2014. Ese último año, con la nueva Ley de Minería también se dejó de legislar sobre quién se hace cargo de los contaminantes mineros originados antes del 1992. Luego, los ministerios de Minería y el de Medio Ambiente tampoco generaron una normativa específica para la restauración de pasivos ambientales. Ríos, lagos, lagunas y quebradas, junto a su biodiversidad, también son víctimas de la tierra envenenada que deja la minería. Cerca de 400 fuentes hídricas —detectadas para esta investigación— están dentro del área de influencia (1 kilómetro) de los pasivos ambientales. En 20 ríos está demostrada su afectación por estudios científicos, donde es imposible la vida de la flora y fauna. Son prácticamente ríos muertos. LA SALUD AFECTADA Tiene dos años de edad y por sus venas corren 14,7 miligramos de plomo por cada decilitro de sangre (ug/dl); es la paciente afectada más joven de Cantumarca. La mina le ha marcado para el resto de su vida. Lo más probable es que su cerebro se vea afectado y desarrolle una discapacidad intelectual, porque la OMS advierte que esos son los efectos que puede tener un infante si tiene más de 3,5 miligramos de este tóxico en su cuerpo. Aunque también aclara que no existe ningún nivel de plomo en el organismo que se considere exento de riesgo. Vicente Arando, un tipo de tez colorada y un bastón de cacique, sabe bien que en Cantumarca la desgracia está en los pasivos ambientales mineros, porque de 116 personas sometidas a pruebas de laboratorio en el año 2023, el 80% tenía niveles de plomo en su sangre (unos con mayor grado que otros). Vicente Arando, cacique de Cantumarca. De fondo, residuos mineros secos depositados en el dique Laguna Pampa I y II. Esos test no los fueron a realizar el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud ni alguna institución de medio ambiente; los mismos pobladores recaudaron dinero y gestionaron ayuda del laboratorio privado Niño Jesús, porque el Estado siempre estuvo ausente. Las entidades públicas más bien les cuestionaron el por qué se hicieron estos estudios, recuerda Elva Arando aquel episodio ocurrido en Potosí; ella es agente comunal. Jael Aquilar, una bioquímica que antes había procesado muestras de sangre para
