Medio Ambiente

FOTO REFERENCIAL En 2023, el 99,5% de la producción aurífera de Bolivia provino del sector minero cooperativista, considerado uno de los mayores depredadores del medioambiente. Sus operaciones ya no se limitan al oro, se expandieron a otros minerales como el zinc, wólfram, estaño -entre otros-, con lo que hoy cubren el 58% de toda la producción minera del país. Los datos fueron obtenidos del “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. El documento fue publicado en marzo de 2024. “Lo que pasa con el oro se está repitiendo en otros minerales. El sector cooperativista ya superó a la empresa privada y en algunos casos a la estatal. Desafortunadamente toda la desregulación que generó el sector cooperativista en temas laborales, impositivos, ambientales y sociales se está ampliando, de alguna manera, a todo el sector minero”, afirmó el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini. El pasado 7 y 8 de junio, representantes de más de 200 comunidades de tierras bajas de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando participaron en el encuentro “Minería en tierras bajas: impactos y desafíos”. En conjunto, emitieron un pronunciamiento en el que se declararon en estado de emergencia y rechazaron el avance de las operaciones mineras, legales e ilegales, por los atropellos en los que incurren. LAS COOPERATIVAS Y EL ORO “En nuestra región, de la noche a la mañana, las cooperativas mineras se multiplicaron, Aparecieron los denominados interculturales para convencer a la gente de que la minería es buena y trae desarrollo; llegaron con miras de entrar al parque nacional Madidi y destruir todo lo que encuentren a su paso en busca de oro”, señaló Paola Guerra, de la Plataforma de Defensa de las Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde. De acuerdo con un boletín institucional del Viceministerio de Cooperativas Mineras, de 2021, en el país se reconocen tres actores productivos: el estatal, el privado y las cooperativas (cuentapropistas). Estas últimas, de 2006 a 2021, aumentaron en número y el registro pasó de las 911 cooperativas a 2.388, de las que su gran mayoría son auríferas. Es de este sector del que proviene el 99,5% de la producción de oro de toda Bolivia, según datos del “Anuario Estadístico 2023” el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Este casi monopolio de la producción aurífera es una constante desde 2013, al igual que todos los problemas que contrae. “Empiezan convenciendo a gente del lugar, dividen a los pueblos y afirman que la cooperativa tiene una función social, porque están los lugareños. Al final acabas peleando con el vecino o tu familia porque unos están de acuerdo y otros no. Ahí empiezan los problemas, no solo ambientales. A los que no están de acuerdo los demandan, a otros los avasallan y otros sufren las consecuencias de la contaminación”, afirmó Guerra. El interés por la explotación de oro tiene que ver con el alza de los precios del mineral a nivel internacional, la falta de recursos para las regiones y pueblos indígenas, el movimiento de los colonos de occidente a oriente (Interculturales), el desempleo. “En 2021 las cooperativas eran 2.388. De estas, aproximadamente 1.500 cooperativas se dedican a la explotación de oro; el grueso está en el norte de La Paz, donde existe un modo de explotación depredador, que en los últimos años se está replicando en Beni y Pando”, señaló el investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. Añade que a esto se suma que en los últimos 18 años la normativa ha sido asimétrica, desde la CPE, seguida de la ley minera, los decretos supremos y las resoluciones ministeriales. “La flexibilización de las normas económicas y ambientales ha permitido que muchos opten por hacer una cooperativa. Las mismas comunidades indígenas se organizan en cooperativas e ingresan en la actividad minera”, afirma el investigador. A su parecer, una consecuencia de esta flexibilización es que las cooperativas están exentas del pago de impuestos, por lo que solo pagan regalías mineras. Los ingresos por regalías son bajos y no llegan al Estado central, dado que se distribuyen entre gobernaciones y municipios. Según Zaconeta, la discusión de un pago de impuesto sobre la explotación de oro está pendiente. Preocupada, Guerra sostuvo que el daño ya es notorio en sus fuentes de agua y que no hay impuesto o regalía que lo remedie. “Nuestras comunidades ya no pueden ni comer, no hay pescado en el río, las aguas tienen mercurio y contaminan el arroz, la yuca. Al mover la tierra colapsan los chacos de los pobladores y nadie dice nada”. LOS OTROS MINERALES Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en 2020, el actor productivo minero privado fue el mayor productor con 1,5 millones de toneladas de mineral, 89,9% de toda la producción. Le seguían las cooperativas -con 102.970 toneladas- (6,1%) y el actor estatal con 66.880 toneladas (4%). Sin embargo, en cuanto al valor de producción, las cooperativas ocupaban el primer lugar por la explotación de oro en el norte de La Paz, en Beni, Pando y Santa Cruz. Solo el 2020 el valor de su producción llegó a 1,54 millones de dólares, apenas mayor al valor de la producción del sector privado que llegó a 1,51 millones de dólares, pese a tener el 89,9% de la producción minera del país. Para el 2023, el sector cooperativista pasó de cubrir el 6% de la producción a generar el 58%, superando al sector privado que pasó de producir el 89,9% en 2020 a 36% en 2023. “Las cooperativas mineras son las principales productoras de minerales, con el 58% del valor de producción, mismas que en los últimos años fueron incrementando su producción de oro. El valor de producción del actor minero privado alcanzó al 36% del total, con la producción de minerales complejos. Por último, la producción de la minería estatal representa el 6%”, detalla el “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. “Desde 2021 el